STC5050-2022 <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5050-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02275-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de noviembre de 2021, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela que el Sindicato de Profesionales y Trabajadores Independientes de la Salud de Antioquia – SINTRASANT, formul\u00f3 contra de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta misma entidad, por hechos relacionados con el proceso ordinario laboral radicado bajo el n\u00b0 20180026001, iniciado en su contra por el se\u00f1or Andr\u00e9s Mauricio Alzate Garc\u00eda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La parte accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, por cuanto, luego de haber presentado recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia dentro del referido proceso, con la cual se confirm\u00f3 parcialmente la de primera instancia que la hab\u00eda condenado, entre otros, a pagar sendas sumas de dinero en favor del se\u00f1or Alzate Garc\u00eda, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en providencia CSJ AL2808-2021 de 30 de junio de 2021, rad. 88612, declar\u00f3 desierta su alzada; determinaci\u00f3n con la que se muestra inconforme. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, de lo anterior, solicit\u00f3 dejar sin efecto la decisi\u00f3n censurada, para que esa Corporaci\u00f3n se vuelva a pronunciar sobre la tem\u00e1tica y acceda a declarar la nulidad de lo actuado o, en su defecto, se invalide el tr\u00e1mite \u00abpor la fragante vulneraci\u00f3n de las reglas de jurisdicci\u00f3n y competencia que asignan el conocimiento de este proceso a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Magistrado Ponente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral refiri\u00f3 que se declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n propuesto por SINTRASANT, pues no se formul\u00f3 en debida forma, ya que se pretendi\u00f3 \u00abcomo pretensi\u00f3n principal que al mismo tiempo se declarara nula y se dirimiera la controversia ante la jurisdicci\u00f3n competente, lo que ciertamente constitu\u00eda una impropiedad porque de casarse la sentencia dejaba de existir en la vida jur\u00eddica, de manera que era improcedente solicitar sobre lo que no existe alguna consecuencia\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3, que la decisi\u00f3n adoptada no puede ser tildada como arbitraria o caprichosa, ya que la misma se soport\u00f3 en una labor interpretativa jur\u00eddica v\u00e1lida y en reflexiones coherentes con la normativa aplicable al caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Andr\u00e9s Mauricio Alzate Garc\u00eda indic\u00f3 que dentro del proceso laboral se decret\u00f3 la existencia de su contrato laboral suscrito con la parte accionante, la cual es un ente privado que debe ser juzgado por la jurisdicci\u00f3n ordinaria, por lo que considera que no se incurri\u00f3 en ninguna irregularidad por ese aspecto. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La ESE Hospital C\u00e9sar Uribe Piedrahita coadyuv\u00f3 las pretensiones de la tutela, tras estimar que el proceso debi\u00f3 ser conocido por la jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 el amparo tras considerar que la determinaci\u00f3n proferida por la autoridad judicial accionada es razonable y ajustada a las leyes vigentes, pues se evidenci\u00f3 que la demanda de casaci\u00f3n no cumpli\u00f3 con los requisitos de t\u00e9cnica establecidos en el C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el precepto 63 del Decreto 528 de 1964. As\u00ed, determin\u00f3 que el sindicato accionante pretender revivir un debate que fue debidamente superado en el escenario propicio. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora sin realizar ninguna argumentaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Acorde con la invariable l\u00ednea jurisprudencial reiterada por esta Corporaci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela no procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, a fin de darle prevalencia a los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, esto es, la autonom\u00eda e independencia de la administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed como el derecho sustancial y el imperio de la Ley, entre otros. <\/p>\n
Sin embargo, en aquellos casos en los que el funcionario accionado ha incurrido en un proceder arbitrario, claramente opuesto a la ley o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, es posible activar el mecanismo, previo el cumplimiento de sendos requisitos [generales y espec\u00edficos1] que demuestren la imperiosa necesidad de la intervenci\u00f3n del juez de la tutela para restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sindicato accionante acudi\u00f3 inconforme con el auto CSJ AL2808-2021 de 30 de junio de 2021, rad. 88612, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en el proceso ordinario laboral radicado bajo el n\u00b0 20180026001, iniciado en su contra por el se\u00f1or Andr\u00e9s Mauricio Alzate Garc\u00eda, por cuanto en esa providencia, se declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n que present\u00f3 frente a la sentencia de segunda instancia emitida el 7 de febrero de 2020, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, sin considerar que la justicia ordinaria laboral no era competente para desarrollar el referido litigio, ya que, al estar involucrada una entidad p\u00fablica del orden descentralizado, el asunto deb\u00eda ser asumido por la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa. <\/p>\n
<\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, prontamente advierte la Sala el fracaso de la acci\u00f3n propuesta y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia constitucional impugnada, en la medida en que, la determinaci\u00f3n proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, no solo se encuentra revestida de una doble presunci\u00f3n de veracidad y acierto, adem\u00e1s se ajusta a los par\u00e1metros legales y constitucionales existentes para la materia, sin que revele capricho o desatino alguno. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En efecto, al revisar sus conclusiones, en la misma se lee que, <\/p>\n
Lo que llev\u00f3 a declarar desierto el recurso de casaci\u00f3n, pues su formulaci\u00f3n fue incorrecta. <\/p>\n
Los argumentos utilizados por la Sala Laboral se observan coherentes y conformes al material probatorio aportado por el sindicato, con lo que, a su vez, se permiti\u00f3 establecer que la demanda de casaci\u00f3n no reun\u00eda los requisitos de establecidos en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en concordancia con el precepto 63 del Decreto 528 de 1964 y, por tanto, improcedente resulta estudiar la causal de nulidad invocada por la casacionista, lo cual se traduce, a estas alturas, en un inadecuado uso de las herramientas establecidas por el Legislador, para que los supuestos afectados propendan por la protecci\u00f3n de sus derechos, a trav\u00e9s de los recursos ordinarios dise\u00f1ados para tales fines. <\/p>\n
Sobre el cumplimiento de la t\u00e9cnica exigida a los demandantes en sede de casaci\u00f3n, esta Sala, en asuntos constitucionales, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u00abDel an\u00e1lisis precedente no se extrae irregularidad lesiva de prerrogativas fundamentales, pues como la actora no hizo uso del remedio rese\u00f1ado de manera correcta, la Sala encartada no pod\u00eda revisar de fondo los reparos a la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador de segunda instancia. <\/p>\n
El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone al demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb (CSJ, STC8583-2019, criterio reiterado en STC15185-2021, STC13995-2021 y, STC1213-2022, entre otras). <\/p>\n
Tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de este instrumento extraordinario, si se tiene en cuenta que es un mecanismo subsidiario y residual que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la apat\u00eda en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. [Ver entre otras, CSJ STC7966-2018, STC10541-2018, STC762-2021, STC17176-2021 y STC605-2022]. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, resulta indudable que el accionante desperdici\u00f3 la oportunidad de reclamar en el escenario natural, la inconformidad aqu\u00ed planteada, de ah\u00ed que, ante el desaprovechamiento de esa herramienta, deba soportar las resultas adversas que dicha conducta conlleva, se reitera, la improcedencia de esta acci\u00f3n, pues, debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para [\u2026] subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb [CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01, reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01, STC2009-2022 y STC2738-2022]. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Y es que, en todo caso, de la petici\u00f3n tampoco se extrae, ni se prueba condici\u00f3n particular alguna a partir de la cual pudiese proceder la tutela de manera transitoria, dado que no se acredit\u00f3 la existencia de un verdadero perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas necesarias para dichos fines, no se desvirtu\u00f3 la efectividad de los medios ordinarios existentes, ni se trata de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Consecuencia de todo lo anterior es que se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Los muchos fallos de tutela proferidos con base en la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, entre otros, las Sentencias de 3 de marzo de 2011, Rad. 00329-00 de la CSJ y SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012 de la C.C. <\/p>\n
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