STC5057-2022 <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5057-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01485-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 29 de julio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo del Cristo Rodr\u00edguez Vilar contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 2014-00160. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el asunto penal referenciado. <\/p>\n
Para sustentar su reproche, expuso que fue condenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en sentencia de 3 de septiembre de 2016, por los delitos de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico agravada por el uso, prevaricato por acci\u00f3n, concusi\u00f3n, tr\u00e1fico de influencias y concierto para delinquir, decisi\u00f3n confirmada, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 15 de febrero de 2017. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que le fueron impuestos 125 meses de prisi\u00f3n por los punibles mencionados, pena que comenz\u00f3 a purgar el 17 de octubre de 2013, por lo que, a la fecha de formulaci\u00f3n de este amparo -22 de julio de 2021-, ha completado 98 meses y 22,5 d\u00edas, por lo que al estimar cumplidos los presupuestos del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal para acceder a la libertad condicional, elev\u00f3 la solicitud correspondiente ante el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta encargado de la vigilancia de su pena y el 21 de abril de 2020 se neg\u00f3 su reclamaci\u00f3n y aunque interpuso apelaci\u00f3n contra ese pronunciamiento, el Tribunal accionado lo ratific\u00f3 el 26 de febrero de 2021. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que los funcionarios acusados incurrieron en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb porque, si bien aceptaron la observancia del factor objetivo requerido para acceder al beneficio pretendido, esto es, el cumplimiento de las 3\/5 partes de la pena impuesta, sostuvieron erradamente, que no estaba acreditado el presupuesto subjetivo, relativo a la \u00abgravedad de la conducta punible\u00bb. <\/p>\n
En su criterio, debi\u00f3 accederse a la libertad condicional que solicit\u00f3, dado que demostr\u00f3 su inter\u00e9s en colaborar con la justicia al celebrar un preacuerdo con la Fiscal\u00eda, y porque adem\u00e1s, seg\u00fan la jurisprudencia de la Corte Constitucional -C-181 de 2011, los jueces al resolver peticiones como la referida, no pueden efectuar \u00abdobles juzgamientos de los hechos materia de condena\u00bb y, con todo, ha probado su resocializaci\u00f3n y excelente comportamiento durante el tiempo de privaci\u00f3n de su libertad, as\u00ed como \u00abel estado grave de salud que [lo] acongoja\u00bb. <\/p>\n
2. Pidi\u00f3, en concreto, que se dejen \u00absin efecto las providencias calendadas 21 de abril del a\u00f1o 2020, y providencia o decisi\u00f3n del H. Tribunal, terna compuesta Sala Penal, de fecha 26 de febrero del a\u00f1o 2021, para que pueda emitirse una decisi\u00f3n de fondo, con argumentos dables constitucionales del factor subjetivo y objetivo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n dictada en el tr\u00e1mite reprochado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la protecci\u00f3n exigida, por cuanto no hall\u00f3 irregularidad o desafuero en la gesti\u00f3n de las autoridades accionadas, toda vez que <\/p>\n
\u00ablos juzgados demandados valoraron aspectos positivos frente al comportamiento en ejecuci\u00f3n de la pena y el proceso de resocializaci\u00f3n del actor, no obstante, tal an\u00e1lisis no fue suficiente para determinar que se encontraba en capacidad de continuar con la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n en libertad, pues dada la peligrosidad con la que actu\u00f3 al momento cometer los delitos de falsedad en documento p\u00fablico agravada por el uso, prevaricato por acci\u00f3n, concusi\u00f3n tr\u00e1fico de influencias y concierto para delinquir y la necesidad de protecci\u00f3n de la comunidad, de cara a los bienes jur\u00eddicos vulnerados, consideraron necesario continuar con ejecuci\u00f3n de la pena intramural\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, con apoyo en iguales argumentos a los expresados en el escrito de tutela, y, reiter\u00f3 que est\u00e1 siendo discriminado porque personas condenadas por homicidio han accedido al beneficio que \u00e9l pretende, pero \u00e9l no sabe \u00abque tiene m\u00e1s que hacer (\u2026) para ejercer una buena conducta si de los elementos materiales probatorios allegados al presente proceso y la judicatura de quienes vigilan pena est\u00e1n a satisfacci\u00f3n, o m\u00e1s bien cumplidos en ellos de la resocializaci\u00f3n, record\u00e1ndole que tales situaciones no son eternas al paso del tiempo y el perjuicio que dem\u00e1s causa, al entender que soy una persona que ya no pertenece al poder judicial, sumado a los a\u00f1os que se tiene, con el agravante de las patolog\u00edas determinadas de vida y la salud\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ello ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de conjurar o evitar la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
2. Fijado lo anterior, pronto se advierte que habr\u00e1 de ratificarse el fallo impugnado, como quiera que no se evidencia desafuero o arbitrariedad en las decisiones de los funcionarios accionados. <\/p>\n
En efecto, revisada la providencia de 26 de febrero de 2021, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la negativa a la libertad condicional reclamada por el accionante y, con ello, cerr\u00f3 el debate sobre su procedencia, se encuentra una fundamentaci\u00f3n acorde con la normativa aplicable y con el caso puesto bajo su conocimiento. <\/p>\n
Se observa que dicha Corporaci\u00f3n, en la mencionada decisi\u00f3n, tras referir los antecedentes del asunto e indicar los argumentos del accionante, all\u00ed recurrente, trajo a colaci\u00f3n la jurisprudencia de la Corte Constitucional T-019 de 2017 para advertir que la procedencia del subrogado pedido, exig\u00eda que el funcionario valorara previamente la conducta punible, como elemento subjetivo. A\u00f1adi\u00f3 que deb\u00eda revisarse lo relativo a la resocializaci\u00f3n del condenado y su comportamiento estando privado de la libertad, acorde con lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 599 de 2000, que indica como funciones de la pena \u00abla reinserci\u00f3n social y la protecci\u00f3n al condenado\u00bb; as\u00ed como lo reglado en la Ley 65 de 1993 -C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario-, en torno al tratamiento penitenciario. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en anterior oportunidad, frente a una petici\u00f3n igual impulsada por el accionante, hab\u00eda resuelto confirmar la negativa de libertad condicional porque no se cumpl\u00eda con el factor subjetivo, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, razonamiento que se manten\u00eda vigente, como quiera que, \u00aben atenci\u00f3n a las conductas punibles por las cuales fuera condenado Rodr\u00edguez Villar, cometidas en ejercicio de su funci\u00f3n jurisdiccional, tal y como fueran descritas en las sentencias de primera y segunda instancia, su incidencia en la personalidad del sujeto agente y la repercusi\u00f3n social que ella conten\u00eda (prevenci\u00f3n de los delitos), desde el punto de la punibilidad, el castigo efectivo deb\u00eda hacerse con el rigor que lo ameritaba, teniendo en cuenta la gravedad de las acciones realizadas (principio de proporcionalidad). <\/p>\n
Le record\u00f3, asimismo, que, si bien se evidenciaba su esfuerzo durante el proceso de resocializaci\u00f3n, \u00abdentro del marco de la conducta punible no era suficiente frente al amplio espectro que fuera considerado en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, advirti\u00f3 que la nueva petici\u00f3n de libertad condicional segu\u00eda siendo improcedente a pesar del concepto favorable del establecimiento carcelario \u00abque vigila el cumplimiento de la pena en el domicilio\u00bb, pues no pod\u00eda inferirse, sobre su comportamiento, <\/p>\n
\u00abi) que se pueda prescindir de continuar con el tratamiento de la pena de forma intramural, permiti\u00e9ndole ejecutar el tiempo faltante (per\u00edodo de prueba), por consiguiente, no va a constituir en fuente de riesgo criminal al momento de su libertad; ii) que no se ha cumplido con las funciones de la pena (reinserci\u00f3n social) y, por lo tanto, es necesario que contin\u00fae dentro del programa de tratamiento penitenciario de manera intramural, esto es, dentro de su domicilio\u00bb. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que no se desconoc\u00eda el proceso de resocializaci\u00f3n del sentenciado, correspondiente a sus estudios y trabajo, pero anot\u00f3 que \u00abel monto de la pena impuesta fue de ciento veinticinco meses de prisi\u00f3n, por lo que el tiempo redimido no es suficiente para acreditar plenamente el tratamiento penitenciario\u00bb y agreg\u00f3 que en la \u00abcartilla biogr\u00e1fica\u00bb la calificaci\u00f3n de su conducta apenas figuraba como \u00abbuena\u00bb; por tanto, \u00abfrente a la superlatividad en la lesividad de las conductas por las cuales resultara condenado, representativo en la misma medida el reproche social, amerita que contin\u00fae con el tratamiento penitenciario de manera intramural domiciliaria, como lo viene realizando\u00bb, m\u00e1xime si, seg\u00fan adujo, los actos por los que fue condenado le causaron graves perjuicios a la administraci\u00f3n de justicia dada la confianza que como empleado se le hab\u00eda brindado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ninguna irregularidad se observa, pues, se insiste, el Tribunal resolvi\u00f3 la solicitud de libertad condicional, sin desconocer la situaci\u00f3n particular del accionante, de ahi que o proceda el amparo, pues, aunque el accionante no comparta resuelto por resultarle desfavorables, no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, ya que obedecen a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n, avalada por el contexto particular que revelaba el asunto y la normativa aplicable al caso. (Ver entre otras, CSJ Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; reiterada en STC825-2020, STC 10259 de 2021, STC 1212-2022, y STC2621-2022). <\/p>\n
3. Asimismo, no puede predicarse la lesi\u00f3n del derecho a la igualdad, ya que nada prueba que los funcionarios accionados le hubiesen impartido al accionante un trato diferenciado sin justificaci\u00f3n. <\/p>\n
4. De otra parte, corresponde se\u00f1alar que los cuestionamientos que el actor expuso, en cuanto al supuesto desconocimiento de su dif\u00edcil situaci\u00f3n de salud, no le abren paso al amparo, pues, de una parte, se constata que se encuentra con prisi\u00f3n domiciliaria y nada evidencia que se le haya impedido el traslado necesario para su atenci\u00f3n cl\u00ednica y, de otro, no se advierte que tal situaci\u00f3n hubiese sido puesta en conocimiento de los falladores denunciados, en aras de lograr la pretendida libertad condicional, aspecto por el cual, en este punto, la tutela incumple el presupuesto de subsidiariedad, ya que \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en CSJ STC3807-2018, STC3986-2020, STC6904-2020, STC1067-2021, STC9022-2021 y STC930-2022, entre muchas otras). <\/p>\n
5. De conformidad con lo explicado, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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