STC5066-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5066-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01969-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de octubre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Wilmer Alberto Morales Mosquera y Wilmer Manuel Caicedo Navia le instauraron a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el juicio censurado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los querellantes, a trav\u00e9s de apoderado, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, libertad e igualdad\u00bb, para que: \u00abi) se declare que el Tribunal en sentencia de segunda instancia de 25 de septiembre de 2020 vulner\u00f3 sus derechos a la favorabilidad, al ordenar la captura de los procesados sin encontrarse la sentencia debidamente ejecutoriada\u00bb y, \u00abii) como consecuencia se ordene la libertad inmediata de los procesados accionantes\u00bb. <\/p>\n
Refirieron que debido a la \u00aborden de privaci\u00f3n de la libertad\u00bb Wilmer Alberto Morales Mosquera fue detenido, encontr\u00e1ndose recluido en Centro Carcelario (2 feb. 2021), mientras que Wilmer Manuel Caicedo Navia se halla en libertad, pero con \u00aborden de captura vigente\u00bb, irregularidad que afect\u00f3 sus prerrogativas esenciales, por cuanto el ad quem no debi\u00f3 \u00ablibrar mandato de aprehensi\u00f3n, sin que la sentencia se encuentre en firme, lesionando el principio de la favorabilidad\u00bb, aunado a que en el curso del litigio \u00abno hubo detenci\u00f3n preventiva y ni siquiera sentido del fallo, porque la sentencia condenatoria fue dictada en sede de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado D\u00e9cimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali se opuso al auxilio, toda vez que \u00abla emisi\u00f3n de las \u00f3rdenes de captura, as\u00ed como la legalizaci\u00f3n de captura de Wilmer Alberto Morales Mosquera se hizo atendiendo las voces y directrices de la jurisprudencia y la ley\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el amparo, tras concluir que \u00abel proceso confutado est\u00e1 en curso, pues se interpuso recurso de impugnaci\u00f3n especial y no ha sido resuelto, por lo que cuentan con la posibilidad de reclamar, al interior del aludido asunto, el respeto de las garant\u00edas constitucionales invocadas\u00bb, sumado a que \u00abninguna anormalidad se observa con la orden de captura dispuesta por el juzgador plural, pues tal medida est\u00e1 soportada en el art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004, el cual habilita la aprehensi\u00f3n del acusado cuando ha sido declarado penalmente responsable y se le han negado los subrogados penales y es inaceptable aplicar el art\u00edculo 188 de la Ley 600 de 2000 de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala\u00bb. <\/p>\n
Recurrieron los precursores insistiendo en los planteamientos inaugurales, aduciendo, adem\u00e1s, que \u00abs\u00ed se cumple con la subsidiariedad porque lo que est\u00e1 siendo vulnerado es la libertad de uno de los accionantes que se encuentra privado de la libertad y del otro que en cualquier momento puede ser capturado, situaci\u00f3n que no puede ser asumida por quien conoce de la impugnaci\u00f3n especial, pues [se limitar\u00e1] a fallar de fondo en su momento confirmando o revocando la sentencia del Tribunal\u00bb, por tanto, \u00abexiste desde la privaci\u00f3n de la libertad el agravio y por eso es que se acude a la acci\u00f3n constitucional, porque la libertad es un principio y derecho fundamental de todo ciudadano\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anuncia la ratificaci\u00f3n del veredicto confutado, porque la resoluci\u00f3n objeto de reparo no luce arbitraria ni antojadiza. <\/p>\n
En efecto, en el aparte del pronunciamiento objeto de estudio (25 sep. 2020), el Tribunal Superior de Cali luego de analizar el marco normativo, las circunstancias f\u00e1cticas y el desarrollo jurisprudencial sobre la materia, se\u00f1al\u00f3 que, hab\u00eda lugar a \u00abrevocar la sentencia No. 016 del 29 de enero de 2019 proferida por el Juzgado 10\u00b0 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali\u00bb, para en su lugar condenar a los tutelantes como \u00abcoautores del delito de concusi\u00f3n\u00bb a la sanci\u00f3n de \u00abnoventa y seis (96) meses de prisi\u00f3n, multa de 66.66 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes a la fecha de los hechos e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo t\u00e9rmino de la pena privativa de la libertad\u00bb y \u00aborden\u00f3 la captura inmediata\u00bb al estimar que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se negar\u00e1 la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria, porque el delito de CONCUSI\u00d3N, por el cual se procede, se encuentra expresamente excluido de beneficios y subrogados penales en el inciso segundo del Art\u00edculo 68 A del C\u00f3digo Penal, ya que se trata de un delito doloso contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica, por lo que se ordenar\u00e1 la captura de los sentenciados\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, el art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004, establece: <\/p>\n
\u00abAcusado no privado de la libertad. Si al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el juez podr\u00e1 disponer que contin\u00fae en libertad hasta el momento de dictar sentencia. <\/p>\n
Si la detenci\u00f3n es necesaria, de conformidad con las normas de este c\u00f3digo, el juez la ordenar\u00e1 y librar\u00e1 inmediatamente la orden de encarcelamiento\u00bb. <\/p>\n
Al interpretar esa norma la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en providencia AP 30 de enero de 2008, Rad. 28918, reiterada en STP2621- 2021 y STP2874-2022, expuso: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] se hace necesario que los jueces observen que en los t\u00e9rminos de la Ley 906 de 2004 la ejecuci\u00f3n de la sentencia y las \u00f3rdenes que en ella se imparten, especialmente cuando se condena a un procesado a pena privativa de la libertad y se le niegan subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo que la privaci\u00f3n de la libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncia el sentido del fallo. Dicho en otras palabras: cuando un acusado en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la imposici\u00f3n de una pena privativa de la libertad cuya ejecuci\u00f3n no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanci\u00f3n impuesta. Y si tal mandato lo incumple el a quo se debe impartir el correctivo por el ad quem. <\/p>\n
Excepcionalmente el juez podr\u00e1 abstenerse de ordenar la captura inmediata. En este caso recae sobre el servidor judicial una carga argumentativa conforme la cual debe justificar amplia, razonada y razonablemente, conforme lo cual debe quedar suficientemente explicado el por qu\u00e9 le resulta innecesaria la orden de detenci\u00f3n inmediata. Esto podr\u00eda presentarse, por ejemplo, cuando aparece debidamente demostrado que el acusado padece de una grave enfermedad. <\/p>\n
En todo caso cada situaci\u00f3n deber\u00e1 ser analizada en forma concreta; muy probablemente no estar\u00e1n cubiertas por la excepci\u00f3n (i) aquellas personas que han rehuido su comparecencia ante los jueces, (ii) quienes se han escondido o dificultado las notificaciones a lo largo de la actuaci\u00f3n, (iii) los que han utilizado estrategias dilatorias en busca de beneficios, (iv) los procesados que han tenido que ser conducidos policialmente para que hagan presencia en la actuaci\u00f3n, y (v) en general cuando se den las mismas circunstancias que ameritan la imposici\u00f3n de una detenci\u00f3n preventiva. (Negrillas fuera del texto original). <\/p>\n
Por lo anterior, se aprecia que el juzgador de segunda instancia actu\u00f3 dentro de los par\u00e1metros legales y, no hizo otra cosa que acatar lo dispuesto en el canon 450 de la Ley Procedimental Penal actual. <\/p>\n
2.- De otra parte, tambi\u00e9n el m\u00e1ximo organismo de cierre de la especialidad penal ha dicho \u00absobre la improcedencia de aplicar, por supuesta favorabilidad\u00bb, el art\u00edculo 188 de la Ley 600 de 2000, a procesos regidos por la Ley 906 de 2004, que: <\/p>\n
\u201cEn la Ley 906 de 2004, al anunciar el sentido del fallo, el juez puede ordenar la detenci\u00f3n de la persona que ha sido juzgada en libertad, siempre y cuando esa medida sea necesaria y no proceda la suspensi\u00f3n condicional de la pena (\u2026). <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 188 de la Ley 600 de 2000, se\u00f1ala que, si al procesado no le fue impuesta medida de aseguramiento, su aprehensi\u00f3n no puede ordenarse sino hasta cuando haya quedado en firme la sentencia. As\u00ed definido el problema, existe una contradicci\u00f3n aparente en los t\u00e9rminos, y formalmente el r\u00e9gimen del art\u00edculo 188 de la Ley 600 de 2000 es m\u00e1s favorable. Sin embargo, reconocer su aplicaci\u00f3n implicar\u00eda desconocer la estructura conceptual del proceso y la sentencia por las siguientes razones: <\/p>\n
(a). La Corte ha se\u00f1alado que el anuncio del sentido del fallo y la sentencia conforman una unidad jur\u00eddica: \u201cel fallo conforma un todo inescindible, un acto complejo, una unidad tem\u00e1tica, entre el anuncio p\u00fablico y la sentencia finalmente escrita.\u201d <\/p>\n
La Corte Constitucional, en la Sentencia C 342 de 2017, aval\u00f3 esta lectura, recalcando la siguiente reflexi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal: <\/p>\n
\u201cLa jurisprudencia de la Sala, tiene dicho que el anuncio del sentido del fallo por parte del juez de conocimiento, una vez finalizado el debate p\u00fablico oral, constituye un acto procesal que forma parte de la estructura del debido proceso y vincula al juzgador con la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia, conformando con esta una unidad tem\u00e1tica inescindible. <\/p>\n
(b). Se debe distinguir entre medidas de aseguramiento durante el curso del proceso y la orden de \u201cdetenci\u00f3n\u201d al anunciar el sentido del fallo. <\/p>\n
En tal sentido, la expresi\u00f3n del inciso segundo del art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004, que le impone al juez el deber de evaluar \u201csi la detenci\u00f3n es necesaria\u201d, seg\u00fan lo explic\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia 345 de 2017, se \u201crefiere a los criterios y reglas para la determinaci\u00f3n de la punibilidad y los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, especialmente consignados en los art\u00edculos 54 y 63 del C\u00f3digo Penal\u201d, y no a los requisitos que se exigen para imponer medida de aseguramiento. Eso explica que sean distintas las medidas de aseguramiento proferidas durante el curso del juicio de las \u00f3rdenes expedidas para cumplir el fallo condenatorio. <\/p>\n
En este sentido, teniendo en cuenta que si la sentencia del proceso acusatorio es un acto complejo que se integra por el anuncio del sentido del fallo y la sentencia, de admitir la posibilidad de controvertir la ejecuci\u00f3n de la pena anticipadamente, se desconocer\u00eda la estructura conceptual del proceso y de la sentencia, al permitir que la captura proferida para cumplir la pena impuesta se trate como un acto cautelar, aut\u00f3nomo e independiente, permitiendo la revisi\u00f3n fraccionada de la sentencia y desintegr\u00e1ndola a trav\u00e9s de medios distintos al recurso de apelaci\u00f3n, que es el medio id\u00f3neo para controvertir las supuestas ilegalidades de la sentencia\u00bb (STP2611-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se encuentra irregularidad alguna en torno a la expedici\u00f3n de las \u00f3rdenes de captura emitidas contra los memorialistas, comoquiera que la determinaci\u00f3n que se critica contiene una interpretaci\u00f3n razonable y responde a las consideraciones del caso concreto; como quiera que se ajusta a la postura vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal que no admite aplicar el art\u00edculo 188 de la Ley 600 de 2000; en esencia, porque hacerlo \u00abfractura la estructura del procedimiento de la Ley 906 de 2004 por los que son juzgados\u00bb. <\/p>\n
3.- Bajo ese entendido se avalar\u00e1 el fallo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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