STC5070-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5070-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02176-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Gustavo Guarnizo Guarnizo instaur\u00f3 en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, Meta. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor, en nombre propio, pidi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que se ordenara a las autoridades atacadas \u00abrecono[cer] los 12 certificados de redenci\u00f3n identificados con los n\u00fameros 16993949, 18062117, 17180532, 17459662, 175794, 17629494, 17729647, 17817743, 17938893, 17992716, 18085717 y 18123914\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan el pliego introductorio y sus anexos, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Girardot, en la causa n\u00ba 2010-80580, conden\u00f3 al gestor a la pena principal de 168 meses de prisi\u00f3n como responsable del delito de proxenetismo con menor de edad (16 jul. 2013); veredicto que el superior ratific\u00f3 (16 oct.) -rad. 2010-80580. <\/p>\n
Despu\u00e9s, el quejoso rog\u00f3 la redenci\u00f3n de la pena y libertad por pena cumplida; empero, el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas desestim\u00f3 el pedimento, tras advertir que a la fecha solo hab\u00eda descontado 130 meses y 27.42 d\u00edas, de los 168 meses (6 may. 2021); providencia que convalid\u00f3 la segunda instancia (4 oct.). <\/p>\n
El precursor tild\u00f3 de irregulares los \u00faltimos autos, habida cuenta que, en su sentir, no se valoraron algunos certificados de c\u00f3mputos, tales como, \u201c11 meses y 7 d\u00edas, (\u2026) [y] 2 meses\u201d registrados por el \u201cJuzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Florencia y en Girardot por tutela\u201d, respectivamente, y los tiempos que constan en los identificados con \u201cn\u00fameros 16993949, 18062117, 17180532, 17459662, 175794, 17629494, 17729647, 17817743, 17938893, 17992716, 18085717 y 18123914\u201d. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 se opuso al amparo porque, en torno a lo alegado por el tutelante, cuando solvent\u00f3 la alzada revis\u00f3 \u201cminuciosamente el amplio expediente\u201d y no encontr\u00f3 los \u201cc\u00f3mputos\u201d que aquel plantea; de manera que \u201cno pod\u00eda (\u2026) reconocerle como redenci\u00f3n de pena certificados que tan solo aparecen enunciados en sus solicitudes pero que no encuentran respaldo, por lo que si considera que le falta alg\u00fan certificado pendiente (\u2026) debe solicit\u00e1rselos directamente (\u2026) a los centros de reclusi\u00f3n en los que estuvo (\u2026) o realizarlos por intermediario del juez de ejecuci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas inform\u00f3 que el 29 de septiembre de 2021, mediante \u201coficio n\u00ba 8025\u201d, remiti\u00f3 el infolio a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 el auxilio tras colegir que \u00abno se aport\u00f3 una prueba, siquiera sumaria, de la existencia de los mencionados certificados de c\u00f3mputos, y la Sala tampoco los advierte. (\u2026) Es competencia del Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad realizar el estudio de la solicitud elevada por la parte accionante mediante este mecanismo excepcional, lo cual es una manifestaci\u00f3n de la actividad judicial, que est\u00e1 amparada por los principios de autonom\u00eda e independencia, por lo que, por regla general, el juez constitucional no puede inmiscuirse en esta valoraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por el promotor, quien asegur\u00f3 que s\u00ed radic\u00f3 los referidos \u00abcertificados\u00bb ante el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas de Acac\u00edas y \u00abno s[abe] por qu\u00e9 se perdie[ron] quien los embolat\u00f3\u00bb; as\u00ed las cosas, reclam\u00f3 que se \u00aboficie a la direcci\u00f3n del complejo penitenciario y carcelario de Ibagu\u00e9 (\u2026) solicit\u00e1ndole la remisi\u00f3n inmediata de los certificados n\u00fameros 16993949, 18062117, 17180532, 1745966 2, 175794, 17629494, 17729647, 17817743, 17938893, 17992716, 18085717 y 18123914 con la correspondiente calificaci\u00f3n de conducta ante el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, se anuncia que el an\u00e1lisis de esta Corporaci\u00f3n se circunscribir\u00e1 al pronunciamiento expedido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio (4 oct. 2021), al zanjar la discusi\u00f3n suscitada en el asunto confutado. <\/p>\n
2.- Precisado lo anterior, se recalca que dicha directriz no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, la Magistratura reprochada acompa\u00f1\u00f3 la decisi\u00f3n del juzgador de primer nivel, en tanto, examinado el extenso dossier en su totalidad observ\u00f3 que el implicado se encuentra privado de la libertad desde el 31 de mayo de 2011 y hasta esa data se registraba \u00abun descuento por redenci\u00f3n de pena correspondiente a 21 meses y 16.67 d\u00edas, para un total a la fecha de la proyecci\u00f3n de e[sa] decisi\u00f3n (30 de septiembre de 2021) de 145 meses y 16.67 d\u00edas (\u2026). Monto que dista de la pena impuesta, que corresponde a 168 meses de prisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Frente a la \u00abredenci\u00f3n de pena\u00bb que echa de menos el quejoso, precis\u00f3 que dicha documentaci\u00f3n ya hab\u00eda sido requerida por el juez primigenio al Centro Penitenciario y Carcelario \u00abpara su respectivo an\u00e1lisis y eventual reconocimiento\u00bb; de suerte, que, hasta no contar con la informaci\u00f3n completa \u00abno es posible efectuar dicho descuento, por lo que, (\u2026) le asisti\u00f3 raz\u00f3n al a quo al tener en cuenta tan solo las redenciones reconocidas y el tiempo f\u00edsico purgado y negar en consecuencia la pena cumplida, por no alcanzar el monto impuesto\u00bb. <\/p>\n
Significa, entonces, que ning\u00fan desatino se advierte en la resoluci\u00f3n refutada, puesto que es el producto de un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que la Sala o el suplicante compartan o no tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que evidenciaba el paginario. <\/p>\n
3.- Ahora, en lo que concierne con el anhelo de Gustavo dirigida a \u00abrecono[cer] los 12 certificados de redenci\u00f3n identificados con los n\u00fameros 16993949, 18062117, 17180532, 17459662, 175794, 17629494, 17729647, 17817743, 17938893, 17992716, 18085717 y 18123914\u00bb, resalta la Corte que se torna anticipado, teniendo en cuenta que para la fecha en la que acudi\u00f3 a este sendero (21 oct. 2021), a\u00fan se hallaba en tr\u00e1mite la actuaci\u00f3n controvertida. <\/p>\n
Es as\u00ed porque, en atenci\u00f3n a las manifestaciones del accionante acerca de la ausencia en el infolio de esos legajos, el juez ejecutor de Acac\u00edas en prove\u00eddo de 21 de julio de 2021, dispuso, entre otras cosas, remitir la Litis cuestionada a los Juzgados de esa especialidad de Ibagu\u00e9, en raz\u00f3n a que Guarnizo Guarnizo fue trasladado al Centro Penitenciario y Carcelario de \u201cLa Picale\u00f1a\u201d y \u201cofici\u00f3\u201d a dicho organismo para que incorporara la totalidad de los \u201ccertificados de c\u00f3mputo\u201d reportados en la cartilla biogr\u00e1fica del imputado, pues algunos no obraban en el expediente, con el prop\u00f3sito de estudiar, nuevamente, la \u201credenci\u00f3n de la pena\u201d de aquel. <\/p>\n
Adicionalmente, se evidenci\u00f3 que una vez el cartapacio arrib\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9, el 4 de noviembre del a\u00f1o pasado el libelista elev\u00f3 el mismo pedimento, a lo que se accedi\u00f3 en auto de 20 de enero de 2022, \u00aben aras de verificar si los certificados de c\u00f3mputo ya fueron objeto de reconocimiento de pena y en el caso que no hayan sido redimidos, poder realizar el correspondiente estudio de redenci\u00f3n de pena a favor del sentenciado\u00bb (cdno. \u201c120195Impugnaci\u00f3n\u201d fls. 1 al 9). <\/p>\n
Esa particular incidencia, sumada a la identidad que existe entre las premisas que soportaron tal requerimiento y las aqu\u00ed esgrimidas por el querellante, suponen un presuroso ejercicio de esta s\u00faplica constitucional. De ah\u00ed que, es claro que mientras no se desentra\u00f1e el mencionado tr\u00e1mite no es viable incursionar en este \u00e1mbito supralegal, en tanto implicar\u00eda una indebida intromisi\u00f3n en los fueros propios de los iudex ordinarios (Cfr. CJS STC13188-2021). <\/p>\n
Es por eso que esta Corte ha predicado en forma reiterada: <\/p>\n
\u201c(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC6904-2020, STC13188-2021). <\/p>\n
4.- Ergo, se refrendar\u00e1 lo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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