STC5073-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5073-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02525-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de diciembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Aldo Fernando Mart\u00ednez Acosta le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y al Juzgado Promiscuo Municipal de Yond\u00f3, extensiva al Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn, a las Fiscal\u00edas Locales Segunda de Yond\u00f3 y Veinticuatro de Puerto Berrio, al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Berrio, al Congreso de la Rep\u00fablica \u2013 Sistema Nacional de Bienestar Familiar y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2018-00138. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abintimidad personal y familiar, buen nombre, debido proceso, defensa, a la asistencia de un abogado, tener una familia y no ser separado de ella y libertad personal\u00bb para que se ordenara: <\/p>\n
i)- A la Colegiatura censurada \u00abrevocar las decisiones judiciales adoptadas por parte del Juez Promiscuo Municipal de Yond\u00f3 Antioquia, de 19 de febrero de 2020 en primera instancia, y la confirmatoria (\u2026) de julio 23 de 2020, en segunda instancia por medio de la cual, se [le] conden\u00f3 penalmente\u00bb, en consecuencia, disponga \u00ab[su] libertad inmediata\u00bb; y, <\/p>\n
ii)- Al Sistema Nacional de Bienestar Familiar del Congreso de la Rep\u00fablica \u00abformule un plan de contingencia y adecuaci\u00f3n de las medidas administrativas existentes, preventivas, – sancionadoras, (plan de mejora y\/o cumplimiento) con \u00e9nfasis en maximizar y propender a su mayor efectividad de forma tal que (\u2026) inicie una fase de erradicaci\u00f3n de la violencia intrafamiliar como conducta negativa de g\u00e9nesis universal, para as\u00ed, ir gradualmente, dejando de un lado la gravosidad que genera el sometimiento penal\u00bb. <\/p>\n
En compendio, afirm\u00f3 que fue condenado por el juzgado acusado a la pena de 48 meses de prisi\u00f3n por el delito de violencia intrafamiliar (19 feb. 2020), determinaci\u00f3n convalidada por el Tribunal de Antioquia en veredicto del 23 de julio de 2020. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que no interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n por no contar con un profesional que lo representara en esa instancia y advirti\u00f3 una serie de irregularidades en el procedimiento surtido, como que i) Se desconoci\u00f3 del principio de favorabilidad, ya que los hechos jur\u00eddicamente relevantes permit\u00edan colegir que el punible a endilgar era el de lesiones personales y no el de \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb; ii) Se incurri\u00f3 en \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb en la declaratoria de contumacia, pues la raz\u00f3n de la no comparecencia a la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n fue por \u00abno contar con recursos para desplazarse\u00bb; iii) Respecto del dictamen psicol\u00f3gico de la v\u00edctima, hubo \u00abviolaci\u00f3n al procedimiento de su incorporaci\u00f3n\u00bb; iv) No cont\u00f3 con una adecuada defensa t\u00e9cnica y, v) No se sigui\u00f3 el protocolo para la prevenci\u00f3n, correcci\u00f3n y sanci\u00f3n de la violencia intrafamiliar, contenida en la Ley 294 de 1996. <\/p>\n
2.- La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, el Juzgado Promiscuo Municipal y la Fiscal\u00eda Segunda Local ambos de Yond\u00f3, relataron el rito surtido en el juicio criticado y defendieron la legalidad de lo actuado. <\/p>\n
El Instituto Colombiano de Bienestar de Familiar y la Divisi\u00f3n Jur\u00eddica del Congreso de la Rep\u00fablica pidieron su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 el ruego por incumplimiento de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en tanto, en relaci\u00f3n con el primero, \u00abesta demanda de tutela fue interpuesta el 29 de noviembre de 2021 y la sentencia de segunda instancia que defini\u00f3 el asunto fue expedida el 23 de julio de 2020 (\u2026) [por lo que] no se encuentra justificaci\u00f3n alguna que habilite a Aldo Fernando a demandar en esta sede constitucional despu\u00e9s de haberse emitido ese pronunciamiento hace aproximadamente 1 a\u00f1o y cuatro meses\u00bb; y frente al segundo, \u00abel actor no utiliz\u00f3 el mecanismo extraordinario de defensa judicial que el procedimiento penal le habilitaba, esto es, interponer casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia. Adem\u00e1s, no puso de presente alguna raz\u00f3n especial que le impidiera acudir a esa v\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, en lo atinente a la aspiraci\u00f3n dirigida al Congreso de la Rep\u00fablica, indic\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no puede ser empleada para canalizar esos asuntos, pues lo cierto es que, todos los ciudadanos est\u00e1n en posibilidad de formular propuestas o iniciativas ante las entidades o autoridades que correspondan\u00bb. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 Mart\u00ednez Acosta iterando los argumentos liminares. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se vislumbra la ratificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n opugnada por no satisfacerse las exigencias temporal y residual que imperan en esta sui generis justicia. <\/p>\n
1.1.- Se hace tal aseveraci\u00f3n, porque entre la fecha de la sentencia reprochada (23 jul. 2020) y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (29 nov. 2021), transcurri\u00f3 un (1) a\u00f1o, cuatro (4) meses y seis (6) d\u00edas; es decir, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el socorro (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC4535-2020, STC 3457-2021 y citadas en STC1919-2022). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, en lo que a aquella determinaci\u00f3n se refiere, porque si el interesado se demor\u00f3 en interponer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la Magistratura querellada, con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados (STC16052-2021). <\/p>\n
1.2.- Ahora, si bien esta Corporaci\u00f3n en algunos casos ha superado la ausencia de tal exigencia flexibiliz\u00e1ndola, ello solo acaece cuando la demora en activar este instituto se encuentra debidamente \u00abjustificada\u00bb en las hip\u00f3tesis previstas en la STC3949 de 2021, esto es: <\/p>\n
\u00ab(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No obstante, en el sub lite, no sucede ninguna de tales eventualidades, debido a que lo afirmado por el sedicente, en el escrito genitor, es que \u00aba\u00fan se encuentra purgando una condena\u00bb, lo cual \u00ablo habilitaba para instaurar este remedio en cualquier tiempo\u00bb; motivo que no constituye raz\u00f3n v\u00e1lida para conjurar su desidia en la interposici\u00f3n de esta especial v\u00eda, y no confluye alguno de los \u00abpresupuestos\u00bb jurisprudencial antes rese\u00f1ados. <\/p>\n
2.- Como colof\u00f3n, se avalar\u00e1 el veredicto fustigado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s \u00e1gil a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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