STC5077-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5077-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00256-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 22 de febrero de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Gloria In\u00e9s Mart\u00ednez Acevedo contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a la partes e intervinientes en el proceso de radicado 2016-00170-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, por medio de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial cuestionada al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. En contra de la accionante se adelanta un proceso penal por el presunto delito de lavado de activos. Asunto de conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, quien -con prove\u00eddo del 13 de noviembre de 2020- resolvi\u00f3 rechazar una de las pruebas solicitadas por la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
2.2. Inconforme con esa decisi\u00f3n, la mencionada entidad present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. El Tribunal cuestionado -con fallo del 27 de julio de 20212- revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n recurrida, decretando la prueba implorada. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, la actora, por v\u00eda de tutela adujo que, con dicha determinaci\u00f3n, el Tribunal atacado vulner\u00f3 sus derechos fundamentales, al permitir la pr\u00e1ctica de una prueba que no fue descubierta, desconociendo la ley 906 de 2004, en lo tocante con el \u00abdescubrimiento y pr\u00e1ctica probatoria\u00bb. <\/p>\n
3. De conformidad con lo expuesto, solicit\u00f3 que se deje sin efectos la providencia dictada el 27 de julio de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Alcald\u00eda Municipal de Ibagu\u00e9, expres\u00f3 que en el presente asunto \u00absurge la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela por el principio de subsidiariedad, m\u00e1s a\u00fan en trat\u00e1ndose de asuntos judiciales que a\u00fan se encuentran en tr\u00e1mite\u00bb. Adem\u00e1s, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n ante la existencia de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogot\u00e1, luego de relatar las actuaciones surtidas, indic\u00f3 que aplaz\u00f3 la audiencia de continuaci\u00f3n del juicio oral para el d\u00eda 28 de abril del presente a\u00f1o. Adem\u00e1s, remiti\u00f3 el Link del proceso. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. Aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. Jorge Alfredo Vargas, se\u00f1al\u00f3 que desde el 30 de agosto de 2018, ya no funge como Fiscal 23 De la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos. Implor\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, toda vez que \u00abLas s\u00faplicas de la acci\u00f3n de tutela se encaminan a controvertir decisiones tomadas por la administraci\u00f3n de justicia, tomadas con posterioridad a mi desvinculaci\u00f3n del ente acusador, y en las cuales no tuve injerencia alguna\u00bb. <\/p>\n
5. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, con relaci\u00f3n a los hechos descritos por la querellante, manifest\u00f3 que \u00abla providencia cuestionada se adec\u00fao a los lineamientos legales y constitucionales que fueron aplicados al caso concreto, sin afectar garant\u00eda fundamental alguna de la aqu\u00ed demandante\u00bb. Por tal motivo, suplic\u00f3 que se despache desfavorablemente el amparo rogado. <\/p>\n
6. El Fiscal 23 Especializado, se opuso a la prosperidad de la tutela. Se\u00f1al\u00f3 que tuvo conocimiento de la prueba con posterioridad a la celebraci\u00f3n de la audiencia de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia -en su calidad de Juez Constitucional-, declar\u00f3 improcedente el amparo al constatar la desatenci\u00f3n del requisito de subsidiariedad. En efecto, sostuvo que \u00absi bien, no procede recurso alguno contra la decisi\u00f3n adoptada en segunda instancia por el Ad-quem, la discusi\u00f3n propuesta por la censora solo puede ser debatida al interior del proceso ordinario y no ante el juez de tutela. Ello porque de los elementos de prueba obrantes en la presente acci\u00f3n se puede constatar que el proceso penal a\u00fan se encuentra en curso y, por lo tanto, resulta indispensable que ejerza sus derechos al interior de esa actuaci\u00f3n, pues es all\u00ed donde cuenta con la posibilidad de controvertir lo que ahora propone. Seg\u00fan se indic\u00f3 en el escrito de tutela, est\u00e1 pendiente por iniciar la etapa de juicio oral; de manera que cualquier debate que se genere durante su tr\u00e1mite deber\u00e1 ser resuelto al interior del mismo, a trav\u00e9s de los medios de defensa ordinario y extraordinarios previstos en el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora con fundamento en los mismos argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la accionante pretende que se deje sin efectos el prove\u00eddo dictado por el Tribunal accionado el 27 de julio de 2021, con el cual se revoc\u00f3 el auto del 13 de noviembre de 2020, que decret\u00f3 la prueba rogada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n al interior del juicio penal debatido. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
3. Del an\u00e1lisis probatorio obrante en el plenario, se observa que el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 -con prove\u00eddo del 13 de noviembre de 2020- resolvi\u00f3 rechazar una de las pruebas solicitadas por la Fiscal\u00eda. Inconforme con ello, el ente acusador formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El Tribunal censurado, al resolver el recurso propuesto, con providencia del 27 de julio de 2021 decidi\u00f3: \u00abPrimero. Revocar la decisi\u00f3n de primera instancia en lo que respecta a la inadmisi\u00f3n de las pruebas que se relacionan a continuaci\u00f3n, conforme a los numerales de la parte motiva utilizados en esta decisi\u00f3n de segunda instancia, y, en su lugar, se dispone lo siguiente: Admitir a la fiscal\u00eda (11.2) la introducci\u00f3n de la sentencia de 6 de marzo de 2017, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Ibagu\u00e9, dentro del radicado 730016000000201600099\u00bb. <\/p>\n
4. De lo narrado esta Sala concluye la improcedencia del amparo, pues pese a que frente a tal decisi\u00f3n no proceden recursos, la querellante a\u00fan cuenta con la oportunidad de exponer al interior del juicio penal las razones de su inconformidad. Ello pues, en la referida tramitaci\u00f3n se est\u00e1 pendiente de iniciar la etapa del juicio oral. Por tanto, es all\u00ed donde la actora puede hacer uso de los recursos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para ejercer la defensa de sus derechos. Al respecto, esta sala ha expresado que: <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
Sobre esta misma tem\u00e1tica, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab3.1.4.1. La acci\u00f3n de tutela es improcedente cuando se instaura contra procesos judiciales en curso. <\/p>\n
5. Finalmente, se destaca que los motivos invocados por la actora no resultan suficientes para acudir directamente a este mecanismo eminentemente subsidiario y residual, m\u00e1xime cuando, a\u00fan puede exponer ante el juez natural lo aqu\u00ed reclamado. <\/p>\n
6. De acuerdo con lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-30. Acci\u00f3n de tutela y anexos.pdf. Carpeta 1 122068REPARTO <\/p>\n
2\u0002 Folio 47-69. Acci\u00f3n de tutela y anexos.pdf. Carpeta 1 122068REPARTO <\/p>\n
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