STC5084-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5084-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01062-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de abril dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Nelly Esperanza Moreno Sichaca contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja y el Juzgado Tercero de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal 2018-00492. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando por conducto de apoderado judicial, acudi\u00f3 al presente mecanismo para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que estima trasgredido por la autoridad judicial querellada. <\/p>\n
2. Dice que desde el mes de \u00abfebrero de 2011\u00bb tom\u00f3 \u00abla decisi\u00f3n de tener una relaci\u00f3n sentimental\u00bb con Juan Felipe Mojica Mojica y que el 14 de marzo de aquel a\u00f1o adquiri\u00f3, a t\u00edtulo personal, el inmueble distinguido con matr\u00edcula 070-33828 ubicado en Tunja; negocio jur\u00eddico vertido en la escritura p\u00fablica 499 de dicha data \u00aben la cual se dej\u00f3 constancia que\u2026 ten\u00eda como compa\u00f1ero permanente al se\u00f1or Juan Felipe Mojica, sin especificar desde cu\u00e1ndo\u00bb. <\/p>\n
Comenta que el 15 de febrero de 2012 contrajo matrimonio religioso con Mojica Mojica, el cual \u00abfue protocolizado\u2026 el 16 de julio de 2016, bajo el indicativo serial 0480955\u00bb, pero que dicho v\u00ednculo fue disuelto mediante sentencia de 17 de enero de 2020 proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Tunja dentro del proceso de divorcio instaurado por ella. <\/p>\n
Se\u00f1ala que el 28 de febrero siguiente formul\u00f3 demanda de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal en la que \u00abespecific\u00f3 como bien propio\u2026 el bien inmueble urbano, con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 070-33828\u00bb por haber sido adquirido con anterioridad al matrimonio, asimismo incluy\u00f3 como pasivo propio el cr\u00e9dito hipotecario otorgado por el Fondo Nacional del Ahorro para la financiaci\u00f3n de la compra de dicho predio. <\/p>\n
Afirma que e1 1\u00ba de diciembre de la misma anualidad se llev\u00f3 a cabo la audiencia de inventarios y aval\u00faos y el 23 de junio de 2021, luego de practicadas las pruebas decretadas, el juzgado cognoscente resolvi\u00f3 las objeciones formuladas por ambas artes, en el sentido de asignarle al demandado \u00abla casa adquirida por la demandante con anterioridad al matrimonio, con fundamento en la sentencia STC7194-2018\u00bb. <\/p>\n
Contra tal determinaci\u00f3n, dice, interpuso recurso de apelaci\u00f3n, siendo confirmada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja el 8 de octubre de 2021. <\/p>\n
3. Para la promotora \u00abel juzgado accionado [sic] incurre en la causal denominada como defecto f\u00e1ctico, sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente [sic]\u00bb. <\/p>\n
El primero se configura al \u00abtener por demostrado, sin estarlo, que el bien inmueble\u2026 hiciera parte de la sociedad conyugal\u00bb cuando en el instrumento p\u00fablico de compraventa, si bien se indic\u00f3 que la adquirente ten\u00eda una uni\u00f3n marital de hecho con Mojica Mojica, \u00abno se precisa desde cu\u00e1ndo, ni da fe de convivencia por un lapso de dos [sic] para el nacimiento de la sociedad conyugal [sic]\u00bb. <\/p>\n
Frente al yerro material, acusa a la autoridad jurisdiccional de \u00abdesconocer el art\u00edculo 2 [sic] de la Ley 54 de 1990 sobre los requisitos para el nacimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, espec\u00edficamente el t\u00e9rmino m\u00ednimo de convivencia y el art\u00edculo 164, 173 y 176 del C.G.P. atinente a que toda decisi\u00f3n judicial debe basarse en pruebas decretadas legalmente\u00bb. <\/p>\n
En punto de lo anterior, dijo que las decisiones que resolvieron sobre los inventarios son incongruentes de cara a lo pedido por las partes, en especial por el demandado, pues este \u00abjam\u00e1s solicit\u00f3\u2026 la declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho ni el reconocimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, al tiempo que \u00abpasaron por alto que la uni\u00f3n marital de hecho no es igual a la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes [sic]\u00bb pues \u00abesta es una consecuencia de aquella siempre y cuando cumpla los requisitos legales\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto al desconocimiento del precedente se\u00f1al\u00f3 que, para el caso particular, la aplicaci\u00f3n de la sentencia STC7194-2018 proferida por esta Corporaci\u00f3n result\u00f3 desacertada por cuanto dicho fallo \u00abno es homogenizable [sic]\u00bb por tratarse de situaciones sustancialmente dis\u00edmiles, pues en este asunto \u00abjam\u00e1s se debati\u00f3 sobre la uni\u00f3n marital de hecho\u2026 ni se plante\u00f3\u2026 no se sabe si la comunidad de vida se extendi\u00f3 por un lapso de dos a\u00f1os, entre otros aspectos relevantes\u00bb. <\/p>\n
4. Solicita, en consecuencia, \u00abdejar sin efecto las providencias [sic] emitida el 8 de octubre de 2021\u00bb y ordenarle \u00aba los despachos accionados a emitir una nueva\u2026 en donde se respeten los derechos fundamentales e la parte actora, respetando el debido proceso, la tutela judicial efectiva y particularmente el derecho a la igualdad sobre el concepto del t\u00edtulo ejecutivo [sic]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VUNCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Tercera de Familia de Tunja dio cuenta de las principales actuaciones adelantadas en el proceso objeto de escrutinio resaltando que la ac\u00e1 accionante no objet\u00f3 el trabajo partitivo presentado por la auxiliar de la justicia, por lo que, con sentencia del pasado 17 de febrero, le imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n al estar ajustado al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Solicit\u00f3 denegar la protecci\u00f3n por cuanto el tr\u00e1mite se surti\u00f3 \u00aben forma normal y se garantizaron todos los derechos a las partes\u00bb adem\u00e1s que los argumentos expuestos por la promotora en esta oportunidad fueron objeto de debate y resoluci\u00f3n en su escenario natural. <\/p>\n
2. Juan Felipe Mojica Mojica, por conducto de apoderado especial, tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que las providencias cuestionadas se encuentran soportadas en el material probatorio recaudado. <\/p>\n
En efecto, adujo que, contrario a lo manifestado por la actora, los elementos de convicci\u00f3n dan cuenta que la convivencia entre ambos inici\u00f3 \u00aba mediados del a\u00f1o 2008\u00bb y que el bien sobre el que recae la presente censura \u00abfue adquirido en partes iguales\u2026 con recursos de los dos compa\u00f1eros permanentes para la \u00e9poca\u00bb, de all\u00ed que entrara a formar parte de la sociedad conyugal una vez contrajeron matrimonio, pues se super\u00f3 el lapso de 2 a\u00f1os exigido para la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial y no existi\u00f3 soluci\u00f3n de continuidad cuando el v\u00ednculo mut\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si el Tribunal Superior de Tunja lesion\u00f3, dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal 2018-00492, las garant\u00edas invocadas por Nelly Esperanza Moreno Sichaca con la expedici\u00f3n de la providencia de 8 de octubre de 2021 por medio de la cual confirm\u00f3, en lo esencial, el auto de 23 de junio del mismo a\u00f1o en que el Juzgado Tercero de Familia de aquella ciudad resolvi\u00f3 acerca de los inventarios y aval\u00faos presentados por las partes, incluyendo dentro de la masa partible un bien que la promotora se\u00f1ala como propio, realizando, supuestamente, una valoraci\u00f3n equivocada de las pruebas recaudadas y no dar correcta aplicaci\u00f3n a las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto particular. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. De la subsidiariedad <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
Nelly Esperanza Moreno Sichaca acude al presente instrumento en procura de obtener la protecci\u00f3n de la prerrogativa consagrada en el art\u00edculo 29 Superior, que considera quebrantada por el Juzgado Tercero de Familia de Tunja y el Tribunal Superior de aquella ciudad, dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal distinguido con radicaci\u00f3n 2018-00492, particularmente con la emisi\u00f3n de las providencias de 23 de junio y 8 de octubre de 2021 que resolvieron, en primera y segunda instancia respectivamente, sobre los inventarios, aval\u00faos y objeciones presentados por las partes, incluyendo como partida cuarta un bien inmueble que la gestora denuncia de su propiedad. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad y su inobservancia ocurre no solo cuando a\u00fan existen otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos o las mismas est\u00e1n siguiendo su curso, sino tambi\u00e9n porque se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n recaudados se aprecia que, en el presente caso, se configura la segunda modalidad puesto que la accionante tuvo a su alcance el medio de defensa judicial id\u00f3neo, pero injustificadamente lo desaprovech\u00f3. <\/p>\n
En efecto, obs\u00e9rvese que, de acuerdo con lo informado por la c\u00e9lula judicial accionada, Moreno Sichaca no manifest\u00f3 oposici\u00f3n alguna al trabajo partitivo, situaci\u00f3n que la habr\u00eda habilitado para interponer el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia que le imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n, seg\u00fan lo dispone el numeral 2 del art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable por remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 523 \u00eddem, siendo ese el escenario natural consagrado por el legislador para plantear el debate que ac\u00e1 expone y no esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
Conforme con ello, no puede abrirse paso el resguardo comoquiera que la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Cabe anotar que la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 ene. 2011, rad. 00027-01, entre otras). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La tutela no fue instituida para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n, queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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