STC5088-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5088-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02249-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Diego Armando Amaya P\u00e9rez contra la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 2016-01434. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad jur\u00eddica, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
2. En sustento de la queja expuso los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Con ocasi\u00f3n de la denuncia que interpuso Saibid Russi Dur\u00e1n el 23 de noviembre de 2016 por la desaparici\u00f3n de su hermana, Yolsabet Polennes Dur\u00e1n, se inici\u00f3 el proceso penal con radicado 2016-0143401. <\/p>\n
2.2. El mismo d\u00eda, la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 orden de registro y allanamiento del lugar de residencia del se\u00f1or Diego Armando Amaya P\u00e9rez, compa\u00f1ero sentimental de la desaparecida. En desarrollo de la diligencia fue encontrado enterrado el cuerpo sin vida de Yolsabet Polennes. Resultado de lo anterior, Amaya P\u00e9rez confes\u00f3 ser el responsable de la muerte de su pareja. <\/p>\n
2.3. Al siguiente d\u00eda, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Barrancabermeja con Funciones de Control de Garant\u00edas, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalizaci\u00f3n de captura, formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, en las que el se\u00f1or Amaya P\u00e9rez se allan\u00f3 a los cargos imputados y acept\u00f3 la responsabilidad como autor, a t\u00edtulo de dolo, del delito de homicidio agravado. <\/p>\n
2.4. El 20 de enero de 2017, la Fiscal\u00eda Delegada present\u00f3 escrito de acusaci\u00f3n, correspondi\u00e9ndole su estudio al Juzgado Segundo Penal del Circuito de la referida ciudad con Funciones de Conocimiento, el cual, en providencia del 4 de abril siguiente, conden\u00f3 al acusado a 205 meses de prisi\u00f3n, en calidad de autor del delito de homicidio agravado. <\/p>\n
2.5. Contra la anterior determinaci\u00f3n, el apoderado de las v\u00edctimas interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que fue resuelto el 30 de julio de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, la cual decret\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de verificaci\u00f3n de allanamiento a los cargos. <\/p>\n
2.6. Cuestiona el actor que hubo desconocimiento del precedente judicial, como quiera que el estrado demandado ignor\u00f3 la imposibilidad de modificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, a fin de adicionar nuevos tipos penales aut\u00f3nomos en otro escenario procesal distinto a la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n; adem\u00e1s, porque efectu\u00f3 control material de los actos de parte, entre los que se encuentran las aceptaciones de cargos y preacuerdos, contraviniendo lo esbozado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Por otro lado, aleg\u00f3 que se configur\u00f3 un defecto material, porque la providencia cuestionada carece de correspondencia entre la fundamentaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, pues \u00abadvierte una omisi\u00f3n que estima trascendental respecto de los hechos jur\u00eddicamente relevantes expuestos en el curso de la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, pero ordena la nulidad de la actuaci\u00f3n desde la verificaci\u00f3n de allanamiento, en una indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 448 y 351 de la Ley 906\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abAnular la providencia judicial proferida por la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que declar\u00f3 la nulidad del proceso adelantado en contra de Diego Armando Amaya P\u00e9rez, desde la audiencia de verificaci\u00f3n de allanamiento. Resultado de lo anterior, ordenar a la autoridad accionado que profiera nuevamente la decisi\u00f3n objeto de reproche\u2026\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barrancabermeja hizo un recuento de las actuaciones procesales e indic\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno del accionante. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga asegur\u00f3 que \u00abno le asisti\u00f3 raz\u00f3n a la juzgadora de primer grado al validar el allanamiento a cargos, sin sopesar adecuadamente que la agencia fiscal deb\u00eda estudiar el informe pericial de necropsia obtenido con posterioridad a la audiencia preliminar de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, pero antes de verificarse que dicha aceptaci\u00f3n se ajustara al ordenamiento jur\u00eddico vigente y se enfrentara una eventual variaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica provisional, lo cual debe revisar para que exista correspondencia entre el acontecer f\u00e1ctico y el o los delitos que puedan configurarse, en virtud del an\u00e1lisis de la totalidad de medios de convicci\u00f3n acopiados\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abcon base en el informe pericial aportado con posterioridad resultaba imperativo que la agencia fiscal la adecuara a los hallazgos all\u00ed obtenidos\u00bb e indic\u00f3 que \u00abante la eventual estructuraci\u00f3n de un punible de mayor gravedad resultaba imperativa la intervenci\u00f3n de esta Colegiatura, en aras de ajustar el procedimiento a la legalidad\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Primera Seccional de Barrancabermeja se\u00f1al\u00f3 que deb\u00eda estudiarse la posibilidad de acceder a la salvaguarda deprecada, dado que \u00abno existe la posibilidad de modificar dicha calificaci\u00f3n jur\u00eddica porque existi\u00f3 aceptaci\u00f3n de cargos por el procesado\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, afirm\u00f3 que no era \u00abviable adicionar dentro de esta investigaci\u00f3n una imputaci\u00f3n jur\u00eddica por el delito de feminicidio toda vez que no se cumplen los presupuestos jur\u00eddicos para tal fin (\u2026)\u00bb y que, de cara a las nuevas pruebas allegadas al proceso, \u00abrealiz\u00f3 compulsa de copias ante la Fiscal\u00eda Primera Especializada de Barrancabermeja, para que se investigue la presunta conducta punible de tortura (\u2026) la cual se encuentra activa en ese despacho fiscal bajo el n\u00famero de Noticia Criminal 680816000136201700431\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, por no cumplir con el requisito general de la subsidiariedad, por cuanto \u00abla discusi\u00f3n propuesta por el censor merece ser debatida al interior del proceso ordinario y no ante el juez de tutela, pues (\u2026) el proceso penal (\u2026) a\u00fan se encuentra en curso y por lo tanto resulta procedente e indispensable que ejerza sus derechos al interior de la actuaci\u00f3n y aporte elementos de juicio necesarios que sustentan su inconformidad, pues es all\u00ed donde cuenta con la posibilidad de controvertir lo que ahora propone por v\u00eda de tutela, esto es, que el delito que se tipific\u00f3 fue el de homicidio m\u00e1s no el de feminicidio\u00bb. Precis\u00f3 que \u00abser\u00e1 al interior de dicho proceso donde (\u2026) podr\u00e1 interponer los recursos ordinarios en el supuesto de que resulten desfavorables las providencias judiciales que decidan el asunto y, en \u00faltimas, acudir al recurso extraordinario de casaci\u00f3n de considerarlo necesario\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, advirti\u00f3 que \u00abel accionante no se\u00f1al\u00f3, mucho menos demostr\u00f3, la necesidad de procedencia excepcional de la tutela como mecanismo transitorio\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el extremo activo, reiterando los argumentos del escrito inicial; adem\u00e1s se\u00f1al\u00f3 que, al modificarse la calificaci\u00f3n jur\u00eddica que ya hab\u00eda sido aceptada por el investigado en sede de imputaci\u00f3n, se presentaba una incongruencia procesal, pues, al quedar inc\u00f3lume el acto de allanamiento a cargos, \u00ablo obliga a allanarse a un acuerdo por el delito sugerido por la providencia aqu\u00ed tutelada (feminicidio) que no ha sido imputado, o soportar todo el proceso para debatir una irregularidad que tiene su origen en este estadio procesal y que no depende de los acontecimientos posteriores que puedan surgir en el tr\u00e1mite ordinario\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, sobre la falta de demostraci\u00f3n del perjuicio irremediable esgrimida por el a quo constitucional, consider\u00f3 que, \u00absi bien en el escrito de tutela no existe un apartado expresamente identificado como \u2018perjuicio irremediable\u2019 no puede excusarse el juez constitucional en la ausencia de tal enunciaci\u00f3n, pues estar\u00eda desconociendo el principio de informalidad que rige el tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abcomo la Sala reconoce que no existen recursos ordinarios frente a la providencia objeto de tutela, no es dable afirmar que dentro del curso ordinario del proceso se puedan utilizar otros mecanismos de defensa para alegar la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales aqu\u00ed expuestas\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, el accionante pretende que se amparen los derechos fundamentales invocados, los cuales considera vulnerados, por desconocimiento del precedente judicial y configuraci\u00f3n de un defecto f\u00e1ctico, pues se pas\u00f3 por alto la imposibilidad de modificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, para adicionar tipos penales en otro escenario distinto a la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y se desatendi\u00f3 la jurisprudencia de la Hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Penal frente a la posibilidad de realizar control material de los actos de parte, a lo cual se sum\u00f3 que la providencia cuestionada carece de correspondencia entre la fundamentaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, en la medida en que se aplicaron err\u00f3neamente los art\u00edculos 448 y 351 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
2. Pues bien, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que no se cumple con el presupuesto general de subsidiariedad, toda vez que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad decretada por la autoridad judicial demandada el 30 de julio de 2021, el proceso penal se retrotrajo y, por lo mismo, se encuentra en curso, tanto que, el 31 de marzo del a\u00f1o que avanza, se dio inicio a la audiencia de verificaci\u00f3n de allanamiento a cargos, la cual fue suspendida por solicitud de parte y reprogramada para el 29 de abril siguiente1. <\/p>\n
2.1. Al respecto, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab\u2026para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional impetrada, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior de la causa y, hall\u00e1ndose vigente la etapa del juicio, subsisten las posibilidades jur\u00eddicas para reformular los planteamientos relacionados con la cesaci\u00f3n del procedimiento por la causal objetiva que propone en esta senda excepcional. <\/p>\n
Y es que ha sido postura definida y reiterada de la Sala, que no es viable acudir al juez de tutela para que intervenga en los litigios en tr\u00e1mite, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el juez ordinario para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo para la protecci\u00f3n de derechos superiores, mas no para su declaraci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
En esas circunstancias, pretender que el Juez de amparo revise la razonabilidad de la determinaci\u00f3n aqu\u00ed atacada ser\u00eda no solo, se itera, una injerencia impertinente en la competencia del fallador, sino anticipar un debate que tiene su propio escenario de confrontaci\u00f3n y contradicci\u00f3n, y no a trav\u00e9s de un tr\u00e1mite expedito y sumario como la acci\u00f3n de tutela\u00bb (CSJ STC5463-2021, reiterado en STC3056-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que el reclamante no puede aspirar a que, por esta senda excepcional, el fallador constitucional se pronuncie sobre un aspecto que le corresponde decidir al juez natural de la respectiva causa, pues admitir la intervenci\u00f3n del juez de tutela implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios y las facultades asignadas a los operadores cognoscentes. <\/p>\n
De no ser as\u00ed la tutela se convertir\u00eda en un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo con el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y de permitir la concentraci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n constitucional de todas ellas, capaz de rebozar el cumplimiento de las funciones de esta. <\/p>\n
En ese sentido, la Corte Constitucional, en sentencia T-335 de 2018, rese\u00f1\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab3.1.4.1. La acci\u00f3n de tutela es improcedente cuando se instaura contra procesos judiciales en curso. <\/p>\n
En efecto, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que, cuando el proceso a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite, la intervenci\u00f3n del juez constitucional est\u00e1 vedada toda vez que la acci\u00f3n de tutela no constituye -salvo que se est\u00e9 ante la posible configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable- un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jur\u00eddicos que deben ser resueltos al interior del tr\u00e1mite ordinario. Incluso, cuando los procesos han culminado, se deben interponer y agotar los medios de defensa (i.e. recursos) que se encuentran previstos en el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por su parte, esta Sala ha considerado que, en eventos como este, la tutela es inviable, \u00abteniendo en cuenta el car\u00e1cter residual y subsidiario de este mecanismo excepcional (\u2026) m\u00e1xime que, en este caso, no est\u00e1n probados los presupuesto impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia propios del perjuicio irremediable alegado, pues el tutelante est\u00e1 vinculado al proceso adelantado en su contra por las autoridades competentes y en este ha intervenido y puede seguir actuando en defensa de sus intereses\u00bb (CSJ STC3056-2022), todo lo cual torna improcedente el amparo invocado. <\/p>\n
3. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en cuanto neg\u00f3 el amparo por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan inform\u00f3 el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barrancabermeja, mediante oficio 0286-2022 del 19 de abril del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
<\/p>\n
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