STC5089-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5089-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02007-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de octubre de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Ethmy Yency Garc\u00eda Mart\u00ednez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 2009-00430. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, doble instancia efectiva y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. En el juicio de radicado 2009-00430, el Juzgado 26 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1 dict\u00f3 fallo el 6 de julio de 2020, en el que absolvi\u00f3 a Jhon Pablo Gait\u00e1n Ni\u00f1o del delito de homicidio culposo de Jos\u00e9 \u00c1ngel Castillo Gonz\u00e1lez, esposo de la tutelante. <\/p>\n
2.2. Contra la anterior decisi\u00f3n, tanto la Fiscal\u00eda como el representante de las v\u00edctimas interpusieron recurso de apelaci\u00f3n. En prove\u00eddo del 31 de mayo de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 decret\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n en favor del se\u00f1or Gait\u00e1n Ni\u00f1o, en consecuencia, precluy\u00f3 la investigaci\u00f3n y dispuso la devoluci\u00f3n del asunto al juzgado de origen1. <\/p>\n
2.3. Frente a ello, la actora cuestion\u00f3 que el ad quem natural declar\u00f3 la extinci\u00f3n del acci\u00f3n penal \u00absin haber hecho el an\u00e1lisis jur\u00eddico de los recursos de alzada presentados, con respecto a la posibilidad de la existencia de las circunstancias de agravaci\u00f3n del delito puesto que como se evidenci\u00f3 el imputado y acusado era acreedor de m\u00e1s de 200 comparendos activos, precisamente por violar las normas de tr\u00e1nsito lo que dar\u00eda traste con la legalidad de la licencia de conducci\u00f3n\u2026\u00bb, siendo aquel el tema objeto de debate, por lo que, en su criterio, \u00abesto es lo que deb\u00eda haber analizado dentro de un serio y riguroso an\u00e1lisis jur\u00eddico la accionada (\u2026) incurriendo en una deficiente apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica y sustancial que no debo soportar que sea la misma institucionalidad la que por su desidia y negligencia, pretermite su obligaci\u00f3n legal y constitucional para investigar, juzgar sancionar\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje \u00absin efecto la decisi\u00f3n de la accionada de declarar la prescripci\u00f3n sin haber hecho un respectivo an\u00e1lisis jur\u00eddico y jurisprudencial de las posibles circunstancias de agravaci\u00f3n del delito de homicidio que le dar\u00eda un mayor margen de tiempo al fen\u00f3meno prescriptivo art. 110-3 C. Penal, porque tener m\u00e1s de 200 comparendos activos es equivalente a conducir sin licencia y si la tiene es fraudulenta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno a la accionante al decretar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, puesto que, con base en lo expuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, prevalece \u00abla prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal sobre la decisi\u00f3n absolutoria, con excepci\u00f3n de 2 eventos, cuando: i) la sentencia de segunda instancia es absolutoria y la misma no es debatida en sede de casaci\u00f3n y ii) el procesado renuncia a la prescripci\u00f3n, de los cuales, ninguno se present\u00f3 en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, precis\u00f3 que \u00abno se interpuso ning\u00fan recurso\u00bb contra la decisi\u00f3n cuestionada, esto es, la emitida el 31 de mayo de 2021 y que, al haber declarado la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, la Corporaci\u00f3n \u00abno estaba habilitada para emitir un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Gait\u00e1n Ni\u00f1o, pues de hacerlo, la decisi\u00f3n emitida ser\u00eda invalida teniendo en cuenta que la potestad punitiva del Estado ces\u00f3 desde el 18 de julio del a\u00f1o anterior\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado 26 Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 ser desvinculado del amparo, como quiera que el tr\u00e1mite se adelant\u00f3 conforme a los par\u00e1metros establecidos en la ley. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 33 Seccional de la Unidad de Delitos Contra la Vida e Integridad Personal arguy\u00f3 que \u00abjam\u00e1s dilat\u00f3 la labor investigativa como quiera que de manera oportuna se tomaron las decisiones que en derecho correspond\u00edan\u00bb. <\/p>\n
4. Fabio Castro Pedrozo, quien dijo actuar en calidad de representante de la v\u00edctima Rosa Evelia Gonz\u00e1lez Santiago, madre del occiso, sostuvo que \u00abtodas y cada una de las actuaciones, se encuentran dentro del expediente referido, y las cuales se dejan en manos de este despacho para que las valore y se digne resolver lo que corresponda en derecho\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda impetrada, debido a que \u00abno se advierten los yerros reclamados por la demandante\u00bb. Lo anterior, con fundamento en que \u00abla determinaci\u00f3n del 31 de mayo de 2021, en el cual se decret\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n en favor de Gait\u00e1n Ni\u00f1o se emiti\u00f3 con apego a la Ley y a la jurisprudencia, los cuales permitieron determinar que hab\u00eda operado el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, la accionante pretende que se amparen los derechos fundamentales invocados, los cuales considera vulnerados debido a que el ad quem decret\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal sin haber realizado un an\u00e1lisis de los recursos de alzada interpuestos, con respecto a la existencia de circunstancias de agravaci\u00f3n del delito que ampliar\u00eda el t\u00e9rmino prescriptivo. <\/p>\n
2. Del escrutinio del decurso procesal se evidencia que no se cumple con el presupuesto general de la subsidiariedad exigido para la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
Esto, como quiera que, contra la providencia emitida en audiencia del 17 de junio de 2021, notificada en estrados2, mediante la cual la autoridad judicial accionada declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n en la actuaci\u00f3n que se adelant\u00f3 en contra de Jhon Pablo Gait\u00e1n Ni\u00f1o, la impugnante no interpuso el recurso procedente, de conformidad con lo previsto en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, dejando fenecer la oportunidad con que contaba para que le fuera revisada su discrepancia. <\/p>\n
Tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional, para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
Sobre la importancia de dicha figura, ha destacado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
Igualmente, en un caso de similares contornos, la Sala de Casaci\u00f3n Penal estableci\u00f3 la inviabilidad de la tutela, ante la falta de formulaci\u00f3n del recurso procedente contra la decisi\u00f3n de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal rebatida, bajo los siguientes argumentos: <\/p>\n
\u00ab14.- Aqu\u00ed la accionante alega que debi\u00f3 ser absuelta del delito de prevaricato por acci\u00f3n. Ahora, de la revisi\u00f3n de los medios de conocimiento aportados a la acci\u00f3n se constata que la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta en decisi\u00f3n del 5 de noviembre de 2021, declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por haber operado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n, en su lugar, decret\u00f3 la preclusi\u00f3n. <\/p>\n
15.- Seg\u00fan lo informado por el Tribunal, la decisi\u00f3n del 5 de noviembre de 2021 fue notificada a los sujetos procesales el 16 del mismo mes y, al d\u00eda siguiente empez\u00f3 a correr el t\u00e9rmino para la interposici\u00f3n de recursos. Ante la ausencia de aquellos la decisi\u00f3n cobr\u00f3 ejecutoria el 24 de noviembre de 2021. Despu\u00e9s de informar aquello a los interesados, la colegiatura dispuso la devoluci\u00f3n del expediente mediante oficio TSC-SP-SRIA n.o 5151-20212. <\/p>\n
16.- En ese entendido, se advierte que la demandante no puso en marcha los recursos ofrecidos por el ordenamiento jur\u00eddico, en aras de obtener la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales. Por lo tanto, en este caso, la acci\u00f3n de tutela no puede ser utilizada para reactivar t\u00e9rminos que se han dejado vencer\u00bb (CSJ STP2568-2022, ene. 27 de 2022. Rad. 2022-00104). <\/p>\n
3. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 6-11, archivo \u201cESCRITO TUTELA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201cACTA LECTURA DE FALLO GAIT\u00c1N NI\u00d1O\u201d remitida por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5089-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC5089-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02007-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-63045","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63045","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63045"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63045\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63045"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63045"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63045"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}