STC5091-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5091-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-00948-00 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-01111-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte las acciones de tutela promovidas por (i) Proyectos de Inversiones Estrat\u00e9gicas S.A.S. y Proyectos de Inversiones Seguras S.A.S.1 y por (ii) Proyectos de Inversiones Din\u00e1micas S.A.S.2 (acumuladas)3, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Quince Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Proyectos de Inversiones Estrat\u00e9gicas S.A.S.: <\/p>\n
1.1. Reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas en el reivindicatorio iniciado por Proyectos Log\u00edsticos de Inversi\u00f3n S.A.S. contra Proyectos de Inversiones Seguras S.A.S., Proyectos de Inversiones Din\u00e1micas S.A.S. y la aqu\u00ed gestora, en tanto que en el libelo la all\u00ed demandante no indic\u00f3 correctamente su direcci\u00f3n electr\u00f3nica, siendo ese es un requisito para dar tr\u00e1mite a la acci\u00f3n, pese a lo cual se admiti\u00f3. <\/p>\n
1.2. Por lo anterior, recurri\u00f3 en reposici\u00f3n el mencionado prove\u00eddo, exponiendo que se omiti\u00f3 la indicaci\u00f3n del correo de la persona jur\u00eddica reclamante, por lo que, en su criterio, no es suficiente con la direcci\u00f3n personal del representante legal, que fue la que en efecto se registr\u00f3. Sin embargo, esa defensa se resolvi\u00f3 de forma desfavorable, desconociendo una decisi\u00f3n del ad quem que, al pronunciarse sobre una nulidad en esa causa, reliev\u00f3 que \u00abson los correos electr\u00f3nicos que se mantienen registrados en la C\u00e1mara de Comercio por las sociedades Demandantes y Demandadas los que deben utilizarse para notificar a dichas personas jur\u00eddicas\u00bb. <\/p>\n
1.3. Adem\u00e1s, se dictaron las medidas cautelares de inscripci\u00f3n de la demanda en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria y de suspensi\u00f3n tanto (i) de la construcci\u00f3n de un proyecto deportivo que se realiza en ese predio, oficiando a la Alcald\u00eda de Puerto Colombia con ese prop\u00f3sito, como (ii) del permiso para el aprovechamiento forestal otorgado por la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Atl\u00e1ntico; las que considera irregulares, por no tener \u00abel lleno de requisitos legales\u00bb. <\/p>\n
1.4. En tal virtud, pidi\u00f3 que se dejen sin efectos las referidas determinaciones, as\u00ed como los oficios dirigidos a materializar las cautelas ordenadas. <\/p>\n
2. Proyectos de Inversiones Seguras S.A.S.: <\/p>\n
2.1. Tambi\u00e9n reclam\u00f3 la salvaguarda de las enunciadas prerrogativas, porque, pese a las deficiencias descritas de id\u00e9ntica forma en el escrito que antecede, el despacho cognoscente admiti\u00f3 la acci\u00f3n reivindicatoria, aun cuando \u00ab[se]\u201csubsan\u00f3\u201d la demanda, pero aportando el correo electr\u00f3nico albertoeussejimenez@gmail.com El cual No corresponde a la persona jur\u00eddica [demandante], es diferente del que aparece registrado para notificaciones legales y judiciales en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad demandante\u00bb. <\/p>\n
2.2. Esto, aunado a que la sociedad aqu\u00ed convocante no fue enterada en debida forma del inicio de ese asunto, comoquiera que, si bien la notificaci\u00f3n se remiti\u00f3 a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica que figuraba en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, esta se encontraba en desuso desde hac\u00eda un tiempo, por lo que present\u00f3 nulidad, desestimada por el a quo y ratificada por el ad quem con resoluci\u00f3n del 13 de septiembre de 2021, con lo que se le impidi\u00f3 \u00abejercer los mecanismos de defensa\u00bb. <\/p>\n
2.3. Adem\u00e1s, refut\u00f3 que \u00abla suscrita no fue escuchada por tener en desuso el [e]-mail de la sociedad demandada, pero contrario sensu el demandante s[\u00ed] fue escuchado, se le admiti\u00f3 la demanda a pesar [de] que no aport[\u00f3] el correo electr[\u00f3]nico para notificaciones\u00bb, m\u00e1xime que, al desatar la referida nulidad, el tribunal subray\u00f3 que \u00abel presente asunto jur\u00eddicamente no corresponde a un litigio de personas naturales\u00bb, de modo que \u00absus aspectos deben resolverse de acuerdo a las reglas que corresponden al funcionamiento de esas sociedades y no analizar el mero comportamiento de las personas naturales que puedan tener su representaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4. En igual sentido que la primera solicitud, cuestion\u00f3 la expedici\u00f3n de las medidas cautelares ya descritas, dado el presunto detrimento patrimonial que con ellas se generar\u00eda; y formul\u00f3 el mismo petitum. <\/p>\n
3. Proyectos de Inversiones Din\u00e1micas S.A.S.: <\/p>\n
3.1. Como sus antecesoras, censur\u00f3 la admisi\u00f3n de esa causa, el contenido de las cautelas y la falta de un adecuado enteramiento del inicio del reivindicatorio, en tanto que, tal como sucedi\u00f3 espec\u00edficamente con Inversiones Seguras S.A.S., se le envi\u00f3 la notificaci\u00f3n al correo dispuesto en el registro mercantil, pero este no era consultado de forma habitual, pese a lo cual, se desestim\u00f3 en ambas instancias la nulidad deprecada con fundamento en esa circunstancia. <\/p>\n
3.2. Con todo, present\u00f3 las mismas solicitudes de invalidaci\u00f3n de lo actuado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Proyectos Log\u00edsticos de Inversi\u00f3n S.A.S. manifest\u00f3 que el resguardo es improcedente, comoquiera que el extremo activo en este asunto \u00abdesign\u00f3 apoderado judicial quien lo asisti\u00f3 dentro del proceso (\u2026), quien ejerci\u00f3 su cargo, conforme a las facultades conferidas en el poder otorgado.- al conferir el poder, se asegur\u00f3, la Protecci\u00f3n Constitucional, a su Derecho Fundamental De Defensa, De Acceso a la Justicia, Del Debido Proceso, quien formul\u00f3 nulidad, y esta no fue acorde a sus intereses, no present\u00f3 recurso alguno en contra de las medidas anticipatorias decretadas al interior del proceso, tendientes a enervar la acci\u00f3n judicial, por lo tanto, es inconcebible predicar, que se vulneraron sus fundamentales constitucionales, pues ejecut\u00f3 actos procesales y no aleg\u00f3 circunstancia alguna en pos de la defensa de los intereses de la parte actora\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla relat\u00f3 las actuaciones del proceso, destacando que \u00abadmitida la demanda se present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n en contra de dicha providencia, el cual fue resuelto por auto del 8 de febrero de 2022, decisi\u00f3n en la que el suscrito expuso las razones de orden f\u00e1ctico y legal que condujeron a negar la censura, sin que se advierta que ello obedezca a un actuar irrazonado, caprichoso o arbitrario que vulnere o amenace los derechos fundamentales invocados por la accionante\u00bb. <\/p>\n
En lo que respecta a las medidas cautelares dispuestas en el tr\u00e1mite confutado, se\u00f1al\u00f3 que \u00abhabiendo sido notificadas, en debida forma, por estado; no fueron objeto de recurso por parte de la accionante\u00bb, por lo que \u00abes innegable que debe declararse improcedente el amparo solicitado\u00bb. <\/p>\n
3. La Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Atl\u00e1ntico \u2013 CRA expuso que \u00abinici\u00f3 las acciones pertinentes encaminadas a acatar la orden judicial [medida cautelar] a saber: El 11 de febrero el personal t\u00e9cnico de esta Corporaci\u00f3n realiz\u00f3 visita de inspecci\u00f3n al predio, no obstante, no fue posible el ingreso al inmueble por parte del personal de vigilancia. Posteriormente, la Subdirecci\u00f3n de Gesti\u00f3n Ambiental realiz\u00f3 el d\u00eda 22 de febrero de 2022, una nueva visita de inspecci\u00f3n al predio, con el fin de lograr la verificaci\u00f3n in situ de las condiciones ambientales del \u00e1rea intervenida, de esta manera efectuar el control y seguimiento ambiental conforme lo establecido en el Decreto Reglamentario 1076 de 2015, as\u00ed mismo implementar las medidas administrativas acordes con las competencias de autoridad ambiental prescritas en la Ley 1333 de 2009\u00bb. <\/p>\n
4. El municipio de Puerto Colombia precis\u00f3 que es ajeno al debate iusfundamental suscitado con ocasi\u00f3n de este mecanismo. <\/p>\n
5. Proyectos de Inversiones Din\u00e1micas S.A.S. a\u00f1adi\u00f3 que no se deber\u00edan acumular los escritos de las dos accionantes; y que, en todo caso, en lo que a esa sociedad respecta, \u00abla suscrita [representante legal] fue notificada por el juez 15 cc., a un correo electr\u00f3nico en desuso y por ende no pude contestar a tiempo y no se me escuchar\u00e1 durante el tr\u00e1mite judicial, no podr\u00e9 presentar excepciones y no podr\u00e9 defenderme\u00bb. <\/p>\n
6. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla afirm\u00f3 que \u00abno encuentro ning\u00fan cuestionamiento especifico o reparo frente a la decisi\u00f3n de segunda instancia, todas las razones de inconformidad se exponen frente al actuar del Juzgado de Primera Instancia, estando especialmente dirigidas a obtener la suspensi\u00f3n de los efectos de las medidas cautelares ordenadas en el auto de fecha 8 de febrero de 2022 proferido por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla\u00bb, pero que, en todo caso, \u00absi la Sala de Casaci\u00f3n considera pertinente dar alguna orden al respecto de la providencia de segunda instancia, respetuosamente, solicito tenga en cuenta que actualmente existe una causal de impedimento objetiva para conocer de ese proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en el proceso reivindicatorio que se inici\u00f3 contra las sociedades querellantes (rad. n.\u00ba 2020-00033), por (i) confirmar la denegaci\u00f3n de las solicitudes de nulidad formuladas por Inversiones Seguras S.A.S. e Inversiones Din\u00e1micas S.A.S.; por (ii) resolver desfavorablemente el recurso de reposici\u00f3n propuesto contra el auto admisorio; y por (iii) decretar las medidas cautelares de inscripci\u00f3n de la demanda y suspensi\u00f3n tanto de la construcci\u00f3n de un proyecto que se realizar\u00eda en el predio en disputa, como del permiso de aprovechamiento forestal. <\/p>\n
2. Hechos probados. <\/p>\n
2.1. Con auto de 11 de agosto de 2020, el Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla admiti\u00f3 la demanda de la referencia, promovida por Proyectos Log\u00edsticos de Inversi\u00f3n S.A.S. contra Proyectos de Inversiones Seguras S.A.S., Proyectos de Inversiones Din\u00e1micas S.A.S. y Proyectos de Inversiones Estrat\u00e9gicas S.A.S. <\/p>\n
2.2. Mediante prove\u00eddo de 2 de septiembre de 2020, se decretaron las medidas cautelares de inscripci\u00f3n del libelo en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, as\u00ed como la suspensi\u00f3n inmediata tanto de la construcci\u00f3n de un proyecto deportivo en ese predio, como del permiso de aprovechamiento forestal concedido por la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Atl\u00e1ntico; decisi\u00f3n que no fue objeto de recursos. <\/p>\n
2.3. Iniciada la audiencia de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso, el 28 de mayo de 2021, el estrado resolvi\u00f3 las solicitudes de nulidad formuladas por las aqu\u00ed libelistas, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab1. Negar la nulidad invocada por las sociedades Proyectos de Inversiones Seguras S.A.S. y Proyectos de Inversiones Din\u00e1micas S.A.S., conforme a las razones esbozadas en la parte considerativa del presente prove\u00eddo. <\/p>\n
2. Declarase la nulidad de lo actuado por indebida notificaci\u00f3n de la demandada Proyectos de Inversiones Estrat\u00e9gicas S.A.S., a partir del auto que convoc\u00f3 a la audiencia de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del C. G. del P. <\/p>\n
3. T\u00e9ngase a la sociedad Proyectos de Inversiones Estrat\u00e9gicas S.A.S. notificada del auto admisorio de la demanda por conducta concluyente, a partir del 6 de mayo de 2021, atendiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 291 del C. G. del P. <\/p>\n
4. Declarase que las pruebas practicadas conservar\u00e1n validez y eficacia las pruebas practicadas respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla y se mantienen inc\u00f3lumes las medidas cautelares consumadas. <\/p>\n
5. Condenase en costas a las sociedades Proyectos de Inversiones Seguras S.A.S. y Proyectos de Inversiones Din\u00e1micas S.A.S. por no haber prosperado la nulidad alegada. T\u00e1sense en un salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
2.4. Frente a la anterior decisi\u00f3n, se formularon recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n por parte de Proyectos de Inversiones Seguras S.A.S. e Inversiones Din\u00e1micas S.A.S. All\u00ed se dej\u00f3 inc\u00f3lume lo dispuesto y se concedieron las impugnaciones verticales ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quien, el 13 de septiembre de 2021, confirm\u00f3 lo resuelto. <\/p>\n
2.5. Al dirimir el recurso horizontal presentado por Proyectos de Inversiones Estrat\u00e9gicas S.A.S. contra el auto admisorio, porque \u00abla demanda no debi\u00f3 ser admitida, en consideraci\u00f3n a que no se inform\u00f3 el correo electr\u00f3nico que reporta la sociedad demandante en el registro mercantil, sino que suministr\u00f3 el de su representante legal\u00bb \u2013esto, luego de haber sido decretada la nulidad por indebida notificaci\u00f3n en lo que a ella respecta, en la referida audiencia\u2013, el juzgado lo deneg\u00f3 y requiri\u00f3 a las entidades competentes para verificar el cumplimiento de las cautelas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. En primer lugar, en lo que respecta a las supuestas irregularidades en que habr\u00eda incurrido la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla al expedir el prove\u00eddo de 13 de septiembre de 2021, en el que confirm\u00f3, en sede de apelaci\u00f3n, la denegaci\u00f3n de las solicitudes de nulidad formuladas \u2013en lo que concierne al amparo\u2013 por Inversiones Seguras S.A.S. e Inversiones Din\u00e1micas S.A.S., no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver los reproches en los que se insisti\u00f3 en que \u00abla remisi\u00f3n de los mensajes de datos a sus correos electr\u00f3nicos no cumpli[\u00f3] con todos requisitos legales necesarios para que se considerara surtida la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda\u00bb, la autoridad encartada se\u00f1al\u00f3 que las supuestas deficiencias en el enteramiento del auto admisorio, frente a las aqu\u00ed inconformes, no ten\u00edan la entidad de invalidar las actuaciones surtidas hasta esa etapa, teniendo en cuenta que: <\/p>\n
\u00abEn nuestro Sistema de Derecho sustancial, la \u201cpersonalidad jur\u00eddica\u201d de una sociedad comercial para \u201cser sujeto de derechos y obligaciones por y para s\u00ed misma\u201d, es independiente separada y aut\u00f3noma de la \u201cpersonalidad jur\u00eddica\u201d que les corresponde a las otras personas naturales o jur\u00eddicas que son sus socias o representantes legales; regla que es aplicable y se mantiene en las sociedades por acciones simplificada S.A.S., de acuerdo a lo establecido en los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba de la ley 1258 de 2008 v\u00e9ase nota 6 Por lo cual las obligaciones, cargas y derechos que una de esas personalidades jur\u00eddicas adquiere no se trasmite ni vincula jur\u00eddicamente a las otras. <\/p>\n
En sus actuaciones, es posible que las tales personas en su comportamiento no tengan en cuenta tales caracter\u00edsticas y condicionamientos jur\u00eddicos y que en un momento dado indistintamente act\u00faen o tomen decisiones que corresponden a las otras, confundi\u00e9ndose entre s\u00ed, pero ello no las libera de asumir las consecuencias jur\u00eddicas de su accionar. <\/p>\n
Por lo que debe indicarse que el presente asunto jur\u00eddicamente no corresponde a un litigio de personas naturales que puedan tener un determinado grado de parentesco entre s\u00ed, sino a una controversia entre cuatro personalidades jur\u00eddicas y por ende sus aspectos deben resolverse de acuerdo [con] las reglas que corresponden al funcionamiento de esas sociedades y no analizar el mero comportamiento de las personas naturales que puedan tener su representaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, reliev\u00f3 que \u00abla parte demandante, en principio, ten\u00eda la obligaci\u00f3n de dirigir los mensajes de datos para notificar el auto admisorio de la demanda al correo electr\u00f3nico registrado por las personas jur\u00eddicas en la C\u00e1mara de Comercio y no al correo personal que pudiera conocer de quienes fueran el representante legal de las mismas, pues esas normas de los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso, que imponen esa conducta no resultan suspendidas por las regulaciones temporales del decreto 806 de 2020, puesto que ellas no contradicen ninguna de sus nuevas disposiciones\u00bb, por lo que, como ciertamente el env\u00edo se realiz\u00f3 a los correos que figuran en los respectivos certificados de existencia y representaci\u00f3n legal de las sociedades, no se acredit\u00f3 ninguna irregularidad. <\/p>\n
Por el contrario, el colegiado enfatiz\u00f3 en que la circunstancia de que las direcciones electr\u00f3nicas registradas est\u00e9n desuetas \u00aby no cumpla[n] con su prop\u00f3sito de recibir las notificaciones judiciales (\u2026), porque est\u00e1[n] bloquead[as]\u00bb, no es un aspecto que pueda imputarse a la conducta de la parte demandante en esa causa, sino a la omisi\u00f3n de las quejosas en realizar el cambio respectivo o inscribir las que estuvieran en uso. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo expuesto, concluy\u00f3 que \u00abes carga de quien registra y mantiene un especifico correo electr\u00f3nico como medio de comunicaci\u00f3n o de notificaci\u00f3n el estar pendiente del funcionamiento del mismo, de los mensajes de datos que all\u00ed se reciban y abrirlos y leerlos\u00bb, por lo que, plantear una nulidad por la supuesta ausencia de notificaci\u00f3n, fundada en la falta de utilizaci\u00f3n de esos buzones, \u00abes alegar como causal de nulidad el propio y particular incumplimiento de esa carga por parte de las sociedades demandadas\u00bb, con lo que se desconoce la prohibici\u00f3n prevista en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso (\u00abno podr\u00e1 alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina\u00bb), de modo que los reproches de Inversiones Seguras S.A.S. e Inversiones Din\u00e1micas S.A.S. no fueron acogidos. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de las censoras no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquellas frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
5. Sobre los reparos frente a la decisi\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto admisorio. <\/p>\n
5.1. Luego de haber sido decretada la nulidad por indebida notificaci\u00f3n en lo que a Proyectos de Inversiones Estrat\u00e9gicas S.A.S. se refiere, esta formul\u00f3 la impugnaci\u00f3n horizontal contra el prove\u00eddo que admiti\u00f3 el libelo, porque, en su criterio, no se debi\u00f3 dar tr\u00e1mite a la acci\u00f3n reivindicatoria, habida cuenta que no se inform\u00f3 adecuadamente el correo electr\u00f3nico de la parte convocante en ese asunto, que no deb\u00eda ser otro que el inscrito en el registro mercantil. <\/p>\n
No obstante, el Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla despach\u00f3 desfavorablemente ese pedimento, con decisi\u00f3n del 8 de febrero de 2022, porque, en primer lugar, del numeral 10 del canon 82 de la actual codificaci\u00f3n procesal, se desprende que es presupuesto formal de la demanda la indicaci\u00f3n del correo electr\u00f3nico donde se recibir\u00e1n notificaciones, pero no existe \u00abninguna exigencia adicional a suministrar la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico efectu\u00f3 el legislador\u00bb. <\/p>\n
Por ende, estableci\u00f3 que \u00abla sola circunstancia de no haber suministrado el demandante la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico que figura en [su] registro mercantil, en modo alguno constituye causa para revocar el auto admisorio de la demanda, ni ello comporta irregularidad con entidad suficiente para nulitar la actuaci\u00f3n; m\u00e1xime cuando en el traslado del recurso horizontal se han explicitado las causa[s] que justificaron tal proceder\u00bb, resoluci\u00f3n de la que tampoco se colige el menoscabo de los derechos fundamentales reclamados. <\/p>\n
5.2. Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no solo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de modo que, quien critica la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales se involucran directamente derechos fundamentales, a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que se atribuyen, que, fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
De esta manera, se concluye que la intenci\u00f3n de la parte inconforme es imponer su apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico sobre el criterio del estrado cognoscente, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concebida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto la configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
6. Sobre el decreto de las medidas cautelares. <\/p>\n
6.1. Por \u00faltimo, en lo que ata\u00f1e a las cautelas dispuestas en el citado reivindicatorio, deviene di\u00e1fano que las sociedades interesadas no ejercieron ning\u00fan medio de defensa frente a la referida determinaci\u00f3n (v. gr., reposici\u00f3n \u2013en virtud de la previsi\u00f3n general del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso\u2013, y apelaci\u00f3n \u2013canon 321, n\u00fam. 8, \u00eddem\u2013: \u00abel que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la cauci\u00f3n para decretarla, impedirla o levantarla\u00bb), con lo que se refuerza la inviabilidad de reabrir discusiones sobre tem\u00e1ticas que ya quedaron zanjadas en el escenario respectivo. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
6.2. En consecuencia, la prenotada omisi\u00f3n en el uso de los recursos que el ordenamiento procesal prev\u00e9 para presentar los argumentos expuestos en esta sede releva a esta particular justicia de ahondar en los dem\u00e1s elementos expuestos por las sociedades solicitantes, teniendo en cuenta que, como se anot\u00f3, la viabilidad del amparo se encuentra supeditada a la actuaci\u00f3n diligente de las interesadas en procura de la resoluci\u00f3n de las controversias a trav\u00e9s de los cauces pertinentes. <\/p>\n
7. Conclusiones. <\/p>\n
7.1. Las determinaciones cuestionadas se advierten razonables, en tanto no son resultado de un subjetivo criterio que conlleven la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tengan aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
7.2. Frente al prove\u00eddo que decret\u00f3 las cautelas, se evidencia que las accionantes omitieron ejercer los mecanismos de defensa procedentes contra lo all\u00ed resuelto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA los amparos incoados a trav\u00e9s de las acciones de tutela referenciadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Inicialmente, los expedientes de la referencia fueron acumulados por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y se resolvieron de forma conjunta (rads. 2022-00130 y 2022-00140), pero con prove\u00eddo ATC383-2022, 23 mar., rad. 2022-00130-01, esta Colegiatura declar\u00f3 la nulidad por falta de competencia, por lo que, sometido el proceso a reparto y adelantadas las etapas de rigor, se procede a su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Al igual que en el radicado precedente, con decisi\u00f3n ATC468-2022, 6 abr., rad. 2022-00141-01, se invalid\u00f3 lo actuado y se orden\u00f3 hacer nuevo reparto. <\/p>\n
3\u0002 Lo anterior, mediante prove\u00eddo de 20 de abril de 2022. <\/p>\n
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STC5091-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC5091-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-00948-00 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-01111-00 (Aprobado en Sala de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte las acciones de tutela promovidas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-63047","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63047","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63047"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63047\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63047"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63047"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63047"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}