STC5099-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00618-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por el Municipio de Puerto Berr\u00edo contra las hom\u00f3logas de Casaci\u00f3n Penal y Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Berr\u00edo, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas Mar\u00eda Jos\u00e9 Torres Herazo, la Agencia Nacional para la Defensa Jur\u00eddica del Estado, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n y la Procuradur\u00eda Provincial de Barrancabermeja, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2021-00079-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El municipio convocante, obrando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades encartadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, indic\u00f3 que Mar\u00eda Jos\u00e9 Torres Herazo promovi\u00f3 proceso en su contra, en procura de obtener el cumplimiento de lo preceptuado en providencia judicial del ordinario laboral 2018-00072, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Berr\u00edo, que libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 \u00abel embargo y retenci\u00f3n de los dineros que el demandado (\u2026) posea y registre en cuentas de las siguientes entidades crediticias BANCOLOMBIA, BBVA, BANCO DE BOGOT\u00c1, DAVIVIENDA, BANCO AGRARIO Y CFA\u00bb. Disposici\u00f3n que, en el estudio del recurso de alzada interpuesto frente al auto que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, fue revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, \u00abatendiendo la falta de requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la demandante instaur\u00f3 acci\u00f3n tuitiva, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral dej\u00f3 sin efectos la decisi\u00f3n del ad quem en \u00ablo atinente al [an\u00e1lisis] que se realiz\u00f3 de la excepci\u00f3n\u00bb, determinaci\u00f3n que fue confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal. En tal virtud, el juzgador de segunda instancia declar\u00f3 probada \u00fanicamente la \u00abincompatibilidad entre las condenas a la sanci\u00f3n moratoria y a los intereses moratorios\u00bb y en lo dem\u00e1s confirm\u00f3 el auto apelado. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que a juicio del actor, en lo que respecta a las cautelas impuestas, desconoce el precedente sobre la materia, puesto que se trata de \u00abrecursos inembargables (\u2026) [y] NINGUNO TIENE NI LAS M\u00cdNIMA RELACI\u00d3N con el sector salud, que es la fuente de la obligaci\u00f3n del MUNICIPIO DE PUERTO BERR\u00cdO con la se\u00f1ora MAR\u00cdA TORRES HERAZO\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se dejen sin efectos los pronunciamientos acusados, especialmente los del 3 de mayo y 19 de agosto del 2021 del Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Berr\u00edo y la sentencia del 3 de diciembre de 2021 de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, en lo que corresponde a las medidas cautelares, \u00abpara que en su lugar se proceda conforme a derecho ordenando de inmediato el levantamiento de [estas] por tratarse de recurso inembargables\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, manifest\u00f3 que \u00abes evidente que esta segunda queja constitucional no involucra a la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No.1 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, pues se dirige contra las medidas cautelares decretadas en el proceso ejecutivo laboral No. 05579310500120210007900 y los autos que resolvieron su procedencia; mas no cuestiona lo resuelto en la sentencia STP368- 2022 de 25 de enero de 2022\u00bb, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 \u00abdeclarar la improcedencia de la tutela en lo que respecta a esta Sala\u00bb. <\/p>\n
2. Mar\u00eda Jos\u00e9 Torres Herazo, por intermedio de apoderado, indic\u00f3 que \u00aben las \u00fanicas cuentas que pose\u00eda recursos el municipio para garantizar el pago (\u2026) fue en las (\u2026) con destinaci\u00f3n espec\u00edfica (\u2026), pues en las dem\u00e1s (\u2026) de libre destinaci\u00f3n (\u2026) no ten\u00eda recursos o los mismos eran totalmente insuficientes y p\u00edrricos para cumplir con la suma de dinero ordenada\u00bb. <\/p>\n
3. El Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, arguy\u00f3 que \u00abno es responsable de la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante\u00bb y en esa l\u00ednea, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n
4. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, reliev\u00f3 que \u00abno est\u00e1 legitimado en la causa por pasiva para intervenir en el objeto concreto de la Litis porque (\u2026) esta Cartera Mnisiterial est\u00e1 facultada \u00fanica y exclusivamente para ejercer funciones asignadas expresamente por la Ley\u00bb. <\/p>\n
5. La hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, expres\u00f3 que \u00ablo que actualmente cuestiona el promotor del amparo, es la legalidad de las medidas cautelares decretadas al interior del tr\u00e1mite ejecutivo, caso en el cual, el afectado debe agotar los mecanismos de impugnaci\u00f3n ordinarios previstos por la ley procesal\u00bb. Agreg\u00f3 que se debe \u00abdespachar desfavorablemente las s\u00faplicas reclamadas por la accionante en lo que involucre a esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si el presente asunto satisface los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad en cuanto a la viabilidad de interponer tutela contra tutela; de superarse lo anterior, si el tribunal incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ejecutivo promovido en contra del municipio gestor (rad. 2021-00079), por mantener en firme el decreto de medidas cautelares, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la demanda y cotejados con las piezas procesales pertinentes, la Sala denegar\u00e1 la salvaguarda, porque: (i) no cumple el requisito general consistente en que no puede dirigirse contra una sentencia de tutela; (ii) desatiende el presupuesto, igualmente gen\u00e9rico, de la subsidiariedad; y (iii) en relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 en cumplimiento del fallo del amparo, la misma se advierte razonable. <\/p>\n
2.1. De la tutela contra providencia de la misma naturaleza. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad se configura en tanto el reproche del Municipio de Puerto Berr\u00edo, se extiende a lo resuelto en la acci\u00f3n tuitiva promovida por Mar\u00eda Jos\u00e9 Torres Herazo, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral resolvi\u00f3 que, contrario a lo adoptado por el a quo la excepci\u00f3n denominada \u00abfalta de requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb no estaba llamada a prosperar, por cuanto advirti\u00f3 que \u00abel momento de contabilizar (\u2026) los diez (10) meses para poder ejecutar a una entidad territorial, por una condena pecuniaria a t\u00edtulo de acreencias laborales es a partir de la ejecutoria [de la determinaci\u00f3n] condenatori[a]\u00bb, lo cual fue confirmado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En tales condiciones, se insiste que la inconformidad que se suscite frente a un fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento, pues para ese prop\u00f3sito, el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al juicio de primer grado -ya surtido en el caso bajo examen, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, como instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica: <\/p>\n
\u00abEl mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones (\u2026) , por decisi\u00f3n del propio Constituyente, es el de la revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. Esta regulaci\u00f3n, no s\u00f3lo busca unificar la interpretaci\u00f3n constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como m\u00e1ximo tribunal de derechos constitucionales y como \u00f3rgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Adem\u00e1s, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n (\u2026) \u2013 bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho – porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l \u2013 la Corte Constitucional \u2013 y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l \u2013 la revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante [un nuevo auxilio], con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
(\u2026) La \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciar\u00eda una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb (CC SU-1219\/01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, esta Sala ha enfatizado que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta especial jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva solicitud de amparo, pues \u00abresulta inviable [el ruego tuitivo] cuando \u00e9st[e] se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n [de la providencia] ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01), y que dar apertura a otra querella de igual naturaleza para refutar lo resuelto en una precedente, \u00ababrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, citada entre otras en STC7633-2021, 24 jun. 2021, rad. 00176-01). <\/p>\n
2.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Se predica en la modalidad de existencia de otro medio de defensa judicial que a\u00fan no ha sido agotado, en la medida en que, los fallos de tutela reprochados (STL15689-2021, confirmado en STP368-2022), a\u00fan pueden ser objeto de examen por parte de la Corte Constitucional a trav\u00e9s de la eventual revisi\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, el Decreto 2591 de 1991 y la reglamentaci\u00f3n expedida por dicha Corporaci\u00f3n, entre otras. <\/p>\n
En ese sentido, n\u00f3tese que del seguimiento realizado a dichas resoluciones, la Sala establece que de cara a la posible selecci\u00f3n para su revisi\u00f3n, el 19 de abril de 2022 el asunto fue radicado en dicha Colegiado bajo el n\u00famero T8688835, sin que hasta esta data se haya proferido pronunciamiento alguno, situaci\u00f3n que lleva a afirmar que tal determinaci\u00f3n no ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional, por lo que acudir a la presente salvaguarda para rebatirla, \u00abequivaldr\u00eda a suplantar la funci\u00f3n que la propia [Carta Magna] ha encomendado a \u00e9sta \u00faltima\u00bb (CC T-307\/15). <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, no se cumple el requisito de la subsidiariedad, frente a lo cual esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que tal presupuesto es inherente al resguardo, comoquiera que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [la protecci\u00f3n] resulta improcedente para alegar la configuraci\u00f3n de arbitrariedades cometidas en una sentencia proferida en un proceso de igual naturaleza, habida cuenta de que tal decisi\u00f3n es susceptible de la eventual revisi\u00f3n que corresponde realizar a aqu\u00e9lla, tr\u00e1mite dentro del cual se pone fin al debate constitucional1. <\/p>\n
Si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acci\u00f3n de tutela, contra esa providencia no es viable interponer posteriormente [otro auxilio] de igual naturaleza, toda vez que los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos establecidos para analizar la constitucionalidad de una sentencia de amparo se concretan \u00fanicamente en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia y en la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Como no es factible interponer una nueva [guarda] contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. <\/p>\n
Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u201ccomo el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u201d [sentencia del 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00]\u00bb (CSJ STC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, citada en STC7950-2021, 30 jun. 2021, rad. 00863-01, entre otras muchas). <\/p>\n
Entonces, por cuanto no se ha surtido el procedimiento para la eventual revisi\u00f3n de la precitada resoluci\u00f3n, sigue abierto ese escenario jur\u00eddico en el cual puede intervenir cualquier interesado, y en caso de no seleccionarse podr\u00e1 hacer uso del derecho o facultad de insistencia, previo cumplimiento de las exigencias previstas en la ley y los reglamentos pertinentes. <\/p>\n
As\u00ed, el auxilio deviene improcedente por incumplir el principio de la subsidiariedad, lo que permite resaltar que el uso racional del amparo constitucional, conforme a la naturaleza jur\u00eddica, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, pues la acci\u00f3n no se erige como herramienta sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que consagra la ley. <\/p>\n
<\/p>\n
3. De la razonabilidad. <\/p>\n
Finalmente, en lo ateniente a la determinaci\u00f3n adoptada por la Sala Laboral del Tribunal Superior Antioquia, en cumplimiento de la orden de tutela previamente referenciada, en donde el colegiado encartado declar\u00f3 probada \u00fanicamente la \u00abincompatibilidad entre las condenas a la sanci\u00f3n moratoria y a los intereses moratorios\u00bb y en consecuencia, mantuvo inc\u00f3lume los dem\u00e1s numerales del mandamiento de pago, incluyendo el decreto de medidas cautelares; no se observa la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, respecto de la inembargabilidad de los recursos depositados en las cuentas bancarias del Municipio de Puerto Berr\u00edo, objeto del reparo formulado a trav\u00e9s de este instrumento, el estrado enjuiciado, se\u00f1al\u00f3, que: <\/p>\n
\u00ab[E]l art\u00edculo 63 de la [Carta Magna], proh\u00edbe el embargo de los bienes y rentas de las entidades p\u00fablicas, as\u00ed como los bienes de uso p\u00fablico de propiedad de la Naci\u00f3n y adem\u00e1s aquellos que determine la ley. (\u2026) [L]a regla general es la inembargabilidad, con la cual se garantiza que el Estado preste eficientemente y sin tropiezos todos los servicios que est\u00e1n a su cargo o bajo su direcci\u00f3n o supervisi\u00f3n, a fin de lograr el bienestar y la mejora calidad de vida de los habitantes del Estado. Tal principio se inspira en la primac\u00eda del inter\u00e9s general sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, coligi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[C]omo lo ha sostenido en repetidas ocasiones la Corte Constitucional, tal protecci\u00f3n no se puede llevar hasta el extremo de que sea fuente de inequidades y que se haga servir como excusa para desatender obligaciones oficiales. Es lo que ocurre con las obligaciones de tipo laboral, claras, expresas, l\u00edquidas y exigibles; que contenidas en decisiones judiciales o en actos administrativos; deben ser cubiertas por las entidades p\u00fablicas dentro de los t\u00e9rminos previstos en la norma, y de no ocurrir as\u00ed, el acreedor puede acudir a la v\u00eda judicial y afectar con medida cautelar los recursos oficiales, agotando primero los que est\u00e1n presupuestados para el pago de este tipo de obligaciones y en ausencia o agotamiento de los mismos, puede gravar los dem\u00e1s, existiendo en principio tres (3) excepciones a la regla, consistentes en: a) La necesidad de satisfacer cr\u00e9ditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. b) El pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur\u00eddica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas [disposiciones]. c) Los t\u00edtulos emanados del Estado que reconocen una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u00bb. Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 citando las providencias de la Corte Constitucional C-1154 de 2008, C-539 de 2010, C-543 de 2013, para indicar que las referidas salvedades, son aplicables respecto de los recursos del Sistema General de Participaciones, \u00absiempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico)\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n resalt\u00f3 que en el caso concreto, la cuenta embargada \u00abmaneja recursos del fondo de compensaci\u00f3n Regional\u00bb, y sobre este aspecto razon\u00f3 que \u00abdichos recursos hacen parte del sistema general de regal\u00edas, tal como lo establece el art\u00edculo 20 de la Ley 1530 de 2012, los cuales si bien en principio son bienes inembargables conforme a dicha Ley y al art\u00edculo 594 del CGP, como lo que se reclama en el presente proceso ejecutivo es el pago de obligaciones de tipo laboral, claras, expresas, l\u00edquidas y exigibles, contenidas en una sentencia judicial proferida en un proceso ordinario laboral, (\u2026) aplica la excepci\u00f3n a la regla de la inembargabilidad.\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, coligi\u00f3 que \u00abcuando se reclama el pago de acreencias laborales incorporadas a una [resoluci\u00f3n] judicial, es posible decretar el embargo de cuentas bancarias que manejan recursos p\u00fablicos del sistema general de regal\u00edas, como ocurri\u00f3 en el presente caso]\u00bb. <\/p>\n
Todo ello, para concluir que \u00abera procedente la medida cautelar decretada, por cuanto, it\u00e9rase, (sic) estamos en presencia de dos de las excepciones de inembargabilidad reconocidas por la Corte constitucional. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el auto impugnado\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, las determinaciones estudiadas, como se anticip\u00f3, no son infundadas o arbitrarias, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del ente gestor no halla recibo en esta sede. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n implorada, pues es necesario que la resoluci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este ruego\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se impone negar la salvaguarda, pues: (i) no se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra sentencias proferidas en virtud del tr\u00e1mite de similar naturaleza; (ii) no se ha definido la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional de los fallos STL15689-2021 y STP368-2022; y (iii) la disposici\u00f3n adoptada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, se advierte razonable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 17 feb. 2004, exp. 2003-00076-01 y STC, 27 ago. 2004, exp. 2004-00306-01, entre otras. <\/p>\n
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STC5099-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00618-00 (Aprobado en Sala de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por el Municipio de Puerto Berr\u00edo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-63048","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63048","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63048"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63048\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63048"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63048"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63048"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}