STC5101-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5101-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01137-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ferney Osorio Gait\u00e1n contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, los Juzgados S\u00e9ptimo Penal del Circuito Especializado y el Quince de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de esta capital, la Fiscal\u00eda 22 Especializada Unidad Nacional Antinarc\u00f3ticos e Interdicci\u00f3n Mar\u00edtima, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio penal radicado n\u00ba 2009-00063. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, libertad y buen nombre, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que, el 13 de junio de 2008 la Fiscal\u00eda 22 Especializada de la Unidad Nacional Antinarc\u00f3ticos, lo vincul\u00f3, junto a otras 16 personas, a una investigaci\u00f3n por los delitos de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o portes de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotr\u00e1fico\u00bb. <\/p>\n
Refiere que, posteriormente, el ente acusador lo declar\u00f3 persona ausente y, en esa calidad, fue enjuiciado y condenado por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, a la pena de 300 meses de prisi\u00f3n (sentencia del 6 de mayo de 2017), confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial el 28 de julio de ese mismo a\u00f1o, decisi\u00f3n esta \u00faltima que fue recurrida en casaci\u00f3n por la defensa de otros de los coprocesados, inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal mediante auto del 30 de mayo de 2018. <\/p>\n
Dirige varios cuestionamientos contra las autoridades judiciales que intervinieron en la investigaci\u00f3n y el juicio. En primer lugar, sostiene que la fiscal\u00eda, previo a declararlo persona ausente, omiti\u00f3 realizar labores eficientes de b\u00fasqueda, por ejemplo, no lo emplaz\u00f3, ni llev\u00f3 a cabo \u00abactos de investigaci\u00f3n necesarios para corroborar su ubicaci\u00f3n, identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n\u00bb. Segundo, con especial \u00e9nfasis critica que, el ente persecutor no estableci\u00f3 la plena identidad de la persona que deb\u00eda vincularse, pues la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda a la que se lo asoci\u00f3 en la declaratoria de persona ausente difiere de la indicada en la resoluci\u00f3n de apertura de instrucci\u00f3n; luego, en el juicio y en las sentencias condenatorias se registr\u00f3 que su n\u00famero de identificaci\u00f3n correspond\u00eda al \u00ab71.987.012\u00bb; empero, como posteriormente fue clarificado en sede de ejecuci\u00f3n de penas, ese cupo num\u00e9rico de acuerdo a lo que figura en la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, pertenece a un ciudadano de nombre \u00abDiego Luis Mart\u00ednez Torres\u00bb. <\/p>\n
Resalta que, durante el transcurso del tr\u00e1mite, el juzgado de conocimiento a fin de determinar la presencia de antecedentes judiciales de los procesados, ofici\u00f3 a distintas autoridades para obtener esa informaci\u00f3n, entre ellas, al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que le respondi\u00f3 solicitando aclarar el n\u00famero de c\u00e9dula, porque la se\u00f1alada no aparec\u00eda en sus bases de datos, advirtiendo que podr\u00eda \u00abtratarse de un hom\u00f3nimo\u00bb y, pese a dicha observaci\u00f3n, fue condenado sin efectuar las verificaciones en ese sentido. <\/p>\n
Al respecto, sostiene que, su vinculaci\u00f3n \u00abse da por interceptaciones de comunicaciones en las que siempre se hace referencia a los alias, pero no se precisa un solo acto de investigaci\u00f3n que haya permitido su identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n, incluso en ning\u00fan momento de la etapa procesal se logr\u00f3 al menos un cotejo de voz, para siquiera haber llegado a la certeza de autor\u00eda o participaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agrega que, hall\u00e1ndose el expediente de su proceso en los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas, el juez encargado advirti\u00f3 la inconsistencia en los n\u00fameros de c\u00e9dulas y requiri\u00f3 a la Registradur\u00eda Nacional precisara a qui\u00e9n pertenec\u00eda la plasmada en los fallos condenatorios, aclarando dicha autoridad que el n\u00famero \u00ab71.987.012 no corresponde al se\u00f1or Ferney Osorio Gait\u00e1n\u00bb. <\/p>\n
Arguye que, al ser vinculado bajo un n\u00famero de identificaci\u00f3n diferente \u00able generaron la certeza de que se trataba de otra persona y en tal sentido no ejerci\u00f3 su derecho a la defensa, si se tiene en cuenta que la persona procesada y condenada, aunque ten\u00eda su mismo nombre, los dem\u00e1s datos de identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n era diferentes (\u2026) en palabras coloquiales [\u2026] es lo que conocemos como un \u201ctocayo\u201d pero cuando la misma autoridad nos dice que tiene otro n\u00famero de c\u00e9dula y otra fecha y lugar de nacimiento, pues sin duda alguna le est\u00e1n certificando que no era la persona procesada. No le asist\u00eda [\u2026] obligaci\u00f3n [\u2026] de demostrar cu\u00e1l era o no el n\u00famero de c\u00e9dula correcto, esta obligaci\u00f3n constitucional de investigar los delitos, sus autores y part\u00edcipes es del ente acusador, quien para este caso en especial, se caracteriz\u00f3 por una ausencia de actos de investigaci\u00f3n que permitieran una individualizaci\u00f3n del procesado\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, destaca que tambi\u00e9n que careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica pues, aunque a lo largo de la actuaci\u00f3n le fueron asignados dos defensores de oficio, estos en sus intervenciones en las audiencias no manifestaron de manera concreta que se encontraban asistiendo sus intereses. <\/p>\n
Finalmente, a fin de justificar el tiempo transcurrido entre las decisiones atacadas y la formulaci\u00f3n del presente amparo, indic\u00f3 que se enter\u00f3 de la orden de captura en su contra en el mes de agosto de 2021 y, aunque por intermedio de su apoderado solicit\u00f3 a los juzgados el acceso al expediente, solo obtuvo respuesta hasta diciembre de 2021. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se revoque \u00ab(\u2026) el auto de sustanciaci\u00f3n del 21 de junio de 2019 proferido por el Juzgado 15 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad dentro del radicado [200900063 01] y en consecuencia dejar sin efectos la orden de captura [en su contra] (\u2026) revocar el auto interlocutorio del 9 de agosto de 2019 proferido por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito Especializado, mediante el cual se orden\u00f3 la correcci\u00f3n de la sentencia ordinaria del 6 de mayo de 2017 [\u2026] cambiando el n\u00famero del documento de identidad del condenado Ferney Osorio Gait\u00e1n (\u2026) revocar parcialmente el fallo del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del 28 de julio de 2017 mediante el cual se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n en contra de la sentencia ordinaria del 6 de mayo de 2017 [\u2026] para que en lo referente al procesado Ferney Osorio Gait\u00e1n se declare la nulidad de todo lo actuado desde inclusive la resoluci\u00f3n [\u2026] mediante la cual se vincula a la instrucci\u00f3n mediante la declaratoria de persona ausente (…) se revoque parcialmente la sentencia ordinaria del 6 de mayo de 2017 proferida por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito Especializado [\u2026] para que en lo referente al procesado Ferney Osorio Gait\u00e1n, se declare la nulidad de todo lo actuado [\u2026] para que sea identificado e individualizado como corresponde (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez S\u00e9ptimo Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 relacion\u00f3 las incidencias del proceso penal que se sigui\u00f3 contra Osorio Gait\u00e1n y defendi\u00f3 la juridicidad del fallo que emiti\u00f3 en dicho proceso. Destac\u00f3 adem\u00e1s que, el actor s\u00ed tuvo conocimiento que en su contra se adelantaba una investigaci\u00f3n \u00abprueba de ello es, como lo afirma en el escrito de tutela, en julio de 2008, le otorg\u00f3 poder a la doctora Mar\u00eda Cecilia Ospina Mac\u00edas para que asumiera su defensa en la investigaci\u00f3n penal [\u2026] aunado a ello, revisada la actuaci\u00f3n se observa memorial presentado por la citada profesional en la que solicita se proceda a la declaratoria de persona ausente del se\u00f1or Ferney Osorio Gait\u00e1n, para poder ejercer en debida forma la defensa, (\u2026)\u00bb. De otro lado agreg\u00f3 que, para formular las inconformidades frente a la forma en que se surti\u00f3 el juicio en su contra, \u00abdeber\u00e1 acudir a los dem\u00e1s mecanismos judiciales prescritos por el legislador, como la revisi\u00f3n, previo el lleno de los requisitos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Quince de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad inform\u00f3 que, el 21 de junio de 2019 cancel\u00f3 las \u00f3rdenes de captura que el juez de conocimiento libr\u00f3 en contra de Osorio Gait\u00e1n \u00abcomoquiera que por error [\u2026] indic\u00f3 que este se identificaba con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00ba 79.987[\u2026] de la misma manera ofici\u00f3 al juzgado fallador en orden a que corrigiera los oficios err\u00f3neamente librados\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que la correcci\u00f3n de la identidad del condenado, de haber lugar a ello, le corresponde por competencia al juez fallador. <\/p>\n
3. La coordinadora jur\u00eddica de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Narcotr\u00e1fico de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 que los cuestionamientos del actor \u00abno hacen parte del resorte de la fiscal\u00eda [\u2026] m\u00e1xime cuando se surtieron las correspondientes actuaciones judiciales en su debido momento procesal por la judicatura\u00bb. Solicit\u00f3 desvincular a esa entidad por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. Uno de los magistrados integrantes de la Sala Penal de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 resalt\u00f3 que la demanda de tutela incumple el requisito de procedibilidad de la inmediatez respecto al fallo que le correspondi\u00f3 proferir en el juicio penal. Tambi\u00e9n adujo que, respecto de la sentencia que emiti\u00f3, \u00abresulta inmutable por el sendero constitucional, y mucho menos descalificar la gesti\u00f3n de las instancias ordinarias e imponer una hermen\u00e9utica acorde a las necesidades, m\u00e1xime cuando la decisi\u00f3n resulta acorde a la realidad procesal y probatoria que le es propia en sede de la autonom\u00eda e independencia como juez natural\u00bb. <\/p>\n
5. Una Magistrada de la Sala de Casaci\u00f3n Penal resalt\u00f3 que, en efecto, esa Sala, en el proceso penal que discute el gestor del amparo, inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n que uno de los coprocesados formul\u00f3 contra el fallo del tribunal ad quem por incumplimiento de las exigencias formales y materiales para satisfacer los fines del recurso extraordinario; asimismo, precis\u00f3 que tampoco advirti\u00f3 anomal\u00edas en el juicio que le permitieran obrar de oficio en ese sentido. De igual forma, apunt\u00f3 que el tutelante no especific\u00f3 por qu\u00e9 la providencia que corrigi\u00f3 el error en el n\u00famero de c\u00e9dula \u00abhubiese lesionado sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas invocadas por el actor al vincularlo como persona ausente a la investigaci\u00f3n radicado 2009-00063 por los delitos de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o portes de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotr\u00e1fico\u00bb y posteriormente, condenarlo sin, supuestamente, establecer su plena identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n al asociarlo a un n\u00famero de c\u00e9dula que no le pertenec\u00eda, impidi\u00e9ndole con ello comparecer al juicio para ejercer su defensa. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
La inobservancia de este requisito se presenta, no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos judiciales tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n de los derechos cuya tutela reclama, o incluso porque el interesado haya acudido a esta senda constitucional en planteamiento de un debate que no propuso con antelaci\u00f3n frente al funcionario competente. <\/p>\n
En virtud de la \u00faltima modalidad mencionada, se ha dicho en precedencia que este resguardo no puede emplearse de manera alternativa o supletoria en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su presentaci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1neo con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomado como un recurso adicional de los que el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
En el asunto que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente dada la preterici\u00f3n del requisito de procedibilidad que viene de rese\u00f1arse, por cuanto se evidencia que el demandante para plantear el debate que por esta senda expone en relaci\u00f3n con su irregular vinculaci\u00f3n a la actuaci\u00f3n penal y la posterior condena que le fue impuesta sin establecerse su plena identidad, tiene a su alcance otros escenarios judiciales y medios de defensa aptos para ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
Ciertamente, para los eventos en que se discuten situaciones tales como la suplantaci\u00f3n, homonimias y en general errores en la identificaci\u00f3n y\/o individualizaci\u00f3n de la persona que fue objeto de sanci\u00f3n en un juicio penal (encontr\u00e1ndose la sentencia de condena ejecutoriada), existen otros mecanismos judiciales diferentes a la acci\u00f3n de tutela como son, en su orden, la petici\u00f3n directa al juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad competente y la acci\u00f3n de revisi\u00f3n. <\/p>\n
3.1. En cuanto a la primera posibilidad jur\u00eddica enunciada, el m\u00e1ximo tribunal de la justicia constitucional, al resolver una acci\u00f3n de tutela de similares contornos, manifest\u00f3 prohijar la postura de la Sala de Casaci\u00f3n Penal en dicho sentido; al respecto apunt\u00f3, <\/p>\n
\u00abLa Corte Constitucional comparte la doctrina que en materia de protecci\u00f3n de derechos fundamentales relacionados con situaciones de suplantaci\u00f3n de personas o de hom\u00f3nimos ha sostenido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El punto central de dicha doctrina es el de la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, que consiste en la solicitud respectiva ante el juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad competente. Para la Sala Penal, esta es la v\u00eda m\u00e1s id\u00f3nea, no s\u00f3lo en t\u00e9rminos de celeridad sino tambi\u00e9n de oportunidad y de competencia, debido a las (en la mayor\u00eda de ocasiones) complejas circunstancias f\u00e1cticas y probatorias que rodean este tipo de asuntos. (\u2026). <\/p>\n
Existe una atribuci\u00f3n de competencia expresa en cabeza del juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad. A la vez que la solicitud de correcci\u00f3n de la sentencia en caso de suplantaci\u00f3n o de homonimia entra\u00f1a un procedimiento c\u00e9lere, la misma no est\u00e1 sometida a un t\u00e9rmino preclusivo como el de los diez d\u00edas en el caso de la acci\u00f3n de tutela, lo que permite un mayor margen de maniobra a la autoridad encargada de decidir sobre el particular; y segundo, porque el juez de ejecuci\u00f3n de penas est\u00e1 en mejores condiciones para reformar la sentencia condenatoria y dem\u00e1s piezas procesales, si a ello hubiere lugar, as\u00ed como para adelantar los tr\u00e1mites necesarios con el fin de establecer la verdadera identidad del infractor, e informar sobre el particular a las dem\u00e1s autoridades del Estado, facultades estas que son, en principio, extra\u00f1as al juez de tutela\u00bb (CC T-949\/03, reiterada en T-653\/14) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, la Hom\u00f3loga penal ha puntualizado que el escenario del juez de penas en principio es el id\u00f3neo para dilucidar reclamos sobre la plena identidad de los condenados, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no s\u00f3lo en t\u00e9rminos de celeridad sino tambi\u00e9n de oportunidad, porque ese funcionario judicial tiene la competencia para atender asuntos concernientes al cumplimiento y tr\u00e1mite posterior a la sentencia condenatoria, motivo por el cual tiene la posibilidad de practicar pruebas t\u00e9cnicas y de verificar informaciones necesarias para establecer si se est\u00e1 frente a un caso de homonimia o suplantaci\u00f3n, es decir, tiene un mayor margen de acci\u00f3n en asuntos que en la mayor\u00eda de los casos debido a las circunstancias f\u00e1cticas y probatorias se tornan complejos, situaci\u00f3n que desplaza a la acci\u00f3n de tutela porque \u00e9sta debe resolverse en un t\u00e9rmino perentorio de 10 d\u00edas\u00bb (CSJ T-54161, 2 de jun. 2011). <\/p>\n
3.2. Y, sumado a lo anterior, subsiste igualmente para el quejoso la v\u00eda del recurso de revisi\u00f3n \u2013 ajust\u00e1ndose a las causales contempladas en el art\u00edculo 220 de la Ley 600 de 2000, C\u00f3digo de Procedimiento Penal que rigi\u00f3 el asunto penal en cuesti\u00f3n \u2013, pues dicho instrumento jur\u00eddico es, seg\u00fan lo ha destacado la Sala Especializada Penal de esta Corporaci\u00f3n, \u00abun derecho que surge para cambiar una situaci\u00f3n que ha sido considerada como verdad indiscutible en el proceso en raz\u00f3n a la presunci\u00f3n de acierto y legalidad que acompa\u00f1an las decisiones proferidas por autoridad judicial en su funci\u00f3n de administrar justicia\u00bb (CSJ T-54161, 2 de jun. 2011). <\/p>\n
Para esa Sala, la acci\u00f3n extraordinaria se muestra viable ante situaciones como la expuesta por el aqu\u00ed querellante, pues, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [f]rente a la responsabilidad penal, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en indicar que la persona debe encontrarse debida y legalmente individualizada e identificada, dado que resulta absurdo y desproporcionado que se atribuya compromiso a quien fuera extra\u00f1o a la ideaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y consumaci\u00f3n de un delito, pues atribuirle una conducta delictiva a alguien, no es un asunto de poca monta, en tanto debe tener el juez certeza de que el ciudadano que est\u00e1 incurso en ese proceso penal es el responsable de ese hecho o de quien se dice por el ente investigador es se\u00f1alado de cometer el il\u00edcito\u00bb <\/p>\n
Por lo anterior, si se pretende remover la intangibilidad de la cosa juzgada, bajo la afirmaci\u00f3n de que la persona que fue condenada, individualizada e identificada como [\u2026] con su respectivo y correcto n\u00famero de identificaci\u00f3n, no es el responsable de las conductas punibles, se hace menester acreditar suficientemente que no fue \u00e9l quien cometi\u00f3 el il\u00edcito y para esto lo propicio es la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, como ya se advirti\u00f3. <\/p>\n
Es que precisamente, en vista de la celeridad que caracteriza al tr\u00e1mite de amparo constitucional, no es posible desplegar las actividades probatorias necesarias para adoptar la decisi\u00f3n pretendida, las cuales, habr\u00e1n de surtirse ante el juez natural, en sede de revisi\u00f3n, tal como lo indic\u00f3 el tribunal accionado en la decisi\u00f3n que censura el actor, en tanto que ese resultar ser es el mecanismo id\u00f3neo para atacar el car\u00e1cter de cosa juzgada adquirido por fallo condenatorio dictado en su contra que se encuentra debidamente ejecutoriado\u00bb (STP018-2021). <\/p>\n
Entonces, en consideraci\u00f3n de la idoneidad de las herramientas u oportunidades jur\u00eddicas rese\u00f1adas, las cuales por dem\u00e1s no acredit\u00f3 el accionante haber utilizado, se torna improcedente esta solicitud de amparo como se anticip\u00f3, al tenor de lo previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La presente demanda desatiende el car\u00e1cter subsidiario que la gobierna, ya que frente a la discusi\u00f3n que plantea el gestor del resguardo sobre errores en la identificaci\u00f3n, individualizaci\u00f3n suplantaci\u00f3n u homonimia, existen dos escenarios judiciales a los cuales puede acudir: la solicitud directa al juez de ejecuci\u00f3n de penas y el recurso de revisi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5101-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC5101-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01137-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ferney Osorio Gait\u00e1n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-63049","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63049","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63049"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63049\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63049"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63049"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63049"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}