STC5111-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5111-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00102-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 25 de febrero de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rodolfo Rodr\u00edguez Benavides contra el Juzgado Diecinueve de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00ba 2018-00219. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de la ni\u00f1ez, debido proceso, m\u00ednimo vital, vida digna y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada al mantener vigente una medida cautelar dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que como consecuencia del proceso ejecutivo de alimentos impetrado por su hija Laura Valentina Rodr\u00edguez Rozo, el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1 decret\u00f3 \u00abel embargo y retenci\u00f3n del 50% de los ingresos mensuales, honorarios, primas de junio y diciembre, cesant\u00edas y dem\u00e1s emolumentos\u00bb, como miembro de la Polic\u00eda Nacional, frente a lo cual precis\u00f3 que \u00abdevengo un sueldo b\u00e1sico de $2.730.868, subsidio de alimentaci\u00f3n $64.010 y dos primas por valor de $682.717 [las cuales] no hacen parte del factor salarial por cuanto me ser\u00e1n suspendidas por la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional el pr\u00f3ximo trimestre cuando me retire del servicio activo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que la ejecutante cuenta con 22 a\u00f1os de edad, y \u00abgoza de buen estado de salud y se encuentra en una edad productiva laboralmente\u00bb, pues al concluir sus estudios de bachillerato \u00abtiene unas competencias con el manejo del idioma ingl\u00e9s en el nivel B2 como lo certifica el Centro Colombo Americano\u00bb, y \u00abpara finales del 2020 cuando estaba terminando el curso, inicia a estudiar una tecnolog\u00eda en mercadeo y estrategias comerciales en la jornada nocturna (\u2026), lo que le permite trabajar o por lo menos ejercer una actividad econ\u00f3mica de medio tiempo para ayudar a suplir sus necesidades b\u00e1sicas\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que adem\u00e1s de Laura Valentina, \u00abtengo bajo mi responsabilidad\u00bb dos hijos m\u00e1s, uno \u00abde 15 a\u00f1os\u00bb y otro que \u00abnaci\u00f3 el 04\/11\/2021\u00bb, por lo que el embargo dispuesto por el juzgado \u00abperjudica enormemente [los] derechos\u00bb de los ni\u00f1os, ya que \u00abdependen totalmente de sus progenitores [y] me afecta directamente a m\u00ed, por cuanto no es posible de esta forma tener el m\u00ednimo vital (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. De lo anterior se infiere que lo pretendido es que se ordene levantar o en su defecto reducir, el embargo que pesa sobre el salario y prestaciones sociales del accionante. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que el 2 de diciembre de 2021 \u00abse orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n contenida en el mandamiento de pago (\u2026), se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n de costas [y] se orden\u00f3 remitir las diligencias a los Jueces de Ejecuci\u00f3n en Asuntos de Familia para su posterior conocimiento\u00bb. Sobre los hechos de la demanda tutelar, manifest\u00f3 que \u00abal tr\u00e1mite no se ha allegado solicitud por parte del se\u00f1or Rodolfo Rodr\u00edguez Benavides, en orden reducir el porcentaje de la medida cautelar de embargo y retenci\u00f3n [y] no se allegaron pruebas que acrediten la existencia de otras obligaciones alimentarias de la misma naturaleza a cargo del accionante\u00bb, raz\u00f3n por la que pidi\u00f3 denegar el amparo en tanto \u00abno se ha vulnerado derecho fundamental alguno [y] en todo caso por improcedente, por falta al requisito de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n de Talento Humano \u2013 Grupo Liquidaci\u00f3n de N\u00f3mina de la Polic\u00eda Nacional, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, al afirmar que \u00abse ha dado cumplimiento a la medida cautelar ordenada por el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1 y a la fecha no se ha allegado orden judicial contraria\u00bb, y por ello \u00abno le ha sido vulnerado ning\u00fan derecho fundamental al se\u00f1or intendente Rodolfo Rodr\u00edguez Benavides\u00bb. <\/p>\n
3. Virgilio Hern\u00e1ndez Castellanos, Procurador 186 Judicial II de Familia de Bogot\u00e1, conceptu\u00f3 que la acci\u00f3n desatiende el requisito de la subsidiariedad ya que el actor cuenta con \u00abalternativas que podr\u00edan viabilizar sus pretensiones como una solicitud para la reducci\u00f3n de embargos\u00bb, y record\u00f3 que el embargo es \u00abuna medida cautelar preventiva que en todo caso est\u00e1 sujeta al desarrollo probatorio de la acci\u00f3n, y por lo tanto no es una determinaci\u00f3n definitiva sino provisional\u00bb. <\/p>\n
4. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, aduciendo que \u00abCaja Honor no ha cometido vulneraci\u00f3n alguna a los derechos alegados por el actor\u00bb. <\/p>\n
5. Eva Yamile Ortiz Bar\u00f3n, madre del menor \u00abde 3 meses\u00bb cuyo progenitor es el aqu\u00ed demandante, describi\u00f3 los gastos en que se incurren para atender los alimentos del ni\u00f1o, enfatizando que si bien el se\u00f1or Rodr\u00edguez \u00abtiene obligaci\u00f3n con todos sus hijos, se debe priorizar el bienestar de los menores de edad\u00bb. <\/p>\n
6. Lina Paola G\u00f3mez Galindo, madre del otro menor de edad hijo del hoy reclamante, expres\u00f3 que \u00ablos dineros que son asignados por alimentos, bienestar y salud, deben ser distribuidos para todos los hijos y no que uno solo sea el beneficiado y afecte directamente a los dem\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio al advertir que \u00abno aparece prueba en el expediente, que el ejecutado hubiese hecho uso de los mecanismos de defensa a su alcance, pues no formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito, no puso en conocimiento del Juzgado la existencia de otros alimentarios a su cargo, ni solicit\u00f3 la reducci\u00f3n de las medidas decretadas y materializadas sobre sus ingresos, lo que pone en evidencia que el Juez desconoc\u00eda hasta el momento en que se le notific\u00f3 la presente acci\u00f3n de tutela, de la existencia de otras obligaciones alimentarias, raz\u00f3n por la cual no puede endilg\u00e1rsele al mismo vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados frente al accionante y sus menores hijos\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante para insistir en la afectaci\u00f3n que producen las cautelas adoptadas por el despacho enjuiciado, y que \u00absolo busco la prelaci\u00f3n de los alimentos de mis hijos menores (\u2026), y para esto deber\u00eda estar inicialmente el pago de los alimentos de mis hijos menores y luego el de mi hija mayor (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, porque dentro del ejecutivo de alimentos n\u00b0 2018-00219, dispuso el embargo del 50% de sus ingresos mensuales y prestaciones sociales. <\/p>\n
2. Del principio de la subsidiariedad <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que, para la viabilidad del ruego tuitivo respecto de actuaciones judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales es esencial la subsidiariedad, esto es, que previo a la querella constitucional se haya agotado todos los medios defensivos al alcance del demandante. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otras herramientas de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC17367-2021, 15 dic. 2021, rad. 00811-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, realizado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la demanda y a la informaci\u00f3n adosada al expediente, la Sala ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio de primera instancia, porque no se cumple el presupuesto gen\u00e9rico de la subsidiariedad en raz\u00f3n a la existencia de otros medios de defensa judicial para satisfacer la pretensi\u00f3n deprecada. <\/p>\n
Lo anterior, porque de cara a la afectaci\u00f3n que estima se produjo por el decreto de una medida cautelar, el accionante no ha acudido ante ese funcionario para poner de manifiesto su inconformidad a trav\u00e9s de los mecanismos que el ordenamiento legal contempla. <\/p>\n
En efecto, al haber dejado que la providencia contentiva de dicha orden cobrara ejecutoria, el all\u00ed demandado no ha expuesto ni demostrado ante el funcionario ordinario competente la situaci\u00f3n tra\u00edda en sede excepcional, pues el expediente no evidencia que hubiera elevado solicitud encaminada a que se reduzca el embargo, aduciendo para ello la atenci\u00f3n de su parte de otras obligaciones de similar naturaleza jur\u00eddica a la que es materia de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En las condiciones descritas, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que no puede acudirse con \u00e9xito a este remedio extraordinario en virtud al car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, porque mientras haya posibilidad al interior del proceso de discutir y resolver los aspectos tra\u00eddos por esta v\u00eda, el juez de tutela no puede incursionar para reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, ya que este excepcional auxilio no constituye una instancia adicional o alternativa de la actividad a cargo del funcionario llamado a resolver el juicio. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, si el actor considera \u00abdesproporcionada\u00bb la fijaci\u00f3n de las pensiones alimentarias para los tres hijos que tiene a su cargo, no ha acreditado que hubiera deprecado la regulaci\u00f3n de las mismas; ahora, si lo que refuta es que deba seguir proporcionando alimentos a su hija de 22 a\u00f1os de edad, porque -en su sentir- ella estar\u00eda en condiciones de asumir su propio sustento, la eventual aspiraci\u00f3n de que sea eximido de tal obligaci\u00f3n no puede ventilarla por v\u00eda de tutela, toda vez que para ello la ley ha previsto un escenario jur\u00eddico breve y sumario cuya competencia y tr\u00e1mite lo se\u00f1alan los art\u00edculos 21-7 y 392 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En este orden, la tutela dirigida a tratar esas tem\u00e1ticas deviene improcedente, porque para dicho prop\u00f3sito, se itera, la parte interesada debe haber agotado los instrumentos ordinarios cuya idoneidad y eficacia no admiten reproche. As\u00ed, el juez del amparo no puede arrogarse facultades que no le corresponden para decidir lo que le compete a otro, como reiteradamente lo ha se\u00f1alado la Corte al precisar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada entre otras en STC5006-2021, 6 may. 2021, rad. 00029-01). <\/p>\n
Finalmente, frente a la posibilidad de conceder la tutela para prevenir un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se haya esgrimido con suficiencia y menos que se hubiera probado, la configuraci\u00f3n de las exigencias que hagan posible el auxilio en tales condiciones, comoquiera que para ello se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, ex. 00194-01, citada, en STC8801-2021, 15 jul. 2021, rad. 00165-01, entre otras). <\/p>\n
A tono con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la concesi\u00f3n del auxilio bajo esa modalidad, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario\u00bb, pues de lo contrario \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11), y como en el caso particular esos elementos determinantes no fueron acreditados, no hay lugar a pronunciamiento adicional. <\/p>\n
N\u00f3tese que ante la existencia de otros medios defensivos como lo es el que est\u00e1 en curso y los que pueden promoverse, no se abre paso una determinaci\u00f3n como la pretendida, pues ello desbordar\u00eda la naturaleza de la acci\u00f3n constitucional, en tanto la misma estar\u00eda encaminada a sustituir al juez de la causa para restarle su autonom\u00eda en la resoluci\u00f3n del conflicto puesto bajo su conocimiento. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme al anterior entendimiento, al estar condicionada la intervenci\u00f3n de esta particular justicia a la superaci\u00f3n del requisito de la subsidiariedad, el cual no se satisface, conforme a lo precisado se impone ratificar la declaraci\u00f3n de improcedencia de la tutela, advirtiendo que tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgarla como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, con la precisi\u00f3n desarrollada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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