STC5115-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5115-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02075-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 3 de noviembre de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Evert Segundo Rodr\u00edguez Pereira, Juan Manuel Alejandro Mario P\u00e1jaro D\u00edaz, Luz Kelly Martes Torregrosa, Manuel Joaqu\u00edn V\u00e1squez P\u00e9rez, Marjurie Villegas \u00c1lvarez, Reinaldo Fabio Puello Llerena, Yasmina Cerpa Carbal y Alfonso Enrique Castillo Callejas contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Willington Enrique Hern\u00e1ndez Tapias, Ronald David Charris Padilla, Saidy Saray Medina Puello, la Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil \u2013 Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil \u2013, y las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela 2021-000472. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, actuando en su propio nombre, acudieron al presente instrumento en procura de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo y \u00abderecho a acceder al cargo p\u00fablico desempe\u00f1ado\u00bb, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas3. <\/p>\n
2. De los escritos introductorios y los anexos se extrajo que, mediante el proceso de selecci\u00f3n 758 de 2018 (en convenio con la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil \u2013 C.N.S.C.), se abri\u00f3 convocatoria p\u00fablica para proveer en propiedad diversos cargos en la Alcald\u00eda de Barranquilla y otras dependencias de ese ente territorial, entre ellos, 28 empleos de \u00abauxiliar administrativo c\u00f3digo 407, grado 02\u00bb identificado con OPEC 70336. <\/p>\n
Agotadas las etapas propias del concurso, la C.N.S.C., mediante resoluci\u00f3n de 3 de agosto de 2020, conform\u00f3 la lista de elegibles, procediendo el distrito, a su turno, a realizar los nombramientos en periodo de prueba. <\/p>\n
Quienes integraron la lista de elegibles para el cargo de \u00abauxiliar administrativo c\u00f3digo 407, grado 02\u00bb, los se\u00f1ores Willington Enrique Hern\u00e1ndez Tapias, Ronald David Charris Padilla y Saidy Saray Medina Puello interpusieron acci\u00f3n de tutela contra la Alcald\u00eda de Barranquilla y la C.N.S.C. buscando que estas entidades efectuaran su designaci\u00f3n en per\u00edodo de prueba en los cargos de esa denominaci\u00f3n que estuvieren vacantes, incluso los que no fueron ofertados en la convocatoria. <\/p>\n
Mediante fallo del 28 de julio de 2021 el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla, (acci\u00f3n de tutela, radicado n\u00ba 2021-00047), ampar\u00f3 los derechos fundamentales de petici\u00f3n, trabajo, debido proceso y acceso a cargos p\u00fablicos, ordenando a las entidades querelladas que agotaran \u00abtodos los tr\u00e1mites administrativos pertinentes para que se provean con car\u00e1cter definitivo los cargos de auxiliar administrativo c\u00f3digo 407 grado 02, haciendo uso de la lista de elegibles establecida en la Resoluci\u00f3n No 8320 (20202210083205) del 3 de agosto de 2020 correspondiente a la OPEC No 70336, en estricto orden de m\u00e9ritos, dada la existencia de cargos en condici\u00f3n de vacancia definitiva\u00bb; decisi\u00f3n que, en sede de impugnaci\u00f3n, confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Penal con providencia del 1\u00ba de septiembre de esa misma anualidad. <\/p>\n
Los aqu\u00ed accionantes, quienes ocupaban en condici\u00f3n de provisionalidad los cargos de \u00abauxiliares administrativos c\u00f3digo 407, grado 02\u00bb que, por virtud de la salvaguarda referida, debieron dejarlos para que fueran ocupados por quienes conformaban la lista de elegibles del concurso p\u00fablico de m\u00e9ritos, acudieron al presente resguardo cuestionando las sentencias que as\u00ed lo dispusieron, esencialmente porque: (i) dichos cargos \u00abno fueron ofertados en la convocatoria 758\u00bb y por lo tanto, no tuvieron la oportunidad de participar en el proceso de selecci\u00f3n; (ii) las autoridades judiciales accionadas se extralimitaron en su competencia al darle un alcance inter comunis a los fallos de tutela que profirieron, pues ese efecto, solo es predicable de las decisiones que emite la Corte Constitucional, lo que en este caso \u00abconfigura la cosa juzgada fraudulenta\u00bb; (iii) porque con anterioridad a algunos de los all\u00ed accionantes ya se les hab\u00edan desestimado similar demanda de tutela, lo que afecta la seguridad jur\u00eddica; y, (iv) la indebida aplicaci\u00f3n retrospectiva de la Ley 1960 de 2019 y de la sentencia T-081 de 2021 pues no tuvieron en cuenta los despachos accionados que los empleos que ordenaron proveer \u00abno poseen el mismo prop\u00f3sito, funciones y finalidad\u00bb que los ofertados en la convocatoria p\u00fablica, a los cuales los promotores aspiraban, al tiempo que no fueron creados con posterioridad a la culminaci\u00f3n del proceso de selecci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, particularmente, Evert Segundo Rodr\u00edguez Pereira, expuso que los veredictos recriminados comprometieron tambi\u00e9n los derechos fundamentales de su hijo, quien depende econ\u00f3micamente de \u00e9l y padece una enfermedad denominada \u00abretinoblastoma bilateral derecho\u00bb que requiere tratamiento. Entre tanto, Luz Kelly Martes Torregrosa, Yasmina Cerpa Carpal y Manuel Joaqu\u00edn V\u00e1squez P\u00e9rez alegaron que tienen \u00abderechos laborales adquiridos\u00bb dada la \u00abestabilidad relativa\u00bb que representa ocupar el cargo en provisionalidad. Por su parte, Juan Manuel Alejandro Mario P\u00e1jaro D\u00edaz, Reinaldo Fabio Puello Llerena y Alfonso Enrique Castillo Callejas, manifestaron ser \u00abpadres cabezas de hogar\u00bb con la responsabilidad de la manutenci\u00f3n de su grupo familiar y en concreto de sus hijos menores de edad. <\/p>\n
Finalmente, Marjurie Villegas \u00c1lvarez, sostuvo que no fue vinculada a la acci\u00f3n constitucional y, por lo tanto, no recibi\u00f3 notificaci\u00f3n de la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite ni de las providencias adoptadas, impidi\u00e9ndole ejercer su derecho a la defensa y contradicci\u00f3n, pese a ser una de las afectadas y directas interesadas en el asunto. <\/p>\n
3. En consecuencia, piden remover los efectos jur\u00eddicos de las sentencias de primer y segundo grado proferidas dentro de la acci\u00f3n de tutela 2021-00047 y, en su lugar, se ordene a las autoridades judiciales accionadas negar el amparo all\u00ed invocado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Dado el traslado de la demanda, los accionados guardaron silencio. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda porque es inviable para controvertir lo resuelto en una actuaci\u00f3n semejante. En cuanto a la \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb alegada por los quejosos, precis\u00f3 que no fue acreditada suficientemente. <\/p>\n
As\u00ed mismo, resalt\u00f3 que el resguardo desatend\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad, habida consideraci\u00f3n que \u00abno se ha surtido el proceso de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional\u00bb, subsistiendo, inclusive, la posibilidad de insistir ante esa Corporaci\u00f3n en caso de que el asunto no sea seleccionado. <\/p>\n
Sin embargo, en relaci\u00f3n con la accionante Marjurie Villegas \u00c1lvarez concedi\u00f3 la protecci\u00f3n al constatar que el juzgado accionado, al interior de la tutela en cuesti\u00f3n, omiti\u00f3 vincularla, pese al inter\u00e9s que le asist\u00eda en el resultado de la misma. <\/p>\n
En raz\u00f3n de ello dej\u00f3 sin efectos \u00ablos fallos de tutela\u2026 \u00fanicamente en lo que concierne a la accionante Marjurie Villegas \u00c1lvarez\u00bb ordenando al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla, que \u00abbajo un nuevo radicado, retome la actuaci\u00f3n adelantada por Willington Enrique Hern\u00e1ndez Tapias, Ronald David Charris Padilla y Saidy Saray Medina Puello contra la comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil \u2013 CNSC y la Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla y resuelva si hay lugar a proveer el cargo de auxiliar administrativo c\u00f3digo 407 grado 02 que ocupa [aqu\u00e9lla], en los t\u00e9rminos solicitados por los accionantes en ese diligenciamiento\u00bb, garantiz\u00e1ndole en todo caso su adecuada vinculaci\u00f3n \u00abcon el fin de preservar la prerrogativa que le asiste de rendir informe, presentar una eventual impugnaci\u00f3n o el mecanismo que considere acorde a sus intereses\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, dispuso la exclusi\u00f3n de Villegas \u00c1lvarez \u00abde los efectos de la decisi\u00f3n emitida dentro del radicado\u2026 2021-00047\u00bb y exhort\u00f3 a la Alcald\u00eda de Barranquilla y a la C.N.S.C. a \u00abidentificar el cargo\u2026 que desempe\u00f1a\u2026 y abstenerse de efectuar provisi\u00f3n de ese cargo espec\u00edfico con las personas que conforman la lista de elegibles establecida en Resoluci\u00f3n No 8320\u2026 del 03 de agosto de 2020\u2026 hasta tanto el Juzgado garantice los derechos fundamentales del actor en los t\u00e9rminos se\u00f1alados anteriormente\u00bb, sin que este amparo \u00abafecte los t\u00e9rminos de ejecutoria ni las \u00f3rdenes emitidas dentro de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
El fallo anterior fue impugnado por tres (3) de los accionantes \u2013 Evert Segundo Rodr\u00edguez Pereira, Manuel Joaqu\u00edn Vel\u00e1squez P\u00e9rez y Luz Kelly Martes Torregrosa \u2013; as\u00ed como por catorce (14) terceros vinculados al tr\u00e1mite \u2013 Jos\u00e9 Del Carmen Gonz\u00e1lez Ram\u00edrez, Santiago Rafael Cuello Rodelo, Oswaldo Enrique Garc\u00eda Rinc\u00f3n, Alfonso Enrique Castillo Callejas, Anuear Kassar Morad, Hernando Arturo Ospino Orozco, Alfredo Antonio Mercado Paternina, Marco Tulio Le\u00f3n, Wilfrido Pardo Mill\u00e1n, Yagel Enrique Vald\u00e9s Cantillo, Jos\u00e9 Gregorio Pino Miranda y Jenny Elizabeth Barker \u00c1vila. <\/p>\n
1. Los quejosos, reprodujeron en extenso los argumentos esbozados en el escrito inicial. Adicionalmente, Manuel Joaqu\u00edn Vel\u00e1squez P\u00e9rez, agreg\u00f3 que tiene 57 a\u00f1os y 28 de servicios prestados a la alcald\u00eda distrital de Barranquilla, por lo que, seg\u00fan adujo, \u00abtiene la calidad de prepensionado (sic)\u00bb, as\u00ed como una situaci\u00f3n \u00abmanifiesta de salud por mi enfermedad [\u2026] padezco de c\u00e1lculo renal ves\u00edcula y tiroidismos (sic) de las cuales estoy en tratamiento\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte, Luz Kelly Martes Torregrosa, a\u00f1adi\u00f3 que no fue vinculada ni notificada de la acci\u00f3n de tutela radicado 2021-00047. <\/p>\n
3. Entre tanto, la mayor\u00eda de los vinculados como terceros con inter\u00e9s a esta actuaci\u00f3n, pese a que no se pronunciaron frente al traslado de la demanda, replicaron los alegatos de los actores impugnantes en cuanto a la inconformidad con el fallo de primer grado y las irregularidades que se predican de las sentencias de tutela atacadas; entre ellos, particularmente, Jos\u00e9 Gregorio Pino Miranda, afirm\u00f3 tambi\u00e9n tener la calidad de prepensionado, por contar con \u00ab49 a\u00f1os y 15 de servicio en la alcald\u00eda de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
4. Finalmente, Jenny Elizabeth Barker \u00c1vila, quien hace parte de la lista de elegibles del concurso de m\u00e9ritos, refut\u00f3 el fallo de la Sala a quo, pero en su caso, respecto del amparo en favor de Marjurie Villegas \u00c1lvarez, pues asever\u00f3 que la mencionada \u00abno figura reportada como funcionaria en provisionalidad en la planta global del personal de la Alcald\u00eda Distrital [\u2026] en el cargo de auxiliar administrativo c\u00f3digo 407 grado 02 [\u2026] ello impone que no tendr\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por activa dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades querelladas vulneraron los derechos fundamentales invocados por los ac\u00e1 accionantes al otorgar la protecci\u00f3n solicitada dentro de la acci\u00f3n de tutela radicado n\u00ba 2021-00047 y por omitir la vinculaci\u00f3n a dicho tr\u00e1mite de Marjurie Villegas \u00c1lvarez, tercera con inter\u00e9s, quien manifest\u00f3 resultar afectada con la determinaci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
2. El caso concreto <\/p>\n
2.1. La improcedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela <\/p>\n
2.1.1. La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
2.1.2. Con sujeci\u00f3n a las anteriores premisas, observa la Sala que no se abre paso el amparo propuesto, comoquiera que, en esta oportunidad, los querellantes pretenden quebrantar los fallos proferidos en virtud de una acci\u00f3n de tutela y ello significa desatender una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, seg\u00fan la cual, la providencia contra la que se encamina el resguardo no debe tratarse de una sentencia dictada dentro de una salvaguarda constitucional, porque de permitirse, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto (entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01). <\/p>\n
Sobre la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela en estos casos, la reiterada postura de la Corte Constitucional, ha se\u00f1alado que es un aspecto unificado, constante y vigente que debe ser atendido, ya que \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Insiste la Sala en que para cuestionar lo resuelto en un tr\u00e1mite de tutela el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de la sentencia de primer grado ante el superior funcional del juez fallador, el mecanismo de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional y a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la aludida Corporaci\u00f3n, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
2.1.3. Significa lo anterior que el mecanismo de resguardo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a esta acci\u00f3n, como lo precis\u00f3 esta Corte, acogiendo precedentes jurisprudenciales de la misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
Sin embargo, en este evento, como lo precisa la jurisprudencia rese\u00f1ada, el amparo formulado de manera previa contra el Distrito de Barranquilla y la C.N.S.C., se ventil\u00f3 ante dos autoridades judiciales en su respectivo grado de conocimiento, esto es, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla en primera instancia, y la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad en sede de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, dada la remisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional, \u00e9sta la excluy\u00f3 de revisi\u00f3n mediante auto del 31 de enero de la presente anualidad, notificado el 14 de febrero \u2013 expediente T8513303 \u2013 seg\u00fan puede constatarse en la p\u00e1gina web de esa Corporaci\u00f3n, en la que no se observa registro de activaci\u00f3n del mecanismo de insistencia, por lo que las determinaciones cuestionadas hicieron tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional emergiendo su inmutabilidad. <\/p>\n
En lo atinente, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo de segunda instancia ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 2013-00851-01, reiterada en CSJ STC, 3 sep. 2015, rad. 2015-00086-03). <\/p>\n
2.1.4. Ahora bien, al margen de lo anterior, tambi\u00e9n la Corte Constitucional en pronunciamiento en sede de revisi\u00f3n T-951 de 2013, reiterado en la SU-627 de 2015, sostuvo que la acci\u00f3n de tutela proceder\u00eda, eventualmente, contra otro veredicto del mismo g\u00e9nero en caso de concurrir los siguientes eventos, que se erigen como presupuestos de estricta demostraci\u00f3n: \u00aba) La acci\u00f3n de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada; b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en una anterior acci\u00f3n de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit); c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situaci\u00f3n, esto es, que tiene un car\u00e1cter residual\u00bb. <\/p>\n
Empero, los requisitos aludidos se descartan en el sub lite, por cuanto no se probaron con suficiencia pues, aunque los actores enf\u00e1ticamente alegaron que se configur\u00f3 la cosa juzgada fraudulenta, su queja gravit\u00f3 en torno a la supuesta valoraci\u00f3n probatoria inadecuada y en la aplicaci\u00f3n err\u00f3nea de disposiciones legales y precedentes jurisprudenciales; es decir, en cuestionamientos producto de la mera inconformidad con las providencias que accedieron a la s\u00faplica constitucional, pero sin se\u00f1alar motivos concretos que permitan advertir la presencia de un posible fraude que, seg\u00fan la jurisprudencia en cita, habilitar\u00eda excepcionalmente el auxilio. <\/p>\n
2.2. De las impugnaciones de Manuel Joaqu\u00edn V\u00e1squez P\u00e9rez, Luz Kelly Martes Torregrosa, accionantes, y Jos\u00e9 Gregorio Pino Miranda, vinculado. <\/p>\n
2.2.1. En el caso de los tutelantes V\u00e1squez P\u00e9rez y Martes Torregrosa, ambos reiteraron en la impugnaci\u00f3n su desacuerdo con el fallo desestimatorio del resguardo, pero adicionalmente, expusieron argumentos novedosos que no hicieron parte del escrito inaugural. <\/p>\n
Luz Kelly Martes Torregrosa, adujo que se omiti\u00f3 su vinculaci\u00f3n a la acci\u00f3n de tutela 2021-00047 por parte del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla, mientras que Manuel Joaqu\u00edn V\u00e1squez P\u00e9rez, arguy\u00f3 que en su favor operar\u00eda la estabilidad laboral reforzada en virtud de su calidad de prepensionado, por tener 57 a\u00f1os de edad y 28 de servicios en la Alcald\u00eda de Barranquilla. <\/p>\n
De los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que: \u00abRespecto de las circunstancias que expuso la impugnante ante esta Corporaci\u00f3n (\u2026) no puede pronunciarse esta Colegiatura, pues se trata de hechos nuevos, no mencionados en el libelo constitucional, por lo que sobre tales aspectos el accionado no ha tenido oportunidad de contradicci\u00f3n. Por tanto, un estudio por la Corte implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de la autoridad criticada. Sobre el particular la Sala ha indicado que: (\u2026) es cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (STC14922-2017, reiterada entre otras en STC14941-2018, 15 nov. 2018, rad. 00440-01). <\/p>\n
No obstante lo anterior, revisado el expediente de la acci\u00f3n constitucional en disputa, radicado 2021-00047, y en concreto el auto admisorio de la demanda y los oficios de notificaci\u00f3n de la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite, contrario a lo afirmado por la aqu\u00ed accionante Martes Torregrosa, el Juzgado acusado la tuvo entre las 531 personas a quienes se les hizo extensiva la vinculaci\u00f3n como terceros con posible inter\u00e9s, observ\u00e1ndose que al correo al que fue dirigida la respectiva comunicaci\u00f3n es el mismo que inform\u00f3 en estas diligencias (luzke22@hotmail.com), por lo que su reproche en torno a ese concreto punto se aviene claramente infundado. <\/p>\n
2.2.2. En relaci\u00f3n con Jos\u00e9 Gregorio Pino Miranda, pese a indicar que est\u00e1 en una situaci\u00f3n an\u00e1loga a la de los precitados accionantes, su vinculaci\u00f3n a la presente solicitud de amparo se produjo como tercero con inter\u00e9s, corri\u00e9ndosele traslado de la demanda para intervenir en tal calidad; empero, opt\u00f3 por no realizar manifestaci\u00f3n alguna, es decir, guard\u00f3 silencio y no permiti\u00f3 que la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal tuviera conocimiento de su afectaci\u00f3n particular, y especialmente de su invocada condici\u00f3n de prepensionado por tener \u00ab49 a\u00f1os de edad y 15 de servicios\u00bb en el Distrito de Barranquilla, circunstancia que solo vino a ser develada en esta instancia por efecto de la impugnaci\u00f3n formulada. <\/p>\n
Por lo tanto, no resulta procedente que Pino Miranda pretenda mutar la condici\u00f3n procesal en que fue llamado para participar de este asunto y convertirse en demandante, formulando pretensiones propias de la parte actora con desquiciamiento de esta herramienta constitucional que, aunque se caracteriza por su informalidad, no es ajena a las reglas del debido proceso, de all\u00ed que no pueda emitirse pronunciamiento respecto a sus aseveraciones, diferente a lo resuelto por la primera instancia. <\/p>\n
As\u00ed pues, si el ciudadano tiene reparos en torno al tr\u00e1mite dado a la salvaguarda 2021-00047, y en concreto, sobre la supuesta estabilidad laboral reforzada que lo cobija, le corresponder\u00e1 interponer las acciones que estime pertinentes para que la autoridad judicial competente los eval\u00fae y decida lo que en derecho corresponda y no buscar que se ampare su prerrogativa sin siquiera brindarle a los despachos accionados la oportunidad de ejercer su defensa frente a tales argumentos. <\/p>\n
3. Eventos de excepci\u00f3n en los que procede la tutela contra tutela. Confirmaci\u00f3n del amparo en favor de Marjurie Villegas \u00c1lvarez. <\/p>\n
Finalmente, se refrendar\u00e1 la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n en favor de la accionante Villegas \u00c1lvarez, quien de manera espec\u00edfica cuestion\u00f3 el no haber sido enterada de la demanda tutelar, radicado n\u00ba 2021-00047, lo que en efecto constat\u00f3 la Sala a quo a partir de la verificaci\u00f3n de los oficios de comunicaci\u00f3n librados por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla en los que, aunque figura su nombre, no as\u00ed su correo electr\u00f3nico, por lo que bien puede colegirse que la notificaci\u00f3n del tr\u00e1mite no se complet\u00f3, configur\u00e1ndose una de las excepciones que la jurisprudencia constitucional admite como habilitantes del resguardo en los escenarios de tutela contra tutela. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado en punto a la posibilidad de acudir a esta justicia especial en aras de controvertir decisiones emanadas de otras acciones de igual naturaleza, afirmando, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) s\u00f3lo en el evento de flagrantes violaciones \u201cal debido proceso\u201d, por omitir vincular a interesados o indebida notificaci\u00f3n de las partes es posible estudiar la queja contra un auxilio anterior, al asegurar que \u00abpor regla de principio, la tutela contra tutela no est\u00e1 consagrada en la ley y, por consiguiente, es improcedente\u00bb. Empero, por v\u00eda de excepci\u00f3n, y \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental. <\/p>\n
(\u2026) cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo, la protecci\u00f3n no puede tener cabida, pues en caso contrario, esta Corte ha dicho que se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo. (\u2026) la inconformidad que se suscite frente a un fallo de amparo, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo mecanismo jur\u00eddico, pues para el efecto, el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, \u00abcomo el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ. STC4314-2018, reiterado en STC7107-2018). <\/p>\n
As\u00ed mismo, la Corte Constitucional sobre el particular resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. (\u2026) Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (\u2026) regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [s]i la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) Si la acci\u00f3n se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
(\u2026) Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n (CC. SU-627\/15). <\/p>\n
De manera que, como la cr\u00edtica de Villegas \u00c1lvarez se subsume en una de las hip\u00f3tesis de \u00abprocedencia\u00bb descritas en la jurisprudencia que define los eventos de excepci\u00f3n a la inviabilidad en esos casos, y porque su convocatoria al debate, en principio, resultaba indispensable en la medida en que ocupaba uno de los cargos cuya provisi\u00f3n reclamaron para s\u00ed los accionantes, la protecci\u00f3n conforme lo establecido por la primera instancia se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume, por lo que, de contera, no se acoger\u00e1n las censuras plasmadas en la impugnaci\u00f3n por Jenny Elizabeth Barker \u00c1vila (vinculada), en el sentido de poner en entredicho la legitimaci\u00f3n de la mencionada actora, aseveraci\u00f3n que por dem\u00e1s, podr\u00e1 plantear en la tramitaci\u00f3n que se reanudar\u00e1 ante el despacho accionado. <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia constitucional confutada, en los mismos t\u00e9rminos precisados en su parte resolutiva. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. Se ratificar\u00e1 la improcedencia de la salvaguarda habida cuenta que, tramitar una acci\u00f3n de tutela contra lo resuelto en un asunto semejante, torna incierta la cosa juzgada constitucional y la consiguiente seguridad jur\u00eddica de las actuaciones judiciales, am\u00e9n que no se re\u00fanen los presupuestos jurisprudenciales que habilitan la procedencia del resguardo frente a fallos de la misma naturaleza. <\/p>\n
4.2. Y, en relaci\u00f3n con Marjurie Villegas \u00c1lvarez, se revalidar\u00e1 la concesi\u00f3n del auxilio al emerger clara la vulneraci\u00f3n del debido proceso ya que, al no ser convocada como tercera con inter\u00e9s en la tutela 2021-00047, se la priv\u00f3 de oponerse a los fundamentos de la demanda y al pronunciamiento del a quo, en trat\u00e1ndose, como se advirti\u00f3, de un asunto que pod\u00eda directa o indirectamente afectarla. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 30 de marzo de 2022. \u2013 Ingres\u00f3 al despacho del ponente el 31 de marzo de 2022. <\/p>\n
2\u0002 Fueron vinculadas 531 personas intervinientes en dicha acci\u00f3n constitucional, as\u00ed como los inscritos en el concurso p\u00fablico de m\u00e9ritos 758 de 2018 para proveer empleos vacantes en la planta de personal del Distrito de Barranquilla y quienes ocupan en provisionalidad los cargos de \u00abauxiliar administrativo c\u00f3digo 407, grado 02\u00bb en el aludido ente territorial. <\/p>\n
3\u0002 Demandas presentadas individualmente, objeto de acumulaci\u00f3n por la Sala de Casaci\u00f3n Penal al establecer que cumpl\u00edan los requisitos se\u00f1alados en el decreto 1834 de 2015 \u2013 De las reglas de reparto para acciones de tutela masivas. <\/p>\n
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STC5115-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC5115-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02075-01 (Aprobado en Sala de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-63056","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63056","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63056"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63056\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63056"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63056"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63056"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}