AC1213-2022 (2019-00015-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC1213-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-31-10-006-2019-00015-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por V\u00edctor Jaime Su\u00e1rez Navarro frente a la sentencia de 31 de agosto de 2021, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso verbal que en su contra promovi\u00f3 Silvia Nora V\u00e9lez de Bedout. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones y fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
La convocante solicit\u00f3 declarar que entre ella y el se\u00f1or Su\u00e1rez Navarro existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho, que se extendi\u00f3 entre el 15 de mayo de 2001 y el 14 de agosto de 2018, y que esa uni\u00f3n dio lugar a la conformaci\u00f3n de una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, la cual se encuentra disuelta, y debe ser liquidada. <\/p>\n
En sustento de sus s\u00faplicas, asever\u00f3 que contrajo matrimonio religioso con el convocado el d\u00eda 4 de octubre de 1985; que mediante sentencia de 29 de mayo de 2000, el Juzgado Primero de Familia de Medell\u00edn dispuso la cesaci\u00f3n de efectos civiles de dicho v\u00ednculo, y que, pese a ello, \u00aben la segunda semana de mayo de 2001\u00bb los exesposos decidieron iniciar nuevamente una comunidad de vida, esta vez como compa\u00f1eros permanentes, convivencia que perdur\u00f3 hasta el 14 de agosto de 2018, cuando la actora abandon\u00f3 el hogar, dados los maltratos de los que era v\u00edctima. <\/p>\n
2. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
2.1. Notificado del auto admisorio, el demandado se opuso a la prosperidad del petitum y formul\u00f3 las excepciones denominadas \u00abinexistencia de los presupuestos de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb; \u00abausencia de proyecto de vida\u00bb; \u00abrelaciones de pareja con personas diferentes\u00bb; \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por activa y por pasiva\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. En audiencia celebrada el 29 de abril de 2021, el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn declar\u00f3 no probadas esas defensas y accedi\u00f3 al reconocimiento de \u00abla existencia y disoluci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho (\u2026) desde el mes de mayo de 2001 hasta el mes de mayo de 2018\u00bb. Asimismo, reconoci\u00f3 \u00abla existencia y disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, conformada en el mismo periodo\u00bb. Ambas partes interpusieron el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La sentencia impugnada. <\/p>\n
El tribunal adicion\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, \u00fanicamente para precisar el periodo durante el cual se extendi\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho, fij\u00e1ndolo entre el \u00ab30 de mayo de 2001\u00bb y el \u00ab1 de mayo de 2018\u00bb. Lo anterior, con apoyo en los siguientes razonamientos: <\/p>\n
(ii) En lo que tiene que ver con \u00ablos testimonios de las se\u00f1oras Gloria Elena y Olga Luc\u00eda Su\u00e1rez de Vel\u00e1squez, se tiene que si bien es cierto ambas manifestaron que la relaci\u00f3n entre los se\u00f1ores Silvia Nora V\u00e9lez de Bedout y V\u00edctor Jaime Su\u00e1rez Navarro era fr\u00eda y distante y que se evidenciaba que s\u00f3lo estaban juntos por los hijos, es lo cierto que ambas testigos dejaron ver el poco conocimiento que ten\u00edan frente a dicha relaci\u00f3n, pues admitieron verse con ellos \u00fanicamente dos veces al a\u00f1o, los 7 y 31 de diciembre y que el conocimiento que ten\u00edan en torno a los aspectos \u00edntimos proven\u00eda de lo que su hermano o su madre les contaban\u00bb, de manera que esas declaraciones \u00abpoco pued[e]n aportar para, como lo alude el apoderado del demandado, descartar la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho entre ellos\u00bb. <\/p>\n
(iii) Por el contrario, esas deponentes \u00abdejan ver cuando afirmaron de consuno que aunque fr\u00eda y distante, eran una pareja que hab\u00eda convivido por alrededor de 17 a\u00f1os sin que mediara relaci\u00f3n alguna con terceras personas, tambi\u00e9n dijeron que a pesar de que los hijos se graduaron y abandonaron el hogar de sus padres, estos continuaron conviviendo por muchos a\u00f1os, se\u00f1alando incluso la se\u00f1ora Gloria Elena Su\u00e1rez que \u201cson decisiones que cada pareja toma\u201d, lo que deja ver que, al margen de lo dicho por ella sobre la supuesta lejan\u00eda de la relaci\u00f3n, los conceb\u00eda como una pareja\u00bb. <\/p>\n
(iv) Algo similar se extrae \u00abde lo dicho por Olga Luc\u00eda Su\u00e1rez de Vel\u00e1squez, cuando se\u00f1al\u00f3 que era imperdonable que \u201cla pareja\u201d de su hermano no lo acompa\u00f1ara ante una situaci\u00f3n tal como el fallecimiento de su madre; declaraciones que, valoradas en conjunto con los dem\u00e1s medios probatorios permiten concluir sin lugar a dudas que, como lo indic\u00f3 la a quo, s\u00ed existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho entre los se\u00f1ores Silvia Nora V\u00e9lez de Bedout y V\u00edctor Jaime Su\u00e1rez Navarro\u00bb. <\/p>\n
(v) Esas evidencias se ven reforzadas a partir de la versi\u00f3n de Cristina y Ricardo Su\u00e1rez V\u00e9lez, hijos de los litigantes, quienes \u00abafirmaron que sus padres tuvieron una comunidad de vida como pareja desde el a\u00f1o 2001 hasta mayo de 2018 en la que lo compartieron todo, pues viv\u00edan juntos, dorm\u00edan en la misma cama, viajaban juntos en familia y con los amigos, compart\u00edan fechas especiales y se comportaban como marido y mujer y as\u00ed los reconoc\u00eda su c\u00edrculo social y familiar. Especificaron que Silvia Nora y V\u00edctor Jaime vivieron juntos por al menos 7 a\u00f1os sin la presencia de los hijos en el hogar, lo que contradice la versi\u00f3n de la defensa seg\u00fan la cual eran estos la \u00fanica raz\u00f3n de ser de la convivencia; tambi\u00e9n especificaron que eran frecuentes entre ellos las manifestaciones amorosas y que eran reconocidos como una pareja ejemplar\u00bb. <\/p>\n
(vi) Si bien los rese\u00f1ados testigos fueron tildados de parciales por el convocado, dada su \u00abanimadversi\u00f3n\u00bb, es lo cierto que \u00abninguna de [sus] afirmaciones se not\u00f3 parcializada o malintencionada\u00bb. En cambio, \u00absus declaraciones se notaron imparciales, coherentes y coincidentes entre s\u00ed, con el resto del material probatorio e, incluso, con los dichos del propio se\u00f1or V\u00edctor Jaime Su\u00e1rez Navarro, quien tal y como aquellos, afirm\u00f3 que \u00e9l y la se\u00f1ora Silvia Nora compartieron el mismo techo y la misma cama desde el a\u00f1o 2001, no s\u00f3lo mientras los hijos vivieron con ellos en la misma casa, sino incluso luego de que hubieren partido al exterior\u00bb. <\/p>\n
(vii) Aun cuando \u00abel demandado afirm\u00f3 que tal convivencia no ten\u00eda ninguna connotaci\u00f3n rom\u00e1ntica y de pareja, ello se observa desvirtuado no solo con los testimonios ya rese\u00f1ados sino tambi\u00e9n con los de las se\u00f1oras Paulina Quintero, empleada dom\u00e9stica que trabaj\u00f3 para la pareja durante su convivencia, y Ana Mar\u00eda Mesa de Su\u00e1rez, c\u00f3nyuge de uno de los hermanos del demandado. Estas declarantes coincidieron en afirmar que los se\u00f1ores V\u00edctor Jaime y Silvia Nora se unieron un a\u00f1o despu\u00e9s de haberse divorciado a convivir una vez m\u00e1s como esposos, compartiendo por alrededor de 17 a\u00f1os todos los aspectos de su vida y siendo reconocidos por ser una pareja afectiva\u00bb. <\/p>\n
(viii) De otra parte, \u00abobran en el plenario varias cartas frente a las cuales el propio demandado, al rendir su interrogatorio de parte, reconoci\u00f3 su contenido, y en las que ambas partes rec\u00edprocamente se escribieron y que dan cuenta de un trato que solo se prodigan personas que se encuentran inmersas en una estrecha relaci\u00f3n de pareja, pues en las mismas se observan expresiones rom\u00e1nticas y amorosas de parte y parte, de las que se destaca la el escrito elaborado a pu\u00f1o y letra por V\u00edctor Jaime Su\u00e1rez Navarro a la se\u00f1ora Silvia de 19 de mayo de 2018, en la que le manifiesta \u201c(…) yo te he adorado toda la vida, as\u00ed como me diste tu perd\u00f3n, te pido que no tiremos todo por la borda; el hecho que me haya equivocado no significa que lo tengamos que destruir todo (…) te invito a que nos pongamos la mano en el coraz\u00f3n y no destruyamos la familia que construimos a los largo de nuestras vidas\u201d, expresiones que no s\u00f3lo dejan ver que en efecto la relaci\u00f3n que sosten\u00edan s\u00ed era de car\u00e1cter amoroso, sino que hacen incluso referencia al proyecto de vida que hab\u00edan construido\u00bb. <\/p>\n
(ix) Las probanzas rese\u00f1adas \u00abse acompasan con el contenido de la historia cl\u00ednica del se\u00f1or V\u00edctor Jaime Su\u00e1rez Navarro del 20 de mayo de 2006, en la que se consigna como su c\u00f3nyuge a la se\u00f1ora Silvia Nora V\u00e9lez de Bedout, calidad que tambi\u00e9n se le otorga en la p\u00f3liza de Salud Global tomada por el demandado; documentos estos que si bien por s\u00ed solos no acreditan la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, valorados en conjunto con las dem\u00e1s pruebas enunciadas s\u00ed son \u00fatiles para demostrar la entidad de la relaci\u00f3n que existi\u00f3 entre la pareja mencionada y concluir que, tal y como se indic\u00f3 en la demanda, eran compa\u00f1eros permanentes\u00bb. <\/p>\n
(x) De lo anotado se sigue que \u00abla demandante s\u00ed cumpli\u00f3 con la carga que el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso le impon\u00eda de acreditar los supuestos de hecho de sus pretensiones, pues qued\u00f3 acreditado que desde el mes de mayo de 2001 hasta el mes de mayo de 2018, los se\u00f1ores Silvia Nora V\u00e9lez de Bedout y V\u00edctor Jaime Su\u00e1rez Navarro sostuvieron una uni\u00f3n con todas y cada una de las caracter\u00edsticas a que se refiere la citada Ley 54 de 1990\u00bb. <\/p>\n
(xi) Como colof\u00f3n, es necesario llamar la atenci\u00f3n en que \u00abla juez a quo fij\u00f3 como extremos temporales de la uni\u00f3n marital de hecho el mes de mayo de 2001 y el mes de mayo de 2018, pero no especific\u00f3 d\u00edas ciertos de tal lapso, por lo que, aunque ello no fue objeto de reparo alguno, se hace necesario adicionar la sentencia en tal sentido; ahora bien como no hay prueba alguna en cuanto a un d\u00eda cierto de cada una de las mensualidades en el que la uni\u00f3n marital inici\u00f3 y finaliz\u00f3, por criterios de equidad reiterados por esta Sala de Decisi\u00f3n de Familia, debe tenerse como fecha de inicio de la uni\u00f3n marital de hecho el \u00faltimo d\u00eda de del mes en que principi\u00f3 la uni\u00f3n y como fecha de terminaci\u00f3n el primer d\u00eda del mes en el que termin\u00f3 la misma; as\u00ed las cosas, se tendr\u00e1 como fecha de inicio de la convivencia el 30 de mayo de 2001 y como fecha de terminaci\u00f3n el 1\u00b0 de mayo de 2018\u00bb. <\/p>\n
4. La demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
El convocado present\u00f3 oportunamente la demanda de sustentaci\u00f3n del citado remedio extraordinario, formulando dos reproches, uno al amparo de la causal quinta, y otro con fundamento en el segundo motivo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
Es pertinente advertir que el remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n
2. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de denunciar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (v\u00eda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido transgredida, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio1 es menester se\u00f1alar las normas de esa misma naturaleza que se consideran quebrantadas, as\u00ed como hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio2, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial, o que su materialidad fue alterada, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su contenido. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contraevidentes3. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n del tribunal por haber sido proferida en un juicio viciado nulidad, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto esgrimido en el sentido decisorio (trascendencia), para lo cual, acreditado alguno de los motivos aducidos como sustento de la casaci\u00f3n, debe explicarse por qu\u00e9 el fallo definitivo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a los intereses del recurrente. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
3. Estudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Cargo primero. <\/p>\n
3.1.1. Formulaci\u00f3n. <\/p>\n
Con apoyo en la causal quinta del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurrente acus\u00f3 el fallo del ad quem de estar viciado de nulidad, por \u00abfalta de competencia funcional\u00bb. Lo anterior en tanto que \u00abla parte perjudicada con la omisi\u00f3n de determinar la fecha cierta del inicio y fin de la uni\u00f3n marital y la sociedad patrimonial era la demandante, quien no apel\u00f3 la decisi\u00f3n de la a quo (\u2026) [ni] tampoco pidi\u00f3 que se adicionara\u00bb. <\/p>\n
3.1.2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
Acorde con la jurisprudencia inalterada de esta Corporaci\u00f3n, el \u00e9xito de un alegato por la senda de la causal quinta de casaci\u00f3n <\/p>\n
\u00ab(…) supone las siguientes condiciones: a) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) que, adem\u00e1s de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades est\u00e9n contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el art\u00edculo [133 del C\u00f3digo General del Proceso]; y por \u00faltimo, c) que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades as\u00ed en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la persona legitimada para hacerlas valer\u00bb (CSJ SC 20 ago. 2013, rad. 2003-00716-01 y CSJ SC10302-2017, 18 jul.). <\/p>\n
Esas exigencias no se verifican en el caso que se estudia, porque aun si se admitiera \u2013en gracia de discusi\u00f3n\u2013 que el tribunal se pronunci\u00f3 sobre tem\u00e1ticas ajenas a los reparos del \u00fanico apelante, dicha circunstancia no corresponder\u00eda a un evento de falta de competencia funcional, ni podr\u00eda subsumirse en alguna de las causas de invalidaci\u00f3n procesal que prev\u00e9 el ordenamiento patrio. <\/p>\n
Debe tenerse en cuenta que el denominado \u201cfactor funcional\u201d fija la competencia de los jueces atendiendo sus espec\u00edficas atribuciones durante las instancias, sirvi\u00e9ndose para ello de la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en los que act\u00faan funcionarios distintos, pero que hacen parte de una misma estructura jer\u00e1rquicamente organizada. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, se encuentra asignada a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer de los recursos de casaci\u00f3n interpuestos contra sentencias dictadas en juicios declarativos por las salas civiles de los tribunales superiores (art\u00edculo 30-1, C\u00f3digo General del Proceso), y a esas \u00faltimas corporaciones se les confi\u00f3 la segunda instancia de los juicios que adelantan en primera los jueces civiles del circuito (art\u00edculo 31-1, ejusdem), entre otros supuestos orientados a distribuir las labores encomendadas a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En ese contexto, emerge evidente que la regla que consagra el primer inciso del art\u00edculo 328 del estatuto procesal civil (\u00abel juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio\u00bb) carece de relaci\u00f3n con el factor funcional, pues no establece cu\u00e1l autoridad judicial debe conocer del recurso de apelaci\u00f3n, sino que impone ciertos l\u00edmites formales a la providencia que lo resuelva, consistentes en no pronunciarse sobre problem\u00e1ticas que no hayan sido planteadas por el apelante. <\/p>\n
Si se analiza el caso concreto a partir de esa premisa, puede advertirse que el conocimiento de la alzada interpuesta por el demandado contra el fallo de fallo de 29 de abril de 2021, dictado por el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn, fue atribuido a la colegiatura ad quem en obedecimiento estricto de la regla del art\u00edculo 32-1 del C\u00f3digo General del Proceso, que dispone que \u00ablos tribunales superiores de distrito judicial conocen, en sala de familia: 1. De la segunda instancia de los procesos que se tramiten en primera instancia ante los jueces de familia (…)\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, cuando la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn resolvi\u00f3 el referido remedio vertical \u2013a trav\u00e9s de la providencia censurada en casaci\u00f3n\u2013, lo hizo en ejercicio de la competencia funcional atribuida por la ley procesal, conclusi\u00f3n que no var\u00eda porque el contenido de esa decisi\u00f3n de segunda instancia se hubiera extendido m\u00e1s all\u00e1 de los linderos definidos por el apelante. Y siendo ello as\u00ed, el cuadro f\u00e1ctico descrito en la demanda de sustentaci\u00f3n de este recurso extraordinario no revelar\u00eda ning\u00fan vicio procesal, mucho menos uno constitutivo de nulidad. <\/p>\n
Con esa misma orientaci\u00f3n, el precedente de la Sala tiene decantado lo siguiente: <\/p>\n
\u00abDicha restricci\u00f3n [se refiere la Corte a la que establece el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso], aplicable al ejercicio de la competencia funcional, no es pauta relativa al reparto de la jurisdicci\u00f3n entre los jueces -distribuci\u00f3n de funciones-. Por el contrario, es operativa para acotar los t\u00f3picos materia de decisi\u00f3n, cuya desatenci\u00f3n deber\u00e1 ser cuestionada con la incongruencia o la reforma peyorativa, por referirse al contenido del fallo. En atenci\u00f3n a lo anterior, la alegaci\u00f3n planteada (…), por referirse a la armon\u00eda entre el fallo y los reparos plasmados en la apelaci\u00f3n, se resalta, debi\u00f3 cuestionarse por v\u00eda incongruencia -causal tercera de casaci\u00f3n-. Esto es, no es posible proponerla como una nulidad por falta de competencia funcional. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, porque no se discute la aptitud del Tribunal para desatar la apelaci\u00f3n, sino que est\u00e1 circunscrita al contenido de la decisi\u00f3n adoptada. T\u00e9ngase en cuenta que, s\u00f3lo es dable incurrir \u201cen nulidad por falta de competencia funcional cuando un juez de segunda instancia resuelve la apelaci\u00f3n formulada contra una sentencia dictada en un proceso de \u00fanica instancia; o cuando el fallador de segundo grado no es el que la ley procesal tiene previsto para tal funci\u00f3n; cuando un Tribunal resuelve una solicitud de exequ\u00e1tur; cuando un juez de circuito adelanta un proceso contra agente diplom\u00e1tico, entre otros casos\u201d (SC14427, 10 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2013-02839-00). <\/p>\n
3.1.3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Dado que los hechos en los que se fundament\u00f3 la nulidad alegada no encajan en ning\u00fan supuesto de invalidaci\u00f3n procesal, el primer cargo no resulta admisible. <\/p>\n
3.2. Cargo segundo. <\/p>\n
3.2.1. Formulaci\u00f3n. <\/p>\n
Al amparo del segundo motivo de casaci\u00f3n del canon 336 del estatuto procesal, el inconforme denunci\u00f3 la infracci\u00f3n de los preceptos 1 y 2 de la Ley 54 de 1990, como consecuencia de \u00aberrores de derecho\u00bb, que \u00abse concretaron en la no aplicaci\u00f3n de dos normas procesales de contenido probatorio (arts. 164 y 167 del C\u00f3digo General del Proceso) cuando sin existir prueba, en [la sentencia recurrida, el tribunal] decide adicionar la sentencia de la \u201ca quo\u201d determinando los d\u00edas ciertos de inicio y fin de la uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
Para finalizar, indic\u00f3 que \u00abde haberse aplicado las citadas normas probatorias, deb\u00eda haberse concluido que no est\u00e1n probados los supuestos f\u00e1cticos temporales de los art\u00edculos 1 y 2 de la Ley 54 de 1990, en consecuencia, no pod\u00eda haberse declarado que entre la demandante y el demandado se hab\u00eda formado una sociedad de hecho y una sociedad patrimonial\u00bb, pues \u00abla doctrina y la jurisprudencia han exigido que para poderse declarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho debe aparecer probar (sic) las fechas ciertas de inicio y fin de la misma\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
En su sentencia, la juez de primer grado declar\u00f3 la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho entre los litigantes, y determin\u00f3 que ese v\u00ednculo se hab\u00eda desarrollado entre los meses de \u00abmayo de 2001\u00bb y \u00abmayo de 2018\u00bb. Ahora bien, al resolver la apelaci\u00f3n formulada contra dicha providencia, el tribunal desestim\u00f3 los reparos de los recurrentes y refrend\u00f3 el an\u00e1lisis probatorio de la falladora a quo, pero consider\u00f3 necesario precisar a\u00fan m\u00e1s las fronteras temporales del lazo more uxorio. <\/p>\n
Con ese prop\u00f3sito, y dado que no encontr\u00f3 ninguna probanza que le permitiera establecer en qu\u00e9 jornada exacta de esas mensualidades inici\u00f3 o feneci\u00f3, seg\u00fan el caso, la uni\u00f3n marital de hecho, el ad quem ide\u00f3 una soluci\u00f3n que, en su sentir, armonizar\u00eda con las pautas de distribuci\u00f3n del riesgo probatorio al interior de este juicio: elegir como extremos de la relaci\u00f3n el \u00faltimo d\u00eda de su mes inicial (es decir, el 31 de mayo de 2001) y el primero del mes final (el 1 de mayo de 2018). <\/p>\n
Al sustentar su breve acusaci\u00f3n, el impugnante censur\u00f3 el m\u00e9todo de selecci\u00f3n de dichas calendas espec\u00edficas, pero a su cr\u00edtica le falta enfoque, pues consisti\u00f3 en que el ejercicio de la colegiatura de segundo grado careci\u00f3 de soporte probatorio, cuando precisamente lo que se quer\u00eda era construir una soluci\u00f3n para despejar dos variables temporales en un contexto de ausencia de evidencia. <\/p>\n
En el fallo impugnado se emple\u00f3 una presunci\u00f3n ad hoc, seg\u00fan la cual, siempre que no sea posible determinar mediante pruebas el d\u00eda exacto en el que comenz\u00f3 o finaliz\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho, pero s\u00ed el mes y a\u00f1o en que esos eventos ocurrieron, los mencionados hitos se har\u00e1n coincidir con las jornadas que reflejan el escenario menos ben\u00e9fico posible para la parte actora, que es quien tiene la carga de la prueba, esto es, las fechas que m\u00e1s acortan la duraci\u00f3n del lazo familiar: el \u00faltimo d\u00eda del mes inicial, y el primero del final. <\/p>\n
As\u00ed, y sin que ello indique que la Sala avale el raciocinio del tribunal, o la utilidad de su intervenci\u00f3n oficiosa, emerge evidente la pifia del casacionista, pues si esa colegiatura acudi\u00f3 a una presunci\u00f3n de su propia elaboraci\u00f3n fue porque no encontr\u00f3 pruebas de los hechos que termin\u00f3 presumiendo (el d\u00eda inicial y final de la uni\u00f3n), y a esa argumentaci\u00f3n no puede opon\u00e9rsele la misma orfandad probatoria que se invoc\u00f3 como justificaci\u00f3n para acudir a una presunci\u00f3n. <\/p>\n
Cuesti\u00f3n distinta es que, en el desarrollo del cargo que se estudia, el recurrente se hubiera ocupado de explicar por qu\u00e9 esos hechos no pod\u00edan ser presumidos, o por qu\u00e9 la presunci\u00f3n en s\u00ed misma resultaba desacertada, para fundamentar as\u00ed la necesidad de la prueba que pregona; pero no lo hizo, obviando la estructura l\u00f3gica de la tesis que pretend\u00eda atacar. Y, siendo la casaci\u00f3n un recurso primordialmente dispositivo, tal vac\u00edo argumentativo no puede ser subsanado por la Corte. <\/p>\n
Y si, en gracia de discusi\u00f3n, se dejara de lado ese yerro de t\u00e9cnica, la suerte de la acusaci\u00f3n no variar\u00eda, en tanto se muestra intrascendente. Obs\u00e9rvese que, de suprimirse la precisi\u00f3n que introdujo el tribunal, el estado civil de los litigantes se mantendr\u00eda, y si bien podr\u00eda alterarse la extensi\u00f3n de su v\u00ednculo, cualquier interpretaci\u00f3n distinta de la que se acogi\u00f3 en el fallo impugnado aumentar\u00eda la duraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho, en desmedro de los intereses del propio casacionista. <\/p>\n
A ello cabe agregar que la labor de valoraci\u00f3n de esas piezas de evidencia no fue cuestionada en la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario; es decir, el convocado no se ocup\u00f3 de reprochar ninguna de las inferencias probatorias que permitieron al ad quem concluir \u2013a tono con lo indicado por la juez a quo\u2013 que los citados contendientes construyeron y mantuvieron una comunidad de vida singular en el lapso \u2013de diecisiete a\u00f1os\u2013 previamente mencionado. <\/p>\n
En efecto, el referido pilar argumental de la sentencia de segunda instancia fue pasado por alto en la sustentaci\u00f3n del cargo segundo, de manera que quedaron excluidos del debate en sede de casaci\u00f3n tanto la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho que se anunci\u00f3 en el escrito que dio origen a esta tramitaci\u00f3n, como su extensi\u00f3n temporal entre los meses de mayo de 2001 y mayo de 2018. <\/p>\n
Es decir, como la censura se limit\u00f3 a controvertir la manera en la que se eligieron unos d\u00edas concretos de esas mensualidades como extremos temporales de la uni\u00f3n marital, pero no intent\u00f3 acreditar que ese v\u00ednculo no tuvo lugar, ni que se hubiera mantenido durante un per\u00edodo distinto, esos aspectos hicieron tr\u00e1nsito a cosa juzgada, consolidando lo atinente al estado civil de compa\u00f1eros permanentes de ambas partes procesales. <\/p>\n
Por consiguiente, la cr\u00edtica queda reducida a un punto insustancial, como la asignaci\u00f3n de mojones muy concretos de inicio y final de la uni\u00f3n marital de hecho, puntualizaci\u00f3n que no trasciende a la esfera del estado civil, y que, por lo mismo, solo parecer\u00eda \u00fatil para elucidar si alg\u00fan bien que eventualmente hubiera sido adquirido alrededor de esos hitos temporales hace parte, o no, del haber de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
Pero el casacionista nunca afirm\u00f3 que tal eventualidad acaeciera en este caso, es decir, que optar por una u otra calenda de los meses de mayo de 2001 o de 2018 tuviera repercusiones comprobables en la composici\u00f3n de los activos de la sociedad patrimonial \u2013ni acredit\u00f3 que esa variaci\u00f3n superara el inter\u00e9s econ\u00f3mico para recurrir en casaci\u00f3n que establece el canon 338 del C\u00f3digo General del Proceso\u2013, lo que sugiere la futilidad de su acusaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2.3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El segundo cargo tampoco satisface las exigencias formales del recurso de casaci\u00f3n, pues su fundamentaci\u00f3n es desenfocada y carece de trascendencia. <\/p>\n
3.3. Conclusi\u00f3n general. <\/p>\n
Atendiendo las deficiencias advertidas, es imperativa la inadmisi\u00f3n de la demanda de sustentaci\u00f3n, conforme el art\u00edculo 346-1 del estatuto procesal civil vigente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n que interpuso V\u00edctor Jaime Su\u00e1rez Navarro frente a la sentencia de 31 de agosto de 2021, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso verbal que en su contra promovi\u00f3 Silvia Nora V\u00e9lez de Bedout. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda, devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
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AC1213-2022 (2019-00015-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC1213-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-31-10-006-2019-00015-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63058","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63058","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63058"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63058\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63058"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63058"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63058"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}