AC1510-2022 (2019-00236-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC1510-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-31-03-001-2019-00236-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Alirio Su\u00e1rez Quintero para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 30 de septiembre de 2021, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso declarativo iniciado por el recurrente en contra de Lagasot Colombia S.A.S., Lagasot S.L., Iberco S.A.S., Jos\u00e9 Luis Sotoca Mu\u00f1oz, Javier Laga Horta y Mary Luz Bernal Vanegas. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Pretende el actor mediante su demanda, que se declare la existencia del contrato en virtud del cual la sociedad extranjera Lagasot S.L. cedi\u00f3 a su favor el diez por ciento (10%) de las acciones de la compa\u00f1\u00eda Lagasot Colombia S.A.S., en consecuencia, se reconozca que tiene derecho a participar de sus rendimientos \u00abproporcional al capital social obtenidos desde el 2012\u00bb y se condene a la parte demandada al reembolso de las \u00abutilidades que correspondan al 10% de las acciones cedidas en dicha sociedad\u00bb, valores que ser\u00e1n indexados a la fecha en que se verifique su pago. [Folios 1 a 11, archivo digital 03Demanda]. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
Los hechos del libelo pueden compendiarse as\u00ed: <\/p>\n
1. Surgi\u00f3 el inter\u00e9s de los se\u00f1ores Jos\u00e9 Luis Sotoca Mu\u00f1oz y Javier Laga Horta -accionistas de la compa\u00f1\u00eda for\u00e1nea Lagasot S.L.-, por fundar una sociedad comercial en Colombia para el desarrollo de proyectos de miner\u00eda, \u00abindustriales e inmobiliarios\u00bb, entre otros. Con tal fin, contactaron al demandante por su amplia trayectoria, conocimiento y manejo de aquellos negocios, y por recomendaci\u00f3n que hiciera Ninfa Su\u00e1rez Q., \u00abcompa\u00f1era sentimental\u00bb del primero de los prenombrados sujetos. <\/p>\n
2. La intenci\u00f3n inicial de los inversionistas extranjeros era detentar la propiedad sobre el noventa por ciento (90%) de las acciones de la nueva empresa y el restante diez por ciento (10%) enajenarlo a favor del pleiteante \u00abcomo socio industrial\u00bb. <\/p>\n
3. Luego de varias comunicaciones entre el convocante y los enjuiciados sobre los pormenores para el nacimiento de la reciente compa\u00f1\u00eda, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica No. 1.020 de 7 de octubre de 2011 de la Notar\u00eda \u00danica de Baranoa (Atl\u00e1ntico), se constituy\u00f3 la sociedad Lagasot Colombia S.A.S. con un capital social de \u00ab$250\u2019000.000.oo\u00bb, dividido en \u00ab250.000\u00bb acciones \u00abordinarias\u00bb, cuyo valor nominal ascend\u00eda a \u00ab1000 pesos cada una\u00bb; instrumento p\u00fablico registrado ante la C\u00e1mara de Comercio de Barranquilla el 16 de diciembre siguiente y en que se nombr\u00f3 al aqu\u00ed interesado como \u00abSEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE\u00bb. <\/p>\n
4. Para el funcionamiento de la nov\u00edsima firma, \u00e9sta le prest\u00f3 al peticionario la suma de \u00ab$12\u2019820.000.oo\u00bb, con el prop\u00f3sito de cubrir los gastos de mantenimiento mec\u00e1nico, combustible e impuestos del veh\u00edculo de placas EUY-027 \u00abque estuvo siempre al servicio\u00bb de aquella, fue as\u00ed que, de la mano de Alirio Su\u00e1rez Quintero comenz\u00f3 a desarrollar su objeto social \u00abobteniendo utilidades\u00bb, sin recibir hasta ahora suma alguna por ese concepto. <\/p>\n
5. No obstante su nombramiento en el cargo de marras, el reclamante no fue incluido como \u00abaccionista con el 10% de participaci\u00f3n\u00bb, al momento de la constituci\u00f3n de Lagasot Colombia S.A.S. mucho menos cuando obr\u00f3 como \u00abSecretario de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas\u00bb adelantada el 30 de mayo de 2012, pese a que ello se hab\u00eda \u00abpactado verbalmente\u00bb con antelaci\u00f3n \u00abv\u00eda telef\u00f3nica\u00bb y a trav\u00e9s de los correos electr\u00f3nicos cruzados entre el interesado, los accionados y \u00c1lvaro Coronado Ruiz. <\/p>\n
6. Este \u00faltimo, en su condici\u00f3n de contador de la sociedad memorada, junto con Jos\u00e9 Luis Sotoca Mu\u00f1oz, representante legal de \u00e9sta, en varias ocasiones refrendaron que Su\u00e1rez Quintero era asociado en el porcentaje aludido, la m\u00e1s reciente data de 23 de mayo de 2015, cuyo \u00abcertificado de composici\u00f3n accionaria\u00bb fue autenticado en la Notar\u00eda Sexta de Barranquilla, bajo los seriales \u00abNos. 290168 y 290169\u00bb, uno de ellos utilizado por Sotoca Mu\u00f1oz para \u00abefectos de tr\u00e1mite de visa de inversionista extranjero ante el Ministerio de Relaciones Exteriores\u00bb. <\/p>\n
7. Los interpelados nunca cumplieron con el compromiso de \u00abincluir\u00bb al promotor como part\u00edcipe de Lagasot Colombia S.A.S., por tal raz\u00f3n, aqu\u00e9l solicit\u00f3 extraprocesalmente la pr\u00e1ctica de una \u00abinspecci\u00f3n judicial con la intervenci\u00f3n de un perito contable\u00bb sobre los \u00ablibros contables, [actas de] asambleas ordinarias y extraordinarias\u00bb de dicha compa\u00f1\u00eda ante el Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Barranquilla, diligencia llevada a cabo el 21 de noviembre de 2013 y en la que se pudo constatar, entre otras cosas, que \u00abla sociedad espa\u00f1ola LAGASOT S.L. posee el 100% de las acciones de LAGASOT COLOMBIA S.A.S.\u00bb y que \u00abaparecen como socios y administradores mancomunados de esta, los se\u00f1ores JAVIER LAGA HORTA y JOS\u00c9 LUIS SOTOCA MU\u00d1OZ\u00bb+. <\/p>\n
8. Recientemente, el actor tuvo conocimiento de que, por acta de asamblea de 15 de marzo de 2017, Lagasot Colombia S.A.S. vari\u00f3 su composici\u00f3n e incorpor\u00f3 como accionistas a Forada S.L., Iberco S.A.S., Benmar Proyectos Inmobiliarios S.L. y Maryluz Bernal Vanegas, con una cuota equivalente al 60% de la totalidad de las acciones, quedando Lagasot S.L. con tan solo el 40%. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
1. La postulaci\u00f3n inicial fue reformada dentro del interregno contemplado en el art\u00edculo 93 del C\u00f3digo General del Proceso, en el sentido de \u00abdesistir\u00bb del pleito respecto de \u00abdos (2) extremos pasivos sociedades comerciales Forada S.L. (ESPA\u00d1A) y Benimar Proyectos Inmobiliarios S.L.\u00bb, dado que no se pudo acopiar los \u00abcertificados de existencia y representaci\u00f3n legal\u00bb de dichas personas jur\u00eddicas y se desconoce su domicilio y el sitio de notificaciones [Folios 1 a 12, archivo digital 04Auto admite]. <\/p>\n
2. Por auto de 24 de octubre de 2019 el Juzgado Primer Civil del Circuito de Barranquilla admiti\u00f3 el libelo y su modificaci\u00f3n, asimismo concedi\u00f3 el amparo de pobreza oportunamente solicitado. [Folios 13 a 15, Ibidem]. <\/p>\n
3. Al ser enteradas del tr\u00e1mite, Lagasot Colombia S.A.S., Iberco S.A.S., Jos\u00e9 Luis Sotoca Mu\u00f1oz, Javier Laga Horta y Mary Luz Bernal Vanegas, conjuntamente se opusieron a las pretensiones del actor. Al tiempo, dijeron excepcionar alegando \u00abprescripci\u00f3n y buena fe\u00bb. [Folios 1 a 6, archivo digital 05Contestaci\u00f3n Demanda]. <\/p>\n
4. Culmin\u00f3 la primera instancia con fallo desestimatorio, proferido por el Juzgado referido fechado el 1\u00ba de diciembre de 2020, que confirm\u00f3 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla en el suyo de 30 de septiembre de 2021. [Archivo Digital: 08, Cd. Segunda Instancia]. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
1. Una vez que resumi\u00f3 la causa litigiosa, se fij\u00f3 en la inteligencia del art\u00edculo 10 de la Ley 1258 de 2008, para de ah\u00ed acometer el examen del asunto averiguando prioritariamente sobre las diversas clases de participaci\u00f3n de una sociedad por acciones simplificada. <\/p>\n
Y en ese prop\u00f3sito, tras examinar la literalidad de dicha disposici\u00f3n legal, asumi\u00f3 que las \u00abacciones a que se refiere el demandante ser\u00edan acciones de pago, que son aquellas que son emitidas con el fin de honrar obligaciones entre ellas laborales, por los servicios prestados a la compa\u00f1\u00eda por los administradores o de otra persona en particular, por cuanto su aporte no fue de capital\u00bb. <\/p>\n
2. A espacio, pos\u00f3 su mirada en la escritura p\u00fablica No. 1020 del 7 de diciembre de 2011, de la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo Notarial de Baranoa (Atl\u00e1ntico), mediante la cual se constituy\u00f3 la compa\u00f1\u00eda Lagasot Colombia S.A.S., y al respecto hall\u00f3 que \u00e9sta naci\u00f3 con un capital autorizado de \u00ab250.000 acciones ordinarias (\u2026) siendo socia \u00fanica la sociedad LAGOSOT S.L., quedando determinado que el Representante Legal Principal es el se\u00f1or JOS\u00c9 LUIS SOTOCA MU\u00d1OZ, JAVIER LAGA HORTA, primer suplente y ALIRIO SU\u00c1REZ QUINTERO [interesado], segundo suplente, por un t\u00e9rmino de tres a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Se refiri\u00f3, entonces, a la estipulaci\u00f3n n\u00famero 14 del instrumento memorado y tras reproducir su contenido literal, apreci\u00f3 que para la emisi\u00f3n de \u00abacciones de pago\u00bb, como las que \u00abpretende el demandante\u00bb, era indispensable contar con el benepl\u00e1cito de la \u00abAsamblea General de Accionistas\u00bb, erigi\u00e9ndose como \u00abuna formalidad que debe cumplirse, para hacer efectiva dicha emisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. A vuelta de lo anterior, enfrent\u00f3 el ad-quem la situaci\u00f3n planteada en el proceso, considerando que los documentos aportados por el convocante denominados \u00abcertificaciones de composici\u00f3n accionaria\u00bb de 9, 12 de abril y 23 de mayo, todos de 2012, suscritos por el representante legal de Lagasot Colombia S.A.S. y el \u00abcontador\u00bb \u00c1lvaro Coronado Ruiz, no eran \u00abprueba id\u00f3nea\u00bb para acreditar el convenio de \u00abcesi\u00f3n de las acciones\u00bb, pues con el objetivo de dilucidar la participaci\u00f3n accionaria de la nueva compa\u00f1\u00eda, debi\u00f3 allegar el \u00abcertificado de la C\u00e1mara de Comercio\u00bb, a voces de lo establecido en los art\u00edculos 26 y siguientes del estatuto mercantil. <\/p>\n
Y aun cuando en los correos electr\u00f3nicos arrimados por el extremo activo se evidenci\u00f3 la intenci\u00f3n de una \u00abnegociaci\u00f3n\u00bb entre \u00e9ste y Lagasot S.L. en torno a su aportaci\u00f3n social en Lagasot Colombia S.A.S., lo cierto es que \u00abera indispensable la emisi\u00f3n de las acciones de pago\u00bb a favor de aqu\u00e9l, con la autorizaci\u00f3n de la \u00abasamblea general de accionistas\u00bb, de ah\u00ed que, \u00abal faltar esta formalidad, no se puede considerar como celebrada la cesi\u00f3n de las acciones, por lo que es forzoso concluir que el negocio nunca naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 de ese modo que la demanda era completamente infundada y confirm\u00f3 la decisi\u00f3n apelada. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Dos (2) cargos formul\u00f3 el recurrente; el primero, por la v\u00eda de la \u00abviolaci\u00f3n directa de una norma jur\u00eddica sustancial\u00bb (n\u00fam. 1\u00ba art. 336 C.G.P); y el segundo, por la senda de la infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial (n\u00fam. 2\u00ba \u00cddem). El censor los sustent\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con invocaci\u00f3n de la causal primera de casaci\u00f3n, se acus\u00f3 la sentencia de segundo grado de infringir de manera recta \u00abla ley sustancial\u00bb, a causa de \u00aberrores de derecho en la valoraci\u00f3n del dictamen pericial del Perito Contable\u00bb. <\/p>\n
Lo despleg\u00f3 el impugnante, se\u00f1alando que en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento celebrada el 1\u00ba de diciembre de 2020, el experto contable Alfonso Rafael Cuentas Mercado expuso las \u00abmalas pr\u00e1cticas empresariales\u00bb de la sociedad Lagasot Colombia S.A.S., al encontrar inconsistencias en las declaraciones de renta correspondientes a los a\u00f1os 2013 a 2019, las cuales evidenciaban una diferencia de \u00abMIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL PESOS M.L.C. ($1.484.017.000)\u00bb respecto de los \u00abactivos totales\u00bb de aquella compa\u00f1\u00eda, probanza que no fue apreciada por los juzgadores en el curso del proceso. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, procedi\u00f3 a transcribir las conclusiones de la complementaci\u00f3n del dictamen presentado por el perito mencionado y un fragmento de la motivaci\u00f3n del fallo de primer grado, ello con miras a denunciar que tampoco se valoraron los estados financieros de la empresa memorada, los que acreditaban, de un lado, el equilibrio econ\u00f3mico suficiente para mantener su solvencia econ\u00f3mica, siendo \u00abparticularmente extra\u00f1o que se inscribi\u00f3 la anotaci\u00f3n del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad justo despu\u00e9s de la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb; y, de otra parte, el importe a que tiene derecho el demandante \u00abpor concepto de la cesi\u00f3n de acciones que le realiz\u00f3 el se\u00f1or JOS\u00c9 LUIS SOTOCA MU\u00d1OZ\u00bb. <\/p>\n
Al cierre, repar\u00f3 que el \u00abad quem incurri\u00f3 en una infracci\u00f3n a la sana cr\u00edtica, al omitir igualmente analizar y valorar tanto el dictamen como su complementaci\u00f3n [mencionados]\u00bb, lo cual trajo consigo \u00abuna violaci\u00f3n directa de lo establecido en los art\u00edculos 226 y s.s. del C\u00f3digo General del Proceso, en especial en lo que se consagra en el art\u00edculo 232 frente a la valoraci\u00f3n de la prueba pericial\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Aduciendo el segundo motivo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el refutante endilg\u00f3 al fallo de segundo nivel \u00abERROR DE DERECHO DERIVADO DEL DESCONOCIMIENTO DE UNA NORMA PROBATORIA, O POR ERROR DE HECHO MANIFIESTO Y TRASCENDENTE EN LA APRECIACI\u00d3N DE LA DEMANDA, DE SU CONTESTACI\u00d3N, O DE UNA DETERMINADA PRUEBA\u00bb. <\/p>\n
1. En su desarrollo apunt\u00f3 el impugnador que el Juez plural se abstuvo de \u00abreconocer la existencia de la cesi\u00f3n de acciones\u00bb deprecada, pese a que en las \u00abm\u00faltiples certificaciones de composici\u00f3n accionaria\u00bb de 9, 11 de abril y 23 de mayo, todas de 2012, avaladas por el contador \u00c1lvaro Enrique Coronado Ruiz, se tuvo al reclamante como titular del \u00ab10% de las acciones nominales\u00bb de la firma Lagasot Colombia S.A.S. y el restante \u00ab90%\u00bb en cabeza del demandado Jos\u00e9 Luis Sotoca Mu\u00f1oz. Pero m\u00e1s a\u00fan, debido a los derechos de participaci\u00f3n que detentaba este \u00faltimo y habiendo manifestado que el demandante tambi\u00e9n ten\u00eda la calidad de asociado, no hay duda de que la \u00abcesi\u00f3n de acciones cumpli\u00f3 los presupuestos tanto de negociaci\u00f3n del t\u00edtulo nominativo, como de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb, pues no en vano estaba precedida del \u00abquorum m\u00ednimo societario\u00bb, dada la expresi\u00f3n de voluntad del socio mayoritario plasmada en aquellos documentos. <\/p>\n
2. Aunado a ello, el Tribunal incurri\u00f3 en \u00aberrores de derecho\u00bb al no apreciar el testimonio del se\u00f1or \u00c1lvaro Enrique Coronado Ruiz, ya que, si bien en su declaraci\u00f3n afirm\u00f3 que aval\u00f3 las \u00abcertificaciones de composici\u00f3n accionaria\u00bb se\u00f1aladas para que el convocado Jos\u00e9 Luis Sotoca Mu\u00f1oz tramitara la visa de inversionista extranjero y as\u00ed \u00ablegalizar su status jur\u00eddico\u00bb, jam\u00e1s ese elemento suasorio fue tachado de espurio por la contraparte, de ah\u00ed que conservara su \u00abvalidez\u00bb y \u00abvalor probatorio\u00bb, m\u00e1xime cuando estaba rubricado por un \u00abcontador p\u00fablico\u00bb, que a voces de lo establecido en el art\u00edculo 10 de la Ley 43 de 1990, confiere presunci\u00f3n de legalidad al acto. De manera que, con las certificaciones de marras se encontraba acreditado el mentado negocio de \u00abcesi\u00f3n de acciones\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, si hab\u00eda duda de la autenticidad de aquellas piezas, era imperativo para los juzgadores tomar acciones para \u00abdilucidar las circunstancias de tiempo, modo y lugar\u00bb en que fueron expedidas, como \u00abcorrer traslado a las partes de manera oficiosa de la tacha de falsedad\u00bb, empero no lo hicieron, ocasionando una \u00abviolaci\u00f3n directa a las garant\u00edas procesales de controversia probatoria\u00bb, en contrav\u00eda del r\u00e9gimen sobre la ponderaci\u00f3n de los elementos demostrativos documentales (art. 269 C.G.P.) y su valoraci\u00f3n a la luz de a las reglas de la sana cr\u00edtica (art. 176 Ib\u00eddem). <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por lo cual no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Para ese cometido ha sido enf\u00e1tica esta Colegiatura al se\u00f1alar, que \u00abpor la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa\u00bb (CSJ AC8255-2017 de 7 de dic. Rad. 2011-00024-02; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
As\u00ed, que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que: \u00ab\u2026 toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 ene., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
2. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta). Mientras que los segundos hacen referencia a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan (vicios de nulidad). <\/p>\n
2.1. Cuando los reparos se enfilan por la causal primera, adem\u00e1s de la citaci\u00f3n de las normas sustanciales que constituyan base esencial del fallo o que hayan debido serlo, resulta imperativo exponer, adicionalmente, la manera como el enjuiciador las quebrant\u00f3, esto es, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (AC3599-2018, 27 ago., rad. 2015-00704, criterio reiterado en AC2396-2020, 28 sept., rad. 2014-00045-01). <\/p>\n
2.2. Si la acusaci\u00f3n se encamina por la v\u00eda indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deber\u00e1 indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de leyes de esa naturaleza o de los elementos materiales, es decir, en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada, carga de demostraci\u00f3n que, recae exclusivamente en el censor. <\/p>\n
En cuanto al error de derecho presupone, que el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia de la prueba y fijar su contenido, pero las aprecia \u00absin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere\u00bb. (CXLVII, p\u00e1g. 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. n\u00b0 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Sea que se aduzca error de hecho o de derecho compete al recurrente indicar las normas de derecho sustancial que a consecuencia de los dislates resultaron infringidas, precisando c\u00f3mo se dio dicha vulneraci\u00f3n, pero cuando se perfila por la \u00faltima tipolog\u00eda tendr\u00e1 la carga adicional de indicar la disposici\u00f3n probatoria quebrantada \u00abhaciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb, esto es, c\u00f3mo a la luz de \u00e9sta el juzgador err\u00f3 en su solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las anteriores premisas, los reproches contenidos en los cargos formulados no re\u00fanen los requisitos previstos el en art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la que la Sala los inadmitir\u00e1. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, las dos acusaciones desatienden el requisito formal previsto en el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 de la ley de los ritos civiles, toda vez que el impugnante olvid\u00f3 se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de derecho sustancial supuestamente infringida por el Tribunal. No es sino ver el escrito sustentatorio del recurso extraordinario para darse cuenta que con el fin de otorgar alcance a su inconformidad, omiti\u00f3 citar las pautas de naturaleza sustancial que constituyendo pilar de la decisi\u00f3n o habiendo debido serlo, el ad quem desconoci\u00f3. <\/p>\n
Desde luego que, si la causal invocada encuentra fundamento en la violaci\u00f3n de \u00abnormas de derecho sustancial\u00bb, lo m\u00ednimo que se espera del recurrente es su invocaci\u00f3n, porque es a partir de ese par\u00e1metro objetivo que la Corte acomete el juicio de legalidad respecto de la sentencia de segundo grado, eso s\u00ed, esa importante tarea es del resorte exclusivo del casacionista, pues \u00e9l es el \u00fanico interesado en destruir las bases de la decisi\u00f3n confutada, no la Sala. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al no contar con los preceptos jur\u00eddicos supuestamente infringidos por el juez plural, no hay c\u00f3mo abordar el an\u00e1lisis legal del fallo de apelaci\u00f3n en este escenario extraordinario. <\/p>\n
3.2. No obstante, aun dejando de lado el descuido del interesado en la exposici\u00f3n de las prescripciones normativas, de todos modos, la s\u00faplica formulada adolece de otras equivocaciones que echan al traste el prop\u00f3sito de la presente andanada, como pasa a verse. <\/p>\n
3.3. Con relaci\u00f3n al primer cargo, el impugnante imputa al sentenciador el desconocimiento directo del ordenamiento, como consecuencia de \u00aberrores de derecho en la valoraci\u00f3n del dictamen pericial del Perito Contable\u00bb. <\/p>\n
En su arremetida, expuso que los juzgadores de instancia no valoraron las \u00abmalas pr\u00e1cticas empresariales\u00bb de Lagasot Colombia S.A.S. halladas por el experto contable Alfonso Rafael Cuentas Mercado y que hac\u00edan alusi\u00f3n a una diferencia en la estimaci\u00f3n de los \u00abactivos totales\u00bb declarados ante la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales en los formularios de renta de los a\u00f1os 2013 a 2019. Adem\u00e1s, dichas autoridades tampoco apreciaron los estados financieros de la empresa en menci\u00f3n con el fin de establecer su solvencia econ\u00f3mica y el importe a que tiene derecho el demandante \u00abpor concepto de la cesi\u00f3n de acciones que le realiz\u00f3 el se\u00f1or JOS\u00c9 LUIS SOTOCA MU\u00d1OZ\u00bb. <\/p>\n
Como se observa, el cargo dirigido contra la sentencia del Tribunal hace hincapi\u00e9 en simples discrepancias en torno a la valoraci\u00f3n de los medios suasorios, tarea que no tiene relaci\u00f3n con la vulneraci\u00f3n directa de normas sustanciales, ya sea por indebida interpretaci\u00f3n, ora por err\u00f3nea o falta de aplicaci\u00f3n. La disputa as\u00ed explanada, se encauz\u00f3 a criticar la ausencia de apreciaci\u00f3n del concepto t\u00e9cnico practicado y de los folios contables aportados dentro de la controversia, acusaci\u00f3n que no es susceptible de ser ventilada por el sendero de la v\u00eda directa de la causal primera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Tampoco podr\u00eda interpretarse como si de un lapsus calami se tratara y que en realidad fuera un ataque por la v\u00eda indirecta, pues a\u00fan en este caso ser\u00eda antit\u00e9cnica la acusaci\u00f3n, habida cuenta que se endilga (i.) \u00aberrores de derecho en la valoraci\u00f3n del dictamen pericial del Perito Contable, se\u00f1or ALFONSO RAFAEL CUENTAS MERCADO\u00bb; (ii.) \u00ab[T]ampoco se valor\u00f3 el an\u00e1lisis a los estados financieros de la sociedad comercial LAGASOT COLOMBIA S.A.S., estados financieros\u00bb (iii.) \u00abincurri\u00f3 en una infracci\u00f3n a la sana cr\u00edtica, al omitir igualmente analizar y valorar tanto el dictamen como su complementaci\u00f3n realizados por el perito contador ALFONSO RAFAEL CUENTAS MERCADO\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, se encuentra que no se confuta lo concerniente a la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de las pruebas enunciadas por haberse transgredido las normas que disciplinan su decreto o incorporaci\u00f3n, sino la apreciaci\u00f3n o no que de dichas probanzas hiciera el juzgador, lo que estar\u00eda enmarcado en un yerro de hecho por alteraci\u00f3n cercenamiento o preterici\u00f3n e impon\u00eda igualmente al casacionista realizar la labor de contraste entre lo que evidencia el medio demostrativo y lo que de ellas extrajo el juzgador. <\/p>\n
En suma, todo el planteamiento del opugnante est\u00e1 apoyado en una plataforma probatoria caracter\u00edstica de un reparo por la senda indirecta, que como se advirti\u00f3 contiene un entremezclamiento indebido de las causales extraordinarias previstas en los numerales 1\u00ba y 2\u00ba del canon 336 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, deficiencia que trae consigo la inadmisi\u00f3n de la censura. <\/p>\n
3.4. Valga la verdad. Aun cuando la Corte pasara por alto la mixtura de la embestida, sea como sea, la suerte de \u00e9sta ser\u00eda igualmente desafortunada, por ausencia de demostraci\u00f3n. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, porque en el esfuerzo de imputarle al ad quem la comisi\u00f3n de pifias en el examen de los elementos de convicci\u00f3n, el recurrente no hizo el quehacer de exponer el contenido objetivo de los hallazgos encontrados por la experticia y de los estados financieros de la sociedad Lagasot Colombia S.A.S. con miras a contrastarlo con lo ultimado por el juzgador, mucho menos ense\u00f1\u00f3 c\u00f3mo esas probanzas ten\u00edan la entidad de derrumbar los razonamientos de la determinaci\u00f3n confutada alrededor de la falta de acreditaci\u00f3n del pretendido contrato de \u00abcesi\u00f3n de acciones\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, no hay respaldo suficiente a partir de lo denunciado en este ataque capaz de derruir los cimientos de la decisi\u00f3n de segundo nivel, en ese sentido, no se atendi\u00f3 la carga impuesta en el inciso tercero, literal a), numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 de la ley adjetiva, en cuanto a eso de la obligaci\u00f3n de \u00abdemostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
3.5. Ahora bien, el segundo cargo no corre mejor suerte que el anterior. Recu\u00e9rdese que en esta reprimenda se acus\u00f3 el fallo de alzada de \u00aberror de hecho\u00bb y \u00aberror de derecho\u00bb, pues el Tribunal se abstuvo de \u00abreconocer la existencia de la cesi\u00f3n de acciones\u00bb deprecada pese a: i) las \u00abm\u00faltiples certificaciones de composici\u00f3n accionaria\u00bb de 9, 11 de abril y 23 de mayo, todas de 2012, refrendadas por el contador \u00c1lvaro Enrique Coronado Ruiz, lo que les confiere presunci\u00f3n de legalidad a voces del art\u00edculo 10 de la Ley 43 de 1990; ii) que esos documentos no fueron tachados de falsos por la contraparte y menos a\u00fan de oficio, por lo tanto conservaron \u00abvalidez\u00bb; y (iii) que el mayor accionista de la compa\u00f1\u00eda Lagasot Colombia S.A.S. reconoci\u00f3 en cabeza del demandante el \u00ab10% de las acciones nominales\u00bb de esta \u00faltima empresa. <\/p>\n
Sin embargo, bien mirada esa refriega pronto se advierte que carece de demostraci\u00f3n. En efecto, el casacionista en su af\u00e1n de sustentar la s\u00faplica, enfil\u00f3 sus argumentos a exponer, aisladamente, los supuestos yerros cometido por el sentenciador en su labor valorativa y ponderativa, sin caer en cuenta en que en esa avidez releg\u00f3 por completo el deber de indicar el contenido objetivo de cada una de las piezas referidas, su ubicaci\u00f3n en el dossier y la importancia de esos medios con capacidad para derrocar las conclusiones del fallador. <\/p>\n
A la postre, lo que el impugnante plante\u00f3 es un mero alegato sobre cu\u00e1l debe ser la valoraci\u00f3n de las pruebas, lo que reduce el asunto a una discrepancia de pareceres en la que prevalece, desde luego, la evaluaci\u00f3n del Tribunal respecto del caudal demostrativo, dado que \u00e9sta se encuentra revestida de la presunci\u00f3n de acierto y legalidad. <\/p>\n
3.6. Todav\u00eda m\u00e1s. Sup\u00f3ngase que la Sala renunciara a la estrictez en el examen de los requisitos formales que por antonomasia caracterizan al recurso de casaci\u00f3n y emprendiera el an\u00e1lisis de la resoluci\u00f3n demandada bajo la \u00f3ptica propuesta por el censor en los dos embates, de cualquier manera, aquel pronunciamiento se mantendr\u00eda inmutable en el tiempo. <\/p>\n
Destacase que el ad quem afianz\u00f3 su decisi\u00f3n en que el actor reclam\u00f3 participaci\u00f3n accionaria en la compa\u00f1\u00eda Lagasot Colombia S.A.S. por los servicios profesionales prestados en \u00e9sta y que le fue supuestamente prometida desde antes de su creaci\u00f3n, de ah\u00ed que estim\u00f3 que lo solicitado no era m\u00e1s que el reconocimiento de unas \u00abacciones de pago\u00bb, conforme lo establecido en el art\u00edculo 10 de la Ley 1258 de 2008. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, examin\u00f3 la escritura p\u00fablica No. 1020 del 7 de diciembre de 2011, mediante la cual se constituy\u00f3 aquella firma, de donde infiri\u00f3 que para la emisi\u00f3n de dicha tipolog\u00eda de acciones se deb\u00eda contar con la anuencia de la \u00abAsamblea General de Accionistas\u00bb consolid\u00e1ndose como \u00abuna formalidad que debe cumplirse\u00bb, pues el paquete accionario solo estaba compuesto por \u00abacciones ordinarias\u00bb. <\/p>\n
Fue as\u00ed, como el juez plural ultim\u00f3 que ante la falta de la solemnidad memorada no se pod\u00eda considerar que existi\u00f3 el convenio aludido y, por contera, la aspirada negociaci\u00f3n \u00abnunca naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
Pero el casacionista se dedic\u00f3 a mostrar que las atestaciones de marras, el peritaje contable practicado y los estados financieros de la susodicha sociedad, eran suficientes para acreditar que ostentaba la titularidad del \u00ab10%\u00bb de las acciones de \u00e9sta, cuando precisamente el Tribunal desech\u00f3 semejante posibilidad. <\/p>\n
No pod\u00eda el recurrente pasar por alto y dejar al margen del debate los razonamientos de la sentencia a prop\u00f3sito de la naturaleza de la participaci\u00f3n accionaria reclamada \u2013acciones de pago- y la formalidad necesaria para su emisi\u00f3n pactada por los socios en el instrumento p\u00fablico se\u00f1alado, ya que tal omisi\u00f3n condujo a que se dejase en pie el razonamiento del Tribunal que descart\u00f3 la realizaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico reclamado. <\/p>\n
En esas condiciones, el ataque no hace mella en el fallo confutado, si se tiene en cuenta que el Tribunal desech\u00f3 las pretensiones, prioritariamente ante la falta de prueba acerca de la formalidad en la emisi\u00f3n de las \u00abacciones de pago\u00bb, contemplada en la escritura p\u00fablica de constituci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda, de ah\u00ed que, resultara inapropiado que el reproche en casaci\u00f3n se enfilara en contra de \u00edtems que jam\u00e1s constituyeron la m\u00e9dula de la sentencia de segunda instancia y que, por lo mismo, al no ser puesto en duda los racionamientos que s\u00ed lo fueron, el pronunciamiento se mantenga impert\u00e9rrito. <\/p>\n
3.7. En esa direcci\u00f3n, habr\u00eda que a\u00f1adirse tambi\u00e9n que en su arremetida el censor no contradijo la totalidad de los argumentos del pronunciamiento fustigado. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que en su bronca no polemiz\u00f3 sobre las siguientes conclusiones del juzgador: (i) que efectivamente sus aspiraciones se orientaron a obtener el reconocimiento a su favor de unas \u00abacciones de pago\u00bb; y (ii) que para la emisi\u00f3n de esa clase de t\u00edtulos era indispensable contar con el benepl\u00e1cito de la \u00abAsamblea General de Accionistas\u00bb, siendo exiguas las \u00abcertificaciones de composici\u00f3n accionaria\u00bb de 9, 12 de abril y 23 de mayo, todos de 2012, suscritos por el representante legal de Lagasot Colombia S.A.S. y el \u00abcontador\u00bb \u00c1lvaro Coronado Ruiz. <\/p>\n
Aquellos \u00edtems no fueron puestos en duda a lo largo del escrito de casaci\u00f3n, motivo por el cual aun cuando la Corte abordara el estudio de los desacuerdos aqu\u00ed planteados, lo cierto es que el pronunciamiento atacado se sostendr\u00eda en pie. No cabe duda, entonces, que los reparos del casacionista carecen de completud. <\/p>\n
Al respecto, recu\u00e9rdese que: <\/p>\n
\u00ab\u00ab(…) el recurso de casaci\u00f3n debe contar con la fundamentaci\u00f3n adecuada para lograr los prop\u00f3sitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo as\u00ed la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, adem\u00e1s de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuesti\u00f3n, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos espec\u00edficos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relaci\u00f3n de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ah\u00ednco la doctrina cient\u00edfica, si la declaraci\u00f3n del vicio de contenido o de forma sometido a la consideraci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n no tiene injerencia esencial en la resoluci\u00f3n jurisdiccional y \u00e9sta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecer\u00e1 entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendr\u00e1 que ser desechado. <\/p>\n
(\u2026) para cumplir con la exigencia de suficiente sustentaci\u00f3n de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa. <\/p>\n
Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u00bb (Subraya la Sala CSJ SC15211-2017, 26 sep., criterio reiterado en AC5845-2021, 25 de enero de 2022). <\/p>\n
4. Todo lo dicho hasta ahora explica por qu\u00e9 no es posible acometer el estudio de fondo de los reparos formulados y por ende, su inadmisi\u00f3n, pues, en verdad, no se satisfizo las previsiones del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, ya que las premisas desarrolladas no poseen la aptitud para patentizar los yerros atribuidos al juzgador, por ende, es claro que la argumentaci\u00f3n del impugnante no fue m\u00e1s all\u00e1 de un alegato de instancia, que de ninguna manera es suficiente para sustentar las causales de casaci\u00f3n ac\u00e1 planteadas; por el contrario, desconoce el car\u00e1cter extraordinario de este recurso. <\/p>\n
5. Tampoco concurren los presupuestos que consagra la legislaci\u00f3n para la selecci\u00f3n oficiosa, porque no es ostensible que lo dispuesto en la instancia comprometa el orden o el patrimonio p\u00fablico, atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales, ni se requiera unificar la jurisprudencia de la Corte. De otra parte, el tr\u00e1mite se ajust\u00f3 a las pautas legales; el prove\u00eddo fue el producto de una valoraci\u00f3n reflexiva del marco decisorio fijado por las partes y las probanzas arrimadas al juicio, y se apoy\u00f3 en la regulaci\u00f3n aplicable al caso, sin que se avizoren desatinos evidentes y trascendentes que ameriten su admisi\u00f3n. <\/p>\n
6. Las anteriores razones imponen, por lo tanto, la inadmisi\u00f3n de las dos acusaciones y, por ende, de la s\u00faplica en casaci\u00f3n. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC1510-2022 (2019-00236-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC1510-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-31-03-001-2019-00236-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022) Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63059","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63059","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63059"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63059\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63059"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63059"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63059"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}