AC1564-2022 (2018-00095-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC1564-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47-001-31-53-002-2018-00095-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por la sociedad Adriph Ltda, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 28 de agosto de 2019, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso verbal de impugnaci\u00f3n de actas promovido por la impugnante contra Condominio Boca Salinas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sociedad Adriph Ltda como administradora del Condominio Boca Salinas impugn\u00f3 las decisiones adoptadas el 31 de marzo de 2018 en la asamblea general de copropietarios. <\/p>\n
Solicit\u00f3, que \u201cse nulite lo actuado irregularmente al realizarse el d\u00eda 31 de marzo de los cursantes la Asamblea ordinaria que hab\u00eda sido suspendida por el Administrador [y] no generar desinformaci\u00f3n y zozobras en la comunidad, mientras se decide sobre esta reuni\u00f3n judicialmente.\u201d1 <\/p>\n
<\/p>\n
2. El representante legal de ADRIPH LTDA convoc\u00f3 a la asamblea general ordinaria de copropietarios para el 26 de marzo de 2018, sin embargo no se llev\u00f3 cabo por falta de quorum, por lo cual cit\u00f3 por segunda vez de forma \u201cirregular\u201d para el 31 de marzo siguiente, oportunidad en la cual \u201cse presentaron algunas personas en el lugar acostumbrado del edificio, invitadas por estas personas y entraron a deliberar y tomar decisiones ilegales y nulas de pleno derecho, (\u2026) que fueron aproximadamente 20 y tomaron decisiones como si fuera el m\u00e1ximo \u00f3rgano\u201d.2 <\/p>\n
<\/p>\n
3. El administrador cit\u00f3 a la segunda fecha, aunque, \u201cdecide dejar sin efectos la asamblea y suspender la realizaci\u00f3n de la misma, en cumplimiento adem\u00e1s de los principios orientadores de la propiedad horizontal art\u00edculo 2 de la Ley 675\/2001\u201d por lo cual \u201cesta reuni\u00f3n de asamblea general no debe producir efectos\u201d.3 <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se deliber\u00f3 sin quorum, sin invitaci\u00f3n \u201cdado que los citantes integrantes del consejo de administraci\u00f3n, no tiene[n] facultad de citaci\u00f3n a asambleas ordinarias, sino extraordinarias, pero respetando los t\u00e9rminos de la ley y el reglamento. Lo cual hace este acto nulo no existe jur\u00eddicamente, menos enviaron relaci\u00f3n de los propietarios morosos, ni fue solicitado a la administraci\u00f3n.\u201d 4<\/p>\n
5. El representante legal de la administradora inform\u00f3 a los copropietarios, contadora y revisora fiscal, a trav\u00e9s de circular y correo electr\u00f3nico, la suspensi\u00f3n de la asamblea ordinaria, pese a lo cual se llev\u00f3 a cabo. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Por intermedio de apoderada judicial, la convocada se opuso a las pretensiones, se pronunci\u00f3 sobre los hechos invocados en sustento de ellas, sin plantear medios de defensa nominados.5 <\/p>\n
<\/p>\n
7. El juzgado de conocimiento dict\u00f3 sentencia el 1 de marzo de 2019, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, y conden\u00f3 en costas a la demandante.6 <\/p>\n
<\/p>\n
8. Para desatar la apelaci\u00f3n que contra ese prove\u00eddo interpuso el promotor de la controversia, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dict\u00f3 sentencia el 28 de agosto de 2019, en la que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n apelada.7 (fls. 10 a 11, c. 5). <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal luego de hacer un repaso de lo ocurrido en primera instancia, emprendi\u00f3 su an\u00e1lisis dirigiendo su atenci\u00f3n a la legitimaci\u00f3n en la causa como presupuesto de la pretensi\u00f3n, considerando que al momento de integrarse la litis contestatio la sociedad demandante no ten\u00eda la condici\u00f3n de administradora del edificio.8 <\/p>\n
Tras citar doctrina nacional y for\u00e1nea consider\u00f3 que \u201ces evidente que el art\u00edculo 49 de la Ley 675 de 2001, faculta al Administrador de la Propiedad Horizontal para impugnar las decisiones de la Asamblea General de Propietarios, cuando no se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos de dicha propiedad; no obstante, desde la anterior perspectiva, vemos que la sociedad demandante carece de inter\u00e9s actual y serio para obtener un resultado favorable a sus pretensiones, en raz\u00f3n, que al momento en que se notific\u00f3 al condominio el auto admisorio de la demanda, ya no ostentaba la condici\u00f3n de administradora\u201d. <\/p>\n
En suma, que al no ejercer la sociedad demandante la administraci\u00f3n del conjunto cuando se notific\u00f3 el actual representante legal de la propiedad convocada carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, por lo cual, la sentencia de primera instancia deb\u00eda ser confirmada, aunque por las razones expresadas. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El demandante formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n \u201ccontra el TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTA MARTA y EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA; por la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales Constitucionales y legales: al debido proceso, al acceso eficaz a la administraci\u00f3n de justicia, al derecho de defensa desconociendo la confianza leg\u00edtima, al derecho a la igualdad; en que incurri\u00f3 el Tribunal Superior de Santa Marta como el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA al desconocer las normas jur\u00eddicas sustanciales (art,336-1 del C\u00f3digo General del Proceso) y la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial como consecuencia de error derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de sus contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba (art.336-2 C.G. del P.)\u201d9 <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El recurso extraordinario de casaci\u00f3n est\u00e1 gobernado por el principio dispositivo, pilar fundamental del ordenamiento civil, cuya connotaci\u00f3n m\u00e1s trascendente es que las partes son quienes disponen de sus derechos, teniendo la obligaci\u00f3n de provocar la funci\u00f3n judicial a trav\u00e9s de los actos de postulaci\u00f3n, de forma que le est\u00e1 vedado al juez intervenir en todo aquello que las partes no propongan. <\/p>\n
La demanda de casaci\u00f3n prospera ante la existencia de una de las causales consagradas por el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El rigor en su presentaci\u00f3n se encuentra previsto por el art\u00edculo 344 siguiente, norma que se\u00f1ala que se debe especificar el proceso -numeral 1\u00ba-, y referir de manera formal cada uno de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos. <\/p>\n
La Sala al respecto ha dicho, <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala los requisitos que debe contener una demanda de casaci\u00f3n, en orden a admitirla y resolverla de fondo. <\/p>\n
En adici\u00f3n, las formalidades sirven para diferenciar y delimitar ese medio defensivo de las instancias ordinarias, en las cuales, al tener por mira el proceso como thema decidendum, las partes pueden discurrir libremente sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho controvertidas. <\/p>\n
Esto, en cambio, no sucede en casaci\u00f3n, pues su objeto preciso y directo lo constituye la sentencia impugnada como thema decissum, con fines nomofil\u00e1cticos y de unificaci\u00f3n jurisprudencial en procura de la coherencia del sistema jur\u00eddico, desde luego, bajo la premisa de que el juzgador no se equivoc\u00f3, y por esa v\u00eda, que lo decidido ingresa al medio de impugnaci\u00f3n extraordinario escoltado por la presunci\u00f3n de la legalidad y acierto.\u00bb10 <\/p>\n
El objeto de la demanda de casaci\u00f3n es realizar la cr\u00edtica jur\u00eddica de la sentencia recurrida y demostrar la infracci\u00f3n legal en que se incurri\u00f3, por cuanto no todo desacuerdo con el fallo constituye un yerro de la sentencia, es necesario, entonces, que se funde el cuestionamiento en una de las causales legales que permitan el examen de fondo. <\/p>\n
El ataque por esta especial v\u00eda se encamina a romper, quebrar o anular una decisi\u00f3n judicial revestida del principio de legalidad, por lo que solamente procede en casos espec\u00edficos que constituyen numerus clausus. <\/p>\n
La causa petendi, la pretensi\u00f3n o la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n debe estar definida por la existencia de un vicio que la ley considere motivo de anulabilidad, que permita decretar la invalidaci\u00f3n del fallo por errores invocados en la demanda de casaci\u00f3n, lo que impone al recurrente se\u00f1alar un cargo en concreto, ya que la Corte no puede anular una sentencia por un vicio diferente del declarado. <\/p>\n
Las apreciaciones del embate deben versar sobre las cuestiones de hecho o de derecho atacadas expresamente por el recurrente como violaciones directas, cuando se trata de la causal primera, o indirectas de la ley sustantiva, ora se trate de la segunda; si la sentencia se encuentra o no en consonancia con las pretensiones; si se quebranta el principio de reformatio in pejus; o se dict\u00f3 la sentencia en un juicio viciado de nulidad. <\/p>\n
En este caso la demanda de casaci\u00f3n carece de t\u00e9cnica, adem\u00e1s de imprecisa, farragosa, desordenada, deshilvanada, omiti\u00f3 el recurrente invocar alguna de las causales previstas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, para nada relacion\u00f3 trasgresi\u00f3n directa o indirecta de norma jur\u00eddica sustancial, bien porque aplic\u00f3 impropiamente una norma de derecho sustancial, o prescindi\u00f3 de la que justamente se impon\u00eda usar, o la interpret\u00f3 err\u00f3neamente. <\/p>\n
El recurrente pese a informar que acud\u00eda para \u201csustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u201d, se limit\u00f3 a decir que el ataque se emprend\u00eda por \u201cla vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales Constitucionales y legales; al debido proceso, al acceso eficaz a la administraci\u00f3n de justicia, al derecho de defensa desconociendo la confianza leg\u00edtima, al derecho a la igualdad\u201d como si se tratara de fundamentar la acci\u00f3n constitucional enmarcada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional, la cual si est\u00e1 despojada de formalismo o rigor alguno, al punto que no requiere siquiera que su postulaci\u00f3n se realice por medio de procurador designado para el efecto, contrario a lo que se exige del recurso extraordinario de casaci\u00f3n conforme a lo establecido en el citado art\u00edculo 344 del estatuto procesal civil. <\/p>\n
El impugnante prescindi\u00f3 por completo de se\u00f1alar la causal que sirve de apoyo a su ataque. Al respecto, debe tenerse en cuenta que por causal de casaci\u00f3n \u00abdebemos entender las diferentes circunstancias o motivos previamente establecidos por el legislador para la pertinencia de este recurso extraordinario (\u2026) que por su car\u00e1cter taxativo son de interpretaci\u00f3n restricta\u00bb11 <\/p>\n
Hay que se\u00f1alar que no era suficiente, que el censor afirmara el desconocimiento de \u201cnormas jur\u00eddicas sustanciales (art. 336-1 del C\u00f3digo General del Proceso) y la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba (art. 336-2 C.G. del P.), sino que deb\u00eda desarrollar el ataque desde la perspectiva de alguno de los cargos. <\/p>\n
En gracia de discusi\u00f3n, si se pretend\u00eda encausar la demanda por la primera o segunda causal, deb\u00eda enfilarse sobre los textos legales que consideraba inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, o sobre estos y los errores de apreciaci\u00f3n f\u00e1cticos y probatorios, pero siempre informando el principio rector quebrantado. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho que <\/p>\n
\u00abSea que la acusaci\u00f3n descanse en presunta violaci\u00f3n directa o indirecta, el quejoso deber\u00e1 se\u00f1alar los c\u00e1nones de derecho sustancial que estime inobservados, eventos en los que es suficiente denunciar cualquier precepto de esa estirpe que, constituyendo base substancial de la resoluci\u00f3n rebatida, o habiendo debido serlo, haya sido infringido, sin que sea imprescindible integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa. <\/p>\n
Es necesario recalcar con relaci\u00f3n a lo primero, que a riesgo de la inadmisi\u00f3n y deserci\u00f3n de \u00e9sta, no puede el reclamante sustraerse de especificar aquellas que poseen esa calidad; siendo tales, las que \u00ab\u2026en raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u2026\u00bb, de manera que no son de esa naturaleza aquellas que se \u00ablimitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u00bb. (CSJ AC, del 5 de may. 2000).12 <\/p>\n
Y aunque el estudio de la demanda de casaci\u00f3n puede abrirse paso por la violaci\u00f3n de normas constitucionales, esto ser\u00e1 solamente cuando se trate de postulados de orden sustancial, es decir, aquellas disposiciones que \u201cen raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n, al tiempo que \u2018constituyen la m\u00e9dula del litigio, en tanto que en ellas aparece consignado el supuesto de hecho o la consecuencia jur\u00eddica que es objeto de debate\u2026\u2019 de manera que \u2018\u2026no cualquier norma de derecho sustancial\u2026 debe denunciarse vulnerada, sino una que sea pertinente a lo decidido, bien con la pretensi\u00f3n o con la oposici\u00f3n (\u2026)\u201d13. <\/p>\n
Para concluir, por otra parte, el fin del recurso de casaci\u00f3n, es defender la unidad e integridad del orden jur\u00eddico, procurar la eficacia de los instrumentos internacionales, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional, y reparar agravios a las partes con la providencia recurrida, aspectos que son susceptibles de ser protegidos mediante la casaci\u00f3n oficiosa. <\/p>\n
Con todo, solamente puede existir casaci\u00f3n oficiosa cuando se ha tramitado \u00edntegramente el recurso, oportunidad en la cual se puede entrar a analizar por esta corporaci\u00f3n la posibilidad de casar de oficio el fallo de segunda instancia tras verificarse una grave vulneraci\u00f3n o afectaci\u00f3n del orden p\u00fablico, el patrimonio p\u00fablico o los derechos y garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
Si bien al tenor del \u00faltimo inciso del citado art\u00edculo 336, la Corte puede casar la sentencia \u00aba\u00fan de oficio cuando sea ostensible que la misma comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, esto no supone una amplificaci\u00f3n de las causales de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre este aspecto, puntualiz\u00f3 la Sala <\/p>\n
\u00abAl disponer que esta Corporaci\u00f3n \u201c(\u2026) podr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio (\u2026)\u201d, est\u00e1 comprometiendo \u201cin radice\u201d a la Corte de Casaci\u00f3n con la construcci\u00f3n del Estado Social de Derecho, para cumplir las finalidades del recurso14, autorizando quebrar la sentencia al margen de la prosperidad t\u00e9cnica de las causales esgrimidas por el recurrente cuando al momento de fallar, en su tarea de control constitucional y legal atribuida por el legislador, como derecho propio en el \u00e1mbito casacional, se hallen en juego valores, principios y derechos supremos, y en forma patente y paladina aparezcan comprometidos: 1. El orden p\u00fablico, 2. El patrimonio p\u00fablico, o 3. Se atente gravemente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales. 15 <\/p>\n
De esta manera, al no ce\u00f1irse el ataque a las formalidades de rigor, resulta inviable su aceptaci\u00f3n, sin que se aprecien razones que justifiquen darle v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, que modific\u00f3 el 16 de la Ley 270 de 1996, pues, no se advierte vulneraci\u00f3n de derechos superiores, afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, INADMITE la demanda presentada para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que ADRIPH LTDA interpuso frente a la sentencia del 28 de agosto de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso adelantado contra Condominio Boca Salinas. <\/p>\n
Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Presidente de la Sala) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 17. <\/p>\n
2\u0002 Folio 4. <\/p>\n
3\u0002 Folio 5. <\/p>\n
4\u0002 Folio 6. <\/p>\n
5\u0002 Folio 184. <\/p>\n
6\u0002 Folio 305. <\/p>\n
7\u0002 Folios 16 a 18. <\/p>\n
8\u0002 Folio 3 fallo de segundo grado. <\/p>\n
9\u0002 Folio 9 Cuaderno Corte. <\/p>\n
10\u0002 AC461-2020. <\/p>\n
11\u0002 MURCIA BALLEN, Humberto. La Casaci\u00f3n Civil en Colombia. 4\u00b0 ed. 1996. Ediciones Jur\u00eddicas Gustavo Ib\u00e1\u00f1ez, p\u00e1g. 273. <\/p>\n
12\u0002 AC742-2020. <\/p>\n
13\u0002 AC 5528- 2016. <\/p>\n
14\u0002 \u201cArt\u00edculo 333. FINES DEL RECURSO DE CASACI\u00d3N. El recurso extraordinario de casaci\u00f3n tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida\u201d. <\/p>\n
15\u0002 CSJ SC1131-2016, rad. 2009-00443-01. <\/p>\n
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