AC1612-2022 (2019-00069-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC1612-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b011001-31-99-001-2019-00069-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Agrupaci\u00f3n de Vivienda Prados de la Colina II-Propiedad Horizontal para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia de 28 de junio de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en el proceso declarativo que promovi\u00f3 contra Constructora Las Galias S.A. <\/p>\n
I.- ANTECEDENTES <\/p>\n
Expuso que el 3 de marzo de 2008, con ocasi\u00f3n de la asamblea inaugural, la constructora entreg\u00f3 la administraci\u00f3n de la copropiedad al nuevo Consejo, en 2009 la totalidad de las torres y en 2011 las garant\u00edas de los bienes comunes, cuya satisfacci\u00f3n le reclam\u00f3 el 1\u00ba de febrero de 2016 debido a que las once plataformas perimetrales que cubren el s\u00f3tano presentaron problemas estructurales, pero su respuesta fue que estos da\u00f1os se debieron a los sauces llorones plantados en la franja ambiental aleda\u00f1a, criterio que reiter\u00f3 el 14 de diciembre de 2017 frente a reiteradas solicitudes en igual sentido. <\/p>\n
Hasta el 3 de marzo de 2018 pod\u00eda invocar la garant\u00eda y dentro del a\u00f1o siguiente emprender las acciones correspondientes, pero interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n con la solicitud de conciliaci\u00f3n que elev\u00f3 el 13 de febrero de 2019, concluida el 28 de marzo siguiente, en cuyo marco puso en conocimiento el peritaje de Ingestructuras Ltda. que evidenciaba las afectaciones, pero la llamada no acept\u00f3 su responsabilidad. <\/p>\n
2.- La convocada se opuso a las s\u00faplicas y formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u201cexpiraci\u00f3n de la garant\u00eda, ocurrencia del defecto o hecho da\u00f1oso fuera del t\u00e9rmino legal de garant\u00eda m\u00ednima presunta por la entrega de los bienes esenciales el 18 de abril de 2007\u201d, \u201cprescripci\u00f3n o caducidad de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor\u201d en relaci\u00f3n con \u201clas plataformas 2, 3, 5, 6 y 8\u201d; \u201cinexistencia de nexo causal entre la actividad del constructor y el da\u00f1o producido -hecho de un tercero\u201d; \u201cincumplimiento de norma t\u00e9cnica de sismo resistencia NSR-98, por el tercero que sembr\u00f3 los \u00e1rboles\u201d, \u201cinexistencia de da\u00f1o en las plataformas No. 1, 4, 7, 9, 10 y 11, por lo que no existe garant\u00eda legal sobre bienes que no presentan afectaci\u00f3n alguna\u201d; \u201cla prueba que acredita que el da\u00f1o ocurri\u00f3 por problemas en la construcci\u00f3n est\u00e1 viciada al haberse realizado con una norma que no estaba vigente para la \u00e9poca\u201d; \u201cjuzgamiento en v\u00eda administrativa por los mismos hechos\u201d; y \u201ccoincidencia temporo-espacial entre el porte y crecimiento de los sauces llorones y el fracturamiento de las plataformas 2, 3, 5, 6 y 8, del costado sur sobre la calle 134 de la agrupaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3.- El 16 de diciembre de 2020, la Delegada para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio emiti\u00f3 sentencia de primera instancia en la cual declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, al tiempo que neg\u00f3 las pretensiones e impuso a la promotora responder por los perjuicios ocasionados por la medida cautelar practicada. <\/p>\n
4.- Al desatar la apelaci\u00f3n de la actora el Tribunal modific\u00f3 la anterior decisi\u00f3n para acoger la defensa extintiva solamente en relaci\u00f3n con las plataformas 2, 3, 5, 6 y 8, mientras que respecto de las restantes (1, 4, 7, 9, 10 y 11) estim\u00f3 la \u201cinexistencia del da\u00f1o\u201d. En lo dem\u00e1s, ratific\u00f3 el fallo de primer grado y se abstuvo de condenar en costas de la instancia. <\/p>\n
Al efecto consider\u00f3 que las plataformas 2, 3, 5, 6 y 8 son bienes esenciales comunes a las torres 1, 2 y 3, de conformidad con la definici\u00f3n que de estos proporciona el art. 3\u00ba de la Ley 675 de 2001 y las fotograf\u00edas anejas al estudio de patolog\u00eda estructural, presumi\u00e9ndose que su \u201centrega efectiva\u2026debi\u00f3 ocurrir\u201d el 18 de abril de 2007, de manera simult\u00e1nea a que sucediera lo mismo con los bienes \u201cprivados\u201d (art. 24 ib.), en concreto y seg\u00fan las actas, el apartamento 102 y los parqueaderos 94 y 32, que a su vez permiti\u00f3 continuar con la entrega de las dem\u00e1s unidades \u201chasta el 31 de agosto del mismo a\u00f1o\u201d de acuerdo con tabla presentada. <\/p>\n
El 17 de abril de 2017 expir\u00f3 el plazo de la garant\u00eda legal de 10 a\u00f1os (art. 8, Ley 1480 de 2011) sin que la copropiedad reclamara por ella, en la medida que solo lo hizo el 18 de septiembre y 4 de diciembre de ese periodo, am\u00e9n de que en el siguiente a\u00f1o no ejerci\u00f3 la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor (art. 58, num. 3) \u201cpor lo que oper\u00f3 el fen\u00f3meno prescriptivo\u201d. <\/p>\n
Reclamaciones previas no cumplieron ese prop\u00f3sito, comoquiera que la elevada en 2010 estuvo \u201crelacionada con la impermeabilizaci\u00f3n de los parqueaderos, que no de infraestructura\u2026\u201d, mientras que la de 2016 vers\u00f3 sobre las \u201cdilataciones presentes en las torres 1, 2 y 3 y el sal\u00f3n social de conjunto\u201d, seg\u00fan lo muestran los documentos aportados por la convocada, entre ellos un registro fotogr\u00e1fico. Y \u201caunque pudieran relacionarse con los defectos o da\u00f1os de las plataformas, en nada repercute sobre el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n\u201d porque la Constructora no extendi\u00f3, por lo menos no se prob\u00f3, nuevas garant\u00edas, pues la carta de 3 de febrero de 2011 apenas mencion\u00f3 que la intervenci\u00f3n fue para atender el requerimiento anterior, pero \u201cno un da\u00f1o en su estructura\u201d. <\/p>\n
La entrega de la administraci\u00f3n de la copropiedad al nuevo Consejo, realizada en la asamblea de 3 de marzo de 2008 \u201cno incluye la entrega de los bienes comunes esenciales por los que reclama el actor sino la de los no esenciales\u201d (art. 24 cit.), seg\u00fan manifest\u00f3 la constructora, en tanto que su contradictora \u201cnada dijo de la entrega de \u00e1reas comunes para ese momento que sirva para desvirtuar la referida presunci\u00f3n\u201d. Incluso, si se tuviera en cuenta esa fecha, \u201cigualmente se cumpli\u00f3 el t\u00e9rmino para acudir a la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor. Es decir, la garant\u00eda legal expirar\u00eda el 3 de marzo de 2018 y la demanda se deb\u00eda proponer antes del 3 de marzo de 2019\u201d, toda vez que, si bien la solicitud de conciliaci\u00f3n se efectu\u00f3 el 13 de febrero de ese a\u00f1o (19 d\u00edas antes del vencimiento), la suspensi\u00f3n que implic\u00f3 solo dur\u00f3 hasta que se expidi\u00f3 la constancia de su fracaso (28 mar.), sin que sea de recibo la alegaci\u00f3n que postula tener en cuenta la calenda de su inscripci\u00f3n (15 ab.), en la medida que la norma (no precisa su nomenclatura) es clara en indicar que prevalece \u201clo que ocurra primero\u201d, am\u00e9n de que esta formalidad no se requiere en el caso de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor. <\/p>\n
La claridad del art\u00edculo 21 de la Ley 640 de 2001 y su interpretaci\u00f3n jurisprudencial impiden acoger la alegaci\u00f3n del actor en el sentido que dicho tr\u00e1mite conciliatorio no conllev\u00f3 una suspensi\u00f3n sino una interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino extintivo. <\/p>\n
Prados de la Colina fue un proyecto inmobiliario que se construy\u00f3 por etapas, del cual \u201clos primeros bienes privados y comunes esenciales entregados fueron los de las torres 1, 2 y 3, incluidas las plataformas 2, 3, 5, 6 y 8, entre los a\u00f1os 2007 y 2008, respecto de las que la prescripci\u00f3n invocada por la Constructora Galias puede prosperar\u201d; sin embargo, las etapas 5 y 6 y las restantes plataformas fueron entregadas posteriormente y respecto de ellas la demandada no aleg\u00f3 esa excepci\u00f3n, \u201csino que se reserv\u00f3 el derecho de discutir las pretensiones de su contraparte\u2026\u201d, por lo que la Delegada no pod\u00eda declararla de oficio. <\/p>\n
Corresponde, entonces, examinar la defensa de m\u00e9rito intitulada \u201cinexistencia de da\u00f1o en las plataformas No. 1, 4, 7, 9, 10 y 11\u2026\u201d, sobre las que a pesar de que la impulsora no reclam\u00f3 ante la constructora se endiente cumplida la exigencia \u201ccon la solicitud de conciliaci\u00f3n que realiz\u00f3 respecto de todas las plataformas de la agrupaci\u00f3n \u2013art. 58, literal g, Ley 1480 de 2011-.\u201d <\/p>\n
Para sustentar su petitum, con la reforma de la demanda la actora aport\u00f3 el \u201cEstudio de patolog\u00eda, Agrupaci\u00f3n de Vivienda Prados de La Colina II\u201d, realizado por Ingestructuras Ltda., que su contraparte atac\u00f3 y contradijo con varios dict\u00e1menes de los que resulta relevante el de \u201cPatolog\u00eda estructural\u201d. <\/p>\n
Vistas las conclusiones de la primera experticia a la luz de los reproches de su contradictora y comparadas con las del segundo concepto se advierte que aquella incurri\u00f3 en defectos que ponen en duda su precisi\u00f3n y claridad, afectan la solidez y calidad de sus fundamentos y le restan m\u00e9rito persuasivo, as\u00ed: a) \u201c[r]ealiz\u00f3 su an\u00e1lisis a partir de una norma que no reg\u00eda para el momento de la construcci\u00f3n, esto es, el Reglamento NSR-10, que inici\u00f3 su vigencia a partir del 16 de diciembre de 2010\u2026\u201d, lo cual es trascendente porque utiliz\u00f3 par\u00e1metros de medici\u00f3n contemplados en el Decreto 945 de 5 de junio de 2017 inexistentes en la norma NSR-98, observaci\u00f3n que confirm\u00f3 el testigo Juli\u00e1n S\u00e1nchez Prieto y \u201ctambi\u00e9n se evidenci\u00f3 con otros dict\u00e1menes\u2026\u201d; b) no especific\u00f3 las fechas en que se tomaron las medidas o muestras, significativo si se pondera que el auto No. 3642 de la Secretar\u00eda del H\u00e1bitat indica que para el 29 de agosto de 2019 las plataformas 1, 4, 7, 9, 10 y 11 no presentaban asentamientos visibles, lo mismo que evidencia la comunicaci\u00f3n de 21 de febrero de ese a\u00f1o mediante la cual la agrupaci\u00f3n pide a la constructora reparaciones de las plataformas del costado sur y le manifiesta que la nombrada entidad p\u00fabica mantiene restringido el uso de los parqueaderos de esa zona y del sendero peatonal de acceso a las torres 1, 2 y 3, \u201cdejando ver que, por lo menos, para este mes las del costado norte no presentaban da\u00f1os\u201d; c) \u201cno contiene registro fotogr\u00e1fico respecto de esta \u00e1rea\u2026\u201d; y d) no satisface los requisitos de los numerales 3, 5, 6 y 7 del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201clo que si bien no incide en su admisibilidad, s\u00ed afecta su valoraci\u00f3n\u201d. No existen otras pruebas para demostrar el punto debatido. <\/p>\n
5.- La gestora interpuso oportunamente recurso de casaci\u00f3n, que el Tribunal le concedi\u00f3 (28 jun. 2021). <\/p>\n
6.- La Corte admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n, que la interesada sustent\u00f3 en tiempo mediante escrito contentivo de cuatro cargos, el inaugural y el tercero enmarcados en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso y los restantes en la segunda, as\u00ed: <\/p>\n
a).- Mediante el primero denunci\u00f3 la violaci\u00f3n directa, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 4 y 9 de la Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que el ad quem realiz\u00f3 un an\u00e1lisis restrictivo y adverso a los intereses de los consumidores que desconoce el principio de favorabilidad consagrado en el primero de estos preceptos, pues para avalar la prescripci\u00f3n que el a quo declar\u00f3 respecto de las plataformas 2, 3, 5, 6 y 8 estableci\u00f3 el inicio del t\u00e9rmino vali\u00e9ndose de la \u201cpresunci\u00f3n\u201d contenida en el art\u00edculo 24 de la Ley 675 de 2001, es decir, \u201csupuso que no hubo entrega de las zonas comunes por parte del demandado constructor a la propiedad horizontal\u201d, lo que no es cierto porque \u201cpara proceder con la entrega de la propiedad horizontal\u201d este convoc\u00f3 la asamblea del 3 de marzo de 2008; igualmente, \u201csupuso\u201d que la totalidad de esta entrega solo se dio \u201centre el 18 de abril de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008\u201d sin ver que el proyecto era por etapas, siendo necesario aclarar que entonces solo estaban construidas las torres 1 y 2, por lo que no pudieron entregarse las otras ni empezar a contar una prescripci\u00f3n que \u201cpara cada plataforma o cada etapa deber\u00eda contabilizarse por separado\u201d. En otras palabras, propuso que \u201cante la dualidad de eventualidades del art\u00edculo 24 de Ley 675 de 2001 respecto de la entrega de las zonas comunes esenciales deb\u00eda tenerse la de la fecha de la asamblea inicial llevada a cabo el 3 de marzo de 2008\u201d. <\/p>\n
Se \u201ctuvo por probado\u201d que en ejercicio de las garant\u00edas el conjunto efectu\u00f3 requerimientos que dieron lugar a que la constructora programara obras para la atenci\u00f3n de las plataformas, que con apoyo en el mismo principio y rigor probatorio el juzgador debi\u00f3 entender como \u201cuna suspensi\u00f3n y ampliaci\u00f3n del plazo de la garant\u00eda\u201d, resalt\u00e1ndose que lo dispuesto por el IDIGER el 9 de febrero de 2019 conllev\u00f3 \u201cuna privaci\u00f3n en el uso y goce de los bienes adquiridos\u201d. <\/p>\n
Las solicitudes de efectividad de las garant\u00edas de 10 de marzo de 2016, 18 de septiembre y 4 de diciembre de 2017 tambi\u00e9n da cuenta de la privaci\u00f3n \u201cen real uso de bienes id\u00f3neos y de calidad\u201d porque existe un comportamiento at\u00edpico de la placa de parqueaderos originada en yerros en la construcci\u00f3n de las plataformas y \u201cdebieron valorarse de diferente manera y tenerse como una solicitud de efectividad de garant\u00eda de conformidad con los literales contenidos en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011\u201d, siendo de relievar que no obra en el plenario \u201cconstancia de ejecuci\u00f3n de las obras por parte del constructor que reanudara el t\u00e9rmino de garant\u00eda\u201d. Adem\u00e1s, como consumidor le bastaba demostrar que en vigencia de esta se produjo alg\u00fan defecto, correspondi\u00e9ndole a su contradictor demostrar causa extra\u00f1a. <\/p>\n
La controversia no es contractual ni extracontractual sino por violaci\u00f3n de los derechos establecidos a su favor en la Ley 1480 de 2011, la cual cobija la responsabilidad de los constructores y comercializadores de inmuebles nuevos, coexiste y es complementaria de otras normatividades que disciplinan la materia espec\u00edfica y radica en estos la obligaci\u00f3n de ofrecer bienes de calidad, idoneidad y seguridad, am\u00e9n de que precisa el concepto de consumidor y contiene disposiciones de orden p\u00fablico. Adem\u00e1s, es irrenunciable la garant\u00eda decenal establecida en el art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil para la ruina o amenaza de ruina, entendida esta en un sentido amplio. <\/p>\n
El fallo debi\u00f3 precisar que \u201cel c\u00f3mputo de prescripci\u00f3n de la garant\u00eda corri\u00f3 desde el d\u00eda 3 de marzo de 2008 hasta el d\u00eda 2 de marzo de 2009\u201d y el de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejercida desde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima fecha hasta el 3 de marzo de 2019; adem\u00e1s, tener en cuenta que la solicitud de conciliaci\u00f3n de 13 de febrero del postrero a\u00f1o produjo una \u201csuspensi\u00f3n o interrupci\u00f3n\u201d que se prolong\u00f3 hasta el 28 del siguiente mes, aunado a que los requerimientos que la copropiedad elev\u00f3 a la constructora desde el 3 de febrero de 2010 \u201cdeb\u00edan dar lugar a la aplicaci\u00f3n del supuesto del art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 1480, la suspensi\u00f3n del t\u00e9rmino de la garant\u00eda\u201d. <\/p>\n
b).- El segundo cargo reprocha la infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial \u201ca causa de aplicaci\u00f3n indebida, respecto de la Ley 1480 de 2011, art\u00edculo 58 numeral 5\u00ba literal b que dio lugar a la suspensi\u00f3n del t\u00e9rmino de garant\u00eda\u201d. <\/p>\n
Tras se\u00f1alar que para la efectividad de la garant\u00eda la precitada Ley establece la reclamaci\u00f3n directa y la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, sostener que entre el constructor y el comprador de unidades privadas que existe una relaci\u00f3n de consumo y memorar la definici\u00f3n que el numeral 17 del art\u00edculo 5\u00ba ibidem da sobre \u201cproducto defectuoso\u201d, afirm\u00f3 que \u201cdel esp\u00edritu de la norma e incluso de las teor\u00edas del da\u00f1o f\u00e1cilmente se puede llegar a colegir que la solicitud de efectividad de la garant\u00eda o reparaci\u00f3n del da\u00f1o se debe incoar contra la exteriorizaci\u00f3n del error de dise\u00f1o, fabricaci\u00f3n, construcci\u00f3n o contra la percepci\u00f3n del mismo, previo a la solicitud de reparaci\u00f3n, cambio o garant\u00eda de un da\u00f1o incierto\u201d. <\/p>\n
Frente a los interrogantes de si la \u201cefectividad de la garant\u00eda\u201d se debe contabilizar desde la manifestaci\u00f3n del da\u00f1o o desde que se produjo la \u201centrega efectiva\u201d de las unidades privadas, \u201cdesechado el argumento de presunci\u00f3n de entrega\u201d, y si esta fue instant\u00e1nea o paulatina, en realidad el deterioro se manifest\u00f3 en 2010 y dio lugar a que la constructora hiciera un cronograma de obras y la entrega de las unidades residenciales \u201centre el 18 de abril de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008, supuso solo la edificaci\u00f3n de la torre 1 y 2 y no de la totalidad de las plataformas que acceden a las torres 3, 4 y 5 y sus respectivas plataformas 6 a 11\u201d. <\/p>\n
Sin \u201cda\u00f1o no hay responsabilidad, ni lugar al ejercicio de la acci\u00f3n con la que se busque su reparaci\u00f3n\u201d, por lo que \u201cdos son, pues, los supuestos como punto de partida para la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n: de un lado, la fecha de causaci\u00f3n del perjuicio; y, de otro, aquella en que se cese el hecho generador de la afectaci\u00f3n del da\u00f1o de tracto sucesivo o desmejoramiento progresivo. Desde ya, debe destacarse que mientras la primera de tales prerrogativas est\u00e1 asentada en el da\u00f1o, la segunda se finca en la conducta que lo produce\u2026\u201d. <\/p>\n
Cuando \u201cse habla de \u2018la fecha en que se caus\u00f3 el da\u00f1o\u2019\u2026, no [se] est\u00e1 aludiendo a la ocurrencia del hecho que lo genera, porque ello equivaldr\u00eda a hablar de la conducta da\u00f1osa, que es el factor distintivo de la otra opci\u00f3n\u2026sino el momento en el que se consolid\u00f3 el da\u00f1o\u2026\u201d, debi\u00e9ndose diferenciar el \u201cinstant\u00e1neo\u201d (el que se cristaliza totalmente una vez acaece el hecho que lo causa), el \u201cdiferido\u201d (que se produce tiempo despu\u00e9s de que se realiza o cesa la conducta da\u00f1osa) y el \u201ccontinuo\u201d (que se consolida con el paso del tiempo). En el primer caso la prescripci\u00f3n se cuenta desde que \u201ccuando \u2018cesa la acci\u00f3n vulnerante causante del da\u00f1o\u2019\u201d; en el segundo a partir de la fecha en que este se manifiesta; y en el \u00faltimo, debe \u201cesperarse a su cabal configuraci\u00f3n\u201d, esto es, \u201cla fecha de su \u00faltima exteriorizaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Ya \u201csobre la base de que el conocimiento de los da\u00f1os por parte del afectado se produce cuando ellos se exteriorizan el ad quem desestim\u00f3 las reclamaciones efectuadas por la demandante propiedad horizontal, momento desde el cual deber\u00eda computarse la prescripci\u00f3n, y consecuencialmente, la suspensi\u00f3n del plazo de garant\u00eda. Acaecida la intervenci\u00f3n por parte del constructor deb\u00eda reanudarse el t\u00e9rmino de garant\u00eda\u201d. <\/p>\n
En el plenario se acredit\u00f3 la existencia de misivas para que la constructora \u201cotorgara la garant\u00eda sobre los bienes enajenados, misivas desatendidas en detrimento de los intereses de los consumidores sin que el demandante lograr\u00e1 demostrar la existencia de causas extra\u00f1as\u2026llanamente se libr\u00f3 de su responsabilidad por una sesgada falta de aplicaci\u00f3n de normas que suspendieron el t\u00e9rmino de la garant\u00eda, o por la falta de aplicaci\u00f3n de una norma m\u00e1s all\u00e1 de la presunci\u00f3n de entrega de zonas comunes que en efecto fueron entregadas el 3 de marzo de 2008, teniendo por probado sin estarlo que la totalidad de la propiedad horizontal se entreg\u00f3 de entre el 18 de abril de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008, sin detenerse a revisar si el proyecto arquitect\u00f3nico fue edificado por etapas aclarando que para esta fecha solo se encontraban edificadas las torres 1 y 2 lo que dar\u00eda lugar a sostener que no pudo haberse entregado etapas no edificadas y efectuar o estimar el comienzo de la prescripci\u00f3n para el efectividad de la garant\u00eda y la prescripci\u00f3n para la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor sobre bienes inexistentes, de manera que la prescripci\u00f3n para cada plataforma o cada etapa deber\u00eda contabilizarse por separado, pues no ser\u00eda l\u00f3gico estimarse de manera instant\u00e1nea, en un solo y \u00fanico momento; secuelas de una indebida valoraci\u00f3n probatoria\u201d. <\/p>\n
Manifestado \u201cel da\u00f1o se solicit\u00f3 ante el demandado la efectividad de la garant\u00eda, lo que no ocurri\u00f3 y dio lugar a la suspensi\u00f3n de la garant\u00eda conforme el art\u00edculo 9\u00ba de la norma en cita en trat\u00e1ndose de un da\u00f1o o desmejoramiento progresivo\u201d, lo que acarrea la violaci\u00f3n de la norma sustancial. <\/p>\n
El fallo debi\u00f3 precisar que el c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n de la garant\u00eda corri\u00f3 desde el 3 de marzo de 2008 hasta el 2 de marzo de 2009 y que la actora lo suspendi\u00f3 con las misivas, al menos desde el 3 de febrero de 2010, sin que se reanudara por cuenta de la falta de intervenci\u00f3n o atenci\u00f3n de la garant\u00eda del demandado probada la relaci\u00f3n de consumo sin que se demostrada causa extra\u00f1a. <\/p>\n
c.-) El tercer ataque censura la vulneraci\u00f3n directa por aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 21 de la Ley 640 de 2001. <\/p>\n
Sin desconocer que \u201c[l]a ley, la doctrina y la jurisprudencia sostienen\u2026\u201d que la solicitud de conciliaci\u00f3n prejudicial suspende el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, \u201cmediante hermen\u00e9utica jur\u00eddica puede llegar a revaluarse ello\u201d y determinar que en realidad conlleva una \u201cinterrupci\u00f3n\u201d, pues si bien en el lenguaje ordinario uno y otro vocablo significan lo \u201cmismo\u201d, jur\u00eddicamente la segunda \u201cimplica que el t\u00e9rmino para que opere la prescripci\u00f3n o la caducidad de la acci\u00f3n judicial empieza a contarse de nuevo, despu\u00e9s de la presentaci\u00f3n de la solicitud de conciliaci\u00f3n\u2026\u201d. <\/p>\n
Seg\u00fan los art\u00edculos 25, 26, 28, 29 y 31 del C\u00f3digo Civil y la doctrina, las normas deben interpretarse de acuerdo con el sentido propio de sus palabras, que debe deducirse \u201cm\u00e1s que por su tenor literal, en relaci\u00f3n con el contexto, los antecedentes hist\u00f3ricos y los legislativos, y sobre todo de acuerdo con la realidad social del tiempo al que se aplica. Lo fundamental es el esp\u00edritu y finalidad de las palabras, no su expresi\u00f3n literal, lo que implica una interpretaci\u00f3n variable en el tiempo, pues el contexto var\u00eda con el transcurso de los a\u00f1os\u201d. <\/p>\n
En \u201cotrora la norma fue materia de reproche por conducto de una acci\u00f3n de constitucionalidad, sentencia C-160 de 1999\u201d, en la que se destac\u00f3 \u201c\u2026la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n\u201d; sin embargo, en el art\u00edculo 21 citado el legislativo \u201csin sapiencia y t\u00e9cnica jur\u00eddica equipar\u00f3 los t\u00e9rminos suspensi\u00f3n e interrupci\u00f3n para la prescripci\u00f3n y caducidad, cuando al analizarse de manera arm\u00f3nica con el estatuto Civil se arriba a la conclusi\u00f3n que la petici\u00f3n de conciliaci\u00f3n interrumpe el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n que resulta m\u00e1s garantista dentro del Estado Social de Derecho para que el acreedor en efecto acceda a la administraci\u00f3n de justicia y en procura de la tutela de sus derechos\u201d. <\/p>\n
d.-) El cuarto ataque denuncia la \u201cviolaci\u00f3n indirecta a causa de aplicaci\u00f3n indebida error de hecho, de la norma Ley 400 de 1998 lo que conllev\u00f3 indebida valoraci\u00f3n probatoria NSR 98 y NSR 10 contenido en el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el Decreto 2525 del 13 de julio de 2010, el Decreto 0092 del 19 de enero de 2011, el Decreto 0340 del 13 de febrero de 2012, el Decreto 9445 del 5 de junio de 2017 y el Decreto 2113 de 25 de noviembre de 2019\u201d (sic). <\/p>\n
La contraparte adujo diligencia, pero lo cierto es que las edificaciones presentan asentamiento diferencial \u201csin que exista en la normativa NSR98, sobre la cual se edific\u00f3, una tolerancia\u2026\u201d al mismo. El ad quem dej\u00f3 de valorar algunas de las conclusiones del estudio de patolog\u00eda estructural y \u201cllanamente lo desech\u00f3\u201d porque se bas\u00f3 en la NRS10 que no reg\u00eda en el momento de la construcci\u00f3n; \u201c[n]o obstante\u201d, la Comisi\u00f3n Asesora Permanente para el R\u00e9gimen de Construcciones Sismo resistentes absolvi\u00f3 \u201cla inquietud planteada a causa del injusto fallo de segunda instancia\u201d en torno a si \u201cen la pr\u00e1ctica es v\u00e1lido o no utilizar el reglamento NSR-10 habida cuenta que lo expone NSR-98 es literalmente lo mismo\u201d, respondiendo que \u201clos l\u00edmites y tolerancia han de estimarse de conformidad con la norma NRS-10 debido a que la norma NRS98 fue derogado\u201d (sic), observando que la redacci\u00f3n es igual y son de obligatorio cumplimiento. <\/p>\n
Las conclusiones del peritaje no pueden apreciarse aisladamente; el mismo \u201cdetalla las fechas de las mediciones\u201d e informa que la construcci\u00f3n no cumple los requerimientos t\u00e9cnicos y que el 68% de las columnas deben demolerse; y su autor corrobor\u00f3 \u201cel incumplimiento de la norma de sismo resistencia vigente para la \u00e9poca en que se realiz\u00f3 la construcci\u00f3n\u2026\u201d. Si las construcciones se realizaron de conformidad con la norma NSR-98 no es entendible c\u00f3mo sufrieron agrietamiento de muros con el simple asentamiento; y los vicios hallados son de aquellos por los que el constructor debe responder conforme al numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
No se dio por demostrado, est\u00e1ndolo, el da\u00f1o de las plataformas 1, 4, 6, 9, 10 y 11, reconocido por la demandada quien pretendi\u00f3 desvirtuar su origen alegando causa extra\u00f1a que, en todo caso, estaba obligada a prever, y \u201ca pesar de la declaraci\u00f3n del representante legal de la sociedad demandada que en virtud de su profesi\u00f3n u oficio deb\u00eda conocer los yerros de construcci\u00f3n y proceder a su inmediata correcci\u00f3n\u201d; la norma que reg\u00eda la construcci\u00f3n (NSR98) \u201cno enuncia tolerancia en el asentamiento diferencial, lo cual era demostrable desde la \u00f3ptica de las licencias de construcci\u00f3n aprobadas\u201d, que fueron mal apreciadas, lo mismo que el acta de la asamblea de propietarios de 3 de marzo de 2008 que \u201creleva\u201d la presunci\u00f3n de entrega de zonas comunes; los requerimientos a la demandante que suspenden el t\u00e9rmino de la garant\u00eda; y el acta de conciliaci\u00f3n que interrumpe la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, \u201ca fin de que se logre convicci\u00f3n para casar\u201d, pidi\u00f3 que la Corte decrete una prueba librando un oficio a la Comisi\u00f3n Asesora Permanente para el R\u00e9gimen de Construcciones Sismo resistentes para que absuelva una consulta en los t\u00e9rminos que especific\u00f3. <\/p>\n
II.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La naturaleza extraordinaria de este medio de contradicci\u00f3n exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos que el censor debe observar con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del art\u00edculo 344 ejusdem, el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u201cformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u201d, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se dijo en CSJ AC2947-2017, reiterado en AC1805-2020, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n en casaci\u00f3n sea \u201cinteligible, exacta y envolvente\u201d, pues, <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1an con lo anterior, ya que conforme indican los art\u00edculos 346 y 347 ibidem, el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n y, a\u00fan de superar el libelo las formalidades t\u00e9cnicas previstas, la Sala puede ejercer selecci\u00f3n negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o su intrascendencia; y si la afrenta al orden jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que una vez superado ese paso preliminar no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a los aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u201ccuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u201d seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
2.- Si se acude al primer numeral del art\u00edculo 336 procedimental, relacionado con la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 id. <\/p>\n
Adicionalmente, seg\u00fan indica el literal a) numeral 2 de dicho precepto, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u201cla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u201d, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n, ora por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen. <\/p>\n
Ya en el escenario de la segunda causal, v\u00eda indirecta, adem\u00e1s de la necesidad de tambi\u00e9n invocar el precepto material que es objeto de afrenta, es perentorio que el censor precise si el vicio deriva de un error de derecho al desatender una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente d\u00f3nde radica la infracci\u00f3n; o es el resultado de yerros de facto en la apreciaci\u00f3n del libelo, la respuesta al mismo o alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente atribuida al sentenciador. <\/p>\n
Precisamente, en CSJ AC1804-2020 la Sala reiter\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) debe concretarse si la afrenta es en forma directa o indirecta, esta \u00faltima en cualquiera de sus dos manifestaciones ya por incursi\u00f3n en errores de hecho ora de derecho, y en qu\u00e9 consiste la misma de acuerdo con las especificidades que las distinguen, ya que como se dijo en CSJ AC8738-2016 \u00abno basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredi\u00f3\u00bb (CJS AC3415-2018). <\/p>\n
3.- La demanda de casaci\u00f3n no cumple a cabalidad las exigencias formales y t\u00e9cnicas para darle paso a su estudio de fondo, de conformidad con las siguientes razones. <\/p>\n
a.-) En primer lugar, desatiende el mandato del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 344 ejsudem, toda vez que omite realizar \u201c\u2026una s\u00edntesis del proceso, de las pretensiones y de los hechos materia del litigio\u201d, en cuanto realiza la primera de manera apenas parcial al pasar por alto la oposici\u00f3n presentada por la Constructora Galias S.A. y obvia las restantes de manera radical al abstenerse de memorar la causa petendi y el petitum. <\/p>\n
b.-) En el primer cargo se anuncia el ataque por senda directa, pero al desarrollarlo lo entremezcla con argumentaciones propias de la indirecta por error de hecho, con lo cual se aleja de la t\u00e9cnica propia del recurso que impide conjugar las afrentas, rebel\u00e1ndose contra el mandato del literal a) del numeral 2 del art\u00edculo 344 procedimental conforme al cual semejante embate debe acotarse \u201ca la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u201d. <\/p>\n
El extrav\u00edo claramente se aprecia cuando se duele de que el fallador \u201csupuso que no hubo entrega de las zonas comunes por parte del demandado constructor a la propiedad horizontal\u201d, hecho que contradice aseverando que \u201cpara proceder con la entrega de la propiedad horizontal\u201d este convoc\u00f3 a asamblea; igualmente, al endilgar al sentenciador que \u201csupuso\u201d que la totalidad de esta entrega solo se dio \u201centre el 18 de abril de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008\u201d y aclarar que para entonces solo estaban construidas las torres 1 y 2 y sus respectivas plataformas, por lo que no pudieron entregarse las otras. <\/p>\n
En el mismo sentido al afirmar que \u201cse tuvo por probado\u201d que en ejercicio de las garant\u00edas la copropiedad efectu\u00f3 requerimientos que dieron lugar a que la constructora programara obras para la atenci\u00f3n de las plataformas, que el juzgador debi\u00f3 entender como \u201cuna suspensi\u00f3n y ampliaci\u00f3n del plazo de la garant\u00eda\u201d, marco en el cual resalt\u00f3 que lo dispuesto por el IDIGER el 9 de febrero de 2019 conllev\u00f3 la \u201cprivaci\u00f3n en el uso y goce de los bienes adquiridos\u201d. <\/p>\n
Lo mismo acontece cuando sostiene que las solicitudes de efectividad de las garant\u00edas de 10 de marzo de 2016, 18 de septiembre y 4 de diciembre de 2017 daban cuenta de la privaci\u00f3n \u201cen real uso de bienes id\u00f3neos y de calidad\u201d porque exist\u00eda un comportamiento at\u00edpico de la placa de parqueaderos originada en yerros en la construcci\u00f3n de las plataformas y que \u201cdebieron valorarse de diferente manera y tenerse como una solicitud de efectividad de garant\u00eda de conformidad con los literales contenidos en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011\u201d (se relieva), destacando enseguida que no obra en el plenario \u201cconstancia de ejecuci\u00f3n de las obras por parte del constructor que reanudara el t\u00e9rmino de garant\u00eda\u201d. <\/p>\n
Esta mixtura torna irresoluble el embate, porque resulta cuestionando aspectos extra\u00f1os a la modalidad seleccionada, lo que significa que desvi\u00f3 el rumbo, sin que tal circunstancia pueda ser superada al revestir notable gravedad como quiera que el error jur\u00eddico tiene que ver con la selecci\u00f3n, interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de las normas que rigen el asunto, mientras que el de hecho al que desvi\u00f3 el planteamiento se presenta en los casos en que el sentenciador pretermite, supone o altera la prueba, sin que la Corte pueda dejar de lado tal hibridismo, porque la casaci\u00f3n es un recurso formal, dispositivo y extraordinario sujeto a unas reglas formales de t\u00e9cnica en su sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Aunque en gracia de discusi\u00f3n se admitiera esta mezcla indebida, e indistintamente se acometiera el an\u00e1lisis de los yerros jur\u00eddicos y f\u00e1cticos propuestos, el embate es desenfocado y, por tanto, inane para derruir el fallo confutado, en cuanto reprocha algunas conclusiones probatorias a las que el Tribunal no lleg\u00f3, como cuando afirma que este \u201csupuso que no hubo entrega de las zonas comunes por parte del demandado constructor a la propiedad horizontal\u201d, cuando por el contrario el fallador, precisamente a partir de la presunci\u00f3n del art\u00edculo 24 de la Ley 675 de 2001, dio por establecida la entrega de las zonas comunes esenciales concomitante a la entrega de la primera unidad privada y sus parqueaderos, realizada el 18 de abril de 2007; otro tanto, cuando sostiene que el sentenciador predic\u00f3 que la totalidad de esta entrega solo se dio \u201centre el 18 de abril de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008\u201d, cuando lo cierto es que a lo largo de la providencia no se menciona esta segunda fecha, sino el 31 de agosto de 2007. De la misma manera cuando le endilga no haber visto que el proyecto era por etapas, ignorando que aquel expres\u00f3 que Prados de la Colina fue un proyecto inmobiliario que se construy\u00f3 por fases, cuyos primeros bienes privados y comunes esenciales fueron las torres 1, 2 y 3, incluidas las plataformas 2, 3, 5, 6 y 8 (a\u00f1os 2007 y 2008), en tanto que las etapas 5 y 6 y las restantes plataformas fueron entregadas posteriormente <\/p>\n
Se resalta que lo dispuesto por el IDIGER el 9 de febrero de 2019 conllev\u00f3 \u201cuna privaci\u00f3n en el uso y goce de los bienes adquiridos\u201d, pero esto no tiene que ver con las plataformas 2, 3, 5, 6 y 8, en relaci\u00f3n con las que el ad quem aval\u00f3 la declaraci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la garant\u00eda que hizo el a quo y que es objeto de este reproche, sino con las restantes, respecto de las aquel se abstuvo de estudiar la existencia de ese fen\u00f3meno extintivo porque no fue alegado. <\/p>\n
El cargo termina reclamando \u201cla aplicaci\u00f3n del supuesto del art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 1480, la suspensi\u00f3n del t\u00e9rmino de la garant\u00eda\u201d a ra\u00edz de la reclamaci\u00f3n efectuada en 2010, pero en atenci\u00f3n a la senda escogida ha debido explicar claramente el contenido de esta norma y la manera como fue desconocida. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no cuestiona el argumento esencial del sentenciador conforme al cual dicho requerimiento no cobij\u00f3 los problemas estructurales sino uno diferente referido a la impermeabilizaci\u00f3n, de tal suerte que ning\u00fan efecto podr\u00eda tener frente a la garant\u00eda de aquellos, que son los ventilados en este litigio. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la acusaci\u00f3n es confusa, pues propone que el prove\u00eddo de fondo debi\u00f3 precisar que \u201cel c\u00f3mputo de prescripci\u00f3n de la garant\u00eda corri\u00f3 desde el d\u00eda 3 de marzo de 2008 hasta el d\u00eda 2 de marzo de 2009\u201d y el de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejercida desde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima fecha hasta el 3 de marzo de 2019, lo cual es incoherente con todo lo que adujo previamente y la normatividad que invoca y que el Tribunal aplic\u00f3, en tanto atribuye al reclamo por la garant\u00eda el t\u00e9rmino de un a\u00f1o y posteriormente al ejercicio de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor un lapso de 10 a\u00f1os, cuando siguiendo la l\u00f3gica se\u00f1alada es justamente lo contrario. <\/p>\n
c.-) El segundo cargo reprocha la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial \u201ca causa de aplicaci\u00f3n indebida, respecto de la Ley 1480 de 2011, art\u00edculo 58 numeral 5\u00ba literal b que dio lugar a la suspensi\u00f3n del t\u00e9rmino de garant\u00eda\u201d. <\/p>\n
La disposici\u00f3n reglamenta lo siguiente: <\/p>\n
A la demanda deber\u00e1 acompa\u00f1arse la reclamaci\u00f3n directa hecha por el demandante al productor y\/o proveedor, reclamaci\u00f3n que podr\u00e1 ser presentada por escrito, telef\u00f3nica o verbalmente, con observancia de las siguientes reglas: <\/p>\n
b) La reclamaci\u00f3n se entender\u00e1 presentada por escrito cuando se utilicen medios electr\u00f3nicos. Quien disponga de la v\u00eda telef\u00f3nica para recibir reclamaciones, deber\u00e1 garantizar que queden grabadas. En caso de que la reclamaci\u00f3n sea verbal, el productor o proveedor deber\u00e1 expedir constancia escrita del recibo de la misma, con la fecha de presentaci\u00f3n y el objeto de reclamo. El consumidor tambi\u00e9n podr\u00e1 remitir la reclamaci\u00f3n mediante correo con constancia de env\u00edo a la direcci\u00f3n del establecimiento de comercio donde adquiri\u00f3 el producto y\/o a la direcci\u00f3n del productor del bien o servicio. <\/p>\n
Sobre el particular, recu\u00e9rdese que el talante de \u201cley sustancial\u201d solo es predicable de aquellas normas que \u201ccontienen una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u201d; no as\u00ed de los c\u00e1nones que \u201cse limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u201d (CSJ AC4591-2018. Reiterado en AC2133-2020, AC3599-2018, entre otras). No obstante, la norma que el recurrente postula contiene una preceptiva de naturaleza eminentemente probatoria para cuya satisfacci\u00f3n indica una de las maneras como el consumidor puede reclamar al productor\/proveedor la efectividad de la garant\u00eda. <\/p>\n
Nuevamente, si se pasara por alto el anterior defecto, de suyo suficiente para desechar el embate, se advierte que no es preciso, comenzando porque no se\u00f1ala si la vulneraci\u00f3n indirecta que reprueba es por error de hecho o de derecho y en su lugar afirma que se debe a la \u201cindebida aplicaci\u00f3n\u201d de la norma antes memorada. <\/p>\n
Asumiendo por su desarrollo que se inclina por la primera modalidad, lo cierto es que se adentra en una argumentaci\u00f3n ininteligible, como se advierte del solo resumen del embate. <\/p>\n
Ahora, aunque la recurrente ten\u00eda clara la labor dial\u00e9ctica que le correspond\u00eda adelantar en este punto, pues incluso cit\u00f3 doctrina de esta Sala al respecto, en ning\u00fan momento acometi\u00f3 la tarea de determinar las pruebas supuestas, preteridas o malinterpretadas, establecer su genuino alcance, contrastarlo con el entendimiento que el Tribunal les dio y, a partir de ello, hacer brotar el dislate protuberante y trascendente en la definici\u00f3n del litigio; por el contrario, se limit\u00f3 a presentar un deshilvanado escrito semejante a un alegato de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Simplemente, enarbolando las misivas de 2010 con las que a su juicio reclam\u00f3 la efectividad de las garant\u00edas por los da\u00f1os estructurales, se doli\u00f3 de que fueron desatendidas (no deja claro si por su contraparte, por el juzgador o por ambos), sin reparar en que el Tribunal las consider\u00f3 ajenas a lo aqu\u00ed debatido, y persisti\u00f3 en enrostrarle que tuvo probado sin estarlo que \u201cla totalidad de la propiedad horizontal se entreg\u00f3 de entre el 18 de abril de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008, sin detenerse a revisar si el proyecto arquitect\u00f3nico fue edificado por etapas aclarando que para esta fecha solo se encontraban edificadas las torres 1 y 2\u201d, afirmaci\u00f3n equivocada, en cuanto el fallador s\u00ed reconoci\u00f3 esa circunstancia, seg\u00fan se demostr\u00f3 previamente al referirse al primer ataque. <\/p>\n
d.-) El tercer cargo, por la v\u00eda directa, reclama que all\u00ed donde el art\u00edculo 21 de la Ley 640 de 2001 establece que la presentaci\u00f3n de la solicitud de conciliaci\u00f3n prejudicial suspende la prescripci\u00f3n debe entenderse que alude a una interrupci\u00f3n, con toda la connotaci\u00f3n jur\u00eddica que esta tiene en cuanto acaecida el tiempo anterior no se contabiliza y desaparecido el hecho que la origin\u00f3 se reinicia el conteo. <\/p>\n
Lo cierto es que la propuesta reinterpretativa se asienta en una confusa invocaci\u00f3n de normas hermen\u00e9uticas civiles y citas doctrinales y jurisprudenciales para llegar a la conclusi\u00f3n que el recurrente anhela, pero carece de una presentaci\u00f3n coherente que en verdadero desarrollo de alg\u00fan m\u00e9todo argumentativo plausible conduzca a ese resultado, al tiempo que demuestre la arbitrariedad del entendimiento y aplicaci\u00f3n que el fallador de instancia dio al art\u00edculo 21 de la Ley 640 de 2001 al concluir que no es posible admitir que aluda a una interrupci\u00f3n, dada su claridad al establecer una suspensi\u00f3n y los precedentes que as\u00ed lo se\u00f1alan. <\/p>\n
Es as\u00ed como la opugnante aduce que m\u00e1s all\u00e1 del tenor literal de las palabras, lo importante es su esp\u00edritu y finalidad, pero sin pasar de una ligera invocaci\u00f3n a la prevalencia del inter\u00e9s del acreedor y su derecho de acceder a la administraci\u00f3n de justicia, no asocia la norma a ning\u00fan fin espec\u00edfico que apunte a la interrupci\u00f3n, no obstante que esta se refiera a suspensi\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se\u00f1ala que \u201cen otrora la norma fue materia de reproche por conducto de una acci\u00f3n de constitucionalidad, sentencia C-160 de 1999\u201d, de lo que concluye que \u201c[a]l revisar minuciosamente los pronunciamientos t\u00e9cnicos de la Corte Constitucional se extrae que se refiri\u00f3 a lo largo del fallo a la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Empero, dicha sentencia es anterior a la norma que la demandante pretende reinterpretar, y se refiere, entre otros, al art\u00edculo 26 de la Ley 23 de 1991, seg\u00fan la reforma que el 82 de la Ley 446 le introdujo, el cual erigi\u00f3 como requisito de procedibilidad la conciliaci\u00f3n prejudicial en material laboral sin darle ninguna consecuencia de suspensi\u00f3n o interrupci\u00f3n. Por tanto, si bien la Corte Constitucional en efecto alude al primer fen\u00f3meno, lo hace en un asunto de otra especialidad, mediante un fallo previo al precepto que aqu\u00ed se propone vulnerado y apenas indicando el contenido que la norma que all\u00ed examin\u00f3 deber\u00eda tener, en tanto la misma no se\u00f1al\u00f3 sus efectos, a diferencia de la que aqu\u00ed se invoca. <\/p>\n
e.-) El cuarto ataque, anunciado como violaci\u00f3n indirecta por error de hecho, tampoco satisface la exigencia de se\u00f1alar una norma sustancial que como producto de ese dislate hubiese resultado violada, pues debe recordarse que la vulneraci\u00f3n ocurre en relaci\u00f3n con preceptos que declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas, lo que no puede predicarse en bloque respecto de compendios normativos como los indistintamente invocados, los cuales contienen prescripciones de la m\u00e1s diversa \u00edndole, sin que pueda saberse cu\u00e1l de sus disposiciones en particular resultaron menoscabadas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se dirigi\u00f3 como error de hecho, debiendo haberse planteado como yerro de iure, toda vez el Tribunal desech\u00f3 la experticia por falencias en su elaboraci\u00f3n. De ah\u00ed que no incurri\u00f3 en la ponderaci\u00f3n de una prueba inexistente, su desatenci\u00f3n o la extracci\u00f3n de una conclusi\u00f3n f\u00e1ctica contraevidente, sino que desdijo de su aptitud suasoria. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n es incompleta, en tanto no se enfila a rebatir todas las razones que tuvo el fallador de instancia para negar las pretensiones en relaci\u00f3n con las plataformas 1, 4, 7, 9, 10 y 11 por falta de prueba del da\u00f1o. Es as\u00ed como por ninguna parte reprocha los argumentos consistentes en que \u201cno contiene registro fotogr\u00e1fico respecto de esta \u00e1rea\u2026\u201d y no satisface los requisitos de los numerales 3, 5 y 6 del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso; y aunque sostiene que s\u00ed \u201cdetalla las fechas de las mediciones\u201d que el juzgador extra\u00f1\u00f3, no dice d\u00f3nde aparece ello. Tampoco combate puntualmente los argumentos sobre la trascendencia de las dos primeras omisiones. <\/p>\n
Enseguida, el cargo denuncia error de hecho al \u201cno dar por demostrado, est\u00e1ndolo\u201d circunstancias jur\u00eddicas y f\u00e1cticas, pero en relaci\u00f3n con estas \u00faltimas se limita a una enunciaci\u00f3n gen\u00e9rica de algunas pruebas sobre cuyo contenido puntual no avanza con el debido rigor para demostrar que el fallador no lo vio y que demostrar\u00eda fehacientemente el da\u00f1o indemnizable de las plataformas 1, 4, 6, 9, 10 y 11. Se limita a realizar una exposici\u00f3n gen\u00e9rica y ligera, revelando la inanidad del ataque cuando termina por invocar un concepto que habr\u00eda obtenido despu\u00e9s del fallo cuestionado y, por si fuera poco, reclama el decreto probatorio al que se hizo alusi\u00f3n al comienzo de estas motivaciones. <\/p>\n
f.-) Menci\u00f3n aparte merece la solicitud postrera elevada por Prados de la Colina P.H., vinculada a la \u00faltima censura, toda vez que este remedio extraordinario no es la oportunidad para que el recurrente procure el decreto, pr\u00e1ctica, contradicci\u00f3n y valoraci\u00f3n de nuevos elementos de convicci\u00f3n que mejoren su posici\u00f3n litigiosa, incluso si estos no existieron a la fecha en que se desat\u00f3 la segunda instancia e independientemente del prop\u00f3sito concreto con el que pretenda justificar su aspiraci\u00f3n. <\/p>\n
La regulaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria no brinda esa posibilidad probatoria, lo cual resulta l\u00f3gico si en cuenta se tiene que su objeto no es una nueva vista general del proceso sino el enjuiciamiento de la sentencia del Tribunal en el marco de las precisas y taxativas causales previstas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. En esa medida, resultar\u00eda un desprop\u00f3sito que el ataque fundado en la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por \u201cerror de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n\u2026de una determinada prueba\u201d pudiera realizarse a la luz de medios suasorios que no obraban en el plenario a la fecha de ese pronunciamiento. Por tanto, se negar\u00e1 la petici\u00f3n. <\/p>\n
5.- En consecuencia, como los planteamientos no se ci\u00f1en a las formalidades de rigor, resulta inviable aceptarlos, m\u00e1xime cuando no se percibe un compromiso del orden o el patrimonio p\u00fablico, ni mucho menos afrenta de derechos y garant\u00edas constitucionales, por lo que ni siquiera hay lugar a darles v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
II.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Negar la solicitud probatoria formulada por la recurrente. <\/p>\n
Segundo: Declarar inadmisible la demanda presentada por Agrupaci\u00f3n de Vivienda Prados de la Colina II-Propiedad Horizontal para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia de 28 de junio de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en el proceso declarativo que promovi\u00f3 contra Constructora Las Galias S.A. <\/p>\n
Tercero: Devolver, por secretar\u00eda, el expediente al Tribunal de origen <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC1612-2022 (2019-00069-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC1612-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b011001-31-99-001-2019-00069-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Agrupaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63070","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63070","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63070"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63070\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63070"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63070"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63070"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}