AC1707-2022 (2022-01017-00)<\/p>\n
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AC1707-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01017-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (03) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 y Promiscuo Municipal de La Jagua del Pilar (Guajira). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Ante los jueces civiles municipales de Bogot\u00e1, la Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. radic\u00f3 demanda de imposici\u00f3n de servidumbre legal de gasoducto y tr\u00e1nsito sobre el inmueble denominado \u00abEl Progreso\u00bb, situado en el municipio de La Jagua del Pilar justificando la asignaci\u00f3n de competencia territorial en lo resuelto por esta Corte en AC140-2020. <\/p>\n
2.- El Juzgado Treinta y Nueve Civil Municipal rechaz\u00f3 el libelo debido a la cuant\u00eda del litigio y orden\u00f3 remitirlo a los de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de la ciudad (30 nov. 2021), pero al resolver la reposici\u00f3n de la promotora revoc\u00f3 y dispuso enviarlo a los Juzgados Promiscuos Municipales de La Jagua del Pilar de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 procesal (27 en. 2022). <\/p>\n
3.- El receptor tambi\u00e9n lo repeli\u00f3, en atenci\u00f3n a que la demandante es una entidad de car\u00e1cter p\u00fablico y lo se\u00f1alado en el precedente invocado por la misma. Por consiguiente, suscit\u00f3 la colisi\u00f3n y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirla (23 mar. 2022). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre dos estrados de diferentes distritos judiciales, corresponde a la Corte dirimirla en Sala Unitaria como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geograf\u00eda nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cu\u00e1l es el juez que en raz\u00f3n de la circunscripci\u00f3n debe conocer del litigio, y para concretarlo establece los \u00abforos o fueros\u00bb, de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos se acude al \u00abpersonal\u00bb que radica la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado o en el de su residencia; adem\u00e1s, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina \u00abforum rei sitae\u00bb o \u00abreal\u00bb, referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicaci\u00f3n de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el fuero contractual, seg\u00fan el cual es llamado a conocer el asunto el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa; empero, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando de forma precisa y categ\u00f3rica el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro debe encarar el debate. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo punto, en AC3744-2018, la Corte destac\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole. <\/p>\n
Ahora bien, atinente a las contiendas sobre servidumbres, sea imposici\u00f3n, variaci\u00f3n o extinci\u00f3n, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso establece una \u00abcompetencia privativa\u00bb, asign\u00e1ndolas en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis, en cuanto prescribe que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) en los de servidumbre\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb, siendo este un claro ejemplo de un fuero real exclusivo. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10\u00ba de la misma norma, previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter general que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de un lugar distinto de aquel donde se encuentra el inmueble sobre el que aspira obtener el gravamen, deviene palmario que en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento. <\/p>\n
En esa oportunidad, tambi\u00e9n se afirm\u00f3 que el hecho de que el organismo de derecho p\u00fablico radique el libelo con estribo en la regla s\u00e9ptima aludida no implica renuncia al fuero prevalente del numeral d\u00e9cimo porque, entre otros motivos, queda descartada la perpetuatio jurisdictionis, pues como all\u00ed se dijo, <\/p>\n
(\u2026) esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo, trae consigo otra cuesti\u00f3n sumamente importante, cu\u00e1l es la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad p\u00fablica radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, como quiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio, de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
Cabe anotar que si bien el suscrito ponente disiente de la postura adoptada en esa determinaci\u00f3n unificadora, como lo expres\u00f3 en el respectivo salvamento de voto, desde entonces ha aplicado con todas sus consecuencias el criterio que prevaleci\u00f3, puesto que la finalidad de esa resoluci\u00f3n conjunta fue precisamente superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes magistrados de la Sala frente a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica id\u00e9ntica, todo ello en aras de salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jur\u00eddica (cfr. CSJ AC388-2020). <\/p>\n
3.- En estas condiciones, el Juzgado Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 err\u00f3 al rehusar el conocimiento de este asunto, pues no tuvo en cuenta las pautas que fij\u00f3 la Sala en AC140-2020 y que respaldan la posici\u00f3n del estrado de La Jagua del Pilar, si se observa que la Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones en los t\u00e9rminos de la Ley 142 de 1994, con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, en la que el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 tiene el 99,995568% de las acciones que la integran1, circunstancia que permite afirmar que la demandante es una entidad descentralizada por servicios (art. 38 Ley 489 de 1998). <\/p>\n
Al efecto, es preciso resaltar que el citado Grupo Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A. E.S.P. tambi\u00e9n es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones (cfr. art. 17 Ley 142 de 1994), con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, en la cual el Estado posee el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, seg\u00fan el Acuerdo n\u00b0 001 de 1996 del Concejo de Bogot\u00e1 y el art\u00edculo 2\u00ba de los Estatutos Sociales, elementos que revelan su naturaleza p\u00fablica, pues como lo establece el art\u00edculo 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por \u00abentidad p\u00fablica se entiende todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el fuero aplicable en este asunto particular es el establecido en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, que acorde con los lineamientos del precedente mayoritario de esta Sala contempla un evento constitutivo del factor subjetivo, con prelaci\u00f3n (art. 29 CGP), que torna improrrogable la competencia e impide que los contendores procesales y el juez puedan disponer por tratarse de un tema de orden p\u00fablico. Lo anterior guarda concordancia con lo expresado por la Corte en los CSJ AC5506-2021, AC685-2022, AC903-2022, AC980-2022, AC1099-2022, entre otros. <\/p>\n
4.- Por tanto, al ser Bogot\u00e1 el domicilio de la entidad demandante, seg\u00fan se desprende del pliego inaugural y sus anexos, es este y no otro el lugar donde debe ser adelantado el litigio, por lo que se ordenar\u00e1 remitir la actuaci\u00f3n al juez de la capital de la Rep\u00fablica para que reexamine si es competente por el factor cuant\u00eda. Se comunicar\u00e1 lo definido a la otra sede judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 es el competente para conocer la causa de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Enviar el expediente al citado Despacho e informar lo decidido al otro estrado judicial. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n