AC1783-2022 (2022-01209-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1783-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01209-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Setenta Civil Municipal -convertido transitoriamente en Cincuenta y Dos de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple- de Bogot\u00e1 y \u00danico Civil Municipal de La Mesa, Cundinamarca. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mar\u00eda Virginia Hern\u00e1ndez Bol\u00edvar present\u00f3 demanda contra Dora In\u00e9s Hern\u00e1ndez Bol\u00edvar y Lucinda Hern\u00e1ndez de Castro, con el fin de obtener la declaratoria de prescripci\u00f3n extintiva de \u201cla acci\u00f3n ejecutiva derivaba (sic) de las sentencias con fecha del catorce (14) de diciembre del a\u00f1o dos mil (2000) y dos (02) de mayo del a\u00f1o dos mil dos (2002)\u201d, dictadas por el Juzgado Civil del Circuito de La Mesa y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, respectivamente, y, ordenar el levantamiento \u201cde la medida cautelar consistente en el registro del fallo con fecha del quince (15) de enero de 2001 que obra en el certificado de tradici\u00f3n y libertad del inmueble con folio de matr\u00edcula No. 166-007530 de la oficina de instrumentos p\u00fablicos de La Mesa\u201d. <\/p>\n
La gestora dirigi\u00f3 su petitum a los jueces de La Mesa, Cundinamarca (folio 32, archivo digital: 01 Demanda), \u201cen raz\u00f3n de[l] (\u2026) lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble y la vecindad del demandante (\u2026)\u201d (folio 36, idem); no obstante, el escrito introductor fue radicado ante los jueces civiles municipales de la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. El 22 de octubre de 2021, el Juzgado Setenta Civil Municipal \u2013convertido transitoriamente en Cincuenta y Dos de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple- de la \u00faltima plaza rehus\u00f3 el conocimiento del asunto, por encontrar que \u201cla demanda se present\u00f3 ante los Jueces Civiles Municipales de la Mesa \u2013 Cundinamarca (Reparto) y adem\u00e1s que el levantamiento de la medida cautelar que se pretende sobre el bien inmueble identificado con F.M.I. No. 166-007530 se encuentra ubicado en el municipio de la Mesa \u2013 Cundinamarca\u201d, siendo, por tanto, los funcionarios judiciales de esa locaci\u00f3n los facultados para conocer el asunto (Archivo digital: 02 Auto Rechaza Demanda). <\/p>\n
3. Al recibir el expediente, en prove\u00eddo de 30 de marzo de 2022, el Juzgado Civil Municipal receptor se neg\u00f3 a impartirle tr\u00e1mite, aduciendo que \u201cpara establecer qui\u00e9n es el funcionario judicial a quien corresponde conocer del asunto, por raz\u00f3n del territorio, se debe acudir a la cl\u00e1usula general de competencia consagrada en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, al lugar del domicilio o residencia de los demandados, que es Bogot\u00e1, por cuanto la controversia no se sit\u00faa en ninguno de los casos descritos en el ordinal [7] del precepto adjetivo\u201d. <\/p>\n
Por consiguiente, propuso conflicto negativo de competencia y dispuso remitir la foliatura a esta Corporaci\u00f3n (Archivo digital: 08. Auto Conflicto). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Al tenor de lo estipulado por el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cen los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el pa\u00eds, ser\u00e1 competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el pa\u00eds o esta se desconozca, ser\u00e1 competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante\u201d <\/p>\n
A su vez, el numeral 7\u00ba de la referida disposici\u00f3n precept\u00faa: \u201c[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d (se resalt\u00f3). <\/p>\n
De cara a las anteriores disposiciones surge, sin mayor dificultad, que la regla general de atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos est\u00e1 asignada al juez del domicilio o de la residencia del demandado, pero cuando el promotor del respectivo juicio desconozca el domicilio de su contraparte, los facultados para su tr\u00e1mite ser\u00e1n los falladores del domicilio del gestor. <\/p>\n
Sin embargo, en controversias donde se ejerzan las prerrogativas derivadas de derechos reales, el juzgador competente es el del lugar donde se encuentre situado el respectivo predio. <\/p>\n
3. En el sub examine, el prop\u00f3sito del pleito promovido por Mar\u00eda Virginia Hern\u00e1ndez Bol\u00edvar es la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva derivada de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que declar\u00f3 la simulaci\u00f3n absoluta de los contratos de compraventa contenidos en las escrituras p\u00fablicas Nos. 621 de julio 23 de 1979 y 414 de junio 20 de 1990. En el mismo sentido, la pretensora busca la cancelaci\u00f3n de la medida cautelar impuesta sobre el predio con matr\u00edcula n\u00ba. 166-0007530, en ese litigio. <\/p>\n
Lo anterior evidencia que, contrario a lo sostenido por el juzgador primigenio, el asunto no puede enmarcarse en la regla de competencia prevista en el numeral 7\u00ba del canon 28 procedimental, pues ni la prescripci\u00f3n extintiva de una acci\u00f3n judicial, ni el levantamiento de una medida cautelar sobre un bien inmueble, equivalen a ejercer los derechos reales que de \u00e9l dimanan. <\/p>\n
Tan es as\u00ed, que en eventos donde se depreca la cancelaci\u00f3n del gravamen hipotecario por haber operado el fen\u00f3meno prescriptivo del mismo, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i bien la demanda en referencia guarda relaci\u00f3n con un gravamen hipotecario, aqu\u00ed no es factible asumir que se est\u00e9 \u00abejerciendo\u00bb ese derecho real accesorio, en la medida en que las pretensiones formuladas por el sujeto pasivo de la obligaci\u00f3n garantizada est\u00e1n orientadas justamente a la cancelaci\u00f3n de la hipoteca. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, la Corte ha sentado que las demandas dirigidas a la \u201ccancelaci\u00f3n\u201d de una garant\u00eda real no suponen el ejercicio de un derecho real, porque su legitimaci\u00f3n estar\u00eda en cabeza, en este caso, por ejemplo, del acreedor con garant\u00eda real (\u2026)\u00bb (CSJ AC4469-2021, 28 sep., rad. 2021-01342-00, reiterada en CSJ AC5567-2021, 25 nov., rad. 2021-04317-00). <\/p>\n
En el mismo sentido, en otra oportunidad, esta Sala recalc\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta inviable la aplicaci\u00f3n al sub examine del numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 de la codificaci\u00f3n adjetiva, toda vez que la petici\u00f3n de cancelaci\u00f3n de un gravamen hipotecario no implica el ejercicio de un derecho real para la accionante, como lo tiene sentado la Sala al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u00abEn el caso que motiva el conflicto que se dirime, sin embargo, no se aprecia la existencia del fuero concurrente invocado por el Juzgador de Bogot\u00e1, comoquiera que la pretensi\u00f3n de cancelaci\u00f3n de un gravamen hipotecario no puede ser entendida como el ejercicio de un derecho real que haga viable la aplicaci\u00f3n del criterio previsto en el citado numeral 9\u00ba del art\u00edculo 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, b\u00e1sicamente por dos razones: primero, porque quien ejercita un derecho real es el titular del mismo, que para el presente asunto s\u00f3lo podr\u00eda serlo el acreedor hipotecario; y segundo, porque la pretensi\u00f3n de cancelaci\u00f3n del gravamen no es en s\u00ed el ejercicio de las prerrogativas que tal derecho real confiere, sino, por el contrario, el derecho de quien particularmente lo soporta \u2013el propietario-, para que el juez formalice la extinci\u00f3n de la citada garant\u00eda inmobiliaria. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201cSiendo, por tanto, pac\u00edfico que la demanda presentada no plantea discusi\u00f3n alguna en el terreno del ejercicio de un derecho real, ni principal, ni accesorio, es inviable sostener que del se\u00f1alado tr\u00e1mite pueda conocer el Juez del lugar donde est\u00e1n ubicados los bienes respecto de los cuales se pretende obtener la anotada cancelaci\u00f3n del gravamen otrora constituido, por considerar que as\u00ed lo impone el citado art\u00edculo 23 del estatuto procesal civil, en la regla 9, puesto que ya la Corte advirti\u00f3 que en \u2018tal hip\u00f3tesis normativa no es posible hacer encajar una solicitud de cancelaci\u00f3n de hipoteca como la que implica la demanda cuyo conocimiento se discute\u2019 (auto 018 de 3 de febrero de 1998) (CSJ AC2026-2021, 26 may., rad. 2021-01388-00 reiterando CSJ AC 20 jun. 2013, rad. 2013-00131-01). <\/p>\n
Luego, no era facultad de la promotora designar como fallador competente al del \u201clugar de ubicaci\u00f3n del inmueble\u201d, ni a aquel de \u201cla vecindad del demandante\u201d, como erradamente lo hizo en su libelo (folio 36, archivo digital: 01 Demanda), pues a este \u00faltimo factor s\u00f3lo pod\u00eda acudir en caso de que las demandadas carecieran de domicilio y residencia en el pa\u00eds o los desconociera (inc. 1\u00ba, art. 28 C.G.P.), pero como tal afirmaci\u00f3n no se hizo en la demanda y, por el contrario, se suministr\u00f3 la direcci\u00f3n de notificaciones de las llamadas a juicio (folio 36, archivo digital: 01 Demanda), debi\u00f3 requerirse a la pretensora a fin de que diera cuenta del domicilio de sus adversarias, como lo impone el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 82 ejusdem. <\/p>\n
4. Esta Corporaci\u00f3n tiene dicho que el \u201cdomicilio\u201d est\u00e1 definido en el art\u00edculo 76 del C\u00f3digo Civil como la residencia acompa\u00f1ada, real o presuntivamente, del \u00e1nimo de permanecer en ella, de donde se desprenden dos elementos estructurales de dicho atributo, a saber: Uno \u00abobjetivo, consistente en la residencia, alusiva al vivir en un lugar determinado, hecho perceptible por los sentidos y demostrable por los medios ordinarios de prueba\u00bb y otro \u00absubjetivo, consistente en el \u00e1nimo de permanecer en el lugar de la residencia, aspecto inmaterial que pertenece al fuero interno de la persona, acreditable por las presunciones previstas por el legislador\u00bb (CSJ AC2493-2021, 23 jun, rad. 2021-01021-00). <\/p>\n
Luego, para definir la competencia territorial respecto de cualquier litigio sometido al conocimiento de la judicatura, ha de atenderse cuidadosamente a los conceptos atr\u00e1s puntualizados, por tratarse de dos par\u00e1metros perfectamente diferenciables entre s\u00ed, cuya aplicaci\u00f3n es supletoria, pues solo a falta del primero -domicilio-, podr\u00e1 acudirse al segundo -residencia-; adem\u00e1s, no deben confundirse con el \u201clugar de notificaciones\u201d, concepto diametralmente distinto que hace referencia al \u201c(\u2026)sitio donde una persona puede ser ubicada para enterarla de los pronunciamientos que lo exijan\u201d (CSJ AC1318-2021, 21, abr., rad. 2021-01036-00, reiterada en CSJ AC2476-2021, 23 jun., rad. 2021-01878-00). <\/p>\n
Al respecto, en reciente pronunciamiento, esta Sala record\u00f3 que \u00ab[u]n tercer concepto, diferente al de domicilio (1) y residencia (2), es el lugar de notificaciones (3). No se pueden confundir los tres, as\u00ed est\u00e9n relacionados. El lugar de notificaciones es una categor\u00eda eminentemente instrumental o procesal para actuaciones personales, gubernativas, procesales que se identifica como el lugar, la direcci\u00f3n f\u00edsica o electr\u00f3nica, la direcci\u00f3n postal, que est\u00e1n obligadas a llevar las personas, las partes, sus representantes o apoderados donde recibir\u00e1n notificaciones, informaciones, noticias, comunicaciones o enteramientos de una respuesta, de una providencia, de un proceso o de una actuaci\u00f3n administrativa o judicial, que no siempre coincide con el domicilio o con la residencia (\u2026)\u00bb (CSJ AC2493-2021, ya citada). <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, el estrado receptor, en aplicaci\u00f3n de sus poderes correccionales debi\u00f3 requerir la subsanaci\u00f3n correspondiente a la interesada, en aras de permitirle ejercer, correctamente, la potestad conferida por el legislador en el numeral 1\u00ba ya referido y, a partir de ella, determinar si corresponde, o no, a los funcionarios de la capital colombiana, adelantar el litigio. <\/p>\n
5. Bajo ese entendido, deviene prematuro el rechazo de la demanda por parte del Juzgado Setenta Civil Municipal -convertido transitoriamente en Cincuenta y Dos de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple- de Bogot\u00e1, por cuanto, se itera, no contaba con los elementos de juicio indispensables para eludir su competencia. <\/p>\n
Justamente por ello, ha se\u00f1alado esta Corte que \u00ab(…) el receptor no puede salirse de los elementos delimitantes expuestos expl\u00edcita o impl\u00edcitamente en la demanda; adem\u00e1s, de no estar clara su determinaci\u00f3n, est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de requerir las precisiones necesarias para su esclarecimiento, de manera que se evite su repulsi\u00f3n sobre una base inexistente, propiciando un conflicto antes de tiempo\u00bb (CSJ AC1943-2019, 28 may., rad. 2019-01535-00, reiterada en CSJ AC1662-2021, 5 may., rad. 2021-01275). <\/p>\n
6. En ese orden, se dispondr\u00e1 la devoluci\u00f3n de la presente actuaci\u00f3n al primero de los despachos involucrados, a fin de que adelante las gestiones necesarias para esclarecer la elecci\u00f3n del demandante y, de acuerdo a ella, la competencia para conocer el proceso, de cara a las directrices establecidas en esta providencia. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
<\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
<\/p>\n
PRIMERO: Declarar prematuro el conflicto de competencia planteado. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al Juzgado Setenta Civil Municipal -convertido transitoriamente en Cincuenta y Dos de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple- de Bogot\u00e1, para que proceda en la forma indicada en este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado \u00danico Civil Municipal de La Mesa, Cundinamarca y a la promotora de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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AC1783-2022 (2022-01209-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC1783-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01209-00 Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Setenta Civil Municipal -convertido transitoriamente en Cincuenta y Dos de Peque\u00f1as Causas y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63101","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63101","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63101"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63101\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63101"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63101"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63101"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}