AC1790-2022 (2015-00415-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1790-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 11001-31-03-002-2015-00415-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por la sociedad Hansacol Trading S.A., para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 28 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C. \u2013 Sala Civil, dentro del proceso verbal que promovi\u00f3 en contra de la sociedad Wienecke Camping Ltd. <\/p>\n
1. En la demanda se solicit\u00f3: <\/p>\n
1.1. Declarar que entre las partes existe y se encuentra vigente un contrato de mandato con representaci\u00f3n de car\u00e1cter oneroso, en virtud del cual se encarg\u00f3 a Hansacol \u00abla comercializaci\u00f3n exclusiva de los bienes y servicios de su divisi\u00f3n militar y marina dentro del territorio colombiano\u00bb. <\/p>\n
1.2. Declarar que la parte actora cumpli\u00f3 con todas las obligaciones a su cargo y, a contrario sensu, Wienecke no lo hizo, al no pagarle la contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica derivada del contrato que el mandante suscribi\u00f3 con la sociedad Cotecmar \u00abpara la venta de los bienes para el reemplazo de la Jarcia Lateral de Buque Escuela ARC Gloria (sic)\u00bb. <\/p>\n
1.3. Condenar a la demandada a pagar la suma de $1.785\u00b4951.873,23, por concepto de da\u00f1o emergente, la que deber\u00e1 indexarse para la fecha en que se cancele. <\/p>\n
2. En sustento de tales pedimentos, se plantearon los hechos que pasan a sintetizarse: <\/p>\n
2.1. En el a\u00f1o 2006, Wienecke contact\u00f3 a Hansacol para explorar la posibilidad de distribuir sus productos en el mercado Colombiano, para lo cual, le encarg\u00f3 verbalmente la \u00abcomercializaci\u00f3n exclusiva de sus bienes y servicios de su divisi\u00f3n militar y marina (sic)\u00bb; por tal raz\u00f3n, pactaron un contrato de mandato con representaci\u00f3n con el siguiente alcance: i) ubicaci\u00f3n y contacto de potenciales clientes, ii) organizaci\u00f3n y presentaci\u00f3n de cotizaciones, iii) suscripci\u00f3n de contratos y dem\u00e1s documentos en nombre de la sociedad mandante, iv) seguimiento de los procesos de ejecuci\u00f3n hasta su liquidaci\u00f3n y, v) apoyo a Wienecke en postventas y garant\u00edas. <\/p>\n
2.2. Seg\u00fan lo acordado, cada vez que se cerrara un negocio se pagar\u00eda a Hansacol una remuneraci\u00f3n \u00abpor la ejecuci\u00f3n de las actividades de intermediaci\u00f3n y de seguimiento para lograr la venta de los bienes y servicios\u00bb, calculada como la diferencia resultante entre el \u00abprecio interno\u00bb (valor suministrado por Hansacol a Wienecke antes de la negociaci\u00f3n) y el \u00abprecio cliente final\u00bb correspondiente al monto de venta efectivo. <\/p>\n
2.3. Luego de realizar varios contactos con la Armada Nacional con el objetivo de reemplazar la jarcia lateral del buque ARC Gloria, en el mes de mayo de 2011 Hansacol le solicit\u00f3 a la convocada informaci\u00f3n relacionada con el listado de precios para tal fin, la cual se suministr\u00f3 el d\u00eda 31 siguiente. <\/p>\n
2.4. Durante todo el proceso ante la Armada Nacional, representada contractualmente por Cotecmar, Hansacol se encarg\u00f3 de las cotizaciones, los contactos y la participaci\u00f3n en reuniones para lograr la concertaci\u00f3n del negocio; sin embargo, de manera unilateral e injustificada, Wienecke decidi\u00f3 excluirlo y procedi\u00f3 a suscribir directamente el contrato por su cuenta. <\/p>\n
2.5. Aunque se prometi\u00f3 el pago ulterior de una remuneraci\u00f3n por la representaci\u00f3n desplegada, nunca se materializ\u00f3. <\/p>\n
3. La sociedad demandada se tuvo por notificada mediante aviso y dentro del t\u00e9rmino de traslado mantuvo una actitud silente. <\/p>\n
4. En sentencia calendada el 4 de febrero de 2019, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., neg\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 a la parte demandante al pago de las costas procesales. <\/p>\n
6. En sentencia de 28 de febrero de 2020, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad \u2013 Sala Civil, confirm\u00f3 el fallo de primer grado. <\/p>\n
6.1. Preliminarmente el ad quem explic\u00f3 que, aunque la demanda se radic\u00f3 el 20 de agosto de 2015, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo cierto es que a partir del prove\u00eddo calendado el 28 de febrero de 2018, en el que se convoc\u00f3 a las partes a la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, el asunto hizo tr\u00e1nsito legislativo y, por ende, en lo sucesivo continu\u00f3 aplic\u00e1ndose la nueva codificaci\u00f3n. <\/p>\n
Dicha ilustraci\u00f3n permite entender que para la data en que se tuvo por notificada a la sociedad Weinecke y venci\u00f3 en silencio su t\u00e9rmino para contestar, a\u00fan se encontraba en vigor el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por ende, esa ausencia de pronunciamiento solo pod\u00eda acarrear la consecuencia prevista en el art\u00edculo 95 ejusdem, en el sentido de tenerla como un indicio grave en su contra, m\u00e1s no la solicitada por la parte apelante, consagrada en el art\u00edculo 97 del C.G.P., seg\u00fan la cual, se deben presumir como ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en el escrito inicial. <\/p>\n
6.2. Luego de referirse a los postulados normativos y jurisprudenciales alusivos al mandato comercial, con o sin representaci\u00f3n, y despu\u00e9s de recapitular todo el acervo probatorio recaudado en el interior del juicio, concluy\u00f3 que a pesar de que la sociedad Hansacol se identificaba generalmente como la representante de Wienecke Camping Ltd., para la realizaci\u00f3n de algunos negocios en particular no obr\u00f3 en esa calidad sino en la de contratista (sin especificar alg\u00fan tipo de representaci\u00f3n), tal como sucedi\u00f3, por ejemplo, en el contrato No. 347 de 2010 con sus respectivas pr\u00f3rrogas. <\/p>\n
Tal distinci\u00f3n reviste gran importancia para la definici\u00f3n de este litigio si en cuenta se tiene que, si bien, no existe duda de que Hansacol adelant\u00f3 las gestiones tendientes a reemplazar la jarcia lateral del buque ARC Gloria, anunci\u00e1ndose como la representante de Wienecke, no lo es menos que \u00abfrente al convenio cuya declaraci\u00f3n se ambiciona, it\u00e9rase, la existencia de un contrato de mandato con representaci\u00f3n, se rompe la concordancia que eventualmente podr\u00eda predicarse entre los contratos aludidos y el No. 347 de 2010, en el que ya no se present\u00f3 la sociedad demandante como representante de la demandada, como lo hab\u00eda hecho con anterioridad; adem\u00e1s, seg\u00fan el contenido de los correos electr\u00f3nicos vistos a folios 175 y siguientes, se observa que para los trabajos de la jarcia se plante\u00f3 la posibilidad que esa labor la efectuara la demandada directamente (sic)\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, el hecho de que hubiera sido la actora quien le entreg\u00f3 a la Armada Nacional las cotizaciones Nos. 0470 y 0479, no resulta suficiente para inferir que se estructur\u00f3 el contrato de mandato pretendido \u00abpues las pruebas lejos est\u00e1n de ilustrar esa circunstancia\u00bb. <\/p>\n
Entonces, de la valoraci\u00f3n conjunta de los medios probatorios no se logr\u00f3 desprender con certeza la existencia de un contrato \u00abmarco\u00bb de mandato que irradiara a todos los negocios jur\u00eddicos emprendidos por Hansacol, mucho menos al tratarse del contrato espec\u00edfico se\u00f1alado en la demanda, al no encontrarse \u00abprueba que refuerce los indicios graves en tal sentido derivados de la falta de contestaci\u00f3n de la demanda, pues ni de los documentos ni los interrogatorios de los representantes legales de las partes logran tal cometido y no existe manifestaci\u00f3n del representante de la convocada constitutiva de confesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, la raz\u00f3n por la que desestim\u00f3 las pretensiones obedeci\u00f3 a la carencia demostrativa tanto del v\u00ednculo de mandato en el negocio denunciado, como de la responsabilidad civil contractual endilgada, ya que \u00abal abrigo de cualquier duda, la carga de traer el convencimiento al juzgador que entre las partes celebraron un contrato de mandato con representaci\u00f3n y que la convocada lo incumpli\u00f3, es algo que nunca dej\u00f3 de estar en cabeza del demandante\u00bb. <\/p>\n
Con ese panorama, cerr\u00f3 diciendo que el \u00abmaterial probatorio adosado al expediente, en verdad no permite inferir la existencia del contrato de mandato en la modalidad invocad[a], prop\u00f3sito para el que las pruebas documentales adjuntadas con la demanda y el interrogatorio de parte de los representantes legales de las sociedades implicadas no son suficientes en orden a tener certeza [de] la existencia del mismo\u00bb. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Hansacol Trading S.A., por intermedio de apoderado judicial, formul\u00f3 dos acusaciones contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2020. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con fundamento en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la sociedad recurrente denuncia la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 832, 835, 842, 844, 1262, 1263, 1264, 1267 y 1268 del C\u00f3digo de Comercio, por \u00aberror de hecho\u00bb en la apreciaci\u00f3n de las pruebas recaudadas. <\/p>\n
Asegura que se allegaron al diligenciamiento varios elementos de juicio que permiten dilucidar la existencia del contrato de mandato con representaci\u00f3n entre las partes como, por ejemplo, el hecho de que en cuatro de los cinco contratos que Hansacol suscribi\u00f3 en representaci\u00f3n de Wienecke recibi\u00f3 la remuneraci\u00f3n correspondiente por sus servicios, habiendo sido desplazado \u00fanicamente en el \u00faltimo negocio de forma arbitraria, a pesar de haberlo gestionado en su integridad. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que los referidos contratos tuvieron el mismo alcance y se ejecutaron de manera similar, se demostr\u00f3 a plenitud que Hansacol siempre actu\u00f3 como mandataria de la sociedad demandada. <\/p>\n
En sustento de su aseveraci\u00f3n, resalt\u00f3 algunos de los documentos arrimados a la actuaci\u00f3n, correspondientes a correos electr\u00f3nicos cruzados, cotizaciones, contratos y comunicaciones, en los cuales la parte actora se anunci\u00f3 como la \u00fanica representante en Colombia de Wienecke, siendo adem\u00e1s la beneficiaria real de los negocios materializados. <\/p>\n
Al desarrollar el cargo hizo referencia expresa a m\u00faltiples pruebas documentales obrantes en el expediente (las que incluso reprodujo), con la intenci\u00f3n de mostrar que de su an\u00e1lisis conjunto se puede extraer, tanto la relaci\u00f3n de mandato como el acuerdo remuneratorio pactado con estribo en los precios suministrados por Wienecke. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, critica que el Tribunal hubiera desconocido \u00abcompletamente el material probatorio aportado y la forma sistem\u00e1tica como se adelantaron [todas[ las negociaciones de los contratos por [Hansacol]\u00bb, por lo que calific\u00f3 como un \u00aberror de hecho\u00bb manifiesto la apreciaci\u00f3n de la totalidad de las pruebas recaudadas durante el juicio. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se anuncia literalmente en el siguiente sentido: \u00abMe permito invocar como causal de casaci\u00f3n la se\u00f1alada en el numeral primero del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por considerar la sentencia acusada como violatoria directa de los art\u00edculos 871 del C\u00f3digo de Comercio, 1502 y 1602 del C\u00f3digo Civil por infracci\u00f3n indirecta al caso objeto de litigio\u00bb (resaltado intencional). <\/p>\n
En lo atinente a los c\u00e1nones de la codificaci\u00f3n civil, asegura que el Tribunal desconoci\u00f3 que entre las partes existi\u00f3 un contrato verbal que cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en el art\u00edculo 1502 ib\u00eddem (capacidad, consentimiento, causa l\u00edcita y objeto l\u00edcito) y, por lo tanto, surte plenos efectos jur\u00eddicos frente a sus intervinientes de acuerdo con lo estipulado en el art\u00edculo 1602 ejusdem; por ende, entre las obligaciones a cargo de Wienecke se encuentra la de reconocer la remuneraci\u00f3n al mandatario por la labor desplegada. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e al principio de la buena fe contractual, plasmado en el art\u00edculo 871 del C\u00f3digo de Comercio, resalta que la sociedad convocada lo transgredi\u00f3 al haberlo excluido de la negociaci\u00f3n con Cotecmar de forma arbitraria y sin pagar la remuneraci\u00f3n debida. <\/p>\n
Finalmente, aduce que el juez de segundo grado incurri\u00f3 en la violaci\u00f3n directa \u00abal desconocer la existencia del mencionado principio dentro de la relaci\u00f3n contractual que existi\u00f3 entre las partes, permitiendo que [Wienecke] no sea obligado a reparar los perjuicios causados a [Hansacol] como consecuencia del actuar contrario a la buena fe\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el marco del estatuto procesal civil, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n prospera ante la existencia de una de las causales consagradas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, cuyo rigor en su presentaci\u00f3n se encuentra previsto en el art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
Se\u00f1ala la norma que la demanda de casaci\u00f3n, am\u00e9n de reunir la especificaci\u00f3n del proceso con los detalles que relaciona en su numeral 1\u00ba el art\u00edculo 344 citado, debe referirse de manera formal a cada uno de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos y con sujeci\u00f3n a las reglas all\u00ed impuestas. <\/p>\n
2. Siendo as\u00ed, antes de analizar los cargos formulados, la primera labor que emprende la Sala se contrae a verificar los requisitos legales de la demanda de casaci\u00f3n, en los que se estudia el cumplimiento de: i) La designaci\u00f3n de las partes. ii) La s\u00edntesis del proceso. iii) La exposici\u00f3n de los fundamentos de la acusaci\u00f3n \u00aben forma clara, precisa y concisa\u00bb. iv) La enunciaci\u00f3n de la norma de derecho sustancial, cuando constituya la \u00abbase esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, como los recurrentes no pueden enfilar su ataque con base en generalidades, ambig\u00fcedades o suposiciones, tienen el compromiso de plantear una acusaci\u00f3n sim\u00e9trica, dirigida a los pilares de la sentencia cuestionada, en la que expliquen con suficiencia cu\u00e1l fue el error en que incurri\u00f3 el ad quem al aplicar o inaplicar determinada norma sustancial, y no simplemente exponer sus motivos de inconformidad o brindar una perspectiva diferente de la manera en que pudo resolverse el litigio, tal como lo ha se\u00f1alado insistentemente esta Corporaci\u00f3n al decir: \u00ab[E]l anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador\u00bb1 (resaltado intencional). <\/p>\n
3. Ahora bien, los temas o aspectos nuevos, como lo pregona la reiterada jurisprudencia de la Corte, no son de recibo en casaci\u00f3n; por consiguiente, lo que no fue objeto de debate en las instancias no puede hacer parte del recurso extraordinario. <\/p>\n
Esa novedad est\u00e1 proscrita, por abierto desconocimiento del debido proceso y del tr\u00e1mite excepcional de la protesta extraordinaria. En reciente oportunidad, la Corte dijo sobre el particular: \u00ab(…) el cual es \u201cinadmisible en casaci\u00f3n, toda vez que \u2018la sentencia del ad quem no puede enjuiciarse \u2018sino con los materiales que sirvieron para estructurarla; no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos. Ser\u00eda de lo contrario, un hecho desleal, no s\u00f3lo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u2019 (Sent. 006 de 1999 Exp: 5111), al fin y al cabo, a manera de m\u00e1xima, debe tenerse en cuenta que \u2018lo que no se alega en instancia, no existe en casaci\u00f3n\u2019 (LXXXIII p\u00e1g. 57)\u201d (CSJ, SC del 21 de agosto de 2001, Rad. N.\u00b0 6108)\u00bb2. <\/p>\n
4. Tambi\u00e9n debe anotarse que las sentencias atacadas por intermedio de este recurso se encuentran amparadas por una presunci\u00f3n de legalidad y acierto, tanto en su fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica como en la apreciaci\u00f3n de las pruebas que haya realizado el juzgador de instancia; por ende, cuando se controvierte solo una parte de la decisi\u00f3n del ad quem se entiende que lo dem\u00e1s fue aceptado en su integridad de donde, si constituye suficiente apoyo al prove\u00eddo criticado, el cargo carecer\u00eda de completitud que habilite su estudio en esta sede extraordinaria o, incluso, puede resultar intrascendente. <\/p>\n
Lo anterior implica que el cargo pueda inadmitirse por falta de trascendencia o de completitud; el primer evento tiene lugar cuando el cuestionamiento no tiene la fuerza suficiente para conducir a la invalidaci\u00f3n del prove\u00eddo, y el segundo, cuando no se reprochan in extenso todos los fundamentos en que el Tribunal ciment\u00f3 su determinaci\u00f3n, ya que \u00ab[d]ejar libre de reproche alguna de las motivaciones expuestas, basilares del fallo, comporta mantener en pie la sentencia generando la frustraci\u00f3n del recurso\u00bb3. <\/p>\n
5. En el asunto sub lite, se advierte que el recurso se fundament\u00f3 en dos cargos diferentes, los cuales pasar\u00e1n a calificarse para verificar, con rigorismo, si la demanda de casaci\u00f3n debe admitirse o, por el contrario, declararse inadmisible. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Teniendo en cuenta que la acusaci\u00f3n se sustenta en la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 832, 835, 842, 844, 1262, 1263, 1264, 1267 y 1268 del C\u00f3digo de Comercio, por \u00aberror de hecho\u00bb en la apreciaci\u00f3n de las pruebas recaudadas, significa que esa fue la senda escogida por la parte impugnante para encauzar la protesta extraordinaria. <\/p>\n
2. El \u00aberror de hecho\u00bb se deriva de la valoraci\u00f3n que se realiza del acervo probatorio allegado durante el curso del juicio; por tal raz\u00f3n, la labor del inconforme debe enfilarse a explicar concretamente cu\u00e1les fueron los elementos de convicci\u00f3n sobre las que recae el equ\u00edvoco de la apreciaci\u00f3n, su trascendencia en la sentencia reprochada y la causa de la discordia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, al singularizar cada \u00aberror\u00bb de este tipo, resulta imperioso indicar si se trat\u00f3 de una pretermisi\u00f3n, suposici\u00f3n o alteraci\u00f3n material de su contenido, bien sea por adici\u00f3n, cercenamiento o tergiversaci\u00f3n. <\/p>\n
Con ese panorama, la Sala ha explicado que \u00ab[e]l cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contraevidentes\u00bb4. <\/p>\n
3. Dadas las peculiares connotaciones del \u00aberror de hecho\u00bb, no puede confundirse con el \u00aberror de derecho\u00bb que, en esencia, se materializa cuando el juzgador, dentro del ejercicio de la valoraci\u00f3n de los elementos probatorios, contraviene los preceptos legales referentes a su aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n o eficacia; por ende, cuando se trata de esta clase de errores, \u00abes menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron\u00bb5. <\/p>\n
4. Al arribar a los fundamentos en que se ciment\u00f3 la presente acusaci\u00f3n, se observa que el \u00aberror de hecho\u00bb se predica de la apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de la totalidad de las pruebas recaudadas dentro de la actuaci\u00f3n, por lo que, de haberse valorado en conjunto y de una manera m\u00e1s sist\u00e9mica y arm\u00f3nica, se habr\u00eda arribado a una conclusi\u00f3n completamente diferente a la que es objeto de ataque. <\/p>\n
Por lo tanto, a pesar de que el casacionista singulariz\u00f3 cada uno de los documentos que, en su sentir, demuestran la existencia del contrato de mandato y la forma de remuneraci\u00f3n pactada en cada negocio, lo cierto es que el argumento toral de su descontento radica en la ausencia de una valoraci\u00f3n conjunta de los elementos de convicci\u00f3n aportados, los cuales habr\u00edan servido de base para entender, en su orden, c\u00f3mo se estructuraron los primeros negocios del mandatario, c\u00f3mo se calcularon y pagaron las remuneraciones por la intervenci\u00f3n de Hansacol y, finalmente, los pormenores del contrato suscrito con la Armada Nacional por intermedio de Cotecmar, en cuyo desarrollo y preparaci\u00f3n tuvo amplia injerencia la parte demandante. <\/p>\n
As\u00ed se plasm\u00f3 en el escrito de demanda: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) normas que fueron indebidamente aplicadas por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 D.C. Sala Civil, fundada tal infracci\u00f3n en un error de hecho generado por una apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de las pruebas aportadas al proceso, llev\u00e1ndolo a concluir la inexistencia de la relaci\u00f3n de mandato con representaci\u00f3n (\u2026) especialmente durante el proceso de negociaci\u00f3n y suscripci\u00f3n del contrato para el reemplazo de la [jarcia lateral del buque ARC Gloria]\u00bb <\/p>\n
\u00abEs aqu\u00ed donde encontramos la primera violaci\u00f3n manifiesta y trascedente por parte del Tribunal (\u2026) en la medida que, a pesar de presentarse cada uno de los supuestos de existencia de una relaci\u00f3n de mandato (\u2026) desestima las pruebas (por cierto contundentes que demuestran ese hecho (\u2026) De la revisi\u00f3n completa y detallada del material probatorio, especialmente, del material aportado para la negociaci\u00f3n de cada uno de esos cuatros contratos, se evidencia que dicho mandato ten\u00eda un alcance espec\u00edfico (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) extra\u00f1amente, desestima que toda la relaci\u00f3n contractual que existi\u00f3 entre estas haya sido de tal naturaleza pues considera que en uno de los contratos suscritos (\u2026) lo que existi\u00f3 fue una relaci\u00f3n de prestaci\u00f3n de servicios desconociendo completamente el material probatorio aportado y la forma sistem\u00e1tica como se adelantaron [todas] las negociaciones de los contratos por [Hansacol] en su calidad de mandatario con representaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
\u00ab[E]l Tribunal incurri\u00f3 en un error de hecho manifiesto al momento de apreciar la totalidad de las pruebas presentadas en el proceso (\u2026)\u00bb (resaltado intencional) <\/p>\n
Siendo as\u00ed, aunque el recurrente no desconoci\u00f3 que el ad quem s\u00ed verific\u00f3 los medios probatorios allegados al dosier, cuestion\u00f3 la hermen\u00e9utica que se realiz\u00f3 frente a cada uno de ellos, la cual hubiera sido muy distinta de haberse efectuado un an\u00e1lisis completo, detallado y sistem\u00e1tico de todo el acervo probatorio, como si de una sola unidad se tratara. <\/p>\n
Entonces, aunque el impugnante trajo a colaci\u00f3n una multiplicidad de pruebas que singulariz\u00f3 para demostrar sus atestaciones, al examinar in extenso el desarrollo del cargo, resulta evidente que su objetivo no consisti\u00f3 en recriminarlas por separado, sino al contrario, explicar que su an\u00e1lisis cronol\u00f3gico y met\u00f3dico era suficiente para declarar la prosperidad de su petitum, siendo eso, precisamente, en lo que fall\u00f3 el Tribunal al omitir la concatenaci\u00f3n de todos los medios de prueba. <\/p>\n
5. En ese orden, en la forma en que se plante\u00f3 la acusaci\u00f3n, el yerro endilgado no corresponde a un \u00aberror de hecho\u00bb sino de derecho, toda vez que la apreciaci\u00f3n conjunta de las pruebas, cuya desatenci\u00f3n es de lo que en realidad se duele el recurrente, se encuentra reglada en el canon 176 del C\u00f3digo General del Proceso que consagra: \u00abLas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u00bb. <\/p>\n
Y es que la Corte, al referirse al mencionado art\u00edculo, ha puntualizado que se trata de un aspecto de derecho y no de hecho, al explicar: <\/p>\n
\u00abNo hay duda, pues, que el juzgador de segundo grado incurri\u00f3 en error de derecho por no haber apreciado las pruebas del proceso de conjunto y conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, como se denunci\u00f3 en el primer segmento del cargo en estudio, acusaci\u00f3n que, por ende, est\u00e1 llamada a prosperar\u00bb6 (resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
Sobre la misma tem\u00e1tica, en otra ocasi\u00f3n la Sala tambi\u00e9n anot\u00f3: <\/p>\n
\u00abla cuesti\u00f3n concerniente al m\u00e9rito de las pruebas debe ser examinada desde un doble punto de vista pues ha de serlo no s\u00f3lo en cuanto al medio en s\u00ed, sino tambi\u00e9n con base en su cotejo con los restantes y siempre en funci\u00f3n de la visi\u00f3n sistem\u00e1tica que arroje el material probatorio. Por eso es posible que medios que, considerados en s\u00ed mismos, no sean susceptibles de reproche, no obstante, al tratar de conectarlos con las otras piezas probatorias, pierdan toda importancia; pero, tambi\u00e9n es posible, que cuando se les contempla de una manera aislada no se les halle mayor significaci\u00f3n, [y que] al unirlos o interrelacionarlos con otras pruebas, aflore todo su grado de persuasi\u00f3n para la elaboraci\u00f3n del trazado f\u00e1ctico del proceso (\u2026). Este principio de la apreciaci\u00f3n en conjunto de las pruebas es un complemento natural del m\u00e9todo adoptado por el c\u00f3digo en el mismo art\u00edculo 187 para la estimaci\u00f3n de aqu\u00e9llas; si, con las conocidas excepciones legales, el an\u00e1lisis de las pruebas no se encuentra predeterminado por normas legales que se\u00f1alen el valor que les ata\u00f1e, sino que debe ser abordado con un criterio eminentemente l\u00f3gico y cient\u00edfico, claramente comprensible resulta que la susodicha tarea no se puede adelantar dejando de relacionar los medios en pos de una visi\u00f3n amalgamada o coherente de los hechos porque, pensando de otro modo, ello conducir\u00eda a que de \u00e9stos se d\u00e9 un figuraci\u00f3n err\u00e1tica, fragmentaria o descoordinada\u00bb (Cas. Civ., sentencia del 4 de marzo de 1991; se subraya)7. <\/p>\n
Incluso, para clarificar tal distinci\u00f3n, dijo: <\/p>\n
\u00abQue el error de derecho presuponga siempre que el juez s\u00ed vio la prueba es un aserto tambi\u00e9n predicable del error de derecho por no apreciar las pruebas en conjunto, porque aun cuando ling\u00fc\u00edsticamente pareciera que en este tipo de yerro se le achaca al juzgador no haber visto una prueba, la omisi\u00f3n endilgada no est\u00e1 ah\u00ed, en un medio en particular no visto, sino en desatender la necesidad de cumplir con el mandato del art\u00edculo 187 \u00eddem de apreciarlas \u201cen conjunto\u201d. Es decir, se parte de la base de que el juzgador, a pesar de haber visto la prueba en su materialidad objetiva, de ella no extrajo los elementos -coincidentes o no-, que deben contrastarse con los dem\u00e1s que se tienen del haz probatorio, de suerte que se realice el an\u00e1lisis de conjunto que pide el precepto mencionado\u00bb8 (resaltado intencional). <\/p>\n
De suerte que si la acusaci\u00f3n se titul\u00f3 como un \u00aberror de hecho\u00bb pero se desarroll\u00f3 como un \u00aberror de derecho\u00bb, se incurri\u00f3 en una mixtura que imposibilita la incursi\u00f3n de la Sala en su estudio, pues de anta\u00f1o se ha recalcado que \u00ab[l]as dos especies de error en la apreciaci\u00f3n de la prueba, de hecho y de derecho, son de naturaleza distinta y, por lo mismo, no se puede aducir en un mismo cargo la concurrencia de ambos respecto de id\u00e9nticos medios de prueba, ni resulta id\u00f3neo invocar el uno sustentado en elementos propios del otro, pues si se denuncia como de hecho y se fundamenta como de derecho, o viceversa, am\u00e9n de que el cargo se torna oscuro e impreciso, implica que en el fondo el vicio que se quiso delatar carece de fundamentaci\u00f3n (CSJ, SC de 10 de agosto de 2001, Rad. 6898)\u00bb9 (resaltado ajeno). <\/p>\n
Entonces, como se presenta una dicotom\u00eda sustancial entre ambos tipos de errores, no resultaba aceptable que se titulara el cargo como si de uno de hecho se tratara, cuando su estructura argumentativa se enfoc\u00f3 en el de derecho, ya que ese proceder genera confusi\u00f3n en el planteamiento del recurrente y, evidentemente, contraviene los postulados de claridad y precisi\u00f3n que exige el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C.G.P. <\/p>\n
6. Ahora, en el hipot\u00e9tico caso en que se abordara el an\u00e1lisis del cargo bajo los derroteros propios del \u00aberror de derecho\u00bb, la tarea tampoco resultar\u00eda posible, toda vez que no se indic\u00f3 en la demanda de casaci\u00f3n cual ser\u00eda la norma probatoria supuestamente transgredida, tal como lo impone taxativamente el 344 del C\u00f3digo General del Proceso al consagrar que \u00abcuando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. Al examinar la acusaci\u00f3n se observa que, aunque en principio el casacionista invoc\u00f3 como causal de ataque el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 336 del C.G.P., derivada de la trasgresi\u00f3n \u00abdirecta\u00bb de los art\u00edculos 871 del C\u00f3digo de Comercio, 1502 y 1602 del C\u00f3digo Civil, al final del mismo p\u00e1rrafo aludi\u00f3 a la \u00abinfracci\u00f3n [indirecta] al caso objeto del litigio\u00bb, lo que lleva a concluir que se superpusieron ambos tipos de violaci\u00f3n, tanto la directa como la indirecta, frente a los mismos fundamentos normativos de manera indiscriminada. <\/p>\n
Evidentemente, al haber incluido dos transgresiones dis\u00edmiles dentro de un mismo cargo, con la intenci\u00f3n de que se estudiaran desde ambas \u00f3pticas, la parte actora desatendi\u00f3 uno de los requisitos formales contemplados en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, en la demanda impetrada deben proponerse los cargos contra la sentencia recurrida \u00abpor separado\u00bb; es decir, debidamente individualizados, no solo en su enunciaci\u00f3n sino tambi\u00e9n en su desarrollo. <\/p>\n
Sobre este punto, en pret\u00e9rita oportunidad la Corte ha se\u00f1alado que \u00ablos argumentos que componen el ataque formulado no deben venir mixturados; los motivos que dieren lugar a una u otra acusaci\u00f3n, una vez identificados, no se pueden agrupar indistintamente en una misma causal; cada fundamento debe exponerse por separado y respetando la correspondencia con el dislate esgrimido. Cuando as\u00ed ocurre, no s\u00f3lo se peca contra esa autonom\u00eda e individualidad, sino que, por esa v\u00eda, se desacata la exigencia atinente a que los fundamentos de las acusaciones sean claros, precisos y completos (numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso)\u00bb10. <\/p>\n
La discriminaci\u00f3n que pas\u00f3 por alto la sociedad inconforme denota la falta de t\u00e9cnica al generar una mixtura dentro del mismo cargo por incluir dos causales completamente diferentes. <\/p>\n
2. En gracia de discusi\u00f3n, si se realizara un an\u00e1lisis sistem\u00e1tico del contenido del cargo, tambi\u00e9n podr\u00eda deducirse que la inclusi\u00f3n de la palabra \u00abindirecta\u00bb fue meramente accidental, como si de un error mecanogr\u00e1fico se tratara. <\/p>\n
A esa conclusi\u00f3n podr\u00eda arribarse, al reparar en que ab initio la parte interesada manifest\u00f3: \u00abMe permito invocar como causal de casaci\u00f3n la se\u00f1alada en el numeral primero del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por considerar la sentencia acusada como violatoria directa de los art\u00edculos (\u2026)\u00bb y al cierre adujo \u00ab(\u2026) el Tribunal tambi\u00e9n incurri\u00f3 en violaci\u00f3n directa por infracci\u00f3n directa al desconocer la existencia del mencionado principio\u00bb, lo que permitir\u00eda entender que solo ciment\u00f3 su reproche en la v\u00eda directa; no obstante, aun siendo as\u00ed, tampoco se abre la paso la admisi\u00f3n del cargo, como enseguida se explica: <\/p>\n
2.1. Habida cuenta que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 336 del C.G.P. ata\u00f1e a la violaci\u00f3n directa de una norma sustancial, el inconforme debe se\u00f1alar por lo menos una de ese linaje, \u00absin que sea necesario incorporar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb, y tampoco \u00abcomprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb (art. 344 Ib). <\/p>\n
Las normas de esa categor\u00eda, como inveteradamente se ha dicho, son aquellas que declaran, crean, modifican, o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas; por lo tanto, no pueden confundirse con \u00ablos preceptos materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u201d (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)\u00bb12. <\/p>\n
2.2. Como el recurso alude a la violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 871 del C\u00f3digo de Comercio, calificado como una norma sustancial por el quejoso, pronto se advierte que dicho canon no pertenece a esa categor\u00eda, sino a una diversa, como en reciente pronunciamiento la aclar\u00f3 esta Sala en un evento de similares connotaciones, veamos: <\/p>\n
\u00abse advierte que el grueso de los preceptos aludidos en la sustentaci\u00f3n de los cargos no declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas, sino que consagran directivas generales, con alto grado de abstracci\u00f3n (art\u00edculos 1602 y 1603, C\u00f3digo Civil; 871 del C\u00f3digo de Comercio) (\u2026)\u00bb13 (resaltado ajeno al texto) <\/p>\n
Premisa que anteriormente tambi\u00e9n se hab\u00eda planteado en igual sentido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el examen del cargo devela que el ataque casacional tuvo por norte la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 4, 835, 864 y 871 del C\u00f3digo de Comercio y 1620, 1621 y 1624 del C\u00f3digo Civil, por inaplicaci\u00f3n; sin embargo, ninguna de tales disposiciones tienen el car\u00e1cter de norma sustancial, toda vez que una se limita a la definici\u00f3n del contrato (864), otras dos desarrollan el postulado de la presunci\u00f3n de buena fe y la obligaci\u00f3n de que los contratos se celebren y ejecuten conforme al mismo (835, 871)\u00bb14 (resaltado intencional). <\/p>\n
2.3. La misma situaci\u00f3n se predica de los art\u00edculos 1502 y 1602 del C\u00f3digo Civil, ya que tampoco se avienen como normas de estirpe sustancial, tal como en precedencia se ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abMem\u00f3rese que los recurrentes denuncian \u201cla violaci\u00f3n directa de la ley sustancial\u201d, particularmente, de los art\u00edculos 1502, 1504 y 1505 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n; sin embargo, ninguno de los mencionados preceptos es de ese linaje, ya que no crean, modifican o extinguen derechos. En efecto, como ya lo ha precisado la Corte, el primero \u201ces simplemente enunciativo de los requisitos que debe contener el negocio jur\u00eddico\u201d (CSJ AC3600-2018, reiterado en AC2117-2020)\u00bb15 (resaltado ajeno). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el 1602 consagra un principio general en torno a la fuerza que tiene la voluntad dispositiva, pacta sunt servanda (CSJ AC877-2019 y AC2117-2020, entre otros), por lo que tales disposiciones jur\u00eddicas resultan insuficientes para estructurar un cargo por violaci\u00f3n de la ley sustancial\u00bb (CSJ AC6075-2021, 16 dic.)\u00bb16 <\/p>\n
Siendo as\u00ed, como ninguna de las normas a las que hizo alusi\u00f3n la parte recurrente se erigen como normas de estirpe sustancial, no pod\u00edan ser objeto de ataque por la v\u00eda directa como se pretendi\u00f3 en el sub lite, bajo la premisa del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que tampoco se admitir\u00e1 la demanda frente a este cargo. <\/p>\n
3. Lo expuesto es suficiente para inadmitir los cargos propuestos, m\u00e1xime cuando no se avizora ninguna circunstancia excepcional que imponga su selecci\u00f3n para llevarlo a un estudio de fondo (art\u00edculo 336, in fine, del C\u00f3digo General del Proceso). Es m\u00e1s, ni siquiera se observa que este caso amerite un an\u00e1lisis especial, pues no se vislumbra la posible violaci\u00f3n de los derechos fundamentales de la parte recurrente. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara inadmisible la demanda de casaci\u00f3n de la referencia; por lo tanto, no la recibe a tr\u00e1mite. Como consecuencia, se ordena devolver el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C. \u2013 Sala Civil, para lo pertinente. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Presidente de Sala) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ AC2947-2017 (Citado en AC6078-2021). <\/p>\n
2\u0002 Reiterada en AC4207-2021. <\/p>\n
3\u0002 AC-6492, 28 de septiembre de 2016, rad. No. 2008-00224-02. <\/p>\n
4\u0002 AC-5845, 25 de enero de 2022, rad. No. 2018-14463-01. <\/p>\n
5\u0002 AC-5845, 25 de enero de 2022, rad. No. 2018-14463-01. <\/p>\n
6\u0002 CSJ, 28 de febrero de 2013, rad. No. 2002-1011-01. <\/p>\n
7\u0002 Reiterada en CSJ, 28 de febrero de 2013, rad. No. 2002-1011-01. <\/p>\n
8\u0002 CSJ, 7 de junio de 2013, rad. No. 2004-0457-01. <\/p>\n
9\u0002 Reiterado en AC-999-2022, 31 de marzo de 2022, rad. No. 2017-0409-01. <\/p>\n
10\u0002 AC-4048, 27 de junio de 2017, rad. No. 2014-00173-01. <\/p>\n
11\u0002 Reiterada en AC-4048 de 2017. <\/p>\n
12\u0002 Reiterada en AC-4591 de 2018. <\/p>\n
13\u0002 AC-4034, 13 de septiembre de 2021, rad. No. 2007-00374-01. <\/p>\n
14\u0002 AC-8508, 13 de diciembre de 2017, rad. No. 2015-00733-01. <\/p>\n
15\u0002 AC-5726, 2 de diciembre de 2021, rad. No. 2018-00032-01. <\/p>\n
16\u0002 AC-998, 31 de marzo de 2022, rad. No. 2017-00325-02. <\/p>\n
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AC1790-2022 (2015-00415-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC1790-2022 Radicaci\u00f3n: 11001-31-03-002-2015-00415-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63104","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63104","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63104"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63104\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63104"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63104"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63104"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}