AC1793-2022 (2017-00244-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1793-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 76001-31-03-002-2017-00244-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Adriana Paredes Mu\u00f1oz frente a la sentencia del 10 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dentro del proceso adelantado en contra de Blanca Flor Ca\u00f1\u00f3n de Tabares y dem\u00e1s personas \u00abinciertas e indeterminadas\u00bb. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En este asunto se pretende la declaratoria de prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 370-344360, ubicado en el kil\u00f3metro 6 del corregimiento de la Buitrera, \u00abFinca Arizona\u00bb del municipio de Santiago de Cali y, en consecuencia, se realice la inscripci\u00f3n en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos correspondiente, as\u00ed como se condene en costas a la demandada. <\/p>\n
2. El relato f\u00e1ctico del asunto, se circunscribe a que Adriana Paredes Mu\u00f1oz ha ejercido desde el 30 de abril de 2001 posesi\u00f3n \u00abininterrumpida civil y naturalmente siendo tranquila, quieta, p\u00fablica, sin violencia, ni clandestinidad como persona natural sin reconocer dominio ajeno de terceras personas\u00bb respecto del mencionado bien, en el que tambi\u00e9n ha adelantado la instalaci\u00f3n de 7 casas prefabricadas, mejoras, remodelaciones, pago de impuestos, servicios p\u00fablicos, plantaci\u00f3n y \u00abexpulsi\u00f3n de personas invasoras\u00bb (fls. 62 a 64, pdf 001). <\/p>\n
3. El asunto le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali. <\/p>\n
3.1 La demanda se admiti\u00f3 con auto del 13 de septiembre de 2017 (fl. 66), prove\u00eddo corregido el 25 siguiente (fl. 67). Notificada la demandada Blanca Flor Ca\u00f1\u00f3n de Tabares (fl. 88) y designada la curadora ad litem (fls. 91, 97) procedieron a contestar la demanda, la primera se opuso a las pretensiones, formul\u00f3 como excepci\u00f3n la denominada \u00abausencia de los requisitos que la ley exige para el ejercicio de la acci\u00f3n de Prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio\u00bb (fls. 170 a 177); y la segunda manifest\u00f3 que \u00ab[p]robados los hechos constitutivos de posesi\u00f3n\u2026 no encuentra\u2026 motivos de oposici\u00f3n a las pretensiones de la demanda\u00bb, y propuso la excepci\u00f3n \u00abINNOMINADA\u00bb (fls. 98, 99). <\/p>\n
3.2 A trav\u00e9s de su apoderado, Blanca Flor Ca\u00f1\u00f3n de Tabares present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n (fls. 83 a 98, pdf 006), en la que solicit\u00f3 (i) declarar que le pertenece el \u00abdominio pleno y absoluto\u00bb del inmueble objeto del litigio y, en consecuencia, ordenar el registro de la sentencia en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 370-0344360; (ii) tener a Adriana Paredes Mu\u00f1oz como poseedora de mala fe; (iii) ordenar a la \u00faltima mencionada la restituci\u00f3n del bien; y (iv) se condene en costas a la se\u00f1ora Paredes Mu\u00f1oz. <\/p>\n
En s\u00edntesis, se\u00f1al\u00f3 que mediante escritura p\u00fablica No. 2415 del 3 de junio de 1996 de la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Cali, adquiri\u00f3 el dominio pleno y absoluto de la \u00abFinca La Arizona\u00bb identificada con folio 370-0344360. Que siempre tuvo la posesi\u00f3n del bien, \u00ablo cual fluye del conocimiento de que es su hijo el se\u00f1or H\u00e9ctor Mario Tabares Ca\u00f1\u00f3n y por ende el reconocimiento como tal por cuenta de la reconvenida Adriana Paredes Mu\u00f1oz, esposa de H\u00e9ctor Mario Tabares, seg\u00fan el registro civil que ella misma anexa a la demanda\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00abla rebeld\u00eda de la se\u00f1ora Adriana Pareces Mu\u00f1oz respecto a la calidad de tenedora [del inmueble] si acaso, data de 2015, pero con bastante imprecisi\u00f3n, pues no hay certeza de cuando (sic) se podr\u00eda detentar la INTERVERSI\u00d3N DEL T\u00cdTULO de tenencia en posesi\u00f3n. Esta para los efectos de esta demanda\u00bb, la cual \u00abexige que dicha calidad en el demandado (sic), aflora cuando ante la DIAN la se\u00f1ora ADRIANA PAREDES MU\u00d1OZ se atribuye la calidad de poseedora; es decir, solamente en el a\u00f1o 2017 y siendo amplio, desde 2015, a lo sumo\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en un tr\u00e1mite de cobro coactivo que adelant\u00f3 la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN en contra de Blanca Flor, y que recay\u00f3 sobre el inmueble debatido, no pod\u00eda otorg\u00e1rsele la calidad de poseedora a la se\u00f1ora Paredes Mu\u00f1oz, por cuanto en dicho procedimiento se vulner\u00f3 el debido proceso, impidi\u00e9ndole ejercer a la demandante en reconvenci\u00f3n su derecho de defensa, aunado a que la Adriana Paredes Mu\u00f1oz siempre ha reconocido a Blanca Flor como propietaria del bien. <\/p>\n
3.3 La demanda fue admitida con auto del 20 de marzo de 2019 (fls. 99, 100 pdf 006). En ejercicio de su derecho de defensa, Adriana Paredes Mu\u00f1oz neg\u00f3 que fuese tenedora del inmueble en disputa, ratific\u00f3 su calidad de poseedora de forma tranquila, p\u00fablica e ininterrumpida como lo propuso en la demanda inicial (fls. 182 a 88 pdf 001). <\/p>\n
4. Practicada la inspecci\u00f3n judicial y adelantado el tr\u00e1mite propio de esta clase se procesos, en audiencia del 25 de octubre de 2019 se dict\u00f3 sentencia de primera instancia en la que se accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda inicial y se neg\u00f3 la reivindicaci\u00f3n formulada en reconvenci\u00f3n por Blanca Flor Ca\u00f1\u00f3n de Tabares, \u00faltima que result\u00f3 condenada en costas (fls. 267 a 270 pdf 001). <\/p>\n
5. Inconforme con lo resuelto por el a quo, el apoderado de Blanca Flor Ca\u00f1\u00f3n de Tabares apel\u00f3 la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El 10 de mayo de 2021, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali revoc\u00f3 el fallo de primera instancia. En consecuencia, (i) neg\u00f3 las pretensiones de la demanda inicial; (ii) declar\u00f3 que, a Blanca Flor Ca\u00f1\u00f3n de Tabares le pertenece el dominio pleno y absoluto del inmueble denominado \u00abFinca Arizona\u00bb con matr\u00edcula No. 370-344360; (iii) orden\u00f3 a Adriana Paredes Mu\u00f1oz la restituci\u00f3n del bien ya se\u00f1alado, as\u00ed como el pago de los \u00abfrutos civiles percibidos o que hubieren podido percibirse por las casas n\u00fameros 6 y 3 levantadas en el predio, seg\u00fan lo expresado en el juramento estimatorio desde el 22 de noviembre de 2015 hasta la fecha en que se restituya el predio\u2026\u00bb; (iv) negar el reconocimiento de mejoras; (v) ordenar el levantamiento de la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda; y (vi) condenar en costas en ambas instancias a la demandante inicial. <\/p>\n
Luego de realizar un recuento de la actuaci\u00f3n judicial, expuso los requisitos para adquirir un inmueble por prescripci\u00f3n extraordinaria. Seguidamente, rese\u00f1\u00f3 y analiz\u00f3 la prueba incorporada, constitutiva de (i) los interrogatorios de parte, (ii) las testimoniales tra\u00eddas por la demandante inicial (V\u00edctor Alfonso Sandoval Rodr\u00edguez, Clara In\u00e9s Gonz\u00e1lez Rivera, Jair Manuel Manrique Morales, Arnulfo Pe\u00f1a Vasco y Gladis Cer\u00f3n), y por parte de la demandada principal (V\u00edctor Hugo V\u00e1squez Vesga, tachado de sospechoso pero no descalificado su dicho por el Tribunal, Carmen Juliana Tabares Ca\u00f1\u00f3n y Nelson Ca\u00f1\u00f3n); y (iii) las documentales conformadas por contratos de arrendamiento, recibos p\u00fablicos, certificaciones, prueba pericial, escrituras y pagos de impuestos aportados por ambas contendientes. <\/p>\n
Todo lo anterior una vez analizado de manera individual y conjunta llev\u00f3 al ad quem a la conclusi\u00f3n de que Adriana Paredes Mu\u00f1oz \u00abingres\u00f3 al inmueble en el a\u00f1o 2001 por su condici\u00f3n de esposa del hijo de la propietaria y en calidad de tenedora, tenencia que continu\u00f3 en los a\u00f1os siguientes hasta el 22 de noviembre de 2015 cuando hizo desconocimiento frontal, abierto y franco de los derechos de la due\u00f1a y realiz\u00f3 actos posesorios a su nombre, que continu\u00f3 efectuando hasta la presentaci\u00f3n de la demanda en el a\u00f1o 2017\u00bb. <\/p>\n
Entonces, como para le momento en el que se radic\u00f3 la demanda hab\u00edan transcurrido tan solo 2 a\u00f1os de los 10 que se exigen por la normativa para este caso, luego no se abre paso a la prescripci\u00f3n invocada, por el contrario procede la reivindicaci\u00f3n peticionada por cuanto (i) Blanca Flor Ca\u00f1\u00f3n de Tabares ostenta la titularidad del inmueble mediante escritura 2415 del 3 de junio de 1996; (ii) la posesi\u00f3n est\u00e1 en cabeza de Adriana Paredes Mu\u00f1oz a partir de noviembre de 2015; (iii) es un bien singular debidamente identificado; (iv) existe identidad entre la cosa que se pretende y la pose\u00edda; y (v) la demandada en reconvenci\u00f3n tom\u00f3 la posesi\u00f3n del terreno sin t\u00edtulo alguno y la anuencia de la propietaria. <\/p>\n
La se\u00f1ora Adriana Paredes Mu\u00f1oz es poseedora de mala fe (art. 2531 C.C. y sentencia de la CSJ del 7 de diciembre de 1962), por lo que debe restituir el inmueble junto con los frutos civiles (art. 964 C.C.), para lo cual deber\u00e1 tenerse en cuenta las pautas del juramento estimatorio realizado al respecto, por lo que se limita a \u00ablos frutos producidos por las casas n\u00fameros 6 y 3 levantadas en el inmueble y por un mismo valor de canon de arrendamiento, que es el pactado en los contratos celebrados por la se\u00f1ora Paredes como arrendadora: $650.000 y $350.000 desde el 23 de mayo para la casa 6 y junio 6 de 2016 para la casa 3 y hasta la fecha de esta decisi\u00f3n, y los que se sigan causando hasta la restituci\u00f3n\u00bb, precisando que \u00abcomo la posesi\u00f3n exclusiva de la se\u00f1ora Paredes se estableci\u00f3 desde el 22 de diciembre de 2015, los frutos de esas casas hasta las fechas de cada contrato se calcular\u00e1n deduciendo de cada canon pactado el IPC\u00bb, por lo que present\u00f3 el c\u00e1lculo correspondiente. <\/p>\n
En cuanto a las mejoras \u00abnada hay que reembolsar por este concepto a la se\u00f1ora Paredes por cuanto no se acreditaron obras de tal \u00edndole realizadas por ella durante su posesi\u00f3n iniciada en noviembre de 2015, esto es, no se prueba que hubiere realizado obras sin las cuales el inmueble hubiere desaparecido o desmejorado su valor\u00bb, y respecto a aquellas que fueran \u00fatiles \u00abno demostr\u00f3 haberlas realizado durante su posesi\u00f3n, por lo que como poseedora de mala fe no tiene derecho ni a su abono ni al retiro de materiales\u2026 Es m\u00e1s, no hay prueba clara y contundente de que fuere la se\u00f1ora Paredes quien levantara con sus propios recursos las casas que se encuentran en el predio\u00bb. Luego, lo que \u00abs\u00ed es claro es que fueron construidas cuando era tenedora en el a\u00f1o 2001, pues el dictamen pericial que no mereci\u00f3 reparo y fue emitido a su solicitud en el a\u00f1o 2019, dice que la vetustez de las casas levantadas en el predio y que relaciona, es de 18 a\u00f1os aproximadamente\u00bb (pdf 018). <\/p>\n
III. DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La actora en la demanda principal y demandada en reconvenci\u00f3n, en sede de casaci\u00f3n1 sustent\u00f3 en tres cargos por violaci\u00f3n indirecta a la ley sustancial (causal 2, art. 336 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013 C.G. del P.), invoc\u00e1ndose como transgredidos los art\u00edculos 762, 2512, 2518, 2527, 2531 y 2532 del C\u00f3digo Civil, \u00abcomo consecuencia de la inobservancia de los art\u00edculos 176, 220 y 221 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, agregando para el cargo tercero en materia procesal el canon 232 del C.G. del P. (Carpeta 06). <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Lo fund\u00f3 en la pretermisi\u00f3n del interrogatorio de parte rendido por Blanca Flor Ca\u00f1\u00f3n de Tabares, por lo que se configur\u00f3 un \u00aberror de hecho\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3, que Blanca Flor al rendir su declaraci\u00f3n \u00abaporta elementos f\u00e1cticos que deb\u00edan ser valorados en conjunto y conforme la normatividad (sic) que regula el tema en materia como es el art\u00edculo 176 del c\u00f3digo general del proceso\u00bb, relato que \u00abhilando cada versi\u00f3n dada por los hom\u00f3logos testimonios, conducir\u00eda dicha valoraci\u00f3n o an\u00e1lisis a un conocimiento diferente al que se orient\u00f3 finalmente el tribunal\u00bb, por lo que enseguida rese\u00f1\u00f3 los diferentes aspectos expuestos por la demandada inicial. En tal sentido, se concluye que \u00abla interversi\u00f3n del t\u00edtulo como tenedora a poseedora se materializ\u00f3 en el a\u00f1o 2003\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Se edific\u00f3 en la \u00abequivocada estimaci\u00f3n de una determinada prueba la cual es soporte fundamental de la sentencia cuestionada configurando tal situaci\u00f3n un error de derecho\u00bb, debido a una aplicaci\u00f3n indebida de la normativa por parte del Tribunal, desembocando en la \u00aberrada estimaci\u00f3n de las pruebas testimoniales rendidas en el proceso a restar la eficacia que la ley les concede\u00bb. <\/p>\n
Para exponer su inconformidad se remiti\u00f3 a las declaraciones de los testigos Clara In\u00e9s Gonz\u00e1lez Rivera, Arnulfo Pe\u00f1a Vasco, Gladis Cer\u00f3n Z\u00e1rate y Jair Manuel Enrique Morales, de los cuales indic\u00f3 que debieron valorarse atendiendo a las directrices del art. 176 del C\u00f3digo General del Proceso. Al respecto, puso de presente que todos ellos dieron cuenta que conoc\u00edan a Adriana Paredes Mu\u00f1oz entre 10 y 25 a\u00f1os atr\u00e1s, la primera testigo como arrendataria y los dem\u00e1s en calidad de vecinos, presentando en su declaraci\u00f3n que la se\u00f1ora Paredes Mu\u00f1oz actuaba como se\u00f1ora y due\u00f1a del bien objeto de debate, realiz\u00f3 la construcci\u00f3n de 5 a 6 de las 7 viviendas prefabricadas que all\u00ed se ubican, por lo que no puede concluirse como lo hizo el Tribunal que no existieron mejoras, adem\u00e1s que manifestaron los declarantes que desconoc\u00edan a la se\u00f1ora Blanca Flor Ca\u00f1\u00f3n de Tabares, as\u00ed como al supuesto administrador del inmueble, V\u00edctor Hugo V\u00e1squez Vesga. Tambi\u00e9n se constat\u00f3 que la interversi\u00f3n del t\u00edtulo tuvo lugar en el a\u00f1o 2003. <\/p>\n
En tal sentido indic\u00f3 que \u00abla prueba testimonial vista desde los criterios valorativos de la prueba, junto con la sana cr\u00edtica llevan a determinar que se encuentra[n] completamente probados los supuestos de hecho que la norma exige para determinar que debe declarar que ha operado el derecho a usucapir un bien conforme al art\u00edculo 2518, 2531 del c\u00f3digo civil\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Reproch\u00f3 la \u00aberrada estimaci\u00f3n de la prueba\u2026 por error de derecho la prueba pericial rendida en el proceso\u00bb. Se gener\u00f3 la trasgresi\u00f3n de los art\u00edculos 176 y 232 del C.G. del P., por cuanto el ad quem en la sentencia indica que se present\u00f3 un dictamen pericial \u00abhace \u00e9nfasis en la cantidad de casas que se encuentran construidas en el predio a la vez que enfatiza en a (sic) vetustez que el predio le atribuye a las construcciones\u00bb, seguidamente, el juzgador \u00abde manera errada, le da una tarifa legal al dictamen pericial allegado, determinando como \u00fanica prueba que puede conducir a determinar si las construcciones dentro del predio a usucapir fueron o no construidas por la demandante, transgrediendo con este hecho con (sic) el principio de unidad probatorio, sana cr\u00edtica y dem\u00e1s regulados\u2026\u00bb, aunado a que no tuvieron en cuenta las testimoniales de Clara In\u00e9s, Arnulfo, Gladis y Jair Manuel para determinar si las edificaciones estaban o no en cabeza de la demandante inicial. <\/p>\n
Que la conclusi\u00f3n del Tribunal partiendo de la pericia, respecto a la antig\u00fcedad de las casas prefabricadas solo da cuenta de una fecha aproximada de los elementos que la componen, pero no evidencia de manera inequ\u00edvoca el tiempo de su construcci\u00f3n, por cuanto \u00abno tiene ninguna relaci\u00f3n la creaci\u00f3n del material con la incorporaci\u00f3n de esos inmuebles al terreno\u00bb, y con la valoraci\u00f3n completa y conjunta de la prueba se puede constatar que fue Adriana Paredes Mu\u00f1oz, con su propio dinero, quien compr\u00f3 e instal\u00f3 las viviendas, luego s\u00ed se efectuaron mejoras y construcciones por parte de la demandante, contrario a lo razonado en la sentencia de segunda instancia, por lo que bajo \u00abestar circunstancias el Tribunal se encuentra en un error de derecho que conlleva la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 762, 2512, 2518, 2527, 2531 y 2531 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n conlleva el cumplimiento de ciertos requisitos que han de observarse por los inconformes, por lo que se deben respetar las reglas propias de cada causal se\u00f1al\u00e1ndose en el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013 C.G. del P.- que los cargos, habr\u00e1n de formularse por separado, contra la sentencia recurrida y contendr\u00e1n \u00abla exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, sin que sea labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que all\u00ed se generen, pues de incumplirse se generar\u00eda la inadmisi\u00f3n de la demanda (art. 346 Ib.). <\/p>\n
Actuar con claridad supone que la protesta debe explicitar las razones que le llevan a considerar que el fallador de instancia incurri\u00f3 en una equivocaci\u00f3n, que su error tiene la fuerza de afectar la totalidad de la decisi\u00f3n, por lo que est\u00e1 proscrito que se acuda a f\u00f3rmulas abstractas, \u00abo elucubraciones sobre cu\u00e1l debi\u00f3 ser la decisi\u00f3n definitiva\u00bb (CSJ AC3919-2017, AC5503-2017). <\/p>\n
La precisi\u00f3n tiene como prop\u00f3sito la orientaci\u00f3n del reproche hacia los fundamentos centrales de la argumentaci\u00f3n de la sentencia atacada, pues de lo contrario la recriminaci\u00f3n no podr\u00eda abrirse paso (CSJ AC028-2018). <\/p>\n
Que sea completa, significa que la recurrente deber\u00e1 controvertir la totalidad de las bases de la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual descansa la sentencia, de ah\u00ed que ninguna de ellas puede quedar ausente de cuestionamiento (CSJ AC5379-2021). <\/p>\n
Ahora, aunque se superen las formalidades t\u00e9cnicas de esta clase de asuntos la Corte podr\u00e1 negar el curso de la protesta extraordinaria, primero, ante la existencia de jurisprudencia reiterada sobre el caso, sin que se demuestre la necesidad de variar su sentido; segundo, cuando no se advierten los errores aducidos, bien sea por saneamiento, ausencia de afectaci\u00f3n a los contendientes o irrelevancia de la lesi\u00f3n; y tercero, al evidenciarse que la afrenta al ordenamiento jur\u00eddico no va en detrimento del recurrente (art. 347 ejusdem). <\/p>\n
2. Para acudir al remedio extraordinario el legislador previ\u00f3 5 causales (art. 336 del C.G. del P.), de las cuales en el presente asunto se alude a la segunda de ellas, cuya hermen\u00e9utica de forma concordante a lo previsto en el art. 344 Ib., es la siguiente: <\/p>\n
La causal segunda de casaci\u00f3n exige el ataque de una norma sustancial. La v\u00eda indirecta sucede cuando se constata un error de derecho por desconocimiento de norma sustantiva, donde adem\u00e1s habr\u00e1n de indicarse \u00ablas normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb; o, de hecho, al ser manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n, o de una prueba determinada. <\/p>\n
Cuando se trata de esta causal, tambi\u00e9n se impone al recurrente el deber de se\u00f1alar la forma como el funcionario judicial las trasgredi\u00f3. <\/p>\n
En esa tarea quien advierte su inconformidad con la sentencia cuestionada v\u00eda casaci\u00f3n, debe controvertir los pilares del fallo, se\u00f1alar la incidencia de los errores y como estos constituyeron el menosprecio de los preceptos normativos que se invocan. Adem\u00e1s, debe cotejar la contundencia e inconsistencia entre lo objetivamente probado por los medios de persuasi\u00f3n y las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juzgador (CSJ AC5861-2021). <\/p>\n
3. Precisado lo anterior, se anticipa que la demanda de casaci\u00f3n que aqu\u00ed se estudia habr\u00e1 de inadmitirse. <\/p>\n
Respecto al canon 2532 del C.C., se han planteado dos l\u00edneas, la primera identific\u00e1ndolo como sustancial (S220-1985, S227-1990, S008-1992, AC7510-2017); y la segunda negando tal calidad (A214-1996, A6026-1996, AC943-2020, AC4210-2021). Este \u00faltimo ha sido el criterio reciente sostenido por esta Sala y que se reafirma se\u00f1alando que el precepto estudiado carece de car\u00e1cter sustantivo, por cuanto \u00abse limita a indicar que \u201c[e]l lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripci\u00f3n, es de diez (10) a\u00f1os contra toda persona y no se suspende a favor de las enumerados en el art\u00edculo 2530\u201d\u00bb (AC4210-2021). <\/p>\n
Y, a\u00fan si se soslayara lo inmediatamente anterior, bien sea por la v\u00eda del error de hecho o de derecho, tambi\u00e9n se cerrar\u00eda la puerta a la demanda de casaci\u00f3n propuesta, por cuanto la recurrente simplemente enunci\u00f3 el art. 2532 del C.C., la inconforme no expuso \u00absu texto literal, escenario que revela el incumplimiento del opugnador a su carga de poner de presente la infracci\u00f3n \u201cindirecta de la ley sustancial\u201d\u00bb (AC5864-2021) <\/p>\n
Tampoco atac\u00f3 los pilares conclusivos de la valoraci\u00f3n del Tribunal, ya que el juzgador determin\u00f3 la interversi\u00f3n del t\u00edtulo a partir 22 de noviembre del 2015, pero la demandante inicial simplemente enfil\u00f3 su argumentaci\u00f3n para establecer que fue desde el 2003, apenas estructurando su inconformidad en algunos medios de convicci\u00f3n testimonial y una pericia, sin descalificar toda la valoraci\u00f3n y los restantes elementos de prueba consignados en la sentencia de segunda instancia, faltando as\u00ed a la completitud propia de este recurso que impone la cr\u00edtica total a la construcci\u00f3n jur\u00eddica del fallo que resguarda la sentencia de \u00faltima instancia, de ah\u00ed que \u00abla argumentaci\u00f3n del recurso debe tener un temple superior a las alegaciones de las partes durante el proceso\u00bb (AC2708-2020). <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica ha dicho la Sala: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa\u2019. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo(\u2026)\u00bb (CSJ AC7629 de 2016, rad. n\u00ba 2013-00093-01, reiterado en AC879-2019). <\/p>\n
3.2 La misma suerte corren los art\u00edculos 176, 220, 221 y 232 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto si la protesta se enfila por el error de hecho (cargo primero), ha de indicarse una norma sustantiva lo cual no acontece con los preceptos indicados, tal como lo ha sostenido reiteradamente esta Sala, entre otras, en providencias AC2713-2019, AC772-2020, AC3327-2021 y AC706-2022, donde se advierte la naturaleza probatoria de dichas disposiciones. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, si la inconformidad se formula bajo la v\u00eda del error de derecho (cargos segundo y tercero) es indispensable que las normas probatorias antes indicadas est\u00e9n ligadas a unos preceptos sustanciales transgredidos, lo que aqu\u00ed no ocurre, por cuanto la mencionada calidad como qued\u00f3 explicado l\u00edneas atr\u00e1s no la ostentan ninguna de la normativa del C\u00f3digo Civil invocada. Luego, los c\u00e1nones procesales por s\u00ed solos no dan lugar a derribar una sentencia, siendo necesario que \u00abde la infracci\u00f3n de una de esas disposiciones resulte infringida otra norma sustantiva\u00bb (G. J. T. LVI, P\u00e1g. 318)\u00bb, criterio reiterado en AC2666-2019 en el que tambi\u00e9n se dijo: <\/p>\n
\u00abY es que aunque en verdad pudieran resultar desconocidas en la sentencia confutada normas probatorias o rituales, al no referirse en las causales primera o segunda la norma sustancial, esto traer\u00eda como corolario que no existir\u00edan elementos para corroborar que se produjo el quebrantamiento de la ley sustantiva, aspecto principal\u00edsimo de esos dos motivos de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. En armon\u00eda con lo dicho, cumple se\u00f1alar que si el asunto se abordara desde otra perspectiva resultar\u00eda impertinente desconocer las deficiencias advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, por cuanto analizado el proceso, como lo fue, no se evidencia vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales, al principio de legalidad de las sentencias o que se comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico; y tampoco se requiere un pronunciamiento unificador de jurisprudencia respecto del tema discutido (inciso final art. 336 del C.G. del P., canon 16 de la Ley 270 de 1996, reformado por el precepto 7 de la Ley 1285 de 2009). <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que el recurso de casaci\u00f3n se concedi\u00f3 por parte del Tribunal el 1 de junio de 2021 (pdf 021) teniendo en cuenta que para el a\u00f1o 2019 el bien objeto de litigio contaba con un aval\u00fao de \u00ab$1.230\u2019510.000\u00bb, por lo que se cumpl\u00eda con el justiprecio. Esta Corte admiti\u00f3 la protesta extraordinaria el 10 de septiembre de 2021 (pdf 03). <\/p>\n
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AC1793-2022 (2017-00244-01)_1 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC1793-2022 Radicaci\u00f3n n. \u00ba 76001-31-03-002-2017-00244-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63106","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63106","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63106"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63106\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63106"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63106"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63106"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}