AC1957-2022 (2021-00618-00)<\/p>\n
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AC1957-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-00618-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por la parte demandante frente al auto de 06 de octubre de 2020, por medio del cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca neg\u00f3 conceder el recurso de casaci\u00f3n instaurado contra la sentencia de 27 de agosto del 2020. El prove\u00eddo se dict\u00f3 dentro del proceso de pertenencia promovido por la impugnante contra Alberto L\u00f3pez Jim\u00e9nez. El demandado reconvino y ejerci\u00f3 la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Petitum: La demandante pidi\u00f3 que se declare que adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria el inmueble ubicado en la carrera 6 No. 6-11 de la ciudad de Leticia – Amazonas, identificado con F.M.I. No400-0002616, que cuenta con un \u00e1rea de 337 m2. <\/p>\n
2. Causa petendi: Asever\u00f3 que la se\u00f1ora Leyda Baca Arias le ofreci\u00f3 en venta el referido inmueble por la suma de $120.000.000. Sin embargo, como la demandante no ten\u00eda la liquidez para solventar el pago del precio, acord\u00f3 con la propietaria que esta le entregar\u00eda la posesi\u00f3n del bien, \u00abporque ten\u00eda que irse de Leticia y que la se\u00f1ora AMPARO NAVARRETTE JEJ\u00c9N, le har\u00eda pagos o abonos cuando la se\u00f1ora LEYDA BACA ARIAS necesitara y que la se\u00f1ora AMPARO NAVARRETTE JEJ\u00c9N tuviera dinero y le girar\u00eda las sumas de dinero a la ciudad donde se encontrara o cuando pudiera la se\u00f1ora LEYDA BACA ARIAS se trasladar\u00eda a Leticia para recibirlo\u00bb o a las personas que la demandante autorizara. As\u00ed pues, tras pagarse la totalidad del precio, pactaron que la se\u00f1ora Baca Arias suscribir\u00eda la escritura p\u00fablica de compraventa a favor de la demandante, \u00abo en su defecto autorizar\u00eda al se\u00f1or BENJAM\u00cdN SOTO CAPATA, (\u2026) para que suscribiera la escritura de venta del inmueble\u00bb. <\/p>\n
Bajo tales condiciones, el 06 de enero del 2006, se le hizo entrega de la posesi\u00f3n del bien objeto de controversia. Posteriormente, en octubre del 2007, por petici\u00f3n de la propietaria, la se\u00f1ora Amparo consign\u00f3 $40.000.000. As\u00ed mismo, en 2008, le pag\u00f3 a la vendedora las sumas de $10.000.000, $30.000.000, $10.000.000, en los meses de enero y junio. En vista de lo anterior, en agosto del 2008, las contratantes \u00abhablaron e hicieron cuentas y llegaron al acuerdo que tan solo quedaba un saldo de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) para pagar los ciento veinte millones de pesos ($120.000.000) que hab\u00edan pactado como precio del inmueble de la carrera 6 No. 6 11 de Leticia\u00bb. Por ello, la se\u00f1ora Baca Arias remiti\u00f3 un poder autenticado el 26 de agosto del 2008, en el que facult\u00f3 al se\u00f1or Benjam\u00edn Soto Zapata para que suscribiera la escritura p\u00fablica de venta del bien. A su turno, la compradora pag\u00f3 los $10.000.000 restantes. <\/p>\n
En ese orden de ideas, sostuvo que, desde enero del 2006, ha ostentado la posesi\u00f3n de manera quieta, pac\u00edfica, p\u00fablica e ininterrumpida del predio identificado con F.M.I. 400-0002616, ubicado en la ciudad de Leticia. Adem\u00e1s, ha ejecutado actos de se\u00f1or y due\u00f1o a trav\u00e9s de distintos actos, tales como el pago de los servicios p\u00fablicos, el impuesto predial y la celebraci\u00f3n de contratos de arrendamiento. <\/p>\n
A pesar de lo descrito, el 15 de agosto del 2014, las contratantes sostuvieron una reuni\u00f3n en la que la se\u00f1ora Baca Arias, pese a reconocer que se hab\u00eda pagado la totalidad del precio, le \u00abdijo que si quer\u00eda que le firmara la escritura de venta deb\u00eda pagarle $20.000.000= de pesos m\u00e1s y que fuera de eso la compradora ten\u00eda que correr con todos los gastos de escrituraci\u00f3n y de retenci\u00f3n a la fuente, que ella no iba a dar un solo peso\u00bb. Tras varias negociaciones infructuosas, la se\u00f1ora Leyda Baca Arias no volvi\u00f3 a contestar sus llamadas. <\/p>\n
Asegura la demandante que no reconoce al se\u00f1or Alberto L\u00f3pez Jim\u00e9nez como propietario o poseedor del bien, as\u00ed como tampoco lo hace respecto de Leyda Baca Arias, pues esta \u00faltima \u00aba Leticia no ha regresado a ejercer actos de se\u00f1ora y due\u00f1a o de propietaria respecto el bien desde enero del a\u00f1o 2006, y si lo ha ido a Leticia ha sido a firmar los recibos de pago por el precio pactado por la venta del inmueble a la se\u00f1ora AMPARO NAVARRETTE JEJ\u00c9N\u00bb. Pese a ello, y actuando de mala fe, la vendedora suscribi\u00f3 otra escritura p\u00fablica el 26 de julio del 2016, en la que incurri\u00f3 en varias falsedades. <\/p>\n
3. Sentencia de primera instancia: El 07 de febrero de 2020, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Leticia declar\u00f3 probada la titularidad del dominio que el se\u00f1or Alberto L\u00f3pez Jim\u00e9nez detenta sobre el inmueble identificado con F.M.I. 400-2616. En consecuencia, deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda de prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio propuesta por la se\u00f1ora Navarrete Jej\u00e9n, por lo que se le orden\u00f3 entregar el fundo al leg\u00edtimo propietario. <\/p>\n
4. Fallo de segundo grado: El 27 de agosto de 2020, el superior, al resolver la apelaci\u00f3n formulada por el demandante, confirm\u00f3 el prove\u00eddo de primer grado. <\/p>\n
5. Recurso de casaci\u00f3n: Lo propuso la apoderada de la parte demandante. <\/p>\n
6. Decisi\u00f3n sobre la concesi\u00f3n: El Tribunal, mediante auto de 12 de agosto de 2021, no accedi\u00f3 a tramitarlo. En s\u00edntesis, se adujo la falta de demostraci\u00f3n del monto que se exige para la procedencia del medio de impugnaci\u00f3n. Al respecto, observ\u00f3 que \u00ablos medios de convicci\u00f3n que permitir\u00edan establecer el precio de aquel bien -lo m\u00e1s actual posible- pondr\u00edan de presente un aval\u00fao que, a\u00fan actualizado a la fecha de la sentencia -seg\u00fan lo estima el tribunal considerando las naturales din\u00e1micas inmobiliarias y consultando diferentes metodolog\u00edas-, estar\u00eda lejos de llegar a los $877.802.000 que para este a\u00f1o representaba el tope m\u00ednimo para comparecer al tribunal de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En particular, sobre el aval\u00fao del bien estim\u00f3 que \u00abpara el a\u00f1o 2018 el aval\u00fao catastral del predio lleg\u00f3 a $147.969.000 (fl. 307 cd.1), en tanto que la negociaci\u00f3n privada que obra en el expediente, celebrada en julio de 2016 entre Leyda Baca Arias y Alberto L\u00f3pez Jim\u00e9nez, se verific\u00f3 por $139.457.000 (fl. 11 cd. 2), valor que tampoco permite inferir un precio cercano a los $877.802.000 para el fundo sub-j\u00fadice, sin que en el expediente se advierta otro elemento disuasorio id\u00f3neo que permita estructurar una conclusi\u00f3n diferente\u00bb. <\/p>\n
7. Reposici\u00f3n y recurso de queja: Lo interpuso la activa. Para ello, indic\u00f3 que el Magistrado no tuvo en cuenta la demanda en reconvenci\u00f3n, \u00aben la que se solicitan perjuicios materiales y morales, los que deben proyectarse a la fecha de la segunda instancia, lo que lleva a establecer que la cuant\u00eda no es solo por el valor del inmueble y menos a la fecha en que se tuvo en cuenta de la presentaci\u00f3n de la demanda. Esas fechas no son suficientes elementos de juicio\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, estim\u00f3 que, si para el ad quem no eran suficientes los medios suasorios obrantes en el plenario, deb\u00eda \u00abproceder de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 170, 230, 231 del C.G.P.\u00bb. Por ello, solicit\u00f3 la revocatoria de la decisi\u00f3n cuestionada y, en su lugar, se decrete un dictamen pericial \u00abpues la \u00fanica causal para rechazar de plano una actuaci\u00f3n es que haya sido elevada fuera de t\u00e9rmino, de resto est\u00e1 por encima el derecho fundamental al debido proceso y en el evento, con el debido respeto no se est\u00e1 observando\u00bb. <\/p>\n
8. Determinaci\u00f3n frente al remedio horizontal: Se neg\u00f3 el 01 de diciembre de 2020. Para ello, explic\u00f3 que el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n se desprende del agravio o perjuicio que le ocasion\u00f3 la sentencia al recurrente. As\u00ed pues, no es atendible el primer argumento esgrimido por la impugnante \u00absi en la cuenta se tiene que para la determinaci\u00f3n del inter\u00e9s econ\u00f3mico para la impugnaci\u00f3n extraordinaria no podr\u00edan ser estimadas las pretensiones que, contenidas en la demanda de reconvenci\u00f3n, apuntaron a reconocer perjuicios materiales y morales, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que esas no hacen parte de las aspiraciones de la promotora inicial Amparo Navarrete Jej\u00e9n, quien al contrario las resisti\u00f3 por pasiva, por lo que en funci\u00f3n de la suerte de ellas no procede derivar inter\u00e9s alguno\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, indic\u00f3 tampoco es de recibo la alusi\u00f3n a la gesti\u00f3n probatoria de oficio en orden de obtener un dictamen pericial, tal como lo ha sentado la jurisprudencia de esta Sala en SC-8750 del 19 de diciembre del 2017. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aclar\u00f3 que: \u00abla providencia ataca no comport\u00f3 el rechazo de plano del recurso, sino que implic\u00f3 una resoluci\u00f3n interlocutoria enseguida de la interposici\u00f3n del recurso, es decir, cumpliendo el mandato del art\u00edculo 339 del C.G.P. que exige al magistrado decidir de plano sobre la concesi\u00f3n, lo que es ciertamente distinto a lo afirmado por la inconforme. Siendo del caso anotar, con todo, que la decisi\u00f3n atacada consult\u00f3 las reglas procesales vigentes, de donde se sigue que no han sido conculcadas garant\u00edas superiores de las partes\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con los art\u00edculos 352 y 353 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de queja procede contra el auto que deniega conceder el de casaci\u00f3n. Asimismo, tiene como derrotero que la Corte examine si el prove\u00eddo impugnado y ratificado al desatar la respectiva reposici\u00f3n, estuvo o no ajustado al ordenamiento. <\/p>\n
2. La regla 338 ejusdem prescribe su procedencia en pleitos en los cuales las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, siempre y cuando \u00ab(\u2026) el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv) (\u2026)\u00bb, los cuales, traducidos a pesos en 2020, equivaldr\u00edan a $ 877\u00b4803.000. <\/p>\n
A la par, except\u00faa del justiprecio las \u00ab(\u2026) sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo, y las que versen sobre el estado civil (\u2026)\u00bb; en consonancia, con el par\u00e1grafo del precepto 334 \u00eddem, en el cual, tambi\u00e9n se excluyen de esa tasaci\u00f3n las de \u00ab(\u2026) impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha expuesto reiteradamente que \u00abla cuant\u00eda de este inter\u00e9s depende del valor econ\u00f3mico de la relaci\u00f3n sustancial definida en la sentencia, esto es, del agravio, la lesi\u00f3n o el perjuicio patrimonial que con las resoluciones adoptadas en el fallo sufre el recurrente, s\u00f3lo la cuant\u00eda de la cuesti\u00f3n de m\u00e9rito en su realidad econ\u00f3mica en el d\u00eda de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado inter\u00e9s\u00bb (Auto 064 de 15 de mayo de 1991, reiterado en AC2918-2020 y AC867-2021). <\/p>\n
3. En lo que concierne a los procesos de pertenencia la acci\u00f3n est\u00e1 encaminada consolidar el patrimonio del poseedor-demandante, mediante el afianzamiento completo del derecho real de dominio a trav\u00e9s del uso, el goce y la disposici\u00f3n plena del bien, objeto a usucapir, de donde puede deducirse que el petitum de pertenencia reviste un cariz substancialmente econ\u00f3mico. <\/p>\n
4. En el sub-ex\u00e1mine, anticipa la Corte que, como lo estableci\u00f3 el ad-quem, los elementos de juicio adosados al plenario para el momento en que el medio de impugnaci\u00f3n fue formulado no acreditaban el quantum necesario para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, el \u00fanico medio de prueba obrante en el expediente, que se\u00f1ala el valor del inmueble es el Certificado Catastral expedido por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, en el que se\u00f1ala como aval\u00fao la suma de $147.969.000 para el a\u00f1o 20181, cifra muy inferior a la cuant\u00eda exigida como inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, que al 20202 ascend\u00eda a $ 877\u00b4803.000. Aunado a ello, es de resaltar que no es deber ni del Tribunal o de la Corte actualizar motu proprio los valores del bien, pues tal labor reca\u00edda directamente en el interesado. <\/p>\n
De manera que, de los compendios de juicio obrantes en el expediente, el avalu\u00f3 catastral, no se avizora que la cuant\u00eda de 1000 SMLV se encuentre satisfecha. <\/p>\n
5. Ahora bien, aduce la impugnante que el ad quem no observ\u00f3 que en la demanda de reconvenci\u00f3n se solicitaron perjuicios materiales y morales, los que deben proyectarse a la fecha de la segunda instancia. <\/p>\n
Sin embargo, tal petici\u00f3n est\u00e1 llamada al fracaso pues, en torno a la demanda de reconvenci\u00f3n, los perjuicios causados por la sentencia se circunscriben a lo resuelto en la providencia de segunda instancia y no a las pretensiones elevadas por el demandante en reconvenci\u00f3n. En tal virtud, nuevamente el agravio se basa en el valor del inmueble cuya restituci\u00f3n se orden\u00f3 en atenci\u00f3n a la prosperidad de la pretensi\u00f3n reivindicatoria. Sin embargo, en la providencia de primera instancia -confirmada en su totalidad por la del Tribunal- se neg\u00f3 \u00abla pretensi\u00f3n de pagar los frutos naturales o civiles solicitados por el demandante en reconvenci\u00f3n\u00bb, por lo que, en materia de frutos, ning\u00fan perjuicio le caus\u00f3 la decisi\u00f3n que hoy ataca. <\/p>\n
6. Tampoco se le halla raz\u00f3n a la impugnante cuando adujo que el Colegiado de segundo grado debi\u00f3 decretar pruebas de oficio. En efecto, v\u00e9ase que la norma impuso en los impugnantes la carga de acreditar el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, a trav\u00e9s de un dictamen pericial. Sin embargo, se observa que, en el caso en concreto, la parte demandante se abstuvo de ejecutar tal actuaci\u00f3n al momento de interponer el remedio extraordinario. <\/p>\n
Al respecto la Corte ha indicado, <\/p>\n
\u00ab[p]ara la determinaci\u00f3n del mencionado inter\u00e9s, la nueva regulaci\u00f3n procesal prev\u00e9\u0301 que \u201c…su cuant\u00eda deber\u00e1\u0301 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1\u0301 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1\u0301 de plano sobre la concesi\u00f3n\u201d (art\u00edculo 339). Se trata pues de dos maneras para determinar el justiprecio del inter\u00e9s para recurrir, o bien se establece con los elementos de juicio que obren en el expediente; o bien, el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial. No de otra manera puede entenderse los vocablos \u201cpodr\u00e1\u0301\u201d y \u201csi lo considera necesario\u201d que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estar\u00eda convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines. Ahora, de optar el recurrente por no aportar un dictamen pericial que determine el inter\u00e9s para recurrir, se somete entonces al escrutinio que sobre el particular pueda hacer el ad quem con los elementos de juicio que obren en el expediente. Pero, de elegir hacer uso de tal prerrogativa, habr\u00e1\u0301 de ce\u00f1irse en su aportaci\u00f3n a las normas probatorias que regulan la aducci\u00f3n de este tipo de prueba, pues aunque al dictamen allegado por la parte no se le someta a contradicci\u00f3n, ello no le resta rigurosidad en su materialidad probatoria. De manera que, ese dictamen pericial aportado por el recurrente, no es cualquier documento. Por el contrario, bien claro dispuso el legislador que la carga consiste en aportar un \u201cdictamen pericial\u201d, luego debe cumplir con los requisitos contemplados en el art\u00edculo 226 de la misma codificaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC1923-2018, 16 mayo). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en la actual ley de enjuiciamiento civil, el Cuerpo Colegiado de jueces no est\u00e1 compelido para suplir la deficiencia probatoria del recurrente en casaci\u00f3n. Al respecto, \u00abel recurrente es quien debe satisfacer la carga de demostrar los supuestos necesarios para que el asunto pueda ser objeto de ese control extraordinario, entre ellos la cuant\u00eda requerida para poder acceder a esa v\u00eda\u00bb. (CSJ AC 1146-2021). <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, este Despacho se abstendr\u00e1 de condenar en costas en tanto que la parte demandada no surti\u00f3 ninguna actuaci\u00f3n en la presente instancia. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 27 de agosto del 2020 por Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ya referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO. ABSTENERSE de condenar en costas por no aparecer causadas. <\/p>\n
TERCERO. Devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 307 del Cuaderno 1. <\/p>\n
2\u0002 A\u00f1o en que se profiri\u00f3 la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
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