AC699-2022 (2012-00675-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC699-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-31-03-005-2012-00675-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de mayo dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n que formularon Clara Cecilia Garc\u00eda Paniagua y Criterio Legal SAS frente a la sentencia de 20 de agosto de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso declarativo que promovi\u00f3 Victoria Eugenia Mesa Uribe contra las impugnantes y los herederos de Ram\u00f3n Ignacio Villa Montoya. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
La se\u00f1ora Mesa Uribe pidi\u00f3 declarar la simulaci\u00f3n de los contratos de compraventa instrumentados en las escrituras p\u00fablicas (i) 908, otorgada el 1 de marzo de 2010 en la Notar\u00eda 20 de Medell\u00edn; (ii) 963, otorgada dos d\u00edas despu\u00e9s en la Notar\u00eda 25 de Medell\u00edn; y (iii) 2004, otorgada el 23 junio del mismo a\u00f1o en la Notar\u00eda 20 de Medell\u00edn. <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. Ram\u00f3n Ignacio Villa Montoya falleci\u00f3 el 1 de septiembre de 2011. Le sobrevivieron tres hijos, Ram\u00f3n Eduardo, Mar\u00eda Margarita y Ver\u00f3nica Villa Garc\u00eda, y su esposa en segundas nupcias, Clara Garc\u00eda Paniagua. <\/p>\n
2.2. La actora, primera esposa del se\u00f1or Villa Montoya, mantuvo con este una amistad \u00edntima con posterioridad a su divorcio. En desarrollo de esa relaci\u00f3n, aquella le otorg\u00f3 a este sucesivos cr\u00e9ditos, incorporados en diversos pagar\u00e9s, que para la fecha del fallecimiento del deudor ascend\u00edan a un total de $984.264.271. <\/p>\n
2.3. Para evadir el pago de sus deudas \u2013incluida la que se describi\u00f3 previamente\u2013, y tras ser noticiado de algunos procedimientos ejecutivos iniciados en su contra, el se\u00f1or Villa Montoya decidi\u00f3 transferir simuladamente los \u00fanicos dos inmuebles que, siendo de su propiedad, a\u00fan no hab\u00edan sido objeto de medidas cautelares, y deshacerse tambi\u00e9n de manera fingida de los derechos hereditarios que ten\u00eda sobre la sucesi\u00f3n de sus progenitores, Ram\u00f3n Hernando Villa Marulanda y Adelia Montoya Correa. <\/p>\n
2.4. Para materializar ese prop\u00f3sito, su c\u00f3nyuge para aquel entonces \u2013la se\u00f1ora Garc\u00eda Paniagua\u2013 constituy\u00f3 la sociedad Criterio Legal SAS, a la cual se traspasaron los activos referidos, mediante los distintos negocios jur\u00eddicos de compraventa sobre los que gravita el petitum. <\/p>\n
2.5. Adem\u00e1s de haberse celebrado en una \u00e9poca sospechosa, existen m\u00faltiples indicios de la simulaci\u00f3n de esas negociaciones, como el precio envilecido ($125.632.000 y $23.000.000 por los inmuebles y $5.000.000 por los derechos sucesorales, cuando en realidad ten\u00edan un valor conjunto cercano a los $3.000.000.000); la inusual flexibilidad otorgada para el pago del precio (25 cuotas sin intereses); la cercan\u00eda de los contratantes; o la conservaci\u00f3n de la tenencia por parte del enajenante. <\/p>\n
2.6. A esos vestigios de la falta de seriedad de las negociaciones se suman la desconexi\u00f3n entre el objeto social de la sociedad adquirente \u2013la prestaci\u00f3n de servicios de asesor\u00eda legal\u2013 y la destinaci\u00f3n agr\u00edcola de los inmuebles vendidos; la ausencia de capacidad econ\u00f3mica de la sociedad compradora; su \u00e1gil e intempestiva constituci\u00f3n; la sugestiva representaci\u00f3n legal a cargo de la c\u00f3nyuge del tradente, y la negociaci\u00f3n conjunta o en bloque de los activos. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal <\/p>\n
3.1 Tras ser notificados del auto admisorio de la demanda, la se\u00f1ora Garc\u00eda Paniagua y los herederos determinados del causante Villa Montoya excepcionaron \u00abfalta de acuerdo de voluntades para enga\u00f1ar\u00bb; \u00abinexistencia de simulaci\u00f3n absoluta y relativa\u00bb; \u00abfalta de causa para pedir y falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb; \u00abfalta de concomitancia\u00bb; \u00abinexistencia de enga\u00f1o\u00bb; \u00abbuena fe\u00bb; \u00abtemeridad y mala fe\u00bb; \u00abprescripci\u00f3n y caducidad\u00bb; \u00abculpa exclusiva de la demandante\u00bb y \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
A su turno, Criterio Legal S.A.S. formul\u00f3 las defensas denominadas \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb; \u00abfalta de legitimaci\u00f3n frente al inmueble M.I. 010-02845\u00bb; \u00abausencia de vocaci\u00f3n de prosperidad de la causa petendi\u00bb e \u00abinexistencia de simulaci\u00f3n en las ventas efectuadas por Ram\u00f3n Ignacio Villa Montoya a la sociedad Criterio Legal\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, la curadora ad litem de los herederos indeterminados dijo atenerse a lo que se llegara a probar en el curso del proceso. <\/p>\n
3.2. Por auto del 29 de enero de 2014, el juez a quo orden\u00f3 la integraci\u00f3n del contradictorio con la sociedad Guzm\u00e1n Botero y C\u00eda. S. en C. S., actual propietaria de uno de los predios transferidos mediante las negociaciones que aqu\u00ed se cuestionan. Esta persona jur\u00eddica compareci\u00f3 al proceso y excepcion\u00f3 \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb y \u00abbuena fe contractual\u00bb. <\/p>\n
3.3. Mediante fallo de 6 de junio de 2019, el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Medell\u00edn declar\u00f3 absolutamente simulados los tres negocios jur\u00eddicos fustigados en la demanda. Adem\u00e1s, orden\u00f3 a Criterio Legal SAS restituir a la sucesi\u00f3n del causante Villa Montoya el predio con matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 004-4228, as\u00ed como la hijuela correspondiente a la sucesi\u00f3n de los se\u00f1ores Villa Marulanda y Montoya Correa. Finalmente, absolvi\u00f3 a Guzm\u00e1n Botero y C\u00eda. S. en C., por estimarla adquirente de buena fe de la heredad con folio de matr\u00edcula n.\u00b0 010-02845. <\/p>\n
4. La sentencia impugnada <\/p>\n
Al resolver los recursos de apelaci\u00f3n propuestos por los demandados, el tribunal confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia, argumentando lo siguiente: <\/p>\n
(i) No se discute la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, porque \u00abVictoria Eugenia Mesa Uribe interpone la demanda de simulaci\u00f3n en su calidad de acreedora y, para acreditar su inter\u00e9s, aporta un total de once pagar\u00e9s en copia, firmados por el se\u00f1or Ram\u00f3n Ignacio Villa Montoya, que ascienden a un valor de $948.264.271, en virtud de los cuales se adelantan sendos procesos ejecutivos\u00bb. <\/p>\n
(ii) En materia de simulaci\u00f3n, \u00abdada la evidente complejidad para sacar a la luz algo que reside en el fuero interno de los contratantes, contrario a lo que se\u00f1ala la recurrente, la prueba indiciaria es la m\u00e1s socorrida, con toda la complejidad que ella entra\u00f1a, en esa ardua tarea de desentra\u00f1ar el verdadero querer de los negociantes\u00bb. <\/p>\n
(iii) En este caso, \u00abindudablemente las personas naturales que componen la parte demandada, eran la c\u00f3nyuge sobreviviente e hijos del vendedor del inmueble, se\u00f1or Ram\u00f3n Ignacio Montoya, as\u00ed lo ense\u00f1a la prueba obrante en el proceso. Este parentesco, si bien es cierto no provoca una ineficacia per s\u00e9 del negocio, cobra sospecha cuando se compagina con el hecho que la empresa a donde fueron a parar los inmuebles no es m\u00e1s que una empresa familiar, cuya gerente es la se\u00f1ora Clara Cecilia Paniagua y de la que, actualmente, son accionistas sus hijos aqu\u00ed codemandados\u00bb. <\/p>\n
(iv) El fallecido se\u00f1or Villa Montoya \u00abten\u00eda inter\u00e9s en sacar de su patrimonio los inmuebles. Inter\u00e9s que no era otro que evitar que \u00e9ste formara parte del activo de sendos procesos judiciales ejecutivos que se encontraban en curso para la \u00e9poca de las ventas tildadas de simuladas, con mandamiento de pago en firme por m\u00e1s de mil millones de pesos ($1.000.000.000), de donde surge un indicio que permite enlazar uno y otro evento\u00bb. <\/p>\n
(v) Adem\u00e1s, la adquirente puede caracterizarse como \u00abuna empresa familiar, ya que fue la se\u00f1ora Clara Garc\u00eda Paniagua -en calidad de representante legal\u2013, y su hermana Margarita Mar\u00eda Paniagua \u2013como representante legal suplente\u2013, quienes siempre estuvieron al frente de la empresa, de la cual, como se dijo, vinieron posteriormente sus hijos a formar parte, en calidad de accionistas. Esa relaci\u00f3n filial es otro indicio de la simulaci\u00f3n de la venta, pues generalmente cuando se quiere aparentar un negocio que no existe (…) se elige como candidato a alguien de total confianza\u00bb. <\/p>\n
(vi) A la presente tramitaci\u00f3n \u00abno se trajo prueba de un estado de cuenta o una contabilidad de la misma, donde se mostrara que con las utilidades arrojadas por la sociedad se cancelaron los inmuebles aqu\u00ed discutidos; ni mucho menos resulta cre\u00edble que el mismo correspondiera a las utilidades o ganancias arrojadas de dicha sociedad, de la cual poca informaci\u00f3n se tuvo en el expediente sobre su existencia y robustez econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n
(vii) Al contrario, la foliatura tambi\u00e9n evidencia que \u00abRam\u00f3n Ignacio Villa por fuerza de la compraventa, nunca se despoj\u00f3 ni transmiti\u00f3 la posesi\u00f3n del inmueble a sus compradores, por el contrario, sigui\u00f3 siendo el se\u00f1or y due\u00f1o mediante actos inequ\u00edvocos, porque as\u00ed lo expuso el mismo mayordomo de la finca en Concordia. En este sentido apunta tambi\u00e9n el testimonio del se\u00f1or William de Jes\u00fas Henao Bland\u00f3n, quien fuera mayordomo durante 8 a\u00f1os, en la finca la Samaria, esto es, el predio identificado con matr\u00edcula 010-02845, ubicado en Fredonia-Antioquia, aunque dicho testigo se esmera por indicar que el se\u00f1or Ram\u00f3n Ignacio Villa \u2013con posterioridad a la venta que hiciera a la sociedad Criterio Legal S.A.\u2013, continu\u00f3 como un mero administrador de esa finca, ya que las verdaderas \u00f3rdenes las daba la se\u00f1ora Clara Cecilia Paniagua; sin embargo, para el Tribunal no es cre\u00edble la versi\u00f3n del testigo por el inter\u00e9s que muestra en su deposici\u00f3n, pero sobre todo porque queda desmentido por la pluralidad de indicios simulatorios que han quedado demostrados\u00bb. <\/p>\n
(viii) Con el dictamen pericial practicado en el decurso del proceso, se acredit\u00f3 que \u00abel precio de venta es bajo y envilecido, en realidad es contundente el contraste que hay entre vender un inmueble que vale m\u00e1s de dos mil millones de pesos ($2.000.000.000), en $130.632.000 con un adelanto de apenas $5.000.000, y, el saldo, pagadero en 25 cuotas mensuales de $5.025.280; De igual forma, es evidente el contraste que hay en el acto de venta de derechos herenciales de los padres del se\u00f1or Ram\u00f3n Ignacio Villa, el cual perdi\u00f3 todo albur, al ser vinculado de forma expresa en la escritura p\u00fablica 2004 de junio 23 de 2010, el inmueble ubicado en Envigado, avaluado en $7.242.204.000,oo, y que fueron negociados en la suma de $5.000.000.oo. de igual forma fueron vinculados los siguientes inmuebles: finca en Envigado la Laguna, apartamento 1402 edificio Centro Caracas, dep\u00f3sito y Garaje, Apartamento 501 del Edificio Guaymaral con dos garajes correspondiente a los n\u00fameros 204 y 221 y la oficina 2506 Edificio del Caf\u00e9\u00bb. <\/p>\n
(ix) A partir de la declaraci\u00f3n de Clara Paniagua, se colige que ella \u00absab\u00eda exactamente el n\u00famero de bienes que se iba a repartir a la hora de abrir la sucesi\u00f3n y adjudicar las hijuelas, por eso mismo los mencion\u00f3, adem\u00e1s, ten\u00eda conocimiento de la calidad y n\u00famero de herederos con los cuales se disputar\u00eda la sucesi\u00f3n, la que, por cierto, ella misma liquid\u00f3 notarialmente, mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 1796 del 02 de junio de 2011, es decir, en vida del se\u00f1or Ram\u00f3n Villa Montoya \u2013tres meses antes de morir el 01 de septiembre de 2011\u2013, por lo que bien puede inferirse que conoc\u00eda de antemano los activos y pasivos de la sucesi\u00f3n de los se\u00f1ores Ram\u00f3n Hernando Villa Marulanda y Adiela Montoya Correa, padres de aquel, asign\u00e1ndosele entonces, a la sociedad Criterio Legal S.A.S., la hijuela tres, por valor de $558.511.395\u00bb. <\/p>\n
(x) Tambi\u00e9n debe tenerse en cuenta que \u00abla venta de la Finca en Concordia, se obtuvo por la sociedad Criterio Legal S.A.S., a solo 5 d\u00edas de constituida, el 01 de marzo de 2010, sin que la sociedad atinara explicar desde el punto de vista contable de d\u00f3nde obtuvo los recursos, pese al precio irrisorio de compraventa que se declar\u00f3, de donde no resulta liquidez suficiente para la compra de esos inmuebles, m\u00e1xime cuando la contadora designada en aquel entonces \u2013se\u00f1ora Patricia M\u00f3nica Mart\u00ednez Tigreros\u2013, al respecto, anot\u00f3 en un primer momento que para la fecha de febrero la sociedad no tuvo ingresos y cuando le indagaron la raz\u00f3n de no haber soporte del pago de las propiedades que fueron compradas por Criterio Legal, fincas y derechos herenciales, evoc\u00f3 que: \u201c\u2026estamos hablando que en este negocio participaron dos esposos que a t\u00edtulo personal son ellos quienes deciden como realizan el negocio y como respeta las reglas entre una pareja de esposos\u2026\u201d (cfr. fl. 26 cdno 4). Esto coincide de forma armoniosa con lo se\u00f1alado por el experto contable, tra\u00eddo a efectos de dilucidar el punto examinado, quien advierte que en dicha sociedad ni siquiera \u201c\u2026existe balance de apertura que indique que el capital de $5.000.000. ingres\u00f3 a las arcas sociales del ente societario\u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n
(xi) En contraposici\u00f3n, \u00abno emergen contraindicios que aniquilen el resultado probatorio en que se apoya con firmeza la conclusi\u00f3n judicial en virtud de la cual los contratos de compraventa (\u2026) se celebraron de modo fingido y, por ende, son simulados con un alcance absoluto. V\u00e9ase que en su generalidad los testimonios ya examinados, incluso los provenientes de quienes no se enteraron de modo directo y personal de la ocurrencia de los contratos simulados sino por el dicho de otros, que en torno al punto son testigos de o\u00eddas, coincidieron en aseverar que, en vida, el se\u00f1or Ram\u00f3n Villa Montoya, siempre estuvo en posesi\u00f3n de los inmuebles vendidos y desmienten que aquel gozara de la liquidez y la holgura necesaria para responder a los acreedores, pues claramente relatan que lo vieron agobiado y deca\u00eddo, hablando siempre de su decadente condici\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n
(xii) Aunque el extremo demandado \u00abecha de menos la prueba sobre el pacto simulandi entre los contratantes, que demuestre el acuerdo para dar apariencia jur\u00eddica y efectos legales distintos al acto que quisieron celebrar, estima la Sala que los indicios son tozudos en sugerir dicho acuerdo de voluntades, mismos que en conjunto muestran una discordancia entre la declaraci\u00f3n y la intenci\u00f3n plasmada en los actos escriturales, de esta suerte, basta con se\u00f1alar, entonces, que existe la certeza de un acuerdo deliberado para dar apariencia de compraventa a unos negocios jur\u00eddicos que nunca se celebraron. En tal virtud, la Sala comparte a cabalidad la deducci\u00f3n indiciaria a que lleg\u00f3 la funcionaria de primer grado en su sentencia y, por tanto, se confirmar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
(xiii) Los hechos indicadores que se hallaron probados \u00abforman un eslab\u00f3n perfecto de una cadena, lo que asegura su concordancia y convergencia para demostrar como verdad inconcusa que las compraventas analizadas son totalmente simuladas, con graves repercusiones frente a la demandante acreedora, por lo que cab\u00eda su declaraci\u00f3n como lo hizo la jueza a quo en su sentencia\u00bb. <\/p>\n
5. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Clara Cecilia Garc\u00eda Paniagua y Criterio Legal SAS sustentaron oportunamente su impugnaci\u00f3n, formulando un \u00fanico cargo, con sustento en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
Es pertinente advertir que el remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n
2. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de denunciar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (v\u00eda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido transgredida, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio1 es menester se\u00f1alar las normas de esa misma naturaleza que se consideran quebrantadas, as\u00ed como hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio2, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial, o que su materialidad fue alterada, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su contenido. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contraevidentes3. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su contenido, en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no probados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n que haya sido adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n del tribunal por haber sido proferida en un juicio viciado nulidad, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto esgrimido en el sentido decisorio (trascendencia), para lo cual, acreditado alguno de los motivos aducidos como sustento de la casaci\u00f3n, debe explicarse por qu\u00e9 el fallo definitivo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a los intereses del recurrente. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
3. Estudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Las impugnantes denunciaron la \u00abviolaci\u00f3n indirecta de norma sustancial como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb. Para soportar su alegato, sostuvieron lo siguiente: <\/p>\n
(i) Los jueces de primera y segunda instancia \u00abno valoraron integralmente la prueba, ello implica violaci\u00f3n indirecta de la ley sustantiva. La incorrecta interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 1317 condujo al Tribunal a desconocer los derechos sustantivos del comprador a que se mantenga el contrato. Al omitir el an\u00e1lisis documental y testimonial de la prueba de la compraventa, el tribunal incurri\u00f3 en violaci\u00f3n indirecta de la ley no ver la abundante prueba acerca de que el comprador asumi\u00f3 los riesgos y costos propios de la actividad, que esta se ejerci\u00f3 en beneficio del nuevo propietario y que \u00e9ste asumi\u00f3 la contraprestaci\u00f3n de esa gesti\u00f3n, condujo a la inaplicaci\u00f3n por parte del Tribunal, de los derechos del comprador consagrados en los art\u00edculos 1320 y siguientes\u00bb. <\/p>\n
(ii) A las probanzas recaudadas \u00abse les dio un alcance legal diferente, se les puso a decir algo diferente a lo que dicen. El error es de hecho es cuando se pasa por alto la prueba o se basa en una prueba inexistente, \u201cEl error grave\u201d en la sentencia del tribunal consiste en suponer una simulaci\u00f3n o concilio fraudulento donde lo \u00fanico que hay es un hombre con una depresi\u00f3n cr\u00edtica y una c\u00f3nyuge que a trav\u00e9s de la S.A.S. que representa, le compra algunos (sic) dada su gran competencia en la asesor\u00eda legal y financiera, as\u00ed se rescatan, en beneficio de todos, unas fincas que Ram\u00f3n Villa ya no es capaz de manejar. \u201cSe est\u00e1 violando un derecho sustancial concreto\u201d al limitar el poder negociar bienes que no est\u00e1n embargados so pretexto de que hay algunos procesos en curso\u00bb. <\/p>\n
(iii) La colegiatura ad quem \u00abno dio aplicaci\u00f3n al principio de buena fe, El inter\u00e9s general prevalece sobre el inter\u00e9s particular. Prevalencia del contrato. Creemos que adem\u00e1s de injusto es ilegal e inconstitucional desconocer el contrato de compraventa de Ram\u00f3n Villa con la sociedad Criterio Legal basado en que Ram\u00f3n le firm\u00f3 unos pagar\u00e9s a la a primera esposa y le vendi\u00f3 unos bienes a la sociedad representada por la segunda c\u00f3nyuge. Vista as\u00ed la supuesta simulaci\u00f3n, estamos desconociendo los formalismos y seriedad del ordenamiento jur\u00eddico para darle v\u00eda libre a las pasiones humanas en perjuicio de la seguridad jur\u00eddica de la comunidad general. La decisi\u00f3n impugnada afecta el libre desarrollo de la personalidad puesto que limita las posibilidades negociales a todos los deudores, independientemente de su solvencia econ\u00f3mica y obliga a los terceros a hacer investigaciones exhaustivas de todos sus prospectos de contratantes, dando al traste el principio de celeridad e informalidad que rige el derecho comercial\u00bb. <\/p>\n
(iv) Las pruebas testimoniales realmente demuestran que \u00abRam\u00f3n Villa estaba Mal, pero de salud. Ram\u00f3n Villa mat\u00f3 al tigre y se asust\u00f3 con el cuero… (sic) el estr\u00e9s sostenido produce un s\u00edndrome de p\u00e1nico en personas de alto rendimiento como deportistas, artistas, empresarios\u2026 Tambi\u00e9n es claro que su salud se deterior\u00f3 al sentirse traicionado por su ex c\u00f3nyuge, con la que parece que continu\u00f3 con una relaci\u00f3n cercana y oculta. pero entre eso y realizar actos fraudulentos, hay mucha distancia\u2026 la presunci\u00f3n de buena fe, de inocencia, deben ser desvirtuadas con pruebas concretas y cre\u00edbles\u00bb. <\/p>\n
(v) De lo expuesto se sigue que el tribunal infringi\u00f3 \u00ablas normas sustanciales contenidas en los art\u00edculos 1602 y 1618 del C\u00f3digo Civil que establecen como principios generales que el contrato es ley para las partes y que conocida la intenci\u00f3n de los contratantes debe estarse a ella m\u00e1s que a lo literal, ya que implican que se desconocieron los derechos del comprador en los negocios impugnados, es decir, se le desposey\u00f3 de sus bienes leg\u00edtimamente adquiridos a pesar de haber pagado el precio de los mismos y tal entuerto debe ser reparado revocando ambas sentencias de instancia\u00bb. <\/p>\n
3.2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
3.2.1. La comisi\u00f3n de un yerro f\u00e1ctico presupone que las inferencias probatorias sobre las que se edific\u00f3 el fallo del tribunal son manifiestamente contrarias al contenido objetivo de la prueba. Esto impone al recurrente la carga de realizar una cr\u00edtica concreta, sim\u00e9trica, razonada y coherente frente a las motivaciones del fallo que se estiman desacertadas, indicando con precisi\u00f3n las pifias en que incurri\u00f3 el ad quem al valorar la evidencia, y su relaci\u00f3n con la transgresi\u00f3n de la ley sustancial que se denuncia. <\/p>\n
En esta precisa materia, la Sala ha explicado: <\/p>\n
\u00abEl error de hecho (…) ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendi\u00e9ndose que incurrir\u00e1 en la primera hip\u00f3tesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situaci\u00f3n cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta \u00faltima eventualidad, asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa. El error \u201cata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho\u201d (G. J., t. LXXVIII, p\u00e1g. 313). Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, adem\u00e1s, que es trascendente por haber determinado la resoluci\u00f3n reprochada (\u2026). <\/p>\n
Acorde con la a\u00f1eja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n, el yerro f\u00e1ctico ser\u00e1 evidente o notorio, \u201ccuando su s\u00f3lo planteamiento haga brotar que el criterio\u201d del juez \u201cest\u00e1 por completo divorciado de la m\u00e1s elemental sind\u00e9resis; si se quiere, que repugna al buen juicio\u201d, lo que ocurre en aquellos casos en que \u00e9l \u201cest\u00e1 convicto de contraevidencia\u201d (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es \u201cde tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinaci\u00f3n adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso\u201d (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01). Dicho en t\u00e9rminos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que \u201cse estrell\u00f3 violentamente contra la l\u00f3gica o el buen sentido com\u00fan, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisi\u00f3n so pretexto de aquella autonom\u00eda\u201d (G. J., T. CCXXXI, p\u00e1gina 644)\u00bb (CSJ SC 21 feb. 2012, rad. 2004-00649-01, reiterada en CSJ SC131-2018, 12 feb.). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, se ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
3.2.2. En la motivaci\u00f3n del fallo de segunda instancia, el tribunal relacion\u00f3, a espacio, varios hechos indicativos de la mendacidad de las negociaciones cuestionadas en este tr\u00e1mite. As\u00ed, explic\u00f3 que quien se anunci\u00f3 como vendedor se encontraba atravesando una grave crisis econ\u00f3mica, al punto que afrontaba varios procesos ejecutivos en los que se hab\u00edan embargado parte de sus bienes, y que, justo por aquel entonces, transfiri\u00f3 \u00e1gilmente los dem\u00e1s activos que conservaba \u2013que a\u00fan no hab\u00edan sido cautelados\u2013 a la sociedad Criterio Legal SAS. <\/p>\n
Como colof\u00f3n de esas circunstancias inusuales, indicativas de la simulaci\u00f3n alegada, precis\u00f3 que no exist\u00eda rastro de la forma en la que se habr\u00eda transferido la exigua contraprestaci\u00f3n dineraria, y que, seg\u00fan el grupo de testigos cuya versi\u00f3n es m\u00e1s cre\u00edble \u2013por armonizar con el resto del material probatorio\u2013, el se\u00f1or Villa Montoya habr\u00eda seguido actuando como se\u00f1or y due\u00f1o de los bienes que dijo haber enajenado, hasta la fecha de su muerte. <\/p>\n
3.2.3. En lugar de preocuparse por desvirtuar todas y cada una de esas inferencias, que permitieron al tribunal colegir que las compraventas celebradas entre el causante Villa Montoya y Criterio Legal SAS eran simuladas, las recurrentes se limitaron a proponer una lectura alternativa de cierta porci\u00f3n del material probatorio, que, en su sentir, permitir\u00eda arribar a una soluci\u00f3n opuesta a la que se adopt\u00f3 en el fallo impugnado. <\/p>\n
Dicho de otro modo, las demandadas se centraron en defender su visi\u00f3n personal del conflicto, y se desentendieron de la carga de refutar las deducciones sobre las que se edific\u00f3 la sentencia de segunda instancia, olvidando que al acusar al ad quem de una pifia f\u00e1ctica, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el recurrente m\u00e1s que disentir, se [debe ocupar] de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo -o debi\u00f3 extraer- el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada (\u2026)\u00bb (CSJ AC6243-2016, 26 oct.). <\/p>\n
Cabe agregar que la metodolog\u00eda empleada en desarrollo del cargo resulta t\u00e9cnicamente inadmisible, porque busca que el debate procesal se centre en el contenido material de las pruebas, y no en la labor de valoraci\u00f3n que de ellas hiciera la colegiatura ad quem, que es el objeto del que se ocupa el segundo motivo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, la teorizaci\u00f3n que proponen las convocadas involucra \u00fanicamente algunas probanzas \u2013las que favorecer\u00edan su versi\u00f3n de los hechos\u2013, pero deja de lado muchas otras, precisamente sobre las que se construy\u00f3 el fallo estimatorio de las pretensiones de simulaci\u00f3n. Ello equivale a decir que el \u00fanico cargo formulado es incompleto, pues no intent\u00f3 desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirvieron de apoyo a la decisi\u00f3n que clausur\u00f3 la segunda instancia. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, en punto a ese defecto de t\u00e9cnica, que <\/p>\n
\u00ab(…) no puede la Corte abordar un examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misi\u00f3n termina donde la acusaci\u00f3n acaba, y si tal impugnaci\u00f3n es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el Tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que respecto de ellos dej\u00f3 de explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n a la ley, cu\u00e1l su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qu\u00e9 direcci\u00f3n debe buscarse el restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la impugnaci\u00f3n. En suma, el ataque en casaci\u00f3n supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasar\u00e1 indemne\u00bb (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985 reiterada en CSJ SC, 29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01)\u00bb (CSJ AC2680-2020, 19 oct.). <\/p>\n
3.2.4. Si bien en la introducci\u00f3n del cargo se mencion\u00f3 tangencialmente que la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial pudo deberse a errores de derecho, no encuentra la Sala que, como era imperativo, se hubieran identificado las normas probatorias transgredidas por el tribunal, y tampoco se advierte que tal variable pudiera deducirse de una lectura razonable de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por consiguiente, aun de entender que en la misma censura se quisieron amalgamar alegatos constitutivos de yerros de hecho y de derecho, lo cierto es que ninguno de esos hipot\u00e9ticos dislates fue sustentado de manera formalmente apropiada, lo que determina la inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Al optar por la v\u00eda indirecta, las impugnantes deb\u00edan acreditar que la decisi\u00f3n del tribunal obedeci\u00f3 a un desacierto grosero y trascendente en la valoraci\u00f3n de la evidencia. Sin embargo, de ese traspi\u00e9 no se tuvo noticia, porque las libelistas se limitaron a exponer su particular ex\u00e9gesis del material probatorio, como alternativa a la que sirvi\u00f3 para fundar la decisi\u00f3n impugnada, reparo que as\u00ed formulado tiene la entidad de un alegato de instancia, incompatible con las exigencias del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por ende, se impone inadmitir la demanda en estudio, con apoyo en el art\u00edculo 346-1 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n presentada por Clara Cecilia Garc\u00eda Paniagua y Criterio Legal SAS contra la sentencia de 20 de agosto de 2020, dictada en el marco de este proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda, devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
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AC699-2022 (2012-00675-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC699-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-31-03-005-2012-00675-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de mayo dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de sustentaci\u00f3n del recurso […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63198","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63198","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63198"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63198\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63198"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63198"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63198"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}