AHC2051-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
AHC2051-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2022-00231-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra la providencia del pasado 14 de mayo por medio de la cual un magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga resolvi\u00f3 la solicitud de h\u00e1beas corpus presentada por Juli\u00e1n Fernando Duarte Ballesteros a favor de Daniela Fernanda Anaya Uribe. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. De los medios de convicci\u00f3n recopilados por la primera instancia se extracta que la persona agenciada se encuentra privada de la libertad en la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda del Centro de Bucaramanga, por virtud de la medida de aseguramiento impuesta dentro del proceso 2022-00004 que, por los delitos de tentativa de extorsi\u00f3n, hurto calificado agravado y violencia contra servidor p\u00fablico, cursa en el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de Conocimiento de aquella ciudad. <\/p>\n
La queja fundamental estriba, b\u00e1sicamente, en las supuestas condiciones infrahumanas en las que se encuentra la persona agenciada, pues el lugar donde se cumple la reclusi\u00f3n carece de la infraestructura necesaria para albergar a la poblaci\u00f3n privada de la libertad, de cara al cumplimiento de los fines constitucionales y legales las medidas de aseguramiento. <\/p>\n
Solicita, de forma principal, se disponga la \u00ablibertad inmediata\u00bb de la prenombrada persona \u00abpor la presunta vulneraci\u00f3n a su derecho fundamental a la vida, salud y dignidad humana\u00bb; subsidiariamente pide \u00abtrasladar[la] a un centro penitenciario o una [sic] centro de detenci\u00f3n transitoria [sic]\u00bb que cumpla \u00ablos requisitos m\u00ednimos y adecuados\u00bb. <\/p>\n
2. El asunto correspondi\u00f3 por reparto a un magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, quien, mediante auto de 13 de mayo avoc\u00f3 su conocimiento y orden\u00f3 a las autoridades involucradas rendir el informe respectivo. <\/p>\n
2.1. Una empleada del Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de Conocimiento de dicha ciudad deprec\u00f3 no acceder al resguardo habida consideraci\u00f3n que la privaci\u00f3n de la libertad de Anaya Uribe se sustenta en una decisi\u00f3n de autoridad judicial competente y no se ha prolongado de forma irregular. <\/p>\n
2.2. La Juez Diecis\u00e9is Penal Municipal de Control de Garant\u00edas dijo no poder pronunciarse en torno a las manifestaciones del promotor comoquiera que no cuenta con el expediente pues, una vez evacuada la diligencia para la cual le fue repartida la carpeta, lo que procede es su devoluci\u00f3n al Centro de Servicios Judiciales. <\/p>\n
2.3. La Juez coordinadora de la aludida dependencia de apoyo a los despachos del Sistema Penal Acusatorio realiz\u00f3 un breve recuento de lo actuado en el proceso penal seguido contra la agenciada, resaltando que dicha persona se encuentra privada de la libertad por virtud de una medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado Diecis\u00e9is Penal Municipal de Control de Garant\u00edas, la que se perfeccion\u00f3 a trav\u00e9s de la boleta de detenci\u00f3n 190 del pasado 14 de febrero. <\/p>\n
2.4. El director de Pol\u00edtica Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho pidi\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda frente a esa cartera dado que carece de competencia \u00abpara intervenir en procesos [o] tr\u00e1mites propios de los administradores de justicia\u00bb. <\/p>\n
2.5. El secretario jur\u00eddico del Municipio de Bucaramanga tambi\u00e9n abog\u00f3 por la inviabilidad de este instrumento comoquiera que las peticiones relativas a la libertad del procesado deben realizarse al interior de la actuaci\u00f3n penal. <\/p>\n
2.6. Por su parte la jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la USPEC1 y el apoderado judicial del Fideicomiso Fondo Nacional de Salud PPL solicitaron la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de las respectivas entidades por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
DECISI\u00d3N DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 el amparo invocado pues \u00abadem\u00e1s de que no se identificaron las circunstancias particulares del caso\u2026 se pudo constatar que, por una parte la privaci\u00f3n de la libertad de la actora [sic] obedece a una decisi\u00f3n judicial ejecutoriada, proferida por autoridad competente, por otra parte, las s\u00faplicas esgrimidas deben tramitarse por v\u00edas distintas, verbigracia, la acci\u00f3n de tutela y, finalmente, no se conocen situaciones que impliquen la ocurrencia de hechos atentatorios contra la integridad y vida de la agenciada\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
En el acto de notificaci\u00f3n, la persona a favor de quien se interpuso el resguardo manifest\u00f3 impugnar la anterior determinaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Naturaleza jur\u00eddica del h\u00e1beas corpus <\/p>\n
El art\u00edculo 28 de la Carta Pol\u00edtica, reconoce en forma expresa que toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisi\u00f3n o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. <\/p>\n
Como mecanismo id\u00f3neo de protecci\u00f3n de dicha garant\u00eda, se erigi\u00f3 el h\u00e1beas corpus, consagrado como derecho fundamental en el art\u00edculo 30 ejusdem, y reglamentado, como acci\u00f3n constitucional, por la Ley 1095 de 2006, que procede en dos eventos: <\/p>\n
El primero, \u00abcuando la aprehensi\u00f3n de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas constitucional y legalmente previstas para ello\u00bb, por ejemplo, la inexistencia de orden judicial previa, flagrancia o captura p\u00fablicamente requerida. <\/p>\n
Y el segundo, cuando, ejecutada legalmente la captura, la restricci\u00f3n de la libre locomoci\u00f3n se prolonga m\u00e1s all\u00e1 de los t\u00e9rminos previstos en la Constituci\u00f3n o en la ley lo que supone el examen concreto del proceder del funcionario judicial que regenta el proceso penal, debi\u00e9ndose entonces analizar: <\/p>\n
\u00ab(i) la actividad a que est\u00e1 obligado dentro de sus facultades, por ejemplo: dejar a disposici\u00f3n judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc., y (ii) que adopte la decisi\u00f3n correspondiente al caso (definir situaci\u00f3n jur\u00eddica dentro de los t\u00e9rminos legales sin dilaci\u00f3n injustificada, ordenar la libertad frente a la captura ilegal, entre otras hip\u00f3tesis posibles)\u00bb (CSJ AP. 2 mar. 2009, rad. 31376). <\/p>\n
2. Hip\u00f3tesis de vulneraci\u00f3n <\/p>\n
En esta oportunidad la discusi\u00f3n gira en torno a las condiciones en las que la persona agenciada se encuentra privada de la libertad, de las que se dice son inhumanas, comoquiera que la detenci\u00f3n preventiva se cumple en una estaci\u00f3n de Polic\u00eda que no cuenta con instalaciones adecuadas para la reclusi\u00f3n, por largo tiempo, de personas cobijadas con tal medida de aseguramiento. <\/p>\n
Es claro, entonces, que no se censuran de manera puntual las decisiones proferidas en el marco del proceso penal que dispusieron la afectaci\u00f3n de la libertad, de forma tal que no podr\u00eda ubicarse la pretensi\u00f3n excarcelatoria en ninguno de los supuestos f\u00e1cticos antedichos que habilitar\u00edan el estudio de la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus a fin de establecer si la restricci\u00f3n de la garant\u00eda es ilegal, sea porque la aprehensi\u00f3n se efectu\u00f3 sin la observancia de las m\u00ednimas garant\u00edas constitucionales y normativas, o si su limitaci\u00f3n se ha extendido en el tiempo de manera injustificada, torn\u00e1ndola il\u00edcita. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
De la lectura de la solicitud se observa que lo pretendido por la parte actora es obtener la protecci\u00f3n de derechos como la vida y la salud, pues sostiene que el sitio donde se cumple transitoriamente la detenci\u00f3n preventiva de la persona agenciada, carece de las condiciones m\u00ednimas que garanticen el respeto por la dignidad humana; sin embargo, tal examen escapa de la \u00f3rbita del juez de h\u00e1beas corpus pues esta acci\u00f3n fue consagrada para amparar el derecho a la libertad cuando ha sido restringido inobservando las formas sustanciales y procesales o, habi\u00e9ndose producido respetando las mismas, la reclusi\u00f3n se prolonga por m\u00e1s del tiempo que deb\u00eda durar lo que, como se ver\u00e1, no ocurre en el presente asunto. <\/p>\n
Ello por cuanto, el hecho de que la persona beneficiaria del resguardo contin\u00fae recluida en una estaci\u00f3n de Polic\u00eda y que no se haya dispuesto su traslado a un centro carcelario, no implica, per se, que se encuentre privada de la libertad de manera il\u00edcita, circunstancia reconocida por quien acciona cuando advierte que lo pretendido es que aquella sea llevada a un establecimiento adecuado para el internamiento preventivo, olvidando que el presente amparo no es el instrumento adecuado para lograr tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
De acuerdo con el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1095 de 2006, la \u00fanica orden posible ante la prosperidad del h\u00e1beas corpus, una vez verificada la ilicitud de la detenci\u00f3n o la prolongaci\u00f3n irregular de la misma, es la liberaci\u00f3n inmediata de la persona, lo que no ocurrir\u00eda en este caso de acogerse la tesis de la parte que promueve el resguardo, dado que la discusi\u00f3n planteada no gira en torno al restablecimiento de dicho derecho, pues el juez constitucional no podr\u00eda actuar en contrav\u00eda de las decisiones adoptadas al interior del proceso penal que se encuentran revestidas de las presunciones de acierto y legalidad, sino en un tema netamente administrativo, como es la omisi\u00f3n en el traslado de la persona detenida a un centro carcelario, de donde se desprende la inviabilidad de la salvaguarda. <\/p>\n
Cierto es que el art\u00edculo 28A de la Ley 65 de 19932 establece que \u00abla detenci\u00f3n en Unidad de Reacci\u00f3n Inmediata (URI) o unidad similar no podr\u00e1 superar las treinta y seis (36) horas\u00bb; sin embargo, tal disposici\u00f3n no consagra consecuencia legal alguna ante la superaci\u00f3n de tal lapso, mucho menos, la libertad de quien permanece en una estaci\u00f3n de Polic\u00eda excediendo el tiempo estipulado. <\/p>\n
De suerte que, se insiste, comoquiera que el debate que se plantea no concierne a la libre locomoci\u00f3n, la petici\u00f3n excede el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de este particular recurso; adem\u00e1s, mal har\u00eda el Juez de esta salvaguarda en inmiscuirse en actuaciones que no pertenezcan a la \u00f3rbita de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales derivados de una ilegal privaci\u00f3n de la libertad o su indebida prolongaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando el tr\u00e1mite penal sigue en curso y en \u00e9l subsisten instrumentos a trav\u00e9s de los cuales la persona detenida preventivamente puede propender por la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, y como preliminarmente se destac\u00f3, las razones invocadas en sustento del resguardo, en manera alguna ata\u00f1en a alguno de los dos supuestos a partir de los cuales se verificar\u00eda la procedencia de la acci\u00f3n, de all\u00ed que hubiera acertado la primera instancia al desestimarla porque el fundamento f\u00e1ctico sobre el que se ciment\u00f3 no se corresponde con sus finalidades. <\/p>\n
Frente a la procedencia del h\u00e1beas corpus para obtener el movimiento de los internos de un lugar de reclusi\u00f3n a otro, la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, recientemente advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En estas circunstancias, no es motivo para tutelar la libertad personal que el aprehendido no haya sido trasladado a su residencia y, su reclusi\u00f3n, a\u00fan se est\u00e9 llevando a cabo en un sitio que no est\u00e1 destinado para ella. <\/p>\n
El habeas corpus en su car\u00e1cter reparador est\u00e1 previsto para amparar la libertad personal y disponer la de la persona privada de ella con violaci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales o legales y no para buscar el cumplimiento de la orden del traslado del lugar en donde debe cumplirse la restricci\u00f3n de la libertad. <\/p>\n
Lo anterior, se itera, porque como derecho fundamental y acci\u00f3n constitucional, el habeas corpus protege la libertad personal del aprehendido o detenido con violaci\u00f3n de sus garant\u00edas y no del que legamente se encuentra recluido en cumplimiento de mandato judicial. <\/p>\n
Luego, si lo que sustenta la acci\u00f3n es la omisi\u00f3n de una autoridad, consistente en no dar cumplimiento a una orden judicial, el mecanismo legal para que se acate no es el habeas corpus ni siquiera en su car\u00e1cter correctivo o preventivo [CC C-187-2006] del cual carece en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano (\u2026)\u00bb (CSJ SP AHP2261-2020, 14 sept., rad. 58117) <\/p>\n
Asimismo, esta Sala tambi\u00e9n hab\u00eda indicado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De esta forma, y al margen de \u201cque el radio de protecci\u00f3n del h\u00e1beas corpus no se limita a cubrir s\u00f3lo el derecho a la libertad sino que se expande para cubrir los otros derechos fundamentales \u00edntimamente relacionados con \u00e9ste\u201d (CC., C-187\/06), lo exigido es que se resuelva la aludida pretensi\u00f3n sin mayor dilaci\u00f3n en virtud de la enfermedad grave que arguye como fundamento y con soporte en el dictamen de medicina legal que indica que su condici\u00f3n o estado de salud actual es \u201cincompatible con la vida en reclusi\u00f3n\u201d, asunto que est\u00e1 m\u00e1s emparentado con un tema de mora judicial que, se itera, no involucra de manera intr\u00ednseca la prerrogativa de que trata esta acci\u00f3n, ya que la prisi\u00f3n domiciliaria o reclusi\u00f3n domiciliaria u hospitalaria por enfermedad grave (art\u00edculos 38 y 68 del C\u00f3digo Penal), si bien se trata de un beneficio punitivo, no comporta en estricto sentido la liberaci\u00f3n del penado, sino que representa una modulaci\u00f3n de la sanci\u00f3n por una menos gravosa. <\/p>\n
De suerte que, se insiste, comoquiera que el debate que se plantea no concierne a la libertad de locomoci\u00f3n, la petici\u00f3n excede el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de este particular recurso; adem\u00e1s, mal har\u00eda el Juez de esta salvaguarda en inmiscuirse en actuaciones que no pertenezcan a la \u00f3rbita de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales derivados de una ilegal privaci\u00f3n de la libertad o su indebida prolongaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (CSJ SC AHC4903-2019, 13 nov., rad. 2019-00550-01) <\/p>\n
Al margen de las anteriores consideraciones, seg\u00fan se extrae de lo allegado a estas diligencias, la reclusi\u00f3n de la persona agenciada se sustenta en una orden impartida por autoridad judicial en el marco de una investigaci\u00f3n penal que se inici\u00f3 en su contra, de all\u00ed que sea evidente que la privaci\u00f3n del derecho a la movilidad no se hubiere producido por fuera de las formas propias del ordenamiento jur\u00eddico colombiano. <\/p>\n
Por otra parte, la restricci\u00f3n de la aludida garant\u00eda constitucional tampoco se ha prolongado irregularmente comoquiera que a favor de quien se encuentra procesado no se ha expedido orden de libertad, ni se han superado los t\u00e9rminos establecidos en la legislaci\u00f3n procesal penal para recobrarla. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, como la solicitud no se adec\u00faa a ninguno de los supuestos f\u00e1cticos amparados por la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus, la misma resulta claramente improcedente dada la espec\u00edfica finalidad de este instrumento excepcional. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el internamiento no es ilegal ni se ha extendido arbitrariamente, sino que es producto del cumplimiento de una decisi\u00f3n judicial que se encuentra revestida de la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad. <\/p>\n
En tales condiciones, se refrendar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMA la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y rem\u00edtase el expediente al tribunal de primer grado para lo de su cargo. <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios <\/p>\n
2\u0002 Por la cual se expide el C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario <\/p>\n
<\/p>\n
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AHC2051-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado AHC2051-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2022-00231-01 Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra la providencia del pasado 14 de mayo por medio de la cual un magistrado de la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63200","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63200","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63200"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63200\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63200"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63200"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63200"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}