ATC601-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC601-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-22-03-000-2022-00522-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida el 24 de marzo de 2022, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Saidiza Pardo y M\u00f3nica Karen Chalarca L\u00f3pez promovieron contra la Alcald\u00eda Local de Suba, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a los Juzgados Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Diecisiete Civil del Circuito ambos de esta ciudad, a la Oficina de apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito, a la Personer\u00eda Local de Suba y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su nombre, los accionantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y vivienda digna, presuntamente vulnerados por la Alcald\u00eda Local de Suba. <\/p>\n
Como fundamento se\u00f1alaron que, junto con sus hijos, llevan viviendo por m\u00e1s de 11 a\u00f1os ininterrumpidos, sin ninguna clase de perturbaci\u00f3n y sin reconocer dominio ajeno, en el inmueble ubicado en la calle 152 N\u00b0 58-50 Torre 1 apartamento 1202 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Refirieron que el citado bien, fue objeto de medidas cautelares en el proceso ejecutivo hipotecario promovido por Gustavo Alfonso Ortega Trujillo contra Alcira Elizabeth Contreras de Castellanos y Jhon Alexander Castellanos Contreras, juicio radicado bajo el N\u00b0 2010-00164 que se adelanta en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, autoridad que expidi\u00f3 el despacho comisorio 0522 de 15 de septiembre de 2021, comisionando a los jueces civiles municipales y\/o Alcaldes Locales para la entrega de 3 inmuebles, entre ellos, el que actualmente habitan. <\/p>\n
Agregaron que, con ocasi\u00f3n a la comisi\u00f3n conferida, el 23 de febrero de la presente anualidad, se hicieron presentes en su vivienda los se\u00f1ores Iv\u00e1n Dar\u00edo Orteg\u00f3n, Rafael Jos\u00e9 Espinosa Ortega, Carolay Valderrama, Alberto Forero, Nohora Cielo Guzm\u00e1n, Jorge Luis Novoa Rodr\u00edguez, todos ellos funcionarios de la alcald\u00eda, quienes no atendieron como legalmente correspond\u00eda las objeciones y reclamaciones por ellos formuladas, sin embargo, fueron conminados a la firma del \u00abActa de diligencia de entrega bien inmueble\u00bb, documento que no les fue entregado en aquel momento sino de manera posterior. <\/p>\n
Expusieron que, al revisar el Acta referida, consideran que es totalmente ilegal, en tanto que en la misma dice \u00abel suscrito Alcalde Local de Suba de conformidad con el Decreto 107 de 08 de abril de 2020 proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogot\u00e1, D.C., dio comienzo a la misma, nombrando como Secretario Ad-Hoc al Dr. JORGE LUIS NOVOA RODRIGUEZ…\u00bb, cuando lo cierto es que el Alcalde Local de Suba, Juli\u00e1n Andr\u00e9s Moreno Bar\u00f3n, no estuvo presente en el d\u00eda, la hora y el lugar de la diligencia para \u00abejecutar la comisi\u00f3n directamente\u00bb como era su obligaci\u00f3n, tal como lo contempla el art\u00edculo 38 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Manifestaron que si bien es cierto que, de conformidad con el par\u00e1grafo 1\u00b0 del canon mencionado, adicionado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 2030 de 2020, el Alcalde comisionado, tendr\u00eda la facultad de hacer una \u00absubcomisi\u00f3n de diligencias\u00bb en el caso de la del 23 de febrero de 2022, no se trata de una \u00absubcomisi\u00f3n de diligencias\u00bb, porque as\u00ed no est\u00e1 dicho, sino que, por el contrario, se menciona que fue \u00abel suscrito Alcalde Local de Suba de conformidad con el Decreto 107 de 08 de abril de 2020 proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogot\u00e1, D.C., quien dio comienzo a la misma\u00bb, a pesar de que, como ya se mencion\u00f3, el Alcalde Local de Suba Juli\u00e1n Andr\u00e9s Moreno Bar\u00f3n, no estuvo presente en la diligencia, no pudo haberla comenzado y no suscribi\u00f3 tal documento. <\/p>\n
2. Conforme a lo anterior y para el restablecimiento de sus derechos solicitaron: <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00abDeclarar sin valor y sin efectos jur\u00eddicos, la diligencia contenida en el \u201cACTA DILIGENCIA DE ENTREGA DE BIEN INMUEBLE\u201d del 23 de febrero de 2022\u201d, como consecuencia de la ilegalidad y arbitrariedad de dicha diligencia que no fue practicada por el Alcalde Local de la Localidad de Suba JULI\u00c1N ANDR\u00c9S MORENO BAR\u00d3N, que de conformidad con el PAR\u00c1GRAFO 1 del art\u00edculo 38 del C\u00f3digo General del Proceso, adicionado por el art\u00edculo 1 de la Ley 2030 de 2020, debi\u00f3 \u201cejecutar la comisi\u00f3n directamente\u201d, dispuesta mediante el DESPACHO COMISORIO No. 0522 fechado el 15 de septiembre de 2021, ordenado por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCI\u00d3N DE SENTENCIAS DE BOGOT\u00c1, D.C., dentro del PROCESO HIPOTECARIO No. 2010-00164 (JUZGADO DE ORIGEN 17 CIVIL CIRCUITO) iniciado por GUSTAVO ALFONSO ORTEGA TRUJILLO, contra ALCIRA ELIZABETH CONTRERAS DE CASTELLANOS y JHON ALEXANDER CASTELLANOS CONTRERAS\u00bb. <\/p>\n
(ii) \u00abDeclarar sin valor y sin efectos jur\u00eddicos, la orden impartida en la diligencia contenida en el \u201cACTA DILIGENCIA DE ENTREGA DE BIEN INMUEBLE\u201d del 23 de febrero de 2022\u201d, seg\u00fan la cual, \u201cEl Despacho RESUELVE SUSPENDER la presente diligencia y fijar como nueva fecha para continuarla el 23 de marzo de 2022 a partir de las 7 a.m., advirtiendo a quien atiende la diligencia y residentes de los inmuebles objeto de la diligencia que se debe realizar la entrega del mismo libre de personas, cosas y animales, raz\u00f3n por la que en el evento de no realizarse la entrega voluntaria a m\u00e1s tardar el 22 de marzo de 2022 al adjudicatario en las citadas condiciones y de no atenderse la diligencia el d\u00eda 2 de marzo de 2022 se proceder\u00e1 con el allanamiento de conformidad con el CGP y a la entrega forzosa del mismo, para lo cual se conmina a la parte demandante que deber\u00e1 brindar las herramientas necesarias para tal fin\u00bb. <\/p>\n
(iii) \u00abOrdenar al Alcalde Local de la Localidad de Suba, JULI\u00c1N ANDR\u00c9S MORENO BAR\u00d3N, para que se abstenga de continuar con el tr\u00e1mite del desalojo que por cuenta de la diligencia contenida en el \u201cACTA DILIGENCIA DE ENTREGA DE BIEN INMUEBLE\u201d del 23 de febrero de 2022\u201d, est\u00e1 programado para el 23 de marzo de 2022 a partir de las 7 a.m., en el lugar de domicilio y residencia de los accionantes\u00bb <\/p>\n
3. La presente acci\u00f3n constitucional correspondi\u00f3 inicialmente por reparto, al Juzgado 62 Penal Municipal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas de esta ciudad, despacho que, en auto del 11 de marzo de 2022, orden\u00f3 la remisi\u00f3n al Tribunal Superior de Bogot\u00e1, conforme a las normas de competencia establecidas en el Decreto 333 de 2020. <\/p>\n
4. Avocado el conocimiento de la acci\u00f3n de tutela por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, mediante auto del 15 de marzo de 2022, orden\u00f3 vincular a los Juzgados Diecisiete Civil del Circuito, Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias ambos de Bogot\u00e1; a Jorge Luis Novoa Rodr\u00edguez, la Personer\u00eda Local de Suba, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo radicado bajo n\u00famero 2010-00164. <\/p>\n
5. Mediante sentencia de 24 de marzo de 2022, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela al considerar que, no se satisface el requisito de subsidiariedad \u00abpor cuanto los promotores no acreditaron haber formulado petici\u00f3n alguna a la autoridad comisionada ni al Juzgado de conocimiento, para que, en el marco de sus competencias, emitieran un pronunciamiento sobre las presuntas irregularidades que aducen los accionantes ocurrieron en la referida diligencia, as\u00ed mismo, para que se decidiera sobre el aplazamiento de la entrega ordenada en el juicio ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
6. Inconforme con la decisi\u00f3n adoptada, el accionante la impugn\u00f3 tras aducir que, \u00absi se leen en detalle las cuatro solicitudes de la acci\u00f3n de tutela, se puede descubrir sin mayor esfuerzo, que ninguna de ellas, apunta a la suspensi\u00f3n, sino que todas giran en torno a que la diligencia contenida en el \u201cACTA DILIGENCIA DE ENTREGA DE BIEN INMUEBLE\u201d del 23 de febrero de 2022\u201d, es ilegal y arbitraria porque dicha diligencia no fue practicada por el Alcalde Local de la Localidad de Suba JULI\u00c1N ANDR\u00c9S MORENO BAR\u00d3N, quien de conformidad con el PAR\u00c1GRAFO 1 del art\u00edculo 38 del C\u00f3digo General del Proceso, adicionado por el art\u00edculo 1 de la Ley 2030 de 2020, debi\u00f3 \u201cejecutar la comisi\u00f3n directamente\u201d, ejecuci\u00f3n que no se llev\u00f3 a cabo por dicho funcionario\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien es cierto la tutela es un mecanismo preferente y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como de vieja data lo ha explicado el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
En tal raz\u00f3n, el factor de competencia de esta especial justicia se encuentra previsto en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., numeral 3\u00b0 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, seg\u00fan el cual \u00ablas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica de orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb <\/p>\n
En este orden, el incumplimiento de tales criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el inciso final del 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Pues bien, del relato f\u00e1ctico se desprende la falta de competencia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 constitucional para definir el amparo reclamado en primera instancia, por cuanto la vulneraci\u00f3n denunciada ata\u00f1e, espec\u00edficamente, a la Alcald\u00eda Local de Suba, en tanto que, seg\u00fan los peticionarios, el \u201cActa de diligencia de entrega de bien inmueble\u201d del 23 de febrero de 2022, es ilegal y arbitraria, porque dicha diligencia no fue practicada por el Alcalde Local de Suba, Juli\u00e1n Andr\u00e9s Moreno Bar\u00f3n, quien de conformidad con el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 38 del C\u00f3digo General del Proceso debi\u00f3 ejecutar la comisi\u00f3n directamente, lo que no se llev\u00f3 a cabo por el referido funcionario. <\/p>\n
Por lo anterior, la convocatoria a estas diligencias de los juzgados categor\u00eda circuito, resulta apenas aparente, en tanto que, las pretensiones se enfilaron exclusivamente contra la diligencia que adelant\u00f3 la Alcald\u00eda Local de Suba el pasado 23 de febrero. <\/p>\n
Entonces, m\u00e1s all\u00e1 de que exista una menci\u00f3n de Juzgados categor\u00eda circuito, su actuaci\u00f3n no constituy\u00f3 el cimiento de la inconformidad aqu\u00ed planteada, pues como viene de indicarse, el ataque se enfil\u00f3 concretamente frente al proceder de la Alcald\u00eda Local de Suba accionada, evidenci\u00e1ndose que la vinculaci\u00f3n de los despachos del circuito, en este caso, resulta apenas aparente. <\/p>\n
Sobre tal tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los hechos descritos en la solicitud de tutela son los que permiten determinar la competencia para conocer de dicha acci\u00f3n, de suerte que las reglas all\u00ed descritas logran cabal desarrollo a partir la descripci\u00f3n f\u00e1ctica indicada, por lo que no basta con que se designe a un demandado o que se exponga aisladamente el motivo de su convocatoria, como se hizo en este caso, para que de esa manera, inapropiadamente, el gestor del amparo var\u00ede el funcionario habilitado para el conocimiento de la queja; de otro modo, se radicar\u00eda esa facultad solamente con estribo en la clase de demandado, con prescindencia de que ciertamente se le acuse o no de la infracci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental, dejando en el vac\u00edo, por tanto, los prop\u00f3sitos de racionalizaci\u00f3n y desconcentraci\u00f3n en el conocimiento de las acciones de tutela, que justifican dichos preceptos legales\u00bb (STC-6613-2021, citado en ATC099-2022). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto en precedencia, se impone declarar la falta de competencia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para conocer en primera instancia esta acci\u00f3n de tutela y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente, a los Juzgados Civiles Municipales de esta ciudad, por ser los competentes para conocer del amparo en primera instancia. <\/p>\n
Se itera, la situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo estipulado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, alusivo a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos que regulan dicho tr\u00e1mite, siempre que no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Por tanto, como se encuentra configurada la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, de conformidad con el 138 \u00eddem, implica que \u00ab (\u2026) lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb, en cumplimiento de esa \u00faltima disposici\u00f3n, que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se dejar\u00e1 sin efecto el fallo proferido por el a quo constitucional, para que el funcionario habilitado, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de la validez de las pruebas practicadas y las que se requieran, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 ibidem. <\/p>\n
La Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del Decreto 333 de 2021 y dem\u00e1s normas complementarias, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab[R]especto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insanable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01). <\/p>\n
4. Con fundamento en lo expuesto se declarar\u00e1 la nulidad del fallo de primera instancia y se ordenar\u00e1 remitir las diligencias a los juzgados civiles municipales de esta ciudad, para que asuman el conocimiento de este mecanismo de protecci\u00f3n. <\/p>\n
5. Resta indicar, sobre la imposibilidad de plantear conflicto de competencia en asuntos como el presente, que esta Sala ha reiterado: <\/p>\n
\u00ab[N]o cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01, entre otros). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la actuaci\u00f3n adelantada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 por las razones expuestas en precedencia, ordenando la remisi\u00f3n de las presentes diligencias a la Oficina de reparto para que sea asignada entre los Juzgados Civiles Municipales de esta ciudad. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC601-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente ATC601-2022 Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-22-03-000-2022-00522-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida el 24 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63210","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63210","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63210"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63210\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63210"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63210"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63210"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}