ATC607-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC607-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 19001-22-13-000-2022-00014-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n el pasado 1\u00ba de abril, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gloria Esperanza M\u00e9ndez contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca y la Juez Primera Penal del Circuito Especializado de Popay\u00e1n, se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en nombre propio, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, vida, salud y trabajo, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
Relat\u00f3, en s\u00edntesis, que se encuentra nombrada en propiedad como oficial mayor del Juzgado Noveno Penal Municipal de Popay\u00e1n, pero que se desempe\u00f1a, \u00aben encargo por licencia\u00bb, en un cargo similar en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la misma poblaci\u00f3n, para el cual, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, en el marco de la convocatoria p\u00fablica n\u00b0. 4, mediante Acuerdo CSJCAUA21-161 de 24 de diciembre de 2021, confeccion\u00f3 lista de elegibles que fue remitida a la aludida c\u00e9lula judicial especializada el pasado 22 de enero. <\/p>\n
Coment\u00f3 que, el 9 de marzo del cursante a\u00f1o \u00abradic\u00f3 un derecho de petici\u00f3n [sic] ante [el] juez nominador\u00bb a trav\u00e9s del cual expres\u00f3 reunir \u00abtodas las condiciones necesarias y suficientes para [ser] consider[ada] como parte del ret\u00e9n social y\/o beneficiara de la estabilidad laboral reforzada por ser prepensionable\u00bb solicitando, en consecuencia, \u00abno proceder a su retiro del servicio [sic] sin previamente establecer de manera adecuada la correspondiente alternativa econ\u00f3mica\u00bb, la cual fue denegada mediante resoluci\u00f3n de 16 del mismo mes, la que acusa de no tener en cuenta que el retorno al cargo en el que fue designada en propiedad (oficial mayor de juzgado municipal) le representa una reducci\u00f3n salarial de alrededor de un mill\u00f3n de pesos, lo que le impedir\u00eda hacerse cargo del tratamiento m\u00e9dico para el hipotiroidismo que padece y de las obligaciones crediticias adquiridas con diferentes entidades financieras. <\/p>\n
Pidi\u00f3 ordenar a las accionadas, \u00abse suspenda el proceso de nombramiento y notificaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la primera aspirante de la lista del registro de elegible [sic]\u00bb, asimismo, \u00abinstar al se\u00f1or nominador y se abstenga de desvincular[la] y se [le] permita seguir en el cargo que ocup[a] en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado\u2026 hasta tanto [le] llegue [sic] la Resoluci\u00f3n de reconocimiento de la misma [sic] y se\u2026 incluya en n\u00f3mina\u00bb. <\/p>\n
2. El tribunal a quo no accedi\u00f3 al amparo por desatender el presupuesto de la subsidiariedad, en la medida que los actos administrativos por medio de los cuales el nominador no reconoci\u00f3 a la gestora la condici\u00f3n de prepensionada y design\u00f3 a la aspirante que ocupaba el primer puesto de la lista de elegibles remitida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, \u00abse encuentra[n] en firme y amparado[s] por una presunci\u00f3n de legalidad, que no ha sido desvirtuada hasta el momento, y en tal virtud, no es la acci\u00f3n de tutela la v\u00eda judicial id\u00f3nea para cuestionar la legalidad de [los mismos]\u00bb, m\u00e1xime cuando tampoco se acredit\u00f3 la afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital o la inminencia de un perjuicio irremediable en tanto Gloria Esperanza M\u00e9ndez \u00abbien puede retomar al cargo de oficial mayor que ostenta en propiedad en el Juzgado Noveno Penal Municipal de Popay\u00e1n\u2026 vi\u00e9ndose de esta manera, garantizado su derecho al trabajo y al m\u00ednimo vital\u00bb. <\/p>\n
3. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por la tutelante insistiendo en los argumentos del escrito inaugural respecto de la afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital representada en la reducci\u00f3n salarial, lo que le impedir\u00eda continuar el tratamiento m\u00e9dico para el hipotiroidismo que padece, el cual adelanta de forma particular, y hacerse cargo de las obligaciones crediticias \u00abque mensualmente [le] descuentan de [su] n\u00f3mina\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia para este tipo de acciones lo prev\u00e9 el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, dicha disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 (que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015), predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en este caso <\/p>\n
Examinada la demanda y las piezas procesales que hacen parte del expediente, se establece que el objetivo de la presente acci\u00f3n va dirigido a censurar, no solo la Resoluci\u00f3n 03 del pasado 16 de marzo, por medio de la cual la Juez Primera Penal del Circuito Especializado de Popay\u00e1n deneg\u00f3 el reconocimiento de la condici\u00f3n de prepensionable a la gestora, sino, tambi\u00e9n, el Acuerdo CSJCAUA21-161 de 24 de diciembre de 2021 en que el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca formul\u00f3 la lista de elegibles para el cargo de oficial mayor de la c\u00e9lula judicial arriba indicada, que ocupa, en provisionalidad, quien promueve este amparo. <\/p>\n
Bajo tal perspectiva, para la definici\u00f3n del funcionario competente se hace necesario efectuar una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las reglas de reparto contenidas en los numerales 6 y 8 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, seg\u00fan la modificaci\u00f3n introducida por el canon 1\u00ba del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
En principio, si se realizara un an\u00e1lisis aislado de las pautas indicadas en las precitadas disposiciones podr\u00eda decirse que, inicialmente, ser\u00eda el tribunal a quo el llamado a conocer del asunto por cuanto el reproche se dirige contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, de conformidad con el numeral 6 arriba mencionado, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb. <\/p>\n
No obstante, debe advertirse que el segundo inciso del numeral 8 del mencionado precepto dispone que \u00ab[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb, se torna imperativo integrar el primer canon con el que se acaba de referir, para, de esta manera, concluir que, como se trata de una empleada judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en su especialidad penal, debe ser el Tribunal Administrativo del Cauca la corporaci\u00f3n que dirima el auxilio. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n para conocer en primer grado esta acci\u00f3n, y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente al despacho del magistrado David Fernando Ram\u00edrez Fajardo del Tribunal Administrativo del Cauca, a quien le fue asignada inicialmente la actuaci\u00f3n, para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone que cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n supralegal para que el funcionario indicado en precedencia determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. decretar la medida cautelar solicitada, realizar notificaciones omitidas y\/o practicar otras pruebas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades <\/p>\n
En cuanto a esa tem\u00e1tica, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
[Por tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC1569-2021, 13 oct. 2021, rad. 00229-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00ab[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC185-2021, 17 feb. 2021, rad. 000148-01, citado en ATC1699-2021, 11 nov. 2021, rad. 00698-01, entre otros muchos). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gloria Esperanza M\u00e9ndez, inclusive, desde el auto admisorio del amparo. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente al despacho del magistrado David Fernando Ram\u00edrez Fajardo del Tribunal Administrativo del Cauca, a quien le fue asignada inicialmente la actuaci\u00f3n, para asuma el conocimiento de la presente salvaguarda constitucional. <\/p>\n
TERCERO: Por secretar\u00eda, comunicar lo aqu\u00ed resuelto a la sala a quo y a los interesados y expedir las dem\u00e1s comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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