ATC640-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC640-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-30-000-2022-00010-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 6 de abril de 2022, que neg\u00f3 -por improcedente- el amparo promovido por Harold Wilson D\u00edaz Mart\u00ednez contra el Fiscal General de la Naci\u00f3n, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. En sustento de su queja sostuvo que, tras la extinci\u00f3n del DAS, ingres\u00f3 a la planta de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en el cargo de agente de seguridad y protecci\u00f3n II, desde el 1 de enero de 2012, ejerciendo sus labores en la ciudad de Villavicencio (Meta). <\/p>\n
2.1. Mediante Resoluci\u00f3n 800 del 21 de febrero de los corrientes, la Directora Ejecutiva de dicho ente lo traslad\u00f3 a San Jos\u00e9 del Guaviare (Guaviare), decisi\u00f3n que fue confirmada, en sede de reposici\u00f3n, por Resoluci\u00f3n 1312 de 22 de marzo ulterior. <\/p>\n
2.2. El gestor adujo que la Directora Ejecutiva, con la orden de traslado, le desmejor\u00f3, de forma arbitraria e injustificada, su situaci\u00f3n laboral y afect\u00f3 la unidad de su n\u00facleo familiar. Indic\u00f3 que la decisi\u00f3n no cont\u00f3 con un estudio t\u00e9cnico, se emiti\u00f3 con abus\u00f3 de sus facultades y que viene siendo objeto de acoso laboral, entre otros. <\/p>\n
3. Conforme con lo relatado, exige que se dejen sin efectos las Resoluciones que dispusieron su reubicaci\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente caso, como se anticip\u00f3, se advierte una irregularidad consistente en que la competencia para conocer en primera instancia del amparo correspond\u00eda a los Jueces del Circuito y no al Tribunal a quo, acorde con lo reglado en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, que establece, en su numeral 2, que \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
2. Lo anterior, porque revisada la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y las pretensiones invocadas por el tutelante, es evidente que no ataca actuaci\u00f3n alguna del Fiscal General de la Naci\u00f3n, dado que lo reprochado es la orden de traslado emitida por la Directora Ejecutiva de la entidad, mediante Resoluci\u00f3n 800 del 21 de febrero del a\u00f1o en curso, confirmada en la Resoluci\u00f3n 1312 del 22 de marzo siguiente, las cuales pide dejar sin efectos. <\/p>\n
3. En consecuencia, el tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad. Al respecto, esta Colegiatura ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u2018nula\u2019, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u2018improrrogable, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (ATC2521-2016). <\/p>\n
Con base en lo anterior, al resolver un asunto similar, la Sala sostuvo: <\/p>\n
\u00ab\u2026como qued\u00f3 visto, en verdad no se plante\u00f3 cuestionamiento expreso alguno en contra del Fiscal General de la Naci\u00f3n, a pesar de que se se\u00f1al\u00f3 que \u00e9l era el representante de dicho ente, de donde es \u2018evidente que la queja objeto de discusi\u00f3n no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica\u2019 de \u00e9ste, \u2018lo que habilitar\u00eda el conocimiento del Tribunal en las condiciones en que lo hizo\u2019 (CSJ ATC862-2018, 19 abr., rad. 2018-00468-01). <\/p>\n
Entonces, la situaci\u00f3n descrita, (\u2026) impone concluir que resultaba infundada y, por tanto, \u2018aparente\u2019, la vinculaci\u00f3n del Fiscal General de la Naci\u00f3n. Sobre el particular, se ha sostenido que: <\/p>\n
\u2018\u2026no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u2019 (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; reiterado en ATC, 13 sep. 2013, rad. 00134-01)\u00bb (ATC715-2021). <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se invalidara\u0301 la actuaci\u00f3n surtida y se dispondr\u00e1\u0301 la remisi\u00f3n del presente ruego constitucional a la oficina de asignaciones de los Juzgados del Circuito de Villavicencio, lugar donde tiene su arraigo el actor, para que sea repartida entre \u00e9stos y se asuma lo de su competencia, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil resuelve: <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n constitucional por la Sala de Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio desde el auto que la admiti\u00f3, inclusive, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas aportadas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR que por Secretar\u00eda se remita el expediente a la Oficina de Reparto de los Juzgados del Circuito de Villavicencio, con el fin de que se asuma su tr\u00e1mite en primera instancia, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al Tribunal que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados, a trav\u00e9s de medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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