ATC646-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC646-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-21-000-2022-10012-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n del fallo de 22 de marzo de 2022, dictado por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la tutela promovida por Alfonso Rafael Cabrera Cruz contra la Procuradur\u00eda Provincial de Cartagena y la Procuradur\u00eda 2\u00ba delegada para la Vigilancia Administrativa, extensiva a los intervinientes en el proceso administrativo sancionatorio con radicado n\u00ba. IUS 2016-380708 \/ IUC D-2016-36-892560, si no fuera porque se advierte una irregularidad en el tr\u00e1mite que es necesario emendar. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 que se suspenda provisionalmente la sanci\u00f3n impuesta, en ambas instancias, por las autoridades convocadas dentro del proceso administrativo que se adelant\u00f3 en su contra (16 jun. 2021 y 22 feb. 2022). En sustento, adujo que esas agencias no motivaron adecuadamente su veredicto pues, desconocieron el precedente constitucional que rige la materia. De lo anterior colige un \u00abperjuicio (\u2026) irremediable\u00bb que, a su parecer, debe ser evitado por esta senda. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las Procuradur\u00edas Provincial y 2\u00ba delegada realizaron un recuento de sus actuaciones y defendieron la respectiva legalidad. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 que el accionante no prob\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El accionante impugn\u00f3. Para tal fin, insisti\u00f3 en el resguardo como mecanismo transitorio pare evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien en el libelo se hizo alusi\u00f3n y se vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n como accionado, por cuanto esa autoridad \u00abpor conducto de sus delegados\u00bb vulner\u00f3 las prerrogativas del actor, realmente no se le atribuy\u00f3 a la Procuradora General de la Naci\u00f3n, doctora Margarita Cabello, alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n transgresora de los derechos fundamentales invocados, en la medida en que la supuesta vulneraci\u00f3n se endilg\u00f3 exclusivamente a las Procuradur\u00edas Provincial de Cartagena y Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, por las decisiones del 16 de junio de 2020 y 22 de febrero de 2022, respectivamente. <\/p>\n
De ah\u00ed que la vinculaci\u00f3n de aqu\u00e9lla, esto es, de la Procuradora Margarita Cabello, fue aparente y, por consiguiente, deb\u00eda descartarse la competencia del Tribunal en vista de que \u00aben cuanto no se les atribuya [a los accionados] hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC7632-2017, CSJ ATC1194-2020, CSJ ATC208-2022). <\/p>\n
En este orden de ideas, conforme previene el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., numeral 2\u00b0 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, seg\u00fan el cual \u00ablas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda \u00bb, emerge sin discusi\u00f3n que la asignaci\u00f3n del asunto correspond\u00eda en primer grado a los despachos con categor\u00eda del Circuito en tanto ninguna queja se formul\u00f3 por una actuaci\u00f3n directa de la Procuradora General, \u00fanico evento que permite la aplicaci\u00f3n del numeral 3\u00ba del mentado decreto. <\/p>\n
En un caso con similares contornos a este, la Sala en CSJ ATC208-2022 sostuvo: <\/p>\n
(\u2026) el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe el inconforme lo dirigi\u00f3 contra la \u00abProcuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, [la] Procuradur\u00eda Primera Distrital [y la] Contralor\u00eda General de la Republica\u00bb, porque supuestamente no han atendido las quejas que ante ellas instaur\u00f3 respecto de la E.P.S. Medimas S.A.S. <\/p>\n
Por tanto, se vislumbra que no hab\u00eda lugar a aplicar el citado numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el precepto 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), pues, como qued\u00f3 visto, en verdad no se plante\u00f3 cuestionamiento expreso alguno en contra de la Procuradora General de la Naci\u00f3n ni del Contralor General de la Rep\u00fablica, de donde es \u00abevidente que la queja objeto de discusi\u00f3n no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica\u00bb de \u00e9stos, \u00ablo que habilitar\u00eda el conocimiento del Tribunal en las condiciones en que lo hizo\u00bb (CSJ ATC862-2018, 19 abr., rad. 2018-00468-01). <\/p>\n
Entonces, la situaci\u00f3n descrita, contrario a los sostenido por el Juzgado del Circuito al que inicialmente se reparti\u00f3 la demanda de amparo, impone concluir que resultaba infundada y, por tanto, \u00abaparente\u00bb, la vinculaci\u00f3n de la Procuradora General de la Naci\u00f3n y del Contralor General de la Rep\u00fablica. Sobre el particular, se ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; reiterado en ATC, 13 sep. 2013, rad. 00134-01). <\/p>\n
Luego, los entes llamados a conformar el extremo pasivo respecto a la petici\u00f3n de amparo de la referencia son, exclusivamente, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n (incluida la Procuradur\u00eda Distrital) y la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, a trav\u00e9s de sus dependencias; y atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de las mismas, se tiene que son autoridades del \u00aborden nacional\u00bb, de donde r\u00e1pidamente se concluye que la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, correspond\u00eda al Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien le fue inicialmente repartida, acorde con la regla consagrada en el ya citado numeral 2\u00ba del precepto 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
Sobre el particular esta Magistratura ha puntualizado: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016, ATC2521-2016 y ATC1194-2020). <\/p>\n
4. En consecuencia, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar la nulidad del fallo de 22 de marzo de 2022, dictado por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, conservando validez la actuaci\u00f3n surtida con antelaci\u00f3n a esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Segundo. Rem\u00edtanse las diligencias a los Juzgados del Circuito de esa ciudad para que se efect\u00fae el correspondiente reparto y se asuma el conocimiento de la presente acci\u00f3n constitucional como juzgador de primera instancia. <\/p>\n
Tercero. Comun\u00edquese este pronunciamiento de la manera m\u00e1s expedita, al Tribunal de origen e intervinientes en este tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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