ATC655-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
ATC655-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-04-000-2021-02133-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 6 de octubre de 2021, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela instaurada por Cristian Orozco Pantoja frente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la vida, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada. <\/p>\n
En compendio, refiri\u00f3 que el 3 de septiembre de 2021, radic\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el INPEC, la que fue conocida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con funci\u00f3n de control de garant\u00edas de Bogot\u00e1, autoridad que en fallo del 16 de septiembre neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, impugnada la anterior decisi\u00f3n, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 la revoc\u00f3 y en su lugar orden\u00f3 al INPEC que, en el t\u00e9rmino de 8 d\u00edas, fuera trasladado \u00abde manera arm\u00f3nica y coordinada\u00bb a establecimiento carcelario y penitenciario. <\/p>\n
Adujo que, en su calidad de testigo protegido en procesos adelantados contra funcionarios del INPEC, no puede ser trasladado a centros carcelarios y penitenciarios a cargo del Instituto Penitenciario. <\/p>\n
Se\u00f1ala que lo expuesto, est\u00e1 debidamente soportado \u00aben Oficio N\u00b0 33 emitido por el Tribunal Superior Judicial de Armenia -Sala Penal, quien orden\u00f3 traslado de testigo con medida de protecci\u00f3n al Batall\u00f3n de Polic\u00eda Militar N\u00b0 13\u00bb, encontr\u00e1ndose actualmente recluido es Salas del CTI. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior y para el restablecimiento de su derecho, solicit\u00f3 \u00abSe ordene al Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) o a quien corresponda, que mi traslado sea realizado de manera arm\u00f3nica y coordinada con los diferentes actores a una guarnici\u00f3n militar o al Batall\u00f3n de Polic\u00eda Militar N\u00b0 13 Bogot\u00e1, como lo orden\u00f3 en oficio N\u00b0 33 el magistrado Jhon Jairo Cardona Casta\u00f1o desde el 5 de marzo del a\u00f1o 2020 desde el Tribunal Superior Judicial de Armenia -Sala Penal\u00bb <\/p>\n
3. La presente acci\u00f3n constitucional correspondi\u00f3 por reparto a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, qui\u00e9n mediante auto la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite ordenando vincular a la accionada y disponiendo la vinculaci\u00f3n de la Sala penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y de las partes e intervinientes dentro de la acci\u00f3n constitucional bajo radicado 2021-00231-01. <\/p>\n
5. Mediante sentencia del 26 de octubre de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, declar\u00f3 improcedente la tutela, al no encontrar superado el requisito de subsidiariedad tras se\u00f1alar \u00abAs\u00ed las cosas, como CRISTIAN OROZCO PANTOJA no ha agotado el tr\u00e1mite ordinario ante la Direcci\u00f3n General del INPEC y \u00e9sta desconoce los motivos que, a su juicio, le impiden ser trasladado a un centro de reclusi\u00f3n ordinario, la intervenci\u00f3n de juez de tutela resulta improcedente para ordenar su remisi\u00f3n a una guarnici\u00f3n militar, pues de accederse a lo solicitado se desconocer\u00edan las caracter\u00edsticas de subsidiariedad y residualidad que son predicables de esta acci\u00f3n constitucional (\u2026)\u00bb <\/p>\n
6. Notificado del fallo de primer grado, el accionante manifest\u00f3 \u00abhago uso constitucional de impugnaci\u00f3n y\/o apelaci\u00f3n del fallo, seg\u00fan lo consagrado en la ley\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien es cierto la tutela es un mecanismo preferente y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como de vieja data lo ha explicado el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
2. Frente a la obligatoriedad del Juez Constitucional de integrar debidamente el contradictorio, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abEsta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u201cel juez constitucional, como director del proceso, est\u00e1 obligado a -entre otras cargas- integrar debidamente el contradictorio, vinculando al tr\u00e1mite a aquellas personas naturales o jur\u00eddicas que puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 superior, puedan intervenir en el tr\u00e1mite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb <\/p>\n
\u00abEn cuanto a la integraci\u00f3n del contradictorio en sede de tutela, la jurisprudencia constitucional se\u00f1ala que es un deber del juez de primera instancia, puesto que de esa manera garantiza a la parte interesada la posibilidad de ejercer el derecho de contradicci\u00f3n y defensa durante el desarrollo de la tutela, vinculando a los interesados, es decir, a todas las personas \u00abque puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 superior, puedan intervenir en el tr\u00e1mite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb1 <\/p>\n
3. En este orden de ideas, el incumplimiento de tales criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el inciso final del 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
4. De las piezas digitales allegadas al expediente constitucional, se observa que, en la respuesta emitida por el Director del cuerpo t\u00e9cnico de investigaci\u00f3n de la fiscal\u00eda general de la Naci\u00f3n, dicha autoridad inform\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa Direcci\u00f3n del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n en fecha 09\/03\/20 recibe comunicaci\u00f3n identificada con el radicado N\u00ba 20207160009771, signada por la doctora Aida Esperanza Moreno, Fiscal 23 adscrita a la Direcci\u00f3n Especializada contra la corrupci\u00f3n de la Fiscal\u00eda general de la Naci\u00f3n, por medio de la cual informa la decisi\u00f3n del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia Quind\u00edo, Jhon Jairo Cardona casta\u00f1o, en la que autoriza el traslado al batall\u00f3n de Polic\u00eda Militar N\u00ba 13 de la ciudad de Bogot\u00e1 del se\u00f1or Orozco Pantoja. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, en fecha 10 de marzo de 2020, el suscrito solicit\u00f3 y radic\u00f3 ante el Director del Centro de Reclusi\u00f3n Militar del ej\u00e9rcito , solicitud de cupo para el se\u00f1or CRISTIAN OROZCO PANTOJA, sin que a la fecha se hubiese obtenido respuesta o pronunciamiento alguno proveniente de dicha Direcci\u00f3n\u00bb (Resaltado de la Sala) <\/p>\n
5. En este sentido y conforme a la respuesta allegada por el Cuerpo t\u00e9cnico de investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda y de cara a los hechos y pretensiones de la acci\u00f3n constitucional, se torna imperioso la vinculaci\u00f3n del Director del Centro de Reclusi\u00f3n Militar del Ej\u00e9rcito Nacional, en tanto que, seg\u00fan lo informado, en dicha dependencia obra solicitud de asignaci\u00f3n de cupo para el traslado del accionante, desde el 10 de marzo de 2020, sin que hasta la fecha se haya proferido respuesta alguna2. <\/p>\n
5. Ante tal circunstancia, y habida cuenta que, es deber del juez de tutela efectuar la vinculaci\u00f3n de todos aquellas partes que pueda resultar afectadas con la decisi\u00f3n o cuya intervenci\u00f3n sea indispensable para emitir una decisi\u00f3n de fondo; se impone invalidar el fallo proferido por el juez a-quo, para que se profiera una nueva decisi\u00f3n previo el agotamiento de la vinculaci\u00f3n de la autoridad en comento. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de lo actuado en la acci\u00f3n de la referencia, para que sea vinculado el Director del Centro de Reclusi\u00f3n Militar del Ej\u00e9rcito Nacional. <\/p>\n
En consecuencia, la actuaci\u00f3n deber\u00e1 renovarse con ese exclusivo prop\u00f3sito, permaneciendo inc\u00f3lume la validez de las pruebas practicadas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo: Devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Tercero: Enterar a las partes, la anterior decisi\u00f3n. <\/p>\n
C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional. Sentencia SU116 de 2018. <\/p>\n
2\u0002 \u00abExpediente Digital. Carpeta 2.120069.Avoca. RTACUERPOTECNICO.pdf.\u00bb <\/p>\n
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