ATC668-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC668-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2022-00101-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta por Mar\u00eda Sonia Salazar Salazar frente a la sentencia del pasado 21 de abril, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por ella contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y el Juzgado 11\u00b0 Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de la misma ciudad, si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo rituado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora deprec\u00f3 el respeto de sus prerrogativas esenciales \u00abal trabajo, (\u2026) estabilidad laboral reforzada\u2026, (\u2026) seguridad social\u00bb y \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, presuntamente conculcadas por las dependencias requeridas. <\/p>\n
Y en concreto, se les ordene suspender, \u00abde manera inmediata\u00bb, la aplicaci\u00f3n de las \u00ablistas de elegibles para el cargo de Secretario\u00bb del despacho judicial acusado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento sostuvo que el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca formul\u00f3 dichas listas ante el Juzgado 11\u00b0 Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Cali, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 \u00abCSJVAR22-355\u00bb de 9 de febrero del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
Adujo que la titular de la sede judicial nombr\u00f3 en propiedad a \u00c1lvaro Daniel Agreda Enr\u00edquez, por ser el primero del descrito registro de elegibles, con Resoluci\u00f3n n.\u00b0 \u00ab004\u00bb del d\u00eda 28 siguiente; designaci\u00f3n no aceptada. <\/p>\n
Reproch\u00f3, en s\u00edntesis, que con ocasi\u00f3n de tales actos administrativos se la pretendiera remover de la secretar\u00eda del juzgado, cargo que ocupa en provisionalidad, pues con ello fue desconocida su condici\u00f3n de \u00abprepensionable\u00bb al tener 56 a\u00f1os y, asimismo, de \u00abhija cabeza de hogar\u00bb, responsable del cuidado y gastos de su padre, quien es adulto mayor. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 haber divulgado su situaci\u00f3n de \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb a los entes encartados, mediante derecho de petici\u00f3n, sin respuesta favorable. <\/p>\n
Y luego de surtido el debate de rigor, rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, en tanto que \u00abla reclamante no ha elevado (\u2026) petici\u00f3n\u00bb a la jueza nominadora, con el fin de hacerle saber su calidad de \u00abprepensionada\u00bb e \u00abhija cabeza de hogar\u00bb, pese al escrito que dijo enviarle, en el cual no elev\u00f3 solicitud alguna. Dispuso, igualmente, levantar la cautelativa conferida. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Impugn\u00f3 la convocante, sin elucidar motivos de disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de la Corte para decidir, en impugnaci\u00f3n, el presente asunto, pues como lo ense\u00f1a el numeral 8\u00b0 (inciso 2\u00b0) del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00b0 del decreto 333 de 2021): las \u00abacciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb ser\u00e1n conocidas, en primer grado, por \u00abla jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo…\u00bb (\u00c9nfasis). <\/p>\n
2. Bajo el labrado contexto, el veredicto dimanado por el a-quo en este rito est\u00e1 viciado de nulidad, de acuerdo con el precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los infolios de amparo por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992, pues la atribuci\u00f3n para dirimir la demanda, como se vio, le corresponde a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, representada en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, si de relieve se pone la calidad de empleada judicial de la justicia ordinaria por parte de la aqu\u00ed accionante al momento de demandar por esta sumaria senda (secretaria al servicio del juzgado accionado1) y, asimismo, la calidad del extremo pasivo (despacho municipal en la especialidad penal de control de garant\u00edas y Consejo Seccional de la Judicatura del departamento en cita). <\/p>\n
En un debate con cierta simetr\u00eda, esta Magistratura previno: <\/p>\n
(\u2026)[Se o]bserva (\u2026) la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que, en la demanda de amparo, la actora esgrime su condici\u00f3n de empleada de la Rama Judicial perteneciente a la \u00abjurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb [al servicio del Centro de Servicios de Ejecuci\u00f3n de Penas, dirigido por un juez coordinador], situaci\u00f3n que se enmarca en la regla de competencia aplicable a este asunto, prevista en el (\u2026) inciso 2\u00b0, numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021)\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, considerando el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela formulada por una empleada de la \u00abjurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb\u2026, se radica en el Tribunal Administrativo del Distrito Judicial respectivo que, para el presente asunto, no es otro que el de Antioquia, al tenor de las disposiciones acabadas de citar\u2026 (CSJ ATC1763, 25 nov. 2021, rad. 00529-01). <\/p>\n
Y respecto de la invalidaci\u00f3n sub examine, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u2026 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396 de 2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684, ATC1686 y ATC2521, todos de ese mismo a\u00f1o). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017 (asimilables al nuevo decreto 333 de 2021), se ha tenido precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u00ab[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u00bb (CSJ ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. Por lo consignado, se adoptar\u00e1n las medidas necesarias para enderezar el decurso iusfundamental de marras. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el plenario de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan se desprende de la certificaci\u00f3n de tiempos laborados tra\u00eddas por ella en su demanda y, de lo aseverado por la jueza fustigada, en su respuesta. <\/p>\n
2\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
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