ATC708-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC708-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2022-00119-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada por Juli\u00e1n Mauricio Sotto Inchima contra el fallo emitido el pasado 29 de abril por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, la Alcald\u00eda Municipal de Rovira y la Empresa Emspuravida E.S.P., si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales para que se ordene i) a la Alcald\u00eda de Rovira y\/o a la Emspurovida S.A.P. \u00abgarantizar el agua (\u2026) las 24 horas los siete d\u00edas a la semana en colegios, escuelas, CDI, ancianato y hospital (\u2026)\u00bb as\u00ed como \u00abidentificar si existen fugas de agua\u00bb; ii) a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00abnombre un agente ajeno al personero municipal (\u2026), para que ejerza una vigilancia directa y eficiente, (\u2026), en procura de garantizar del derecho al agua potable\u00bb; iii) a la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios \u00abtomar acciones contundentes dentro del \u00e1mbito de sus funciones, que permitan a los ciudadanos del casco urbano del municipio tener agua potable\u00bb y iv) a la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica \u00abse verifique si la Alcald\u00eda (\u2026) ha cumplido con los compromisos de la audiencia p\u00fablica que se realiz\u00f3 (\u2026) el d\u00eda 03 de Diciembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
En sustento indic\u00f3 que, pese a lo dispuesto en el art. 2\u00ba de la Ley 142 de 1994, la Alcald\u00eda Municipal de Rovira \u2013 Tolima y la Empresa Emspurovira E.S.P., solo brindan \u00abespor\u00e1dicamente cada tres d\u00edas\u00bb el servicio de agua potable algunos barrios de la localidad y a los colegios del \u00abcasco urbano\u00bb, entre ellos la Instituci\u00f3n Educativa T\u00e9cnica de la Ceiba, la que inclusive implement\u00f3 \u00abla jornada \u00fanica en la cual se deben preparan alimento (\u2026) a los j\u00f3venes\u00bb, circunstancia que adem\u00e1s se agudiza por la emergencia sanitaria que requiere \u00abun buen lavado de manos constante, para evitar la propagaci\u00f3n del COVID-19\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que por lo anterior, los estudiantes del plantel aludido junto con algunos padres de familia, el 29 de marzo pasado marcharon para manifestar su inconformismo; calenda en la que adem\u00e1s \u00abla persona enviada por (\u2026) la Contralor\u00eda\u00bb advirti\u00f3 que \u00abla falta de ahorro de agua por parte de algunas persona, no era la raz\u00f3n total para que no [les] presenten el servicio\u00bb; a m\u00e1s que dicha deficiencia ha repercutido \u00aben el hospital, ancianato, las entidades p\u00fablicas, los CDI, los barrios, los establecimientos de comercio, y hasta en la misma casa de los funcionarios p\u00fablicos\u00bb, sin que se tenga una soluci\u00f3n inmediata a la problem\u00e1tica suscitada, m\u00e1xime cuando se paga por la prestaci\u00f3n de dicho servicio. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, despu\u00e9s de relacionar los diferentes informes de las autoridades convocadas, neg\u00f3 el resguardo suplicado, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad pues el actor y la comunidad afectada, tienen a su alcance la acci\u00f3n popular contemplada en la Ley 472 de 1998 para dar soluci\u00f3n a las inconformidades expuestas. <\/p>\n
3. Impugnada la sentencia por el accionante, insistiendo en sus desacuerdos y que se desconocieron precedentes y convenciones internacionales sobre el acceso al agua potable, las diligencias se remitieron a esta Corte para lo pertinente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de tutela se desprende, sin duda alguna, que la acci\u00f3n est\u00e1 dirigida en contra de las actuaciones de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, m\u00e1s no de su representante legal o titular; en igual sentido, se advierte la falta de competencia respecto de la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos como se expondr\u00e1 m\u00e1s adelante. <\/p>\n
En lo que refiere a los entes de control disciplinario y fiscal, surge clara la falta de competencia del a quo para resolver la presente queja, pues, por una parte, no les ser\u00eda aplicable lo dispuesto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 20211, y por la otra, en lo que refiere a las 3 instituciones aludidas, seg\u00fan la naturaleza jur\u00eddica de las entidades acusadas, y lo dispuesto en las reglas consagradas en el numeral 2\u00ba ib\u00eddem2, la competencia para conocer del presente caso en primera instancia corresponde a los Jueces del Circuito o con categor\u00eda de tales. <\/p>\n
Al respecto ha de tenerse en cuenta que la mentada Contralor\u00eda, fue creada bajo los lineamientos del art\u00edculo 267 de nuestra Carta y de conformidad con el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 267 DE 2000 se define como \u00abun \u00f3rgano de control del Estado de car\u00e1cter t\u00e9cnico, con autonom\u00eda administrativa y presupuestal para administrar sus asuntos en los t\u00e9rminos y en las condiciones establecidas en la Constituci\u00f3n y en las leyes\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n a la Procuradur\u00eda referida, se tiene que el canon 1\u00ba del Decreto 262 del mismo a\u00f1o la defini\u00f3 como \u00ab(\u2026) el m\u00e1ximo organismo del Ministerio P\u00fablico. Tiene autonom\u00eda administrativa, financiera y presupuestal en los t\u00e9rminos definidos por el Estatuto Org\u00e1nico del Presupuesto Nacional y ejerce sus funciones bajo la suprema direcci\u00f3n del Procurador General de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y a su vez, en lo que respecta a la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos, el art. 2\u00ba del Decreto 990 de 2002, estipul\u00f3 que \u00ab(\u2026) es una entidad descentralizada de car\u00e1cter t\u00e9cnico, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonial\u00bb, luego entonces, conforme a lo preceptuado en el literal C, del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, en relaci\u00f3n a esta \u00faltima, se debe precisar que est\u00e1 definida como un organismo del sector descentralizado por servicios, de ah\u00ed que atendiendo el factor funcional para conocer de esta acci\u00f3n, corresponde, se itera, a los Jueces del Circuito o con categor\u00eda de tales. <\/p>\n
2. En consecuencia, la sentencia de tutela de primera instancia se debe invalidar por falta de competencia funcional, de conformidad con el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992; orden\u00e1ndose remitir el expediente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, a quien preliminarmente le fue asignado el asunto, para que dicte el fallo constitucional que por esta v\u00eda se anula, no sin antes recordar que la Sala, en auto de 13 de mayo de 2009 (rad. 2009-00083-01), precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abhace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u00bb (ver entre otros ATC4127-2014, ATCA4149-2014, ATC4151-2014 y ATC2849-2016). <\/p>\n
3. En consecuencia, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar la nulidad del fallo de 29 de abril de 2022, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, conservando validez la actuaci\u00f3n surtida con antelaci\u00f3n a esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero. Comun\u00edquese este pronunciamiento de la manera m\u00e1s expedita al Tribunal de origen e intervinientes en este tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor General de la Rep\u00fablica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del Fiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la Rep\u00fablica, del Contador General de la Naci\u00f3n y del Consejo Nacional Electoral ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos. <\/p>\n
2\u0002 Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda. <\/p>\n
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