ATC710-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC710-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2021-01831-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los gestores exigieron la custodia de los derechos al \u00abdescanso, igualdad, trabajo en condiciones de dignidad humana y a la seguridad social\u00bb, para que se ordenara a las autoridades querelladas \u00abadelant[ar] las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para que el Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Cali, nombre e[l] reemplazo (\u2026) [en los cargos de] secretaria y oficial mayor de [ese despacho] por el per\u00edodo de vacaciones comprendido entre el 9 de abril de 2020 al 8 de abril de 2021 y del 13 de febrero de 2019 al 12 de febrero de 2020 respectivamente (\u2026) para el disfrute efectivo de las vacaciones a que tienen derecho\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal concedi\u00f3 el amparo, tras colegir que, si bien se tornaba improcedente inicialmente \u00abpor contar los actores con otros mecanismos de defensa judicial, como lo es la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011, en cuyo tr\u00e1mite pod\u00edan solicitar la adopci\u00f3n de medidas provisionales\u00bb, ese \u00abmecanismo no es id\u00f3neo si en cuenta se tiene que la discusi\u00f3n propuesta se remite a la necesidad de superar barreras para el goce del derecho a las vacaciones (\u2026) derecho de rango constitucional, lo que impone que sin demora se adopten medidas a fin de conjurar un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso que el \u00abtitular del Juzgado Veinte Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Cali, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles, si a\u00fan no lo ha hecho, se pronuncie respecto de las vacaciones solicitadas por Carmen Mery Hoyos Sotelo y Walter Edub Alvarado Pay\u00e1n\u00bb, y mand\u00f3 a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cali que, \u00aben el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, realice las gestiones pertinentes encaminadas a suplir el reemplazo de Carmen Mery Hoyos Sotelo y Walter Edub Alvarado Pay\u00e1n durante sus respectivos per\u00edodos de vacaciones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cali alegando que, aunque est\u00e1 de acuerdo con lo razonado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00abrespecto al derecho al disfrute de vacaciones como quiera que es un derecho de raigambre constitucional\u00bb; no puede desconocer las directrices emitidas en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 por el Consejo Superior de la Judicatura \u00aby darle una interpretaci\u00f3n extensa, particular y ponderada a una Circular en la que claramente se\u00f1ala la no procedencia del pago para reemplazo de vacaciones\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De este modo, emerge palmario que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia carec\u00eda de aptitud para adelantar el presente resguardo, dado que fue interpuesto por dos empleados judiciales que pertenecen a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y, en tal virtud, concierne a la especialidad de lo contencioso administrativo impulsar y dirimir la controversia supralegal, de acuerdo con lo reglado en el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, as\u00ed: \u00abCuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb (Subraya y resalta a Sala). <\/p>\n
Ahora, como lo que se enjuicia involucra al Consejo Superior de la Judicatura \u2013Sala Administrativa, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, es el Consejo de Estado el llamado a desatar el auxilio en primer grado, atendiendo el car\u00e1cter \u00abfuncional\u00bb que ostenta respecto de la entidad referida, seg\u00fan lo preceptuado en el numeral 8\u00ba \u00eddem: \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto\u00bb (Subraya y resalta a Sala). <\/p>\n
2.- La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo atinente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el precepto 4 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, porque se tiene dicho que <\/p>\n
[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (ATC1323-2019). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16, concordante con el 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n de las diligencias al Consejo de Estado, a fin de que previo reparto entre los Magistrados que lo componen, se disponga lo pertinente en torno al resguardo. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo decidido a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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