ATC721-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00512-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver por la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 24 de marzo de 2022 dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la tutela promovida por Omaira Cuero Cuero contra el Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A., el Juzgado 1\u00b0 Laboral de Buenaventura, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, si no fuera porque se advierte una irregularidad que es necesario enmendar. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3, en esencia, que se ordene al Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A. \u00abreconocer y pagar de forma vitalicia la pensi\u00f3n de sobrevivientes [y] afiliar[la] a la E.P.S. en el r\u00e9gimen contributivo\u00bb. En sustento, adujo que la entidad en comento se niega a entregar la pensi\u00f3n que le fue concedida judicialmente. <\/p>\n
2. Las entidades accionadas hicieron un relato de las actuaciones surtidas y defendieron la respectiva legalidad. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte deneg\u00f3 el resguardo porque el \u00abreconocimiento pensional (\u2026) est\u00e1 siendo objeto de debate\u00bb en recurso extraordinario de Casaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La accionante recurri\u00f3 con reiteraci\u00f3n de sus argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de no ser porque se advierte que esta magistratura y la que resolvi\u00f3 el asunto en primer grado, carecen de competencia para rituar el sumario, irregularidad que afecta la validez del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Revisado el expediente se observa que las pretensiones constitucionales de la censora se dirigieron exclusivamente en contra del Provenir S.A., para que se le ordenara a esa entidad \u00abreconocer y pagar de forma vitalicia la pensi\u00f3n de sobrevivientes [y] afiliar[la] a la E.P.S. en el r\u00e9gimen contributivo\u00bb. De modo tal que, a pesar de que en el libelo se hizo alusi\u00f3n a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, realmente ninguna aspiraci\u00f3n en su contra se dirigi\u00f3, de donde se sigue que la vinculaci\u00f3n de esta fue aparente y, por tanto, quedaba descartada la competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte para tramitar la salvaguarda. <\/p>\n
As\u00ed, como el resguardo se dirigi\u00f3 realmente frente al Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A., la asignaci\u00f3n del asunto estaba sujeta al numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, seg\u00fan el cual, \u201c[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u201d. <\/p>\n
Valga precisar que ser\u00eda distinto el escenario si la accionante hubiese dirigido alguna pretensi\u00f3n concreta frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, caso en el que corresponder\u00eda a esta magistratura la revisi\u00f3n del eventual fallo de tutela emitido en su salvaguarda. <\/p>\n
En suma, el presente rito debi\u00f3 adelantarse ante los despachos de categor\u00eda de municipal, de suerte que, se impone la invalidez de lo actuado porque se tiene dicho que: <\/p>\n
[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (ATC1323-2019 reiterado en ATC1194-2020). <\/p>\n
Por las consideraciones expuestas se remitir\u00e1n las diligencias a la autoridad que debe rituar el asunto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley DECLARA la nulidad de la sentencia de primer grado que resolvi\u00f3 la salvaguarda del ep\u00edgrafe haciendo claridad que las dem\u00e1s fases conservan validez, de conformidad con el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16, concordante con el 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Rem\u00edtase el expediente a los Juzgados Municipales de Buenaventura para que, previo reparto, se tr\u00e1mite la acci\u00f3n constitucional. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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