ATC726-2022<\/p>\n
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ATC726-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 08001-22-13-000-2022-00250-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de abril de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Nancy Esther Cantillo Ortega, a trav\u00e9s de apoderado, en contra del Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de la misma ciudad, si no fuera porque en el devenir de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n
1. Revisado el tr\u00e1mite de la primera instancia, se observa la omisi\u00f3n de notificaci\u00f3n de todos los que han participado en el proceso de radicado 2016-00159, a quienes les asiste un leg\u00edtimo inter\u00e9s en los resultados de este asunto, dado que la gestora censura, por irregulares, algunas de las decisiones all\u00ed adoptadas. <\/p>\n
Ciertamente, se evidencia que, en auto de 30 de marzo de 2022, se dispuso admitir la presente acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla, sin embargo, se omiti\u00f3 notificar a las partes e intervinientes del juicio objeto de reproche. <\/p>\n
2. Al respecto, resulta pertinente se\u00f1alar que el debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales, entre las que se destaca la posibilidad de enfrentar en igualdad de condiciones los cargos y cuestionamientos reclamados en sede judicial. Para ello, resulta indispensable concurrir al proceso y contar la posibilidad de aducir pruebas y controvertir las allegadas por la parte contraria, principios consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas esenciales, no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del referido derecho fundamental, de manera que en ella deben primar las garant\u00edas superiores, dentro de las cuales se contempla la obligaci\u00f3n de notificar a las partes o terceros intervinientes de las providencias que se dicten, por as\u00ed ordenarlo el canon 16 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.1.4. del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
3. La circunstancia que viene de advertirse desemboca en la causal de nulidad reglada en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 C.G.P., preceptiva que resulta aplicable a la presente acci\u00f3n constitucional en virtud de lo dispuesto por el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 que dispone, que \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto\u00bb. <\/p>\n
4. Por tanto, se impone declarar la invalidez de todo lo actuado, con posterioridad al auto que avoca conocimiento, para que el a quo constitucional cumpla con la formalidad omitida, ordenando la notificaci\u00f3n de las partes y de todos los intervinientes del juicio sucesorio de radicado 2016-00159. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de lo actuado en la tutela rese\u00f1ada, a partir de la admisi\u00f3n de la tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Disponer que por Secretar\u00eda se devuelva el expediente a la a quo constitucional, para que reponga la actuaci\u00f3n anulada, notificando de la presente acci\u00f3n de tutela a las partes, intervinientes e interesados en el proceso de radicado 2016-00159. Of\u00edciese. <\/p>\n
3. Ordenar notificar esta decisi\u00f3n a los interesados, en la forma prescrita en el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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