SC1167-2022 (2022-00372-00)<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC1167-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00372-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de mayo dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 del C\u00f3digo General del Proceso, se decide mediante sentencia anticipada la solicitud de exequatur presentada por Ang\u00e9lica Mar\u00eda Holgu\u00edn Duque, respecto de la sentencia que el 29 de junio de 2015 profiri\u00f3 el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 80 de Madrid, Reino de Espa\u00f1a, dentro del juicio verbal de mutuo acuerdo promovido por la solicitante y el se\u00f1or Herney Mart\u00ednez Ram\u00edrez. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La se\u00f1ora Ang\u00e9lica Mar\u00eda Holgu\u00edn Duque, en nombre propio y como representante legal de su hija menor de edad S.M.H., solicit\u00f3 la homologaci\u00f3n del fallo proferido por el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 80 de Madrid, dentro del tr\u00e1mite de \u00abfamilia, guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales consensuados\u00bb adelantado bajo el radicado 501\/2015. <\/p>\n
2. A trav\u00e9s de dicho procedimiento se solicit\u00f3 la aprobaci\u00f3n del convenio regulador de los derechos y obligaciones de los se\u00f1ores Ang\u00e9lica Mar\u00eda Holgu\u00edn Duque y Herney Mart\u00ednez Ram\u00edrez respecto de su hija com\u00fan S.M.H., nacida el 8 de marzo de 2012. <\/p>\n
3. Admitida la petici\u00f3n presentada se dio traslado al Ministerio Fiscal por estar involucrados los derechos de la menor de edad. <\/p>\n
4. A trav\u00e9s de sentencia del 29 de junio de 2015, se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n judicial al convenio regulador de los derechos y obligaciones parentales en cuanto a la patria potestad, guarda y custodia, r\u00e9gimen de visitas y pensi\u00f3n alimentaria en favor de la menor de edad S.M.H1, la cual adquiri\u00f3 firmeza y regula desde entonces las relaciones paterno\/materno filiales en los aspectos anotados. <\/p>\n
5. En virtud de lo anterior, la solicitante elev\u00f3 las siguientes pretensiones: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: Se declare por parte del Honorable Magistrado de conocimiento, que la sentencia No. 367 de fecha veintinueve (29) de junio de 2015, proferida por el Juzgado de 1\u00b0 Instancia No. 80 de Madrid, Rep\u00fablica (sic) de Espa\u00f1a, igualmente produce o surte sus efectos en la Rep\u00fablica de Colombia. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior, se reconozca que, la patria potestad, guarda y custodia de la menor S.M.H, ser\u00e1, ejercida en su totalidad y exclusivamente por su se\u00f1ora madre ANG\u00c9LICA MAR\u00cdA HOLGU\u00cdN DUQUE\u00bb. <\/p>\n
Debe se\u00f1alarse que, para sustentar el segundo pedimento, la demandante argument\u00f3 que el progenitor no mantiene contacto alguno con la hija com\u00fan, que desde el convenio mismo se evidenci\u00f3 su voluntad de descargar en la madre toda la responsabilidad parental y que en este caso, se ha configurado el abandono que el art\u00edculo 315 del C\u00f3digo Civil establece como causal de la p\u00e9rdida de la patria potestad. <\/p>\n
6. Mediante providencia del 16 de febrero de 2022 se admiti\u00f3 la solicitud inicial, en la cual se orden\u00f3 correr traslado a la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. As\u00ed mismo, se prescindi\u00f3 de la citaci\u00f3n del progenitor Herney Mart\u00ednez Ram\u00edrez, dado que el fallo cuya homologaci\u00f3n se pretende no fue dictado en juicio contencioso. <\/p>\n
7. El Ministerio P\u00fablico se pronunci\u00f3 oportunamente, se\u00f1alando el cumplimiento de los requisitos del exequatur y haciendo especial \u00e9nfasis en la conformidad de la sentencia extranjera con las disposiciones nacionales. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que las leyes colombianas establecen la procedencia de la conciliaci\u00f3n en materia de alimentos, custodia, cuidado personal y visitas de los hijos menores de edad. Sobre la patria potestad, indic\u00f3 que la jurisprudencia constitucional la ha considerado obligatoria e irrenunciable al punto que \u00absu ejercicio no puede ser atribuido, modificado, regulado ni extinguido por la propia voluntad privada sino en los casos en que la misma ley lo permita\u00bb2, resaltando que la ley colombiana efectivamente permite la delegaci\u00f3n de las facultades que dicho instituto confiere, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 307 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En ese sentido, reliev\u00f3 la Delegada: <\/p>\n
\u00ablos derechos inmersos en el concepto de patria potestad, tales como la administraci\u00f3n de los bienes, el usufructo y la representaci\u00f3n legal sobre los hijos no emancipados, bien pueden ser delegados por escrito entre los titulares, esto es, entre los progenitores. El primer inciso ut supra se\u00f1ala con claridad que uno de los padres puede delegar tales derechos en el otro, sea de manera total o parcial. El \u00faltimo inciso es mucho m\u00e1s certero, pues en una redacci\u00f3n positiva ense\u00f1a que frente a las controversias sobre la patria potestad se acudir\u00e1 al juez solo cuando no se logre un acuerdo entre los padres. <\/p>\n
Huelga concluir entonces, que los derechos inherentes al ejercicio sobre la patria potestad, valga decir, la administraci\u00f3n de los bienes del hijo no emancipado, el usufructo sobre los mismos y la representaci\u00f3n legal y extrajudicial, son asuntos que mediante pacto pueden ser confiados a uno solo de los padres\u00bb. <\/p>\n
8. Ante la inexistencia de solicitud de medios de convicci\u00f3n que ameritaran su pr\u00e1ctica, por auto de 10 de marzo de 2022 se dispuso el decreto de pruebas limitado a las documentales, raz\u00f3n por la cual no se vio necesidad de fijar audiencia y se anunci\u00f3 la adopci\u00f3n de la sentencia anticipada. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia del pronunciamiento anticipado. <\/p>\n
Conforme al precedente de esta Corporaci\u00f3n, cuando no existen pruebas pendientes de pr\u00e1ctica \u2013como ocurre en este caso\u2013, resulta procedente resolver el litigio anticipadamente3, prescindiendo de las etapas procesales que prev\u00e9 el art\u00edculo 607-4 del C\u00f3digo General del Proceso para el juicio de exequatur. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(…) aunque el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe para el tr\u00e1mite del exequatur que \u201cVencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u201d, el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad causal de sentencia anticipada, que dada su etapa de configuraci\u00f3n, la naturaleza de la actuaci\u00f3n y la clase de pruebas requeridas para la resoluci\u00f3n del asunto, imponen un pronunciamiento con las caracter\u00edsticas rese\u00f1adas. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con el art\u00edculo 278 del Estatuto General de Procedimiento, el Juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial \u201cen cualquier estado del proceso\u201d, entre otros eventos, \u201cCuando no hubiere pruebas por practicar\u201d, siendo este el supuesto que como se hab\u00eda antelado se edific\u00f3 en el caso que hoy ocupa a la Sala, situ\u00e1ndola en posici\u00f3n de resolver de fondo y abstenerse de adelantar proceder diverso. Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (CSJ SC12137-2017, 15 ago.; reiterada en CSJ SC3107-2019, 12 ago., entre otras). <\/p>\n
Por lo anterior, es pertinente decidir de fondo el asunto a trav\u00e9s de sentencia anticipada. <\/p>\n
2. El exequatur de sentencias extranjeras. <\/p>\n
2.1. Comoquiera que la potestad de expedir normas internas y velar por su cumplimiento constituyen expresiones de la soberan\u00eda estatal dentro de su territorio, la funci\u00f3n jurisdiccional, entendida como la potestad de aplicar dichas normas con el prop\u00f3sito de resolver de manera definitiva conflictos intersubjetivos y asegurar el cumplimiento de lo decidido, tambi\u00e9n se circunscribe al espacio territorial de cada Estado en particular. <\/p>\n
Ello conllevar\u00eda, prima facie, la imposibilidad de ejecutar decisiones adoptadas por las autoridades jurisdiccionales fuera del espacio soberano en el que fueron proferidas4. Sin embargo, esa soluci\u00f3n, aunque coherente con el concepto de soberan\u00eda y autonom\u00eda estatal, no parece adecuarse a los requerimientos de una sociedad globalizada, en la que constantemente surgen v\u00ednculos jur\u00eddicos de toda \u00edndole (familiares, comerciales, etc.) entre personas que habitan espacios nacionales diferentes. <\/p>\n
Ante ese panorama, el legislador patrio admiti\u00f3 \u2013de manera excepcional\u2013 que \u00ablas sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb (art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso). De esta manera, supedit\u00f3 la posibilidad de homologar una decisi\u00f3n for\u00e1nea a la reciprocidad del trato que reciban en dicho territorio extranjero los fallos dictados por autoridades judiciales nacionales. <\/p>\n
En palabras de la Sala, <\/p>\n
\u00ab(…) la facultad de administrar justicia dentro del territorio de la Rep\u00fablica es una funci\u00f3n reservada privativamente a los funcionarios investidos \u2013en forma permanente o transitoria\u2013 de jurisdicci\u00f3n, y por tal raz\u00f3n, en l\u00ednea de principio rector, las sentencias dictadas en otros pa\u00edses no producen efectos directos en Colombia. En forma excepcional, tales fallos pueden tener eficacia a condici\u00f3n de que exista con el pa\u00eds cuyo juez o Tribunal ha dictado la decisi\u00f3n judicial, un tratado que as\u00ed lo permita \u2013reciprocidad diplom\u00e1tica\u2013 y a falta de tal pacto internacional, que exista en tal pa\u00eds una Ley que le confiera valor, en su territorio, a las sentencias proferidas por jueces colombianos \u2013reciprocidad legislativa\u2013\u00bb (CSJ SC, 8 oct. 2004, rad. 2002-00197-01). <\/p>\n
2.2 Ahora bien, la reciprocidad \u2013que puede ser legislativa o diplom\u00e1tica, seg\u00fan el reconocimiento de los fallos nacionales en el extranjero provenga de la aplicaci\u00f3n de la ley, o de un acuerdo entre naciones\u2013, por s\u00ed sola, no resulta suficiente para justificar que se otorguen plenos efectos a una sentencia extranjera en el territorio colombiano. <\/p>\n
(i) Que el fallo for\u00e1neo no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano al momento de iniciarse el proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia a homologar. <\/p>\n
(ii) Que lo decidido no se oponga a leyes u otras disposiciones internas de orden p\u00fablico, \u00abexceptuadas las de procedimiento\u00bb. <\/p>\n
(iii) Que el conflicto sobre el cual recae la resoluci\u00f3n extranjera no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos. <\/p>\n
(iv) Que en Colombia no exista proceso en curso sobre el mismo asunto, ni sentencia ejecutoriada previa, dictada por los jueces nacionales. <\/p>\n
Asimismo, y con el prop\u00f3sito de garantizar el car\u00e1cter definitivo de la decisi\u00f3n a homologar, la Corte ha de comprobar que aquella fue presentada en copia debidamente legalizada; que se encuentra ejecutoriada de conformidad con las leyes del pa\u00eds de origen, y que se realiz\u00f3 la debida citaci\u00f3n del convocado, si es que el juicio donde se profiri\u00f3 la providencia objeto de exequatur hubiere tenido naturaleza contenciosa. <\/p>\n
3. Caso Concreto <\/p>\n
3.1. Reciprocidad diplom\u00e1tica. <\/p>\n
En esta materia rige el Convenio entre Colombia y Espa\u00f1a para el cumplimiento de sentencias civiles, suscrito en Madrid el d\u00eda 30 de mayo de 19085, pacto internacional que fue incorporado al ordenamiento patrio mediante la Ley 7 de esa misma anualidad. <\/p>\n
En virtud del Convenio se permite que \u00ablas sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales Comunes de una de las Altas Partes Contratantes, [sean] ejecutadas en la otra, siempre que re\u00fanan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el Pa\u00eds en que se hayan dictado. Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicit\u00f3 su ejecuci\u00f3n\u00bb, precisando, que \u00ab[l]a primera de [esas] circunstancias (…) se comprobar\u00e1 por un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo, acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, existiendo el Convenio referido, se cumple el requisito de la reciprocidad, en este caso diplom\u00e1tica, exigida en el tr\u00e1mite de exequatur. <\/p>\n
3.2. Verificaci\u00f3n de los requisitos del exequatur. <\/p>\n
Seg\u00fan se expuso, la homologaci\u00f3n de fallos for\u00e1neos exige tanto la acreditaci\u00f3n de la reciprocidad previamente analizada, como la satisfacci\u00f3n de los requerimientos que prev\u00e9 el canon 606 del C\u00f3digo General del Proceso, an\u00e1lisis que emprender\u00e1 la Sala seguidamente: <\/p>\n
Est\u00e1 acreditado que la decisi\u00f3n judicial no versa sobre derechos reales ni sobre asuntos de competencia exclusiva de los jueces colombianos, tampoco se evidenci\u00f3 que existiera en Colombia proceso en curso ni sentencia ejecutoriada sobre el mismo asunto. Adem\u00e1s, la sentencia de 29 de junio de 2015, proferida por el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 80 de Madrid, obra en copia debidamente compulsada, legalizada y apostillada. <\/p>\n
La solicitud fue acompa\u00f1ada de la constancia de firmeza de la sentencia extranjera, emitida el 28 de enero de 2020 por la Subdirectora General Adjunta de la Direcci\u00f3n General de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia espa\u00f1ol, documento que, al estar debidamente apostillado, cumple tambi\u00e9n la exigencia del tratado binacional. <\/p>\n
As\u00ed mismo, est\u00e1 demostrado que la sentencia cuya homologaci\u00f3n se pretende no se profiri\u00f3 en un proceso contencioso que exigiera la convocatoria de terceros al tr\u00e1mite de exequatur, pues tal como consta en la documental aportada, el convenio regulador de patria potestad, custodia, visitas y alimentos se defini\u00f3 de mutuo acuerdo entre los progenitores y de la misma manera se solicit\u00f3 su aprobaci\u00f3n judicial, habiendo comparecido los interesados a ratificar su voluntad y pedimento ante el juzgado de conocimiento. <\/p>\n
Finalmente, se observa que lo decidido por la autoridad judicial extranjera en el fallo sometido a exequatur no est\u00e1 en contra de las disposiciones internas de orden p\u00fablico que rigen en Colombia, como se expondr\u00e1 a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.3. Contenido del convenio regulador aprobado mediante sentencia extranjera y conformidad con las normas colombianas. <\/p>\n
Por medio de la sentencia del 29 de junio de 2015, proferida por el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 80 de Madrid, se dio aprobaci\u00f3n judicial al acuerdo presentado por los progenitores respecto de la patria potestad, custodia, r\u00e9gimen de visitas y pensi\u00f3n alimentaria en favor de la hija com\u00fan, S.M.H. <\/p>\n
El contenido del convenio regulador aprobado por el juzgado de conocimiento es el siguiente: <\/p>\n
II. Guarda y custodia de la menor. Respecto a la guarda y custodia de la menor, por acuerdo de ambas partes, y en consonancia con la estipulaci\u00f3n anterior, se establece que la misma sea igualmente atribuida a la madre, D. Ang\u00e9lica Ma. Holgu\u00edn Duque, que es quien de hecho la viene ostentando desde que los progenitores se separaron. <\/p>\n
III. R\u00e9gimen de visitas. Ambos progenitores acuerdan no establecer un r\u00e9gimen de visitas a favor del padre, D. Herney Mart\u00ednez Ram\u00edrez. No obstante, el Sr. Mart\u00ednez podr\u00e1 comunicarse con su hija tantas veces como as\u00ed lo desee, respetando, en todo caso, el horario de descanso de la menor. Asimismo, el Sr. Mart\u00ednez podr\u00e1 ver a su hija o podr\u00e1 permanecer con ella, previa autorizaci\u00f3n de la madre, y siempre que estas visitas se acomoden a los acuerdos que pudiera llegar con ella, considerando en todo momento, sus decisiones. <\/p>\n
IV. Pensi\u00f3n alimenticia. Que el padre abonar\u00e1, en concepto de alimentos para la menor, la cantidad de 60 euros mensuales por adelantado en los cinco primeros d\u00edas de cada mes, mediante ingreso en la cuenta bancaria que designe la madre y que se actualizar\u00e1 anualmente el primero de enero de cada a\u00f1o, conforme al IPC\u00bb. <\/p>\n
Para acceder a la solicitud de aprobaci\u00f3n judicial del convenio, el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 80 de Madrid invoc\u00f3 el art\u00edculo 1586 del C\u00f3digo Civil espa\u00f1ol7, pauta que autoriza al juez a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho de alimentos y cualquier otra encaminada a asegurar el bienestar del menor de edad. <\/p>\n
En ese sentido, el convenio aprobado por la sentencia en estudio regula la custodia y cuidado personal, el r\u00e9gimen de visitas y la cuota alimentaria establecida en favor de la menor de edad, asuntos \u00e9stos que se encuentran incluidos en los derechos y obligaciones entre padres e hijos establecidos en el T\u00edtulo XII de nuestro C\u00f3digo Civil. Asimismo, nuestra legislaci\u00f3n ha reconocido a los progenitores la posibilidad de conciliar judicial y extrajudicialmente tales asuntos en aras del inter\u00e9s superior de los hijos menores de edad (art\u00edculos 47 de la Ley 23 de 1991, 31 de la Ley 640 de 2001, 30 del D.1818 de 1998 y art. 8 del D. 4840 de 2007; y art\u00edculos 23, 24, 100 par\u00e1grafo y 111 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia). <\/p>\n
Adicionalmente, el convenio judicialmente aprobado incluye una disposici\u00f3n con respecto a la patria potestad, conforme a la cual, por acuerdo entre los progenitores, aquella ser\u00e1 ejercida con exclusividad por la se\u00f1ora Ang\u00e9lica Mar\u00eda Holgu\u00edn Duque en su calidad de madre de la menor de edad S.M.H. <\/p>\n
La patria potestad es, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 288 del C\u00f3digo Civil, \u00abel conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad le impone. Corresponde a los padres, conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos. A falta de uno de los padres, la ejercer\u00e1 el otro\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, la patria potestad constituye un r\u00e9gimen de representaci\u00f3n, de car\u00e1cter patrimonial, que se concreta en la facultad de administrar8 y usufructuar9 los bienes del hijo, y en representarlo judicial10 y extrajudicialmente11. Por regla general, es ejercida por los dos padres en forma conjunta, siendo competencia del juez de familia la soluci\u00f3n de las controversias suscitadas respecto de su ejercicio12. <\/p>\n
Sin embargo, en ocasiones ese conjunto de derechos queda radicado en cabeza exclusiva de uno de los padres, lo que ocurre en casos de muerte, declaraci\u00f3n judicial de suspensi\u00f3n o privaci\u00f3n, o delegaci\u00f3n formal de la patria potestad de un progenitor al otro. Esta \u00faltima figura se presenta cuando, por diferentes razones, el inter\u00e9s superior del hijo com\u00fan hace necesario o conveniente que la patria potestad sea ejercida por uno de ellos, evento en el cual la legislaci\u00f3n civil permite que se llegue a un acuerdo escrito sobre el particular. <\/p>\n
La figura de la delegaci\u00f3n est\u00e1 regulada en el art\u00edculo 307 del C\u00f3digo Civil, que establece: <\/p>\n
\u00abLos derechos de administraci\u00f3n de los bienes, el usufructo legal y la representaci\u00f3n extrajudicial del hijo de familia ser\u00e1n ejercidos conjuntamente por el padre y la madre. Lo anterior no obsta para que uno de los padres delegue por escrito al otro, total o parcialmente, dicha administraci\u00f3n o representaci\u00f3n. <\/p>\n
Si uno de los padres falta, corresponder\u00e1n los mencionados derechos al otro. <\/p>\n
En los casos en que no hubiere acuerdo de los titulares de la patria potestad sobre el ejercicio de los derechos de que trata el inciso primero de este art\u00edculo o en el caso de que uno de ellos no estuviere de acuerdo en la forma como el otro lleve la representaci\u00f3n judicial del hijo, se acudir\u00e1 al juez o funcionario que la ley designe para que dirima la controversia de acuerdo con las normas procesales pertinentes.\u00bb13 (Resaltado propio). <\/p>\n
Esta disposici\u00f3n permite que los progenitores acuerden la forma c\u00f3mo ser\u00e1 ejercida la patria potestad, estableciendo la posibilidad de su delegaci\u00f3n total o parcial entre ellos, de modo que su ejercicio exclusivo encuentra pleno asidero normativo en nuestra legislaci\u00f3n en virtud de la referida delegaci\u00f3n. Tal como ha se\u00f1alado el Ministerio P\u00fablico en su intervenci\u00f3n, esta facultad ha sido reconocida por la jurisprudencia constitucional. <\/p>\n
En la sentencia C-145 de 2010, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe acuerdo con la ley, la patria potestad corresponde de manera privativa y conjunta a los padres, es decir, que s\u00f3lo puede ser ejercida por el padre y la madre, lo cual significa que la misma no rebasa el \u00e1mbito de la familia, ejerci\u00e9ndose adem\u00e1s respecto de todos los hijos, incluyendo los adoptivos. En decisi\u00f3n reciente, la Corte explic\u00f3 que los derechos y facultades derivados de la patria potestad, \u00fanicamente se conceden a los padres, en raz\u00f3n a las importantes y trascendentales obligaciones a ellos asignada, de manera que la instituci\u00f3n existe, porque hay numerosos deberes que los mismos est\u00e1n llamados a asumir frente a los hijos. A este respecto, la propia ley prev\u00e9 que a falta de uno de los padres, la patria potestad ser\u00e1 ejercida por el otro, existiendo tambi\u00e9n la posibilidad de que, en algunos aspectos, sea delegada entre ellos mismos, del uno al otro (C.C. arts. 288 y 307). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por tales motivos, la Corte ha precisado que la patria potestad es una instituci\u00f3n de orden p\u00fablico, obligatoria e irrenunciable, personal e intransferible, e indisponible, pues es deber de los padres ejercerla, en inter\u00e9s del menor, sin que tal ejercicio pueda ser atribuido, modificado, regulado ni extinguido por la propia voluntad privada, sino en los casos que la propia ley lo permita.\u00bb (Consideraci\u00f3n reiterada en la sentencia T-351 de 2018. Resaltado propio) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el art\u00edculo 307 del C\u00f3digo Civil permite efectivamente la delegaci\u00f3n total o parcial de los derechos derivados de la patria potestad, motivo por el cual la disposici\u00f3n contenida en el convenio regulador aprobado mediante la sentencia sometida a exequ\u00e1tur, conforme a la cual la patria potestad ser\u00e1 ejercida por la madre en forma exclusiva, guarda plena armon\u00eda con el ordenamiento jur\u00eddico colombiano. <\/p>\n
Ahora bien, es menester aclarar que tal ejercicio exclusivo no se da en virtud del abandono como causal de privaci\u00f3n de patria potestad, como se alega en la demanda, pues la sentencia a homologar en modo alguno se ocup\u00f3 de dicha figura ni impuso tal sanci\u00f3n, solo se limit\u00f3 a aprobar el acuerdo de los padres dentro del cual se dio la delegaci\u00f3n de la patria potestad, permitida tanto en el sistema jur\u00eddico espa\u00f1ol (art. 156 C\u00f3digo Civil) como en el colombiano (art. 307 C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
Valga aclarar que al ser la patria potestad una figura establecida en favor de los hijos no emancipados para garantizar su m\u00e1xima protecci\u00f3n y bienestar, el legislador ha contemplado sanciones en aquellos casos en los que el ejercicio de tales facultades se dificulta o se torna inconveniente, o cuando es inadecuado y perjudicial para los menores de edad. En el primer caso, la sanci\u00f3n consiste en la suspensi\u00f3n de la patria potestad, y en el segundo, en su p\u00e9rdida o privaci\u00f3n, siendo ambas sanciones civiles que operan por causales taxativamente establecidas y que exigen su declaratoria judicial. <\/p>\n
El art\u00edculo 310 del C\u00f3digo Civil contempla la suspensi\u00f3n de la patria potestad por causa de demencia, incapacidad de administrar los propios bienes y por larga ausencia, mientras que el art\u00edculo 315 ib\u00eddem establece como causales de privaci\u00f3n el maltrato, el abandono, la depravaci\u00f3n y la condena a pena privativa de la libertad superior a un a\u00f1o. Se trata de asuntos no susceptibles de conciliaci\u00f3n, puesto que, como es l\u00f3gico, una medida de protecci\u00f3n consagrada en favor del menor de edad no puede estar dentro de la esfera dispositiva de terceros. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo anterior, la disposici\u00f3n contenida en el convenio regulador aprobado por sentencia extranjera y conforme a la cual se acuerda que la patria potestad de la hija com\u00fan estar\u00e1 en cabeza exclusiva de su progenitora, equivale al ejercicio de la facultad legal de delegaci\u00f3n antes expuesta, y no puede equipararse a la sanci\u00f3n de privaci\u00f3n de patria potestad, que exige su discusi\u00f3n al interior de un proceso contencioso y su declaraci\u00f3n judicial, lo cual no corresponde con el contenido de la sentencia cuya homologaci\u00f3n se pretende. <\/p>\n
En tal virtud, la homologaci\u00f3n de la decisi\u00f3n en cuanto al ejercicio exclusivo de la patria potestad por parte de la progenitora se funda en la conformidad de la sentencia extranjera con la posibilidad de delegaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 307 del C\u00f3digo Civil, m\u00e1s no en una privaci\u00f3n de la patria potestad, que, se insiste, no se ha discutido judicialmente. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Como se advierten reunidos los presupuestos para acceder a lo pretendido y dado que el fallo extranjero armoniza con las disposiciones internas de orden p\u00fablico en materia de patria potestad, custodia, alimentos y visitas, se conceder\u00e1 la homologaci\u00f3n de la sentencia extranjera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. CONCEDER el exequatur de la sentencia que el 29 de junio de 2015 profiri\u00f3 el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 80 de Madrid, Reino de Espa\u00f1a, dentro del juicio verbal de mutuo acuerdo promovido por los se\u00f1ores Ang\u00e9lica Mar\u00eda Holgu\u00edn Duque y Herney Mart\u00ednez Ram\u00edrez y a trav\u00e9s de la cual se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n judicial del convenio regulador de patria potestad, custodia, visitas y alimentos de la hija com\u00fan S.M.H. <\/p>\n
SEGUNDO. INSCRIBIR la presente decisi\u00f3n, junto con la providencia homologada, en el registro civil de nacimiento de la menor de edad S.M.H, asentado en este pa\u00eds bajo el NUIP 1.221.714.381 e indicativo serial 52177956, aclarando que en virtud de la sentencia homologada la patria potestad de la menor de edad ser\u00e1 ejercida de manera exclusiva por su progenitora Ang\u00e9lica Mar\u00eda Holgu\u00edn Duque. <\/p>\n
Por Secretar\u00eda l\u00edbrense las reproducciones y comunicaciones a que haya lugar. <\/p>\n
TERCERO. Sin costas, por no aparecer causadas (art\u00edculo 365-8, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Incluyendo una modificaci\u00f3n solicitada por el Ministerio Fiscal en cuanto a la cuota alimentaria a cargo del progenitor. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia C-1003 de 2007. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC4683-2019, 5 nov.; CSJ SC3453-2019, 27 ago.; y CSJ SC4200-2018, 28 sep., entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Sobre el particular, la doctrina patria ha reconocido que \u00absiendo la jurisdicci\u00f3n una emanaci\u00f3n de la soberan\u00eda del pueblo aplicada a la funci\u00f3n de administrar justicia, podemos decir que los l\u00edmites de aquella son los mismos de esta; es decir, l\u00edmites en cuanto al territorio y l\u00edmites en cuanto a las personas\u00bb. DEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del Proceso. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 2017, p. 88. <\/p>\n
5\u0002 Instrumento vigente, conforme la informaci\u00f3n que reposa en la p\u00e1gina web de la Canciller\u00eda (http:\/\/apw.cancilleria.gov.co\/tratados\/SitePages\/VerTratados.aspx?IDT=3e96fe2a-015b-455d-86d8-84eab50e4579). <\/p>\n
6\u0002 Para la fecha en que se dict\u00f3 la sentencia extranjera, el texto vigente del art\u00edculo 158 citado era el siguiente: \u00abEl Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictar\u00e1: 1.\u00ba Las medidas convenientes para asegurar la prestaci\u00f3n de alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus padres. 2.\u00ba Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones da\u00f1osas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda. 3.\u00ba Las medidas necesarias para evitar la sustracci\u00f3n de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes: a) Prohibici\u00f3n de salida del territorio nacional, salvo autorizaci\u00f3n judicial previa. b) Prohibici\u00f3n de expedici\u00f3n del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido. c) Sometimiento a autorizaci\u00f3n judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor. 4.\u00ba En general, las dem\u00e1s disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios. Todas estas medidas podr\u00e1n adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Cabe anotar que la normativa extranjera citada se encuentra alojada en la p\u00e1gina web de la Agencia Estatal Bolet\u00edn Oficial del Estado (https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1889-4763&tn=1&p=20150625#art158), cumpliendo as\u00ed la formalidad probatoria del canon 177 del C\u00f3digo General del Proceso, que en lo pertinente se\u00f1ala: \u00abEl texto de normas jur\u00eddicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducir\u00e1 en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte (\u2026). Sin embargo, no ser\u00e1 necesaria su presentaci\u00f3n cuando est\u00e9n publicadas en la p\u00e1gina web de la entidad p\u00fablica correspondiente\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 C\u00f3digo Civil, art\u00edculos 295 a 301. <\/p>\n
9\u0002 C\u00f3digo Civil, art\u00edculos 291 y 292. <\/p>\n
10\u0002 C\u00f3digo Civil, art\u00edculos 305 a 308. <\/p>\n
11\u0002 C\u00f3digo Civil, art\u00edculos 302 a 304. <\/p>\n
12\u0002 C\u00f3digo General del Proceso, art\u00edculo 21 numeral 9. <\/p>\n
13\u0002 Si bien la norma no incluye entre las facultades delegables la representaci\u00f3n judicial del hijo, debe tenerse en cuenta que ella no exige el ejercicio conjunto de los padres, pues a voces del art\u00edculo 306 ib\u00eddem, corresponde a cualquiera de ellos. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC1167-2022 (2022-00372-00) Magistrado Ponente SC1167-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00372-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de mayo dos mil veintid\u00f3s (2022). Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 del C\u00f3digo General del Proceso, se decide mediante […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63283","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63283","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63283"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63283\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63283"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63283"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63283"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}