SC1256-2022 (1999-00227-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC1256-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
En acatamiento de la orden emitida por la Corte Constitucional en la sentencia SU455 del 16 de octubre de 2020, notificada a esta Corporaci\u00f3n el 2 de septiembre de 2021, se decide el recurso de casaci\u00f3n formulado por La Coste\u00f1a Jaime Laserna y C\u00eda. S.C.A., Arrocera la Palma Laserna y C\u00eda. S.C.A. – en liquidaci\u00f3n, Agropecuaria Tolima Laserna Serna & C\u00eda. S.C.A., Agropecuaria Los Corrales Laserna & C\u00eda. S.C.A., Laserna Serna Hermanos & C\u00eda. S.C.A., Agropecuaria Laserna & C\u00eda. S.C.A., Arrocera Potrerito Laserna y C\u00eda. S.C.A. -en adelante Arrocera Potrerito-, y Bertha Serna de Laserna, frente a la sentencia del 16 de diciembre de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario que aquellas promovieron contra las sociedades Cementos Diamante de Ibagu\u00e9 S.A. y Cementos Diamante del Tolima S.A. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como el amparo constitucional promovido contra esta c\u00e9lula judicial por Arrocera Potrerito S.A.S. concluy\u00f3 con fallo de revisi\u00f3n, el cual dej\u00f3 sin efecto la decisi\u00f3n de casaci\u00f3n y orden\u00f3, en su lugar, calcular los da\u00f1os reclamados con fundamento en el acervo probatorio recaudado, sin tomar ninguna determinaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n de segundo grado, encuentra la Sala que para salvaguardar la coherencia del sistema jur\u00eddico y respetar las competencias asignadas constitucionalmente, es necesario, en primer lugar, estudiar los cargos del remedio extraordinario para lograr la anulaci\u00f3n de la sentencia de alzada y, con posterioridad, s\u00ed emitir el fallo sustitutivo en que se calcule el dem\u00e9rito. <\/p>\n
Ser\u00eda contrario a la t\u00e9cnica procesal que esta Corte dictara una sentencia en la que exclusivamente cuantifique los perjuicios, si previamente no derruye la sentencia de segundo grado que neg\u00f3 \u00edntegramente el petitum, ni desatar el recurso de casaci\u00f3n previsto, precisamente, para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las actoras presentaron demanda el 10 de marzo de 1999 (folios 363 a 374 del cuaderno 1) con la que solicitaron declarar, en lo esencial, que las convocadas les ocasionaron perjuicios por contaminaci\u00f3n ambiental en raz\u00f3n de los s\u00f3lidos expelidos por las chimeneas de sus plantas de producci\u00f3n de cemento ubicadas en Ibagu\u00e9, depositados en los terrenos de aquellas, desde 1960 hasta 1998 y que, en consecuencia, se condene solidariamente a las demandadas a pagarles: <\/p>\n
1.1. Por da\u00f1o emergente y lucro cesante -a partir de 1979-: a Arrocera Potrerito $7.038’762.100 por menores rendimientos; $2.416’134.439 por aumentos en costos de producci\u00f3n; $11.173’000.000 por los perjuicios futuros calculados desde diciembre de 1998; en subsidio de la \u00faltima, se impongan: a su favor, $4.552’000.000 por desvalorizaci\u00f3n del predio, y $536’000.000 para Bertha Serna de Laserna por igual concepto. <\/p>\n
1.2. Lucro cesante: $444’691.174 a La Coste\u00f1a Jaime Laserna y C\u00eda. S.C.A.; $701’125.744 a Arrocera La Palma Laserna y C\u00eda. S.C.A.; $1.347’375.069 a Agropecuaria Tolima Laserna & C\u00eda. S.C.A.; $238’004.107 a Agropecuaria Los Corrales Laserna & C\u00eda. S.C.A.; $930’442.132 a Laserna Serna Hermanos & C\u00eda. S.C.A.; $227’183.371 a Agropecuaria Laserna & C\u00eda. S.C.A.; $667’745.509 a Arrocera Potrerito; y $95’819.726 a Bertha Serna de Laserna. <\/p>\n
1.3. Los intereses de mora comerciales hasta cuando paguen los valores antes enunciados, y en subsidio, que las condenas se actualicen de acuerdo con el \u00edndice de precios al consumidor hasta el d\u00eda de la soluci\u00f3n. <\/p>\n
2. Como fundamento f\u00e1ctico las demandantes expusieron, en resumen: <\/p>\n
2.1. La meseta de Ibagu\u00e9 ha sido cultivada con arroz desde 1945, cuando por iniciativa de la familia Laserna Pinz\u00f3n, propietaria de la hacienda La Palma, fueron construidos los canales de riego que convirtieron esa zona en una de las de m\u00e1s alta productividad en el mundo. <\/p>\n
2.2. Hacienda La Palma, con extensi\u00f3n de 870 hect\u00e1reas, fue dividida en 1970 en varios lotes, enajenados a diversas sociedades -las demandantes-, constituidas con los mismos socios, esto es, Jaime Laserna, su esposa e hijos. A pesar de esa divisi\u00f3n la heredad conserv\u00f3 su unidad de explotaci\u00f3n agr\u00edcola. <\/p>\n
Desde el 28 de diciembre de 1996 los lotes pertenecen, salvo el de Berta Serna de Laserna, a Arrocera Potrerito, por venta que le hicieran las propietarias. <\/p>\n
2.3. Precisaron que, si bien no desarrollaron actividades mercantiles, Arrocera Potrerito administr\u00f3, explot\u00f3 y comercializ\u00f3 productos agroindustriales, cuyos registros quedaron anotados en la contabilidad de ella. <\/p>\n
2.4. Los predios vecinos fueron ocupados por las demandadas, quienes instalaron sendas plantas para fabricar cemento, una desde 1960 y la otra en 1990, sin equipos adecuados para impedir las emisiones por las chimeneas de polvo de cemento con altos niveles de carbonato de calcio, los cuales resultaron transportados v\u00eda e\u00f3lica y depositados en varios lotes de propiedad de la actoras, alterando sus condiciones f\u00edsico-qu\u00edmicas, que con los a\u00f1os provoc\u00f3 que una parte de la tierra fuera inapta para la siembra rentable de arroz debido a la alteraci\u00f3n de su pH. <\/p>\n
As\u00ed, desde 1970, se empez\u00f3 a notar que en el \u00e1rea cercana a la f\u00e1brica de Cementos Diamante del Tolima S.A. las matas de arroz no se desarrollaban bien, presentaban clorosis y mor\u00edan, lo que desvaloriz\u00f3 la tierra y caus\u00f3 perjuicios a las demandantes por la imposibilidad de cultivar este producto. <\/p>\n
2.5. Carlos Gonzalo Alvarado promovi\u00f3 una acci\u00f3n popular contra Cementos Diamante del Tolima S.A., fallada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 10 de junio de 1994, y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 21 de marzo de 1995, siendo declarada responsable del da\u00f1o ambiental y a la salubridad p\u00fablica humana, animal y vegetal. <\/p>\n
2.6. Clarificaron que el perjuicio reclamado se circunscribe a los \u00faltimos 20 a\u00f1os y s\u00f3lo en cuanto se refiere al cultivo de arroz. <\/p>\n
3. Las demandadas se opusieron a las pretensiones (folios 725 a 768 del tomo 2 del cuaderno 1), con base en las subsiguientes clarificaciones: (I) las promotoras son empresas mercantiles y comerciantes, contexto dentro del cual han incumplido la obligaci\u00f3n de llevar contabilidad; (II) los cultivos de arroz por cerca de 50 a\u00f1os fueron la causa de la alteraci\u00f3n de la composici\u00f3n de la tierra; (III) la planta de cemento instalada en 1960 (Buenos Aires) suspendi\u00f3 operaciones en septiembre 1998; (IV) Cementos Diamante de Ibagu\u00e9 S.A. inici\u00f3 su actividad en 1993 y desde su inicio cont\u00f3 con filtros electrost\u00e1ticos; (V) no hubo emisiones de s\u00f3lidos por las chimeneas de las f\u00e1bricas, ni se afect\u00f3 el pH de los predios de la demandante; (VI) la tierra no se torn\u00f3 inadecuada para la siembra de arroz; y (VII) la sentencia de la acci\u00f3n popular difiere de la acci\u00f3n civil en el sub lite. <\/p>\n
Adem\u00e1s formularon las excepciones que denominaron \u00abno existe el da\u00f1o que se imputa a las sociedades demandadas\u00bb, \u00abestimaci\u00f3n errada de los supuestos da\u00f1os\u00bb, \u00abno hay relaci\u00f3n de causalidad entre el da\u00f1o que se pretende y la actividad de los demandados\u00bb, \u00abel supuesto da\u00f1o a suelos y cultivos tiene otras causas que no son imputables a las sociedades demandadas\u00bb, \u00abculpa exclusiva de la v\u00edctima\u00bb, \u00abcobro de lo no debido\u00bb, \u00aben cualquier caso el da\u00f1o fue muy reducido y pasajero\u00bb, \u00abcobro de m\u00e1s de lo debido\u00bb, \u00abausencia de solidaridad\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. La primera instancia termin\u00f3 con sentencia estimatoria parcial de las pretensiones y desestimatoria de las objeciones que, por error grave, se formularon contra los dict\u00e1menes rendidos en el proceso, as\u00ed como el practicado en la acci\u00f3n popular antes enunciada (folios 1763 a 1842 del tomo 3 del cuaderno 2). <\/p>\n
5. Formulada la apelaci\u00f3n, inicialmente por ambas partes, fue desistida por las actoras (folio 334 del cuaderno 5); recurso en cuyo ep\u00edlogo el Tribunal revoc\u00f3 la sentencia del juzgado y, en su lugar, deneg\u00f3 las pretensiones, con los fundamentos que m\u00e1s delante se compendian. <\/p>\n
6. Las convocantes acudieron al remedio casacional y, despu\u00e9s de agotada su tramitaci\u00f3n, la Sala, de forma mayoritaria, profiri\u00f3 la sentencia SC2758 del 16 de julio de 2018, por la cual resolvi\u00f3 \u00abno casar la sentencia de 16 de diciembre de 2010, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9\u00bb. <\/p>\n
7. Las afectadas acudieron a la acci\u00f3n tutela en salvaguarda de sus derechos fundamentales y, la Corte Constitucional, decidi\u00f3 \u00abdejar sin efectos la Sentencia SC2758-2018 del 16 de julio de 2018, proferida, en sede de casaci\u00f3n, por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual adelantado por Arrocera Potrerito S.A.S. contra Cementos Diamante del Tolima S.A. y Cementos Diamante de Ibagu\u00e9 S.A., ahora CEMEX Colombia S.A.\u00bb <\/p>\n
Asimismo, orden\u00f3 \u00abremitir el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que, con fundamento en la totalidad de las pruebas recaudadas, tase los perjuicios probados dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
8. Arribado el expediente de nuevo a la Corporaci\u00f3n, se adoptan las determinaciones que en derecho correspondan, de acuerdo con la orden del juez de tutela, para lo cual se desatar\u00e1 el recurso de casaci\u00f3n y, con posterioridad, se emitir\u00e1 sentencia sustitutiva que cumpla con la directriz emanada de la Corte Constitucional. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Resumida la actuaci\u00f3n, incluidas las posturas de las partes y alegatos, el sentenciador comenz\u00f3 aludiendo al abuso del derecho y a las relaciones de vecindad, por ser las normas que gobiernan este asunto, para as\u00ed abordar el examen de las pruebas que obran en el proceso (folios 913 a 1012 del cuaderno 5). <\/p>\n
Transcribi\u00f3 apartes de los conceptos del agr\u00f3logo Abd\u00f3n Cort\u00e9s Lombana y el agr\u00f3nomo Francisco Boshell, de los ingenieros Alfonso P\u00e9rez Preciado, \u00c1lvaro Salive y Armando Castilla Lozano, as\u00ed como del rendido por Ra\u00fal Dar\u00edo Zapata Hern\u00e1ndez y la prueba pericial practicada con apoyo en las descripciones contenidas en los cinco (5) perfiles de los suelos de la finca, lo que permiti\u00f3 colegir que las series Llanos Altos y Combeima \u00abcampean en la finca\u00bb (folio 1016 ibidem). <\/p>\n
De las experticias de Francisco Boshell y Ra\u00fal Dar\u00edo Zapata, constat\u00f3 disparidad en sus conclusiones t\u00e9cnicas (folio 1019 idem). Transcribi\u00f3 parte del dictamen del ge\u00f3logo Humberto P\u00e9rez Salazar y del ingeniero agr\u00f3nomo Germ\u00e1n Augusto Galeano, cuyo rigor cient\u00edfico ponder\u00f3, para concluir que no puede predicarse la g\u00e9nesis calc\u00e1rea del predio La Palma, ni que \u00abgeol\u00f3gicamente, aquellos terrenos hayan sido originados por la inexistencia de carbonatos en las rocas y sedimentos, o que la mayor\u00eda tenga alta saturaci\u00f3n de bases. Igualmente a tono del peritazgo no se puede afirmar que la hacienda est\u00e1 afectada de una alta erodabilidad, en raz\u00f3n a su \u2018laboreo durante m\u00e1s de 40 a\u00f1os continuos\u2019\u00bb (folios 1022 ibidem). <\/p>\n
De los conceptos y testimonios del agr\u00f3nomo Abd\u00f3n Cort\u00e9s Lombana, los ingenieros Francisco Boshell y Luis Armando Castilla Lozano, el dictamen de Humberto P\u00e9rez Salazar y Augusto Galeano Arbel\u00e1ez, de la evaluaci\u00f3n hecha en mayo de 1995 por Eduardo Saavedra, del testimonio t\u00e9cnico de Rito Alfonso P\u00e9rez Preciado, y de la declaraci\u00f3n de Ra\u00fal Dar\u00edo Zapata, acogi\u00f3 las conclusiones de la experticia de P\u00e9rez Salazar y Galeano, que transcribi\u00f3 en parte, para anotar que los suelos \u00abpr\u00f3ximos o inmediatamente aleda\u00f1os a la planta de Cementos \u2018Buenos Aires\u2019 se han alcalinizado en virtud de las altas concentraciones de carbonato de calcio relacionadas \u2018con la influencia del material particulado finamente expulsado por la f\u00e1brica de cementos Buenos Aires\u2019\u00bb (folio 1051 ibidem). <\/p>\n
En la tasaci\u00f3n del da\u00f1o expres\u00f3 el ad quem que, como los predios de las actoras est\u00e1n destinados a \u00abla industria de la siembra del arroz\u00bb y ellas son comerciantes, est\u00e1n obligadas a llevar contabilidad, y si bien la culpa no es controversia mercantil que deba probarse con libros contables, no ocurre lo mismo para tasar el da\u00f1o, pues la p\u00e9rdida en la producci\u00f3n de arroz \u00abintegrada por la reducci\u00f3n de rendimientos, incremento en los costos de producci\u00f3n y lucro cesante de tierra arrocera no cultivada\u00bb, debe reflejarse en la contabilidad. <\/p>\n
Coment\u00f3 que el estudio de Mauro Varela Navarro, aportado con la demanda, con certificaci\u00f3n sin fecha de Gerardo L\u00f3pez, revisor fiscal de Arrocera Potrerito, se soport\u00f3 en los libros de las demandantes; sin embargo, en la exhibici\u00f3n con inspecci\u00f3n judicial se constat\u00f3: <\/p>\n
a) La Coste\u00f1a Jaime Laserna y C\u00eda. S.A. no exhibi\u00f3 libros de mayor y balance, de inventario y balance, diario y libros auxiliares; los estados constan en actas, pero \u00abno est\u00e1n firmados por el contador ni por el representante legal (\u2026) Los libros auxiliares para explicar c\u00f3mo se descomponen los grandes rubros del estado de resultados como los ingresos operacionales y el costo de ventas (…) no se ponen de presente\u2026\u00bb (folio 1059 ibidem). <\/p>\n
b) Arrocera La Palma y C\u00eda. S.C.A. divulg\u00f3 un libro diario al que le faltan 20 hojas y que est\u00e1 reconstruyendo, al de inventarios y balances le faltan las seis \u00faltimas hojas, y los estados financieros no est\u00e1n firmados por el contador y el representante legal. <\/p>\n
c) En Agropecuaria Tolima Laserna Serna & C\u00eda. S.C.A., al igual que Agropecuaria Los Corrales Laserna & C\u00eda. S.C.A. y las dem\u00e1s sociedades demandantes, los estados financieros no est\u00e1n firmados por el contador y el representante legal, total o parcialmente, y son impresiones nuevas de a\u00f1os anteriores. <\/p>\n
Record\u00f3 que Jes\u00fas Antonio Laguna, asesor contable de las actoras, afirm\u00f3 en la diligencia que la documentaci\u00f3n contable estaba all\u00ed y no en Bogot\u00e1, que la administraci\u00f3n de la actividad estaba encargada a Arrocera Potrerito, ya que con acta n.\u00b0 01 de 1979 se acord\u00f3 esa forma de manejo y explotaci\u00f3n de los terrenos, arreglo que se refleja en anexos de las declaraciones de renta de las empresas (folio 1061 ibidem). El representante de Arrocera Potrerito, Nicol\u00e1s Laserna Serna, en la misma diligencia afirm\u00f3 que esa compa\u00f1\u00eda explotaba los predios, y que entre todas llevaban una cuenta corriente (folios 1060 a 1061 ejusdem). <\/p>\n
d) En cuanto a Arrocera Potrerito, anot\u00f3 el ad quem que \u00ablos balances y estados de p\u00e9rdidas y ganancias no llevan la firma del contador y del representante legal\u00bb (folio 1061); el registro de los libros de inventarios y balance se hizo el 25 de marzo de 1997; el asesor contable en la diligencia aclar\u00f3 que no exist\u00edan comprobantes y soportes de pagos hechos por esa compa\u00f1\u00eda a las otras en virtud del convenio de administraci\u00f3n, porque no hab\u00eda pago en dinero que ameritara un soporte de egreso; el representante legal de aquella sociedad expres\u00f3 que no se presentaron cuentas de producci\u00f3n ni de costo porque tal sociedad es quien ha explotado las tierras, la que presenta cuentas a sus socios que son los mismos de las otras, y no existen facturas de venta de arroz entre 1981 y 1986 porque no era obligatorio facturar, aunque s\u00ed hay recibos de consignaci\u00f3n y otros. En la diligencia el apoderado de las actoras aclar\u00f3 que los balances y estados financieros sin firmas, corresponden integralmente con lo consignado en las respectivas declaraciones de renta. <\/p>\n
e) De la experticia de Mauro Varela, con que las actoras tasan el da\u00f1o, resalt\u00f3 ese juzgador que tiene certificados de quien en marzo de 1999 era revisor fiscal de Arrocera Potrerito, y seg\u00fan el perito, el sistema de contabilidad y los controles internos eran adecuados para salvaguardar activos propios y de terceros, adem\u00e1s de tener registro de ingresos y gastos (folio 1063). En otra certificaci\u00f3n anexa al dictamen el revisor fiscal hizo constar que los registros del costo de los cultivos en las fincas Cauchitos y La Palma coinciden con los vol\u00famenes y valores de los insumos agr\u00edcolas comprados (folio 1064). As\u00ed, si la fuente del revisor fiscal fue la informaci\u00f3n financiera desde 1980 y el sistema contable y los controles internos son adecuados, el origen de dicha informaci\u00f3n para el da\u00f1o debe ser la contabilidad. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abes regla general que si la persona que reclama un perjuicio por responsabilidad civil no lleva contabilidad, pierde el derecho a reclamarlo\u00bb, como precisamente sucede en el proceso, en que las demandantes tienen obligaci\u00f3n de llevar contabilidad en legal forma y no lo hicieron, pues tienen muchas irregularidades, que menciona a espacio. <\/p>\n
Respecto del acta de 12 de febrero de 1979, de la asamblea de accionistas de Arrocera Potrerito, donde consta el acuerdo para delegar en esta sociedad la explotaci\u00f3n de todos los predios, as\u00ed como lo declarado por el representante y el contador Laguna, infiri\u00f3 que la operaci\u00f3n de cuenta corriente entre las sociedades no se registr\u00f3 en la contabilidad de ninguna. Si no hay registros contables de producci\u00f3n, eso no la relevaba de registrar en su contabilidad las operaciones econ\u00f3micas. <\/p>\n
Con apoyo en el art\u00edculo 11 de la ley 43 de 1990 y otras normas, sobre funciones privativas del contador p\u00fablico, el Tribunal manifest\u00f3 que, como los peritos Norma Constanza Galeano Arbel\u00e1ez y Octavio Heredia Ram\u00edrez no tienen t\u00edtulo de contador p\u00fablico, no estaban autorizados para dictaminar si las contabilidades de las sociedades se llevaban seg\u00fan las normas vigentes, por lo que su opini\u00f3n debe ser desestimada. <\/p>\n
En torno a la r\u00e9plica de las demandantes a la objeci\u00f3n por error grave del dictamen de Octavio Heredia Ram\u00edrez y Norma Constanza Galeano, para lo cual se adujo el concepto de Diana Alexandra Cubillos Canal y Jorge E. Calder\u00f3n, atinente a que la contabilidad de las sociedades actoras estaba llevada en debida forma, expres\u00f3 el juzgador que eso no subsana las falencias exhibidas. <\/p>\n
El peritaje de la contadora Myriam Rivas, decretado de oficio en segunda instancia y seg\u00fan el cual hay regularidad en las contabilidades cuestionadas, fue desestimado por el Tribunal porque en la inspecci\u00f3n judicial la documentaci\u00f3n se\u00f1alada por la perito no fue exhibida en la forma reclamada en la contestaci\u00f3n de la demanda, lo que impide darle pleno valor. Inclusive, ese dictamen hace ver lo irregular de la contabilidad, por ejemplo, el anexo n\u00b0 6, que relaciona asientos anteriores al registro de los libros de contabilidad, entre otras cosas (folio 1090 ibidem). <\/p>\n
Concluy\u00f3 que ante los yerros detectados en la contabilidad debe rest\u00e1rsele eficacia probatoria, con independencia de la veracidad de sus datos. Dado que \u00abno hay elementos de juicio inequ\u00edvocos para tasar el da\u00f1o\u00bb, en torno a los efectos de la contaminaci\u00f3n en la producci\u00f3n de arroz y la alcalinizaci\u00f3n de los suelos, se carece de certeza sobre la presencia del da\u00f1o, por lo que no procede \u00abel estudio de las excepciones que formul\u00f3 la parte demandada\u00bb (folio 1093 ibidem). <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En el escrito de sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario se propusieron seis (6) cargos; empero, para satisfacer el mandato del juez constitucional basta estudiar los embistes segundo y tercero, por estar llamados a prosperar de cara a la demostraci\u00f3n del da\u00f1o ambiental, de all\u00ed que la Corte se acote a su estudio. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
En el marco de la causal primera se achac\u00f3 error de hecho en el fallo de alzada, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los medios probatorios y la demanda, que inequ\u00edvocamente demuestran la cuant\u00eda del detrimento, al darles un alcance que no corresponde a lo que ellos evidencian y tener establecidos hechos que no lo fueron, con violaci\u00f3n de los art\u00edculos 32, 1494, 1613, 1614, 1615, 2341, 2342, 2343, 2344 y 2356 del C\u00f3digo Civil; 48, 49, 50, 68, 70, 74 y 822 del C\u00f3digo de Comercio; 4, 174, 175 y 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, 16 de la ley 446 de 1998 y el decreto 2649 de 1993. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 la censura que el Tribunal no tuvo en cuenta que, desde la demanda (hechos 7\u00ba y 8\u00ba), se advirti\u00f3 que la Hacienda La Palma, a pesar de desenglobarse, se mantuvo como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, al punto que en 1996 de nuevo se consolidaron los lotes en cabeza de Arrocera Potrerito y de Bertha Serna de Laserna, hechos demostrados con pruebas no estimadas, como escrituras p\u00fablicas y certificados de registro. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se prob\u00f3 con el acta de socios del 12 de febrero de 1979, en la que se decidi\u00f3 que esa \u00faltima compa\u00f1\u00eda ejerciera toda la actividad agr\u00edcola, asumiendo los costos, gastos y facturaci\u00f3n a nombre propio de lo producido. El fallador tampoco atendi\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial, en la que el representante legal de Arrocera Potrerito manifest\u00f3 que, aparte de esa persona jur\u00eddica, ninguna otra explotaba la finca, por lo cual la actividad agr\u00edcola no se refleja en el movimiento contable de ellas. Esto se reiter\u00f3 en el dictamen de Norma Constanza Galeano y Octavio Heredia, en el que se se\u00f1al\u00f3 que tal sociedad ejecutaba la actividad productiva y comercial y, por tanto, es \u00abquien refleja plenamente en su contabilidad los efectos econ\u00f3micos de todas las sociedades en virtud de la administraci\u00f3n delegada autorizada desde el 12 de febrero de 1979\u00bb (folio 56 del cuaderno Corte). Eso lo confirm\u00f3 la perito contadora Myriam Rivas, designada de oficio por el Tribunal. <\/p>\n
De todo lo anterior, extrajo que en la sentencia no se examinaron esos medios, pues de haberlos considerado, habr\u00eda tenido como probado el monto del da\u00f1o con la contabilidad de la citada sociedad, siendo superfluas las contabilidades de las otras demandantes \u00abpues no son aptas para demostrar el monto del perjuicio reclamado\u00bb (folio 57 ibidem), por no reflejar la unidad econ\u00f3mica. <\/p>\n
Resumi\u00f3 que el Tribunal desconoci\u00f3 que todo lo relativo al \u00abmonto del da\u00f1o, debe ser mirado \u00fanicamente a trav\u00e9s de la actividad de la sociedad Arrocera Potrerito Laserna y C\u00eda. S.C.A. y no de las otras sociedades, de ah\u00ed que la sentencia se refiera en general a todas las contabilidades de las demandantes y se abstiene de analizar en concreto la contabilidad de la antes citada sociedad\u00bb (idem). <\/p>\n
Igualmente denunci\u00f3 error de hecho por generalizar, el sentenciador, como si fuera una sola, las contabilidades de las demandantes, desconociendo las constancias sentadas en la inspecci\u00f3n judicial atinentes a la exhibici\u00f3n de los libros de actas, mayor y balance, inventarios y balance, cuenta y raz\u00f3n, todos registrados, de Arrocera Potrerito, las declaraciones de renta y estados financieros de 1981 a 1998, m\u00e1s de 266 tomos de comprobantes de 1970 a 1999 que sustentan los asientos contables de la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
El juez colegiado, agreg\u00f3, no hizo un reparo de fondo a la documentaci\u00f3n, la cual fue verificada por los peritos, pues simplemente dej\u00f3 constancia acerca de que la contabilidad se llevaba \u00ab\u2018por el sistema de computador, los balances y estados financieros que se presentaron est\u00e1n sin firmas\u2019 no obstante lo cual quienes los han debido firmar se hallan presentes en la diligencia\u00bb (folio 58 ib\u00eddem). Dicho juez, entonces, no precis\u00f3 las deficiencias en las contabilidades exhibidas, de all\u00ed su error al concluir que no fueron puestos a disposici\u00f3n los libros auxiliares, pues esa afirmaci\u00f3n no corresponde con lo anotado en la inspecci\u00f3n judicial, donde consta lo contrario. <\/p>\n
Invoc\u00f3 apartes de esas experticias: de Norma Constanza Galeano y Octavio Heredia, en que afirman que se llev\u00f3 bien la contabilidad de Arrocera Potrerito; de los contadores Diana Alexandra Cubillos y Jorge E. Calder\u00f3n, que da cuenta del hecho de ser esa sociedad la encargada de gestionar los negocios y que su contabilidad no presenta irregularidades; y de la contadora Myriam Rivas, quien expres\u00f3 que esa contabilidad, en su concepto, en el periodo 1981 a 1998, fue llevada de manera regular y legal. <\/p>\n
Sin embargo, a\u00f1adi\u00f3, el Tribunal concluy\u00f3 lo contrario, por otro error de hecho al haber considerado \u00abque las declaraciones de dos testigos fletados por la parte demandante demuestran la supuesta irregularidad de las contabilidades incluyendo la de Arrocera Potrerito\u00bb (folio 67 del cuaderno Corte), esto es, las afirmaciones de Francisco Barbosa Delgado y Jaime Alberto Fern\u00e1ndez V\u00e1squez, sobre las cuales destac\u00f3 que aquel seleccion\u00f3 fragmentos para transcribirlos -ocupando 17 p\u00e1ginas del fallo-, pero sin hacer el estudio de ellas y, luego de la reproducci\u00f3n, concluir que ten\u00edan falencias las contabilidades, y sin advertir que esos declarantes se limitaron a opinar sobre los alcances de un acta de inspecci\u00f3n para demeritar las contabilidades sin revisarlas. <\/p>\n
Para la acusaci\u00f3n el Tribunal cometi\u00f3 error de hecho al concluir que los estados financieros y balances no est\u00e1n firmados, sin considerar que estaban reproducidos en folios insertos en el libro de actas de Asamblea General, documento que no forma parte de la contabilidad. Asimismo, basado en esas declaraciones, que asumi\u00f3 sin justificar la credibilidad que le generaban, descalific\u00f3 el an\u00e1lisis de la contadora Myriam Rivas, por estimar que en la inspecci\u00f3n judicial no fue exhibida la contabilidad de las actoras en la forma pedida por las demandadas, \u00ablo que a todas luces es contradictorio con la decisi\u00f3n de designarla de oficio si precisamente uno de los objetivos de la labor que le encomend\u00f3 el tribunal era verificar la regularidad de las contabilidades de las demandadas\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Se endilgaron al Tribunal errores de derecho y de hecho en la prueba de la existencia del da\u00f1o, provenientes de la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 175, 187, 245 y 246 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo que llev\u00f3 al fallador a desconocer los art\u00edculos 32, 1494, 1613, 1614, 1615, 2341, 2342, 2343, 2344 y 2356 del C\u00f3digo Civil, 48, 49, 50, 68, 70, 74 y 822 del C\u00f3digo de Comercio, 8\u00ba de la ley 153 de 1887 y 16 de la ley 446 de 1998, as\u00ed como el decreto 2649 de 1993. <\/p>\n
A vuelta de advertir que el Tribunal fue contradictorio, pues reconoci\u00f3 la existencia del da\u00f1o y al final dijo que no estaba demostrado, porque la p\u00e9rdida en la producci\u00f3n de arroz ha debido extraerse de la contabilidad, record\u00f3 el censor que el error de derecho se presenta, entre otros eventos, cuando el sentenciador exige una prueba especial que la ley no requiere, contra la libertad probatoria y la apreciaci\u00f3n racional de los elementos de convicci\u00f3n que predomina, de acuerdo con el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. As\u00ed, el fallador entendi\u00f3 erradamente que para demostrar la ocurrencia del da\u00f1o era necesario acudir a la contabilidad de las demandantes, sin que exista norma legal que lo disponga. <\/p>\n
Por esa equivocaci\u00f3n no examin\u00f3 otras pruebas, y as\u00ed cometi\u00f3 yerro de hecho, pues la testimonial dej\u00f3 claro que las chimeneas de las demandadas, en especial de la planta de Buenos Aires, emit\u00edan los s\u00f3lidos de carbonato de calcio que se depositaron en los predios de la parte demandante, con graves da\u00f1os a los cultivos y al suelo de la hacienda. Tal relaci\u00f3n de pruebas omitidas puede resumirse as\u00ed: <\/p>\n
a) Declaraci\u00f3n de \u00c1lvaro Salive Rengifo, quien reconoci\u00f3 el documento que se adjunt\u00f3 a la demanda y se\u00f1al\u00f3 que, como investigador de Fedearroz, supo de la problem\u00e1tica del cultivo en la zona, caracterizado por su pobre desarrollo y muerte en \u00e1reas importantes, a diferencia de otras \u00e1reas de la meseta de Ibagu\u00e9, hecho que lo indujo a investigar por m\u00e1s de seis a\u00f1os las soluciones a esas dificultades. <\/p>\n
b) La versi\u00f3n de Luis Armando Castilla Lozano, que a m\u00e1s de reconocer el contenido y firma de su informe, asever\u00f3 que la contaminaci\u00f3n de los terrenos se dio por v\u00eda a\u00e9rea, siendo muy dif\u00edcil que se deba al agua de riego o por la acci\u00f3n de rastrillos y arados. \u00c9l destac\u00f3 los efectos del exceso de carbonato de calcio en cultivos de arroz, ya que produce un desbalance entre nutrientes, ocasiona un bloqueo de otros, como el potasio, el f\u00f3sforo y elementos menores, que disminuye la nutrici\u00f3n en las plantas y afecta la parte f\u00edsica de los suelos. <\/p>\n
c) El agr\u00f3nomo Carlos Arturo Var\u00f3n Rodr\u00edguez, investigador del ICA, explic\u00f3 que el polvo emitido por los tubos de escape de la f\u00e1brica de Cementos Diamante era denso y constante, se acent\u00faa m\u00e1s en la hacienda con el viento norte-sur y se percib\u00eda despu\u00e9s de una lluvia: las hojas de la soya quedaban limpias, lavadas, al siguiente d\u00eda deb\u00edan tomar datos y las hojas estaban cubiertas de polvo (folio 90). En varios apartes declar\u00f3 que la emergencia de las pl\u00e1ntulas de soya disminu\u00edan entre 15 y 20% por la compactaci\u00f3n, en las plantas de arroz la muerte era de 25 a 30%, atribuido a la reacci\u00f3n alcalina posible por el efecto del contenido de calcio. <\/p>\n
d) Declaraci\u00f3n del agr\u00f3nomo Luis Alberto Echeverry, que tambi\u00e9n reconoci\u00f3 su informe y manifest\u00f3 que en los ocho a\u00f1os de trabajo all\u00ed, vio que \u00abs\u00ed soplan\u00bb los vientos hacia la hacienda Potrerito, que caus\u00f3 problemas como el incremento de los costos, en un 30% aproximadamente, pues se deb\u00edan utilizar dosis mayores de fertilizantes. <\/p>\n
e) Informe del agr\u00f3nomo Jos\u00e9 H\u00e9ctor Montealegre, quien sobre la direcci\u00f3n de los vientos observ\u00f3 que incid\u00edan en la contaminaci\u00f3n de los lotes de cultivo; advirti\u00f3 que cuando comenz\u00f3 la planta de Caracolito hubo fuertes emisiones de polvo que luego disminuyeron; asever\u00f3 que hay diferencias entre cultivar arroz en una zona contaminada y otra limpia, referidas al bloqueo de nutrientes por alta presencia de carbonato de calcio en el suelo, desarrollo menor de las plantas o mortalidad, pobre desempe\u00f1o de los herbicidas, m\u00e1s aplicaci\u00f3n de fertilizantes, cubrimiento del follaje con el polvo, bajo rendimiento y compactaci\u00f3n del suelo que dificulta prepararlo de nuevo. <\/p>\n
f) Las declaraciones de Hernando Mu\u00f1oz V\u00e1squez, quien se\u00f1al\u00f3 que la producci\u00f3n de Potrerito era entre un 25 y 30% inferior por el carbonato de calcio; en consonancia con las del agr\u00f3nomo Alberto Frey Casas, quien afirm\u00f3 que comprob\u00f3 en forma directa y por informaci\u00f3n indirecta que los residuos arrojados por las chimeneas de las f\u00e1bricas de cemento contaminaron los suelos de la finca; as\u00ed como el ingeniero agr\u00f3nomo Luis Oliver Montealegre Guzm\u00e1n, quien ratific\u00f3 que la ca\u00edda del polvo de cemento afectaba el rendimiento de las cosechas de un 30 a 40% y que era frecuente que el viento soplara hacia el lado de la finca y llevara part\u00edculas de polvo de cemento. <\/p>\n
g) Sobre la exposici\u00f3n de Ra\u00fal Dar\u00edo Zapata Hern\u00e1ndez destac\u00f3 la censura que manifest\u00f3 haber recorrido toda la finca y hecho personalmente pruebas de carbonato con \u00e1cido clorh\u00eddrico en los suelos, en los techos cercanos, en los alambres de p\u00faas y en las piedras, \u00abencontrando reacci\u00f3n positiva en todos los sitios chequeados\u00bb, con la manifestaci\u00f3n \u00abque, si el carbonato est\u00e1 en los alambres, est\u00e1 en las piedras, esos tuvieron que haber llegado al suelo en forma a\u00e9rea\u00bb (folio 95). El testigo dijo que, para calcular la cantidad de polvo ca\u00eddo en los suelos, recogi\u00f3 una muestra de la p\u00e1tina de carbonatos que hab\u00eda sobre las rocas y concluy\u00f3 que, como m\u00ednimo, cayeron 20 toneladas de cal por hect\u00e1rea, suficientes para da\u00f1ar cualquier suelo. <\/p>\n
h) La declaraci\u00f3n de Rito Alfonso P\u00e9rez, autor de la experticia allegada con la demanda, destinada a la demostraci\u00f3n del da\u00f1o y su cuant\u00eda. <\/p>\n
Expuso la recurrente que todos esos testigos coinciden en que la contaminaci\u00f3n generada por las f\u00e1bricas de las demandadas determin\u00f3 los bajos rendimientos y los mayores costos en la actividad agroindustrial de los demandantes. <\/p>\n
i) Destac\u00f3 de la inspecci\u00f3n judicial, a pesar del tiempo transcurrido -se efectu\u00f3 el 27 de julio de 2000-, que all\u00ed se comprob\u00f3 que los predios de las partes son colindantes, y se constat\u00f3 la presencia de pel\u00edculas blancuzcas sobre piedras y cercas de alambre de p\u00faa, de las que se tomaron diversas muestras para el an\u00e1lisis de los peritos. <\/p>\n
j) Del dictamen pericial decretado por el juzgado, se\u00f1al\u00f3 la censura que corrobora lo advertido por los declarantes y lo percibido por el juez en la inspecci\u00f3n judicial. Este dictamen, apreciado por el Tribunal, le dio plena credibilidad al desechar la objeci\u00f3n por error grave de la parte demandada, \u00abrelieva la contradicci\u00f3n del tribunal de advertir al final de su sentencia que este [el da\u00f1o] no se acredit\u00f3\u00bb (folio 97). <\/p>\n
A vuelta de reproducir apartes de la decisi\u00f3n del Tribunal, atinente a la inspecci\u00f3n judicial de la factor\u00eda Buenos Aires, alusivos al polvo que expelen las chimeneas de la cementera, cuya actividad suspendi\u00f3 el Jefe Seccional de Saneamiento B\u00e1sico y Protecci\u00f3n al Medio Ambiente, volvi\u00f3 a censurar que se obviara este actuar de las demandadas y, adicionalmente, dejara de lado las pruebas periciales de Myriam Rivas, Diana Alexandra Cubillos y Jorge Calder\u00f3n que muestran la idoneidad de la contabilidad, al igual que la de Norma Constanza Galeano y Octavio Heredia. Si cinco expertos -tres contadores- pusieron de presente que las contabilidades de las empresas, en especial la de Arrocera Potrerito, se llevaban en debida forma, han debido servir como medio admisible para avalar las conclusiones. Y en lo relacionado con la cuant\u00eda del da\u00f1o, el Tribunal debi\u00f3 acoger la experticia elaborada por Epam y Mauro Varela, que tampoco atendi\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
(I) Estudio conjunto de los cargos. <\/p>\n
El an\u00e1lisis coligado de los cargos segundo y tercero obedece a que de ambos emana el encadenamiento l\u00f3gico frente a los yerros que se endilgan a la sentencia controvertida, pues el error de derecho se soporta en que el juez de segundo grado, en contrav\u00eda de los principios de la libertad probatoria y de su apreciaci\u00f3n racional, consider\u00f3 hu\u00e9rfano de prueba el da\u00f1o y, en concreto, su monto, por estimar que este s\u00f3lo puede acreditarse con base en la contabilidad de las demandantes, exigencia probatoria que carece de sustento legal, lo que constituye un error de derecho. <\/p>\n
A partir de desatinos semejantes, desde\u00f1\u00f3 sin valorar las dem\u00e1s pruebas que demuestran la existencia del da\u00f1o y su monto patrimonial concreto, en un desacierto de hecho ostensible. <\/p>\n
(II) R\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable al remedio casacional. <\/p>\n
1. Es del caso dejar en claro que, pese a que el C\u00f3digo General del Proceso empez\u00f3 a regir en todo el territorio nacional el 1\u00ba de enero de 2016, la impugnaci\u00f3n extraordinaria que se desata est\u00e1 sometida a las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, habida cuenta la fecha de su interposici\u00f3n. <\/p>\n
2. Seg\u00fan el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 625 del primero de tales estatutos, en el que se regul\u00f3 el tr\u00e1nsito entre esas dos legislaciones, \u00ablos recursos (\u2026) se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb. <\/p>\n
3. De suyo, entonces, si el recurso de casaci\u00f3n en cuesti\u00f3n data del 10 de noviembre de 2014 (fl. 46, cd. 5), propio es colegir, como ya se anunci\u00f3, que la normatividad imperante entonces era la del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y que, por ende, ella disciplina la censura que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. <\/p>\n
(III) An\u00e1lisis de los cargos propuesto. <\/p>\n
1. Para empezar, en la demostraci\u00f3n de la existencia del perjuicio reclamado por las demandantes, remem\u00f3rase que estas desistieron del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de primera instancia (folio 334 del cuaderno 5), de manera que no forman parte de la apelaci\u00f3n, ni del recurso de casaci\u00f3n, por falta de inter\u00e9s de esos impugnantes, sus primigenios reclamos atinentes a los perjuicios futuros invocados por Arrocera Potrerito, la pretensi\u00f3n subsidiaria a esta consistente en la desvalorizaci\u00f3n de los terrenos contaminados, as\u00ed como la tasa de inter\u00e9s mercantil pretendida sobre las cantidades reclamadas a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
En otras palabras, se contrae el debate al reclamo en favor de Arrocera Potrerito por el lucro cesante derivado de mayores costos de producci\u00f3n y la reducci\u00f3n de los rendimientos por hect\u00e1rea de cultivo de arroz, junto a la imposibilidad de cultivar este grano en algunas parcelas en condiciones rentables. <\/p>\n
2. La Corte principiar\u00e1 el estudio de la acusaci\u00f3n relativa al error de derecho, consistente en elevar a nivel de tarifa legal la forma como deb\u00eda probarse tanto el da\u00f1o como su cuantificaci\u00f3n, al exigir para esto la contabilidad regular de las demandadas, por cuanto su configuraci\u00f3n explica que el sentenciador pretermitiera las dem\u00e1s probanzas del expediente. <\/p>\n
2.1. Bien sabido es que, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (1\u00ba de julio de 1971), el sistema procesal civil colombiano abandon\u00f3 la tarifa legal, para acoger el sistema de la persuasi\u00f3n racional, en cuya virtud se deposita en el fallador, no en la ley, la delicada misi\u00f3n de ponderar razonadamente el m\u00e9rito que ha de asignar a cada prueba, y a todas ellas en su conjunto, conforme a la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
As\u00ed se estableci\u00f3 en el art\u00edculo 175, salvo contadas y taxativas excepciones, al consagrar la libertad tanto de medios probatorios como de formaci\u00f3n del convencimiento del juez. Con base en tal postulado ha sostenido la Corte: <\/p>\n
[L]a legislaci\u00f3n no establece cortapisa alguna, en principio, a los medios que el juez tenga a su alcance para forjar la convicci\u00f3n; muy al contrario, es amplia la gama de posibilidades probatorias respecto de hechos jur\u00eddicos no sometidos a tarifa, conforme da fe la propia normatividad al consagrar, extensivamente, no solo los que ella enuncia sino \u00abcualesquiera otros medios que sean \u00fatiles para la formaci\u00f3n del convencimiento del juez\u00bb (C. de P. Civil, art. 175). Tampoco privilegia la ley un medio frente a otro sino que, por el contrario, a partir de la vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, expedido con los decretos 1400 y 2019 del 6 de agosto y el 26 de octubre de 1970, qued\u00f3 abolido el sistema de la tarifa legal en esa materia, y se introdujo, en su reemplazo, el de la sana cr\u00edtica, tambi\u00e9n llamado de la libre apreciaci\u00f3n razonada (art\u00edculo 187), cuya sola enunciaci\u00f3n permite entender, por lo regular, que en su marco ninguna prueba tiene prevalencia sobre otras y, adem\u00e1s, que su funci\u00f3n apunta al establecimiento de la verdad sin calificativos como el de formal, que la distingu\u00eda en el sistema superado (SC141, 6 ag. 2002, exp. n.\u00b0 6148). <\/p>\n
La sana cr\u00edtica, seg\u00fan la Corporaci\u00f3n, es un \u00absistema de valoraci\u00f3n estructurado sobre la libertad y autonom\u00eda del juzgador para ponderarlas y obtener su propio convencimiento, bajo el \u00fanico apremio de enjuiciarlas con soporte en el sentido com\u00fan, la l\u00f3gica y las reglas de la experiencia\u00bb (SC, 24 mar. 1998, exp. n.\u00b0 4658, reiterada en SC, 12 feb. 2008, rad. n.\u00b0 2002-00217-01). <\/p>\n
La doctrina sostiene que \u00abes el arte de juzgar atendiendo a la bondad y verdad de los hechos, sin vicios ni error; mediante la l\u00f3gica, la dial\u00e9ctica, la experiencia, la equidad y las ciencias y artes afines y auxiliares y la moral, para alcanzar y establecer, con expresi\u00f3n motivada, la certeza sobre la prueba que se produce en el proceso\u00bb1. A su vez, Eduardo J. Couture expres\u00f3 que \u00abson, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la l\u00f3gica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba\u2026 con arreglo a la sana raz\u00f3n y a un conocimiento experimental de las cosas\u00bb2. <\/p>\n
2.2. En l\u00ednea con lo apuntalado, la exigencia de un medio de prueba espec\u00edfico, propio del sistema tarifario, debe estar ordenado claramente en la ley, de manera que si el juzgador, apart\u00e1ndose del principio general, sin norma alguna que lo autorice, reclama un determinado medio demostrativo para la acreditaci\u00f3n de un acto o hecho que interesa al proceso, incurre en una pifia de juzgamiento, tesis que refrend\u00f3 la Corte a poco de ser expedido el citado estatuto procesal, al aseverar que hay error de derecho cuando el sentenciador \u00abexige para probar un hecho un medio que la ley no establece\u00bb (G.J. CXCII, p\u00e1gs. 76 y 77). <\/p>\n
Reiterada en el sentido de que \u00ab[e]l error de derecho\u2026 apunta al aspecto normativo de las probanzas y se presenta en el momento de la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de las mismas, es decir, cuando luego de darlas por materialmente existentes en el proceso, se pasa a ponderarlas a la luz de los preceptos que regulan su valoraci\u00f3n\u2026 se presenta en s\u00edntesis cuando la sentencia exige, para demostrar un acto o un hecho, una prueba especial que la ley no reclama\u00bb (negrilla fuera de texto, SC7019, 13 jun. 2014, rad. n\u00b0 2002-00487-01). <\/p>\n
Recientemente se insisti\u00f3: <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el error de derecho, en tanto variable de la causal de violaci\u00f3n indirecta de la norma jur\u00eddica sustancial, conviene recordar que el mismo apunta al aspecto normativo de las probanzas y se presenta en el momento de la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de las mismas, es decir, cuando luego de darlas por materialmente existentes en el proceso, se pasa a ponderarlas a la luz de los preceptos reguladores de su valoraci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, se excluye toda controversia atinente a su aspecto f\u00edsico o material. <\/p>\n
Esta clase de equivocaci\u00f3n surge de la transgresi\u00f3n al debido respeto que impone el postulado del contradictorio, en las fases de aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n de los elementos de juicio, ya sea porque se contrar\u00eda al legislador acerca del m\u00e9rito o eficacia probatoria a ellos asignados, o debido al desconocimiento del deber de practicar pruebas de oficio, cuando es legalmente imperativo o son indispensables para efectuar una condena pecuniaria en concreto o impedir fallos inhibitorios y nulidades. <\/p>\n
Para su acreditaci\u00f3n, seg\u00fan lo ha se\u00f1alado la Sala, se impone realizar un ejercicio comparativo entre la sentencia y el correspondiente medio de persuasi\u00f3n, con la finalidad de evidenciar \u2018que conforme a las reglas propias de la petici\u00f3n, decreto, pr\u00e1ctica o apreciaci\u00f3n de las pruebas, el juicio del sentenciador no pod\u00eda ser el que, de hecho, consign\u00f3. En consecuencia, si dijo que la prueba era apta para demostrar el hecho o acto, debe hacerse notar que no lo era en realidad; o si la desestim\u00f3 como id\u00f3nea, debe puntualizarse que s\u00ed era adecuada. Todo, con sujeci\u00f3n a las susodichas normas reguladoras de la actividad probatoria dentro del proceso, las cuales, en consecuencia, resultan quebrantadas, motivo por el cual y a fin de configurar el error, debe denunciarse su violaci\u00f3n\u2019 (CSJ SC 6 abr. 2011, exp. 2004-00206-00)\u2026 (negrilla fuera de texto, SC5676, 19 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2008-00165-01), <\/p>\n
2.3. Ahora bien, una cosa es la exigencia legal sobre la demostraci\u00f3n de un hecho o acto con determinado medio y otra, muy distinta, la conveniencia o utilidad que se predique de uno en particular por la \u00edndole del asunto o por el tema en an\u00e1lisis. <\/p>\n
As\u00ed acontece, por ejemplo, en casos de simulaci\u00f3n, en que se tiene por admitido, debido al sigilo u ocultamiento del acto simulado, que acudir a la prueba indiciaria resulta conveniente, pues con ella podr\u00e1 develarse la intenci\u00f3n real de los contratantes, analizando los indicios a partir de su gravedad, pluralidad y convergencia. <\/p>\n
Otro tanto sucede con la demostraci\u00f3n del justo precio en materia de lesi\u00f3n enorme, en que la peritaci\u00f3n es, en l\u00ednea de principio, el instrumento adecuado para establecer el valor de mercado del bien al momento del contrato. <\/p>\n
Situaci\u00f3n semejante acontece en materia de nexo causal, pues la demostraci\u00f3n del v\u00ednculo entre el hecho contrario a derecho y el da\u00f1o no siempre resulta sencillo, ya que pudieron mediar muchos factores que incidieron en el resultado, caso en el cual la prueba pericial o el testimonio t\u00e9cnico brindan insumos relevantes para clarificar el v\u00ednculo necesario o probable que debe darse entre ambos. <\/p>\n
2.4. A la misma directriz suele acudirse para la cuantificaci\u00f3n de perjuicios, campo en que el peritaje sirve para fijar con exactitud su quantum, de modo que se satisfaga el principio de reparaci\u00f3n integral y se eviten situaciones de enriquecimiento o empobrecimiento. <\/p>\n
Ciertamente otros factores probativos pueden servir para estos fines, como sucede con los documentales e incluso la contabilidad de los comerciantes, sin que de ah\u00ed se siga que por esta v\u00eda pueda establecerse una tarifa legal, porque \u00e9sta, ins\u00edstase, debe tener fuente en un mandato normativo expreso. <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, para el Tribunal la prueba de que el dem\u00e9rito originado en la \u00abcontaminaci\u00f3n de los suelos pr\u00f3ximos a la planta de cementos ocasion\u00f3 la p\u00e9rdida de la producci\u00f3n de la industria arrocera de la hacienda la Palma, tambi\u00e9n ha debido extraerse de la contabilidad de las demandantes\u00bb (negrita fuera de texto). <\/p>\n
3.1. Este aserto judicial estuvo precedido de argumentos nebulosos, de los que coligi\u00f3 que como las demandadas eran comerciantes estaban obligadas a llevar contabilidad regular conforme a las prescripciones legales, pero como se hab\u00eda persuadido de que no atend\u00edan estas exigencias, les rest\u00f3 eficacia probatoria, en comp\u00e1s con la aseveraci\u00f3n de que \u00abes regla general que si la persona que reclama un perjuicio por responsabilidad civil no lleva contabilidad, pierde el derecho a reclamarlo. No, lo que acontece en este litigio es que las sociedades demandantes est\u00e1n obligadas a llevar la contabilidad \u2018de sus negocios conforme a las prescripciones legales\u2019\u00bb (folio 1065 ibidem). <\/p>\n
Con tal manifestaci\u00f3n limit\u00f3 la demostraci\u00f3n del da\u00f1o emergente y del lucro cesante a la contabilidad de las demandantes, con lo cual impuso una prueba tarifaria no prevista en la ley, incurriendo as\u00ed en el yerro de derecho denunciado por el casacionista. <\/p>\n
3.2. Al respecto procede indicar que, ciertamente, los comerciantes deben llevar contabilidad regular de sus negocios, como lo impone el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 19 del C\u00f3digo de Comercio, y que los entonces vigentes art\u00edculos 271 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 68 del citado estatuto mercantil3, le atribu\u00edan un especial m\u00e9rito de convicci\u00f3n. Empero, de esas normas no se sigue que estuviera en vigencia un sistema de tarifa legal o prueba \u00fanica, como concluy\u00f3 erradamente el ad quem. <\/p>\n
3.2.1. Para comenzar, el primero de los preceptos contempla una carga propia de los comerciantes, cuya desatenci\u00f3n tiene unas secuelas se\u00f1aladas en otras normas, entre ellas, las dem\u00e1s que fueron mencionadas y que regulan el tema probatorio. <\/p>\n
El referido art\u00edculo 271 preceptuaba: <\/p>\n
\u2026los libros de comercio hacen fe en los procesos entre comerciantes, siempre que est\u00e9n bien llevados en legal forma. <\/p>\n
Si en los procesos entre comerciantes los libros de una parte no est\u00e1n llevados en legal forma, se estar\u00e1 a los que la contraparte, siempre que cumplan los requisitos legales, salvo prueba en contrario. En los dem\u00e1s casos, si los libros de ambas partes estuvieren en desacuerdo, el juez decidir\u00e1 seg\u00fan el m\u00e9rito que suministren las otras pruebas\u2026 <\/p>\n
A su vez, el citado art\u00edculo 68 dispon\u00eda que \u00ab[l]os libros y papeles de comercio constituir\u00e1n plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre s\u00ed, judicial o extrajudicialmente\u00bb. <\/p>\n
Estas normas, por la materia que regulan, son aplicables \u00fanicamente para los litigios entre comerciantes, siempre que act\u00faen en esta calidad, pues en ese campo es donde la contabilidad tiene su plena raz\u00f3n de ser. V\u00e9ase de forma literal c\u00f3mo el art\u00edculo 68 se\u00f1ala que s\u00f3lo \u00aben las cuestiones mercantiles\u00bb, esto es, vinculadas a los actos de comercio regulados en los art\u00edculos 20 y 21 del C\u00f3digo de Comercio, los libros y papeles de comercio pueden calificarse como plena prueba4. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, el referido art\u00edculo 68 insiste que \u00ab[e]n materia civil, aun entre comerciantes, dichos libros y papeles s\u00f3lo tendr\u00e1n valor contra su propietario, en lo que en ellos conste de manera clara y completa y siempre que su contraparte no los rechace en lo que le sea desfavorable\u00bb. Significa que, en las controversias no vinculadas a actos de comercio, aunque las partes sean comerciantes, la contabilidad es un medio de prueba que deber\u00e1 someterse al tamiz de la sana cr\u00edtica5. <\/p>\n
En el tema ha puntualizado la Corte \u00abque la parte inicial del primer inciso del art\u00edculo 271 del C.P.C., tiene como presupuesto necesario que se trate de una disputa entre comerciantes, por asuntos mercantiles\u2026 Es por ello por lo que el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 68 del C\u00f3digo de Comercio, como regulador de la materia, precisa que \u2018En materia civil, a\u00fan entre comerciantes, dichos libros y papeles s\u00f3lo tendr\u00e1n valor contra su propietario…\u2019, que es lo que, en \u00faltimas, dispone la transcrita parte del art\u00edculo 271 del C. de P.C.\u00bb. <\/p>\n
Y enfatiz\u00f3, en p\u00e1rrafo subsiguiente, que por esa raz\u00f3n esos libros y papeles \u00abtienen el valor de plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes disputen entre s\u00ed (art. 68, ib.) y, en el caso de los libros, constituyen un principio de prueba por escrito \u2018a favor del comerciante\u2019, cuando contienda con persona que no lo sea (art. 69, ib.)\u00bb (negrilla fuera de texto, SC de 26 may. 2006, rad. n.\u00b0 1994-09166-01). <\/p>\n
Aunado a lo expuesto, se observa que los referidos art\u00edculos establecieron que los documentos contables \u00abhacen fe\u00bb y son \u00abplena prueba\u00bb de la informaci\u00f3n en ellos contenida, pero de ninguna manera consagraron que fueran el \u00fanico medio de convicci\u00f3n admisible para acreditar los supuestos f\u00e1cticos fundantes de los derechos reclamados. <\/p>\n
De hecho, el citado art\u00edculo 271 prescribe que, cuando la contabilidad de una parte carezca de valor probatorio, deber\u00e1 estarse a la de la otra, \u00absalvo prueba en contrario\u00bb, lo que traduce que podr\u00e1 acudirse a otros medios para restarle m\u00e9rito demostrativo, caso en el cual el juzgador tiene la carga de evaluar la totalidad del plenario. M\u00e1s categ\u00f3rico es el segundo inciso de esta disposici\u00f3n, pues ante las deficiencias contables de ambas partes, impone al juzgador considerar todas las pruebas allegadas a la foliatura y decidir conforme a ellas, que as\u00ed excluye la simple absoluci\u00f3n del demandado ante esta situaci\u00f3n. <\/p>\n
Esta \u00faltima prescripci\u00f3n tambi\u00e9n fue consagrada en art\u00edculo 70 del C\u00f3digo de Comercio, al permitir que el interesado allegue \u00abplena prueba\u00bb para desvirtuar el contenido de los libros y papeles comerciales de su contraparte, y al imponerle al juez que tome \u00ablas dem\u00e1s pruebas allegadas al juicio\u00bb cuando la contabilidad no se ajuste a las disposiciones legales. <\/p>\n
3.2.2. Se colige, entonces, que el legislador no consagr\u00f3 un sistema de prueba \u00fanica o tarifaria, bajo cuyo mandato los errores contables conlleven a la p\u00e9rdida del derecho debatido, ante la falta de demostraci\u00f3n del da\u00f1o ocasionado o de su cuantificaci\u00f3n. La consecuencia negativa prevista para tales yerros, que ciertamente constituyen un desconocimiento de lo prescrito en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 19 del estatuto comercial, \u00fanicamente ser\u00e1 restarles m\u00e9rito de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, refiri\u00e9ndose a la ausencia de idoneidad de la informaci\u00f3n contenida en los libros contables, se\u00f1al\u00f3: \u00absi alg\u00fan efecto adverso se buscara de ellos, no ser\u00eda otro distinto que el no tenerlos en cuenta\u00bb (negrilla fuera de texto, SC16485, 30 nov. 2015, rad. n.\u00b0 2008-00160-01). <\/p>\n
De forma detallada se ha dicho: <\/p>\n
En compendio, si lo que muestra el proceso es que\u2026 el Tribunal otorg\u00f3 valor probatorio\u2026 a unos libros indebidamente llevados, cuando lo cierto es que las probanzas mencionadas y, principalmente, las experticias, en \u00faltimas, se apoyaron en una contabilidad incompleta, no se remite a duda que el sentenciador incurri\u00f3 en error de derecho al no percatarse que, frente a semejante irregularidad, la prueba resultaba convicta de ineficacia, al tenor del art\u00edculo 271 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En este preciso sentido se ha pronunciado la Corte: \u201c Son dos los motivos legales de ineficacia probatoria de los libros de comercio: la doble contabilidad o fraude similar y la contabilidad irregularmente llevada. En ninguno de los dos casos los libros prueban a favor\u2026 La doble contabilidad, o fraude similar, suponen la existencia de una contabilidad para enga\u00f1ar a terceros, que puede estar regularmente llevada, es decir acomodada formalmente a los requisitos legales, pero que no obstante resulta ineficaz, por ocultar las operaciones verdaderas. La contabilidad irregular por su lado tambi\u00e9n es ineficaz, por no ajustarse a las formalidades legales, as\u00ed refleje operaciones verdaderas\u201d (G.J. t, CCXII, pag. 202)\u2026 (negrilla fuera de texto, SC, 21 mar. 2003, exp. n.\u00b0 6642). <\/p>\n
Rem\u00e1rquese, a riesgo de hastiar, la p\u00e9rdida de peso probatorio de la informaci\u00f3n contable es la \u00fanica consecuencia de su irregular adelantamiento, no as\u00ed la consunci\u00f3n del derecho reclamado, siempre que \u00e9ste pueda demostrarse con otros instrumentos suasorios en el contexto de la libertad de medios y dentro de las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
3.2.3. Admitir la existencia de una tarifa legal supondr\u00eda desconocer el alcance probatorio atribuido a los libros de comercio por el derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues esta norma se limit\u00f3 a disponer que \u00abhacen fe\u00bb de lo registrado en ellos, valga decirlo, sirven para tener por probado sus registros, pero eso no excluye que los interesados puedan acudir a otros medios de convicci\u00f3n para probar en contra de ellos o en su ausencia. <\/p>\n
Carlos Ducci Claro, al analizar los efectos de la plena fe probatoria, sostuvo que \u00ab\u2026no quiere decir que las partes no puedan impugnar la verdad de sus declaraciones, pero, al efecto, necesitar\u00e1n un medio probatorio que tenga al respecto la misma fuerza\u2026, es decir, otra plena prueba\u00bb6. <\/p>\n
Otro tanto sucede con el C\u00f3digo de Comercio, pues consagr\u00f3 que este medio demostrativo es una \u00abplena prueba\u00bb, lo que significa que \u00abmanifiesta sin dejar duda alguna la verdad del hecho controvertido, instruyendo suficientemente al juez para que en virtud de ella pueda dar sentencia condenatoria o absolutoria\u00bb7. Esto, lejos de excluir otros instrumentos de persuasi\u00f3n, fue la consagraci\u00f3n de un valor preferente de la contabilidad regularmente adelantada para las partes y el juzgador, que no tendr\u00e1 aplicaci\u00f3n cuando falte o presente defectos que le resten su valor. <\/p>\n
3.2.4. Refulge de lo expuesto que la contabilidad no fue concebida como una tarifa legal probatoria en todos los procesos en que intervengan comerciantes, y mucho menos tal regla ser\u00eda para los asuntos no mercantiles; con todo, en ning\u00fan caso se sigue una prohibici\u00f3n para acudir a otros mecanismos suasorios cuando la contabilidad no pueda ser valorada por desconocer los c\u00e1nones t\u00e9cnicos que la rigen. <\/p>\n
4. Se suma a lo anterior que el Tribunal extendi\u00f3, incorrectamente, los efectos del incumplimiento del deber de los comerciantes de llevar contabilidad regular de sus negocios al presente caso, en desatenci\u00f3n de la naturaleza de los intereses en litigio. <\/p>\n
4.1. Total, la presente controversia tiene un linaje civil, en el que la contabilidad es un medio de convicci\u00f3n adicional del proceso. Luego, a\u00fan de admitirse irregularidades contables, esto s\u00f3lo conducir\u00eda a restarle credibilidad, sin excluir la posibilidad de acudir a otros medios demostrativos. Y es que, si la contabilidad no fue concebida como una prueba \u00fanica en asuntos mercantiles, menos a\u00fan tendr\u00eda tal car\u00e1cter en las dem\u00e1s materias de derecho privado. <\/p>\n
En el sub lite, aunque las partes tienen calidad de comerciantes, lo cierto es que el litigio carece de un talante comercial, en tanto no est\u00e1 en discusi\u00f3n ning\u00fan acto de comercio o un v\u00ednculo jur\u00eddico propio de este campo econ\u00f3mico, sino que se trata de una controversia civil fincada en la responsabilidad extracontractual por el incumplimiento de las obligaciones del propietario frente a sus colindantes. <\/p>\n
Luego, por fuerza del art\u00edculo 70 del C\u00f3digo de Comercio, entonces vigente, a\u00fan de admitirse que la contabilidad estaba alejada de las reglas vigentes, la consecuencia es que no pod\u00edan ser valoradas a favor de quien las adujo, sin que por esto perdiera su derecho de acudir a otros medios para acreditar los perjuicios que en el desarrollo de sus actividades le fueron causados en forma antijur\u00eddica por un tercero. <\/p>\n
M\u00e1xime por cuanto, que la contabilidad permita establecer mejor la afectaci\u00f3n patrimonial reclamada, no significa reconocerle el alcance de \u00ab\u00fanico\u00bb medio demostrativo y, menos a\u00fan, concluir que ante su ausencia debe inferirse que el da\u00f1o o su cuant\u00eda son inexistentes. <\/p>\n
4.2. Empero de lo comentado, el sentenciador de segundo grado exigi\u00f3 la contabilidad regular como prueba necesaria de la configuraci\u00f3n y de la cuant\u00eda de los da\u00f1os, en un evidente error de derecho. Este \u00e9nfasis en los estados financieros de las demandantes y sus soportes contables cercen\u00f3 el contenido de las dem\u00e1s evidencias, las cuales simplemente fueron pretermitidas, a pesar de que eran id\u00f3neas para definir el dem\u00e9rito reclamado y su contenido. <\/p>\n
Esto explica que el juzgador, a pesar de tener por demostrado que \u00ablos suelos de los lotes de la hacienda \u2018La Palma\u2019 pr\u00f3ximos o inmediatamente aleda\u00f1os a la planta de cementos \u2018Buenos Aires\u2019, se han alcalinizado en virtud de las altas concentraciones de carbonato de calcio relacionadas \u2018con la influencia de material particulado finamente, expulsado por la f\u00e1brica de cementos Buenos Aires\u2019\u00bb (folio 1051 de la carpeta 5), de forma inexplicable rehus\u00f3 la indemnizaci\u00f3n por cuanto la contabilidad \u00abno estaba llevada en forma regular\u00bb y, por ende, \u00abno tiene eficacia probatoria, con independencia \u2018de la veracidad o no de los datos incorporados en ella\u2019\u00bb (folio 1092 ibidem). <\/p>\n
5. En punto a la pretermisi\u00f3n probatoria a que se ha hecho referencia, conviene recordar que los da\u00f1os reclamados y a los cuales se limit\u00f3 la segunda instancia, fueron los que dijo padecer Arrocera Potrerito como explotadora de todo el predio, otrora parcialmente de propiedad de las otras demandantes y de la se\u00f1ora Bertha Serna de Laserna, referidos al aumento en los costos de producci\u00f3n del arroz y a la disminuci\u00f3n de su fecundidad. Adem\u00e1s, reclamaron el lucro cesante que dijeron padecer por causa de no poder cultivar tierras con arroz, las cuales quedaron ociosas para este tipo de cultivos en raz\u00f3n de su contaminaci\u00f3n. <\/p>\n
5.1. Frente a la primera pretensi\u00f3n, seg\u00fan los hechos sexto y octavo de la demanda, \u00ab[n]o obstante tener matr\u00edculas inmobiliarias diferentes los predios\u2026 mantuvieron materialmente su unidad para efectos de su explotaci\u00f3n agr\u00edcola\u00bb (folio 367 del cuaderno 1), por lo que \u00abtodo lo concerniente a la administraci\u00f3n, explotaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n derivadas de la actividad agroindustrial, en todos los predios\u2026 se encaus\u00f3 a trav\u00e9s de la sociedad Arrocera Potrerito Laserna y C\u00eda. S.C.A.\u00bb. <\/p>\n
En igual sentido, las actas de las asambleas de accionistas de 1979, dan cuenta de la aprobaci\u00f3n, por parte de los asociados de las diferentes personas jur\u00eddicas, de que toda la actividad agr\u00edcola del predio en mayor extensi\u00f3n fuera manejada por la citada sociedad, \u00abasumiendo los costos, gastos y a la vez facturar a nombre propio el producto a los diferentes clientes y\/o comprador\u00bb (folio 797 ibidem). <\/p>\n
Ahora, que entre las demandantes no se hubiera cumplido con las obligaciones propias del contrato de cuenta corriente mercantil, en particular, el reparto de utilidades, constituye una situaci\u00f3n jur\u00eddica ajena por entero a la discusi\u00f3n de fondo del presente caso, asentado en el da\u00f1o a los terrenos y sus efectos sobre la productividad del arroz, frente a lo cual se tiene por acreditado que Arrocera Potrerito, con anuencia de sus litisconsortes, explot\u00f3 \u2013o decidi\u00f3 no explotar- tierras de estas que luego fueron suyas, por cuya contaminaci\u00f3n sufri\u00f3 perjuicios. <\/p>\n
Por ser esa sociedad la encargada de las actividades de administraci\u00f3n y enajenaci\u00f3n, es connatural que el valor de los perjuicios sea determinado a partir de sus ingresos y egresos, al margen de la forma en que las propietarias se distribuyeran ese valor, aspecto que constituye una relaci\u00f3n sustancial interna. <\/p>\n
Con estas advertencias, como bien manifest\u00f3 el recurrente, el Tribunal olvid\u00f3 los hechos 7\u00ba y 8\u00ba de la demanda, las escrituras p\u00fablicas de venta de predios de las demandantes a Arrocera Potrerito, las actas de asamblea de accionistas (folios 795-810 de los anexos del dictamen pericial de Norma Galeano y Octavio Heredia), la inspecci\u00f3n judicial en la que el representante legal de dicha empresa manifest\u00f3 que ella era la \u00fanica que ejerci\u00f3 la explotaci\u00f3n agr\u00edcola que se refleja en el movimiento contable (folios 1 a 12 del cuaderno 2, tomo 1), los dict\u00e1menes periciales de Galeano y Heredia (folio 259 del cuaderno 2, tomo 1) y de Myriam Rivas (folios 450 a 481 del cuaderno 5), que conjuntamente apuntan a demostrar que la explotaci\u00f3n agr\u00edcola desde 1979 fue realizada exclusivamente por la aludida sociedad y, por tanto, su informaci\u00f3n financiera era la relevante para efectos de establecer el quantum del perjuicio. <\/p>\n
5.2. Por otra parte, si bien es cierto que, en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, durante la exhibici\u00f3n de libros de comercio de las actoras, el se\u00f1or Nicol\u00e1s Laserna, representante de Arrocera Potrerito, manifest\u00f3 que <\/p>\n
…la explotaci\u00f3n de los predios de todas las sociedades ha sido hecha por Potrerito, se corrige por la sociedad Arrocera Potrerito Laserna y Compa\u00f1\u00eda SCA como un conjunto y las dem\u00e1s sociedades demandantes eran propietarias del terreno las que llevaban una cuenta corriente con Arrocera Potrerito la cual se hac\u00eda los movimientos al final del a\u00f1o, con esto pretendo aclarar que aparte de Arrocera Potrerito ninguna de las sociedades explotaba directamente el terreno y por eso no se refleja el movimiento contable de una explotaci\u00f3n agr\u00edcola, tal como se dijo en el hecho s\u00e9ptimo de la demanda. No existe documento contable soporte de movimiento contable de los libros de la sociedad porque eso se hac\u00eda entre la sociedad Arrocera Potrerito Laserna y las dem\u00e1s sociedades (folio 2 del cuaderno 2, tomo 1). <\/p>\n
Frente a esa aseveraci\u00f3n, el apoderado de las demandadas solicit\u00f3 se exhibiera el documento en que constaba el acuerdo de administraci\u00f3n, as\u00ed como los soportes contables de rendici\u00f3n de cuentas de la sociedad responsable de la explotaci\u00f3n, de lo cual se dio como respuesta el acta 01 de 1979. En punto a la exhibici\u00f3n de los libros de las otras compa\u00f1\u00edas expres\u00f3 el asesor contable que todos los movimientos de la producci\u00f3n constan en los libros y comprobantes de Arrocera Potrerito, por lo que los estados financieros individuales s\u00f3lo permiten evidenciar la situaci\u00f3n de esa sociedad (folio 5 ibidem). <\/p>\n
Adem\u00e1s, los peritos designados por el juzgado (Norma Constanza Galeano y Octavio Heredia) expresaron que \u00abpara la elaboraci\u00f3n del flujo de caja se tom\u00f3 como punto de partida la contabilidad de Arrocera Potrerito, que es la que consolida toda la operaci\u00f3n productiva de las sociedades y refleja los efectos econ\u00f3micos de la actividad agr\u00edcola, objeto de an\u00e1lisis\u00bb (folio 259 del cuaderno 2, tomo 1). <\/p>\n
Por tanto, encuentra una explicaci\u00f3n razonable que la experta designada por el Tribunal (Myriam Rivas), expusiera en su dictamen que la informaci\u00f3n contable que tom\u00f3 en consideraci\u00f3n fue la de Arrocera Potrerito, en cuyos libros se hicieron los registros ajustados \u00abal desarrollo de la actividad agropecuaria en virtud del encargo de administraci\u00f3n delegada conferido a esta por las otras sociedades como unidad de explotaci\u00f3n agr\u00edcola, el cual fue verificado y se encuentra en las actas de asamblea general de accionistas correspondientes al a\u00f1o 1979, de cada una de las sociedades\u00bb (folio 451 del cuaderno 5). <\/p>\n
Esta delimitaci\u00f3n de los datos objeto de an\u00e1lisis, no s\u00f3lo encuentra apoyo en las pruebas recabadas en el proceso, sino que permite circunscribir el estudio de la legalidad de la contabilidad a la que fue adelantada por Arrocera Potrerito, siendo inadecuado que el Tribunal, basado en las falencias advertidas en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, o en los testimonios de Barbosa y Fern\u00e1ndez, respecto de la informaci\u00f3n financiera de las otras demandantes, tildara de irregular aqu\u00e9lla; dicho en breve, no se percat\u00f3 que su atenci\u00f3n deb\u00eda centrarse en la contabilidad de Arrocera Potrerito, por ser la encargada de la explotaci\u00f3n agr\u00edcola. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, a m\u00e1s de que la perito Myriam Rivas concluy\u00f3 que las contabilidades de las dem\u00e1s sociedades diferentes a Arrocera Potrerito se llevaron en forma adecuada, este tema no puede demeritar el derecho reclamado, porque los datos financieros relevantes estaban en los soportes del responsable de la siembra y enajenaci\u00f3n de los cultivos, y all\u00ed es donde se pueden determinar los efectos patrimoniales de la contaminaci\u00f3n. En este contexto, los supuestos yerros que pudieran existir en los estados financieros y libros de las dem\u00e1s actoras, carec\u00edan de la entidad suficiente para desvirtuar el contenido de las pericias realizadas o impedir que pudieran dar un concepto t\u00e9cnico. <\/p>\n
5.3. El conjunto de las reflexiones anteriores muestra el error de juzgamiento en que incurri\u00f3 el Tribunal, de all\u00ed que las acusaciones deban abrirse paso. <\/p>\n
6. Habi\u00e9ndose explicado que en la acreditaci\u00f3n del da\u00f1o y su cuant\u00eda, salvo norma expresa, hay libertad en los medios probatorios, incluso para quienes est\u00e1n obligados a llevar contabilidad, ha de reconocerse que el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n depende del acopio probatorio; que, en asuntos donde intervienen actividades productivas, cobran especial relevancia probanzas tales como los informes estad\u00edsticos, los testimonios t\u00e9cnicos, la peritaci\u00f3n y, con mayor raz\u00f3n, la contabilidad de la v\u00edctima, por su conveniencia para relievar las p\u00e9rdidas del ejercicio econ\u00f3mico. <\/p>\n
6.1. En la situaci\u00f3n origen de esta litis, como ya se anticip\u00f3, en que la conducta da\u00f1osa se mantuvo por largos periodos y ocasion\u00f3 perjuicios a la actividad empresarial de las demandantes, y en particular de una de ellas, la contabilidad sirve como instrumento pr\u00edstino para conocer las afectaciones econ\u00f3micas. <\/p>\n
Dec\u00eda Joaqu\u00edn Garrigues: \u00ablos comerciantes no realizan sus anotaciones con fines de futura probanza, sino para obtener una visi\u00f3n exacta en todo momento de su situaci\u00f3n econ\u00f3mica, y son ellos los m\u00e1s interesados en la veracidad de los asientos\u00bb8. <\/p>\n
De ah\u00ed que, sin el escollo inflexible que traz\u00f3 el sentenciador de segunda instancia, en relaci\u00f3n con la prueba emanada de la contabilidad para acreditar el da\u00f1o y su monto, debi\u00f3 abrirse paso el estudio de los dem\u00e1s medios suasorios que integran la foliatura, en particular los soportes contables de Arrocera Potrerito. <\/p>\n
6.2. Sobre estos \u00faltimos conviene se\u00f1alar que su m\u00e9rito demostrativo deviene del hecho de que estaban correctamente reflejados en los estados financieros, seg\u00fan lo verific\u00f3 el dictamen pericial de esa especialidad que la revis\u00f3 para tasar el da\u00f1o reclamado, a cuyo prop\u00f3sito no hallaron erratas insalvables que impidan estimarla como importante elemento de juicio. <\/p>\n
Es cierto que al tenor del art\u00edculo 66 del C\u00f3digo de Comercio, durante la exhibici\u00f3n de los libros de comercio, \u00abel juez o funcionario har\u00e1 constar los hechos y asientos verificados y, adem\u00e1s, el estado general de la contabilidad o de los libros, con el fin de apreciar si se llevan conforme a la ley, y en consecuencia, reconocerles o no el valor probatorio correspondiente\u00bb. Pero el art\u00edculo 288 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil dispuso que la diligencia de exhibici\u00f3n \u00abparcial\u00bb de los libros y papeles del comerciante \u00abse practicar\u00e1 ante el juez del lugar en que los libros se lleven y se limitar\u00e1 a los asientos y papeles que tenga relaci\u00f3n necesaria con el objeto del proceso y la comprobaci\u00f3n de que aquellos cumplen con las prescripciones legales\u00bb. <\/p>\n
Aparte, es claro que si la inspecci\u00f3n judicial apunta a la \u00abverificaci\u00f3n o el esclarecimiento de hechos materia del proceso\u00bb (art\u00edculo 244 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), y estos, por su naturaleza cient\u00edfica, t\u00e9cnica o art\u00edstica, requieren la asistencia de un perito para que dilucide, por ejemplo, dudas en el \u00e1rea estrictamente contable, la labor para el perito no se agotar\u00e1 en la mera inspecci\u00f3n, ni con la informaci\u00f3n all\u00ed recabada, pues cumplir el encargo es labor que va m\u00e1s all\u00e1 de examinar el aspecto f\u00edsico de los libros exhibidos, el cual s\u00f3lo permitir\u00e1 establecer si se llevan en idioma castellano, por el sistema de doble partida, su inscripci\u00f3n en el registro9, y otros aspectos formales, m\u00e1s no su veracidad y exactitud. De modo que en esa sola diligencia no podr\u00eda establecerse si es regular y adecuada a las prescripciones legales la contabilidad de que se trate, dado que, adem\u00e1s de esos aspectos externos, cuando menos, han de aplicarse conocimientos propios de la ciencia contable, los principios y normas aceptados en esa \u00e1rea y de la auditor\u00eda de cuentas, con reconocido valor t\u00e9cnico, a efectos de poder establecer que la contabilidad sirve para \u00abidentificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente econ\u00f3mico, en forma clara, completa y fidedigna\u00bb (art\u00edculo 1\u00ba del decreto 2649 de 1993). <\/p>\n
All\u00ed es donde luce id\u00f3nea la calificaci\u00f3n que el experto haga acerca de si la contabilidad que ha examinado permite \u00abel conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios\u00bb (art\u00edculo 48 del C\u00f3digo de Comercio). <\/p>\n
Pero el experto llamado a opinar sobre esa aptitud t\u00e9cnica y legal, en primer lugar, debe ser contador, que as\u00ed lo exige el art\u00edculo 13 de la ley 43 de 1990 al prescribir que, a m\u00e1s de lo ordenado en leyes anteriores, \u00abse requiere tener la calidad de contador p\u00fablico en los siguientes casos: 1. Por raz\u00f3n del cargo: \u2026 c) Para actuar como perito en controversias de car\u00e1cter t\u00e9cnico-contable, especialmente en diligencia sobre exhibici\u00f3n de libros, juicios de rendici\u00f3n de cuentas, aval\u00fao de intangibles patrimoniales, y costo de empresas en marcha\u00bb. Y en segundo lugar, debe fundar su dictamen en las pautas que esa disciplina ha decantado como id\u00f3neas, aplicadas obviamente a la contabilidad que examine con base en los soportes, comprobantes, libros y estados financieros del ente econ\u00f3mico que la lleva. <\/p>\n
6.3. Se suma a lo expuesto el error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la inspecci\u00f3n judicial, por generalizar el Tribunal que las demandadas ten\u00edan una contabilidad irregular, desconociendo las constancias sentadas en el acta en cuanto a la exhibici\u00f3n de libros principales, declaraciones de renta y comprobantes contables de Arrocera Potrerito, los cuales se consideraron bien llevados por los peritos Galeano y Heredia, lo que asimismo afirmaron los contadores Cubillos y Calder\u00f3n, y finalmente la contadora Myriam Rivas, designada por el ad quem. <\/p>\n
Para dilucidar conviene resaltar que las demandadas pidieron exhibici\u00f3n de los libros y papeles de las demandantes, para que en inspecci\u00f3n judicial con \u00abperitos contables\u00bb (folios 764 y 765 del cuaderno 1, tomo 2), se examinara la contabilidad en punto a la producci\u00f3n, costos, ventas e ingresos por la explotaci\u00f3n de los predios de la hacienda La Palma con cultivos de arroz, se obtuvieran las declaraciones de renta de sus propietarios, los estados financieros entre 1981 y 1998, as\u00ed como comprobar si las sociedades llevaban contabilidad regular para los a\u00f1os de 1981 a 1991. <\/p>\n
La inspecci\u00f3n judicial a los libros y papeles de las actoras, realizada el 26 de julio de 2000 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, con intervenci\u00f3n de peritos (folios 1 a 10 del cuaderno 2, tomo 1), en la finca Los Cauchitos, fue atendida por Jes\u00fas Antonio Laguna Donoso, asesor contable de aquellas, persona que manifest\u00f3 que \u00abtoda la documentaci\u00f3n contable de las sociedades demandantes y de do\u00f1a Berta Serna de Laserna se [encontraba] en esta oficina, y no en la ciudad de Bogot\u00e1, en raz\u00f3n de la prueba decretada\u00bb (folio 1 del cuaderno 2, tomo 1). <\/p>\n
De Arrocera Potrerito exhibi\u00f3 los libros all\u00ed relacionados, con constancias de registro en c\u00e1mara de comercio, hojas \u00fatiles, usadas y fechas de las anotaciones. Se apunt\u00f3 que en los libros de actas figuran los balances y estado de p\u00e9rdidas y ganancias sin firma del contador y del representante legal (folio 6), lo que dio pie a que el Tribunal entendiera, incurso en yerro f\u00e1ctico, que en la inspecci\u00f3n se constat\u00f3 que los estados financieros no estaban firmados, cuando \u00fanicamente se aludi\u00f3 a los estados financieros que estaban incorporados a las actas de asamblea. <\/p>\n
Incluso pas\u00f3 por alto que esa informaci\u00f3n contable fue arrimada, debidamente suscrita, como uno de los anexos al dictamen pericial de Norma Galeano y Octavio Heredia (folios 668-726), lo que era hacedero por cuanto la labor de los expertos, como ya se se\u00f1al\u00f3, no se circunscrib\u00eda a la mera audiencia de exhibici\u00f3n, so pena de vaciar de contenido su actividad. <\/p>\n
La Corte ha fijado que en el caso del dictamen no se requiere de inspecci\u00f3n judicial concurrente como condici\u00f3n de eficacia probatoria de la informaci\u00f3n que reposa en esos libros examinados por los peritos, \u00abpues adem\u00e1s del principio de libertad probatoria consagrado en la ley adjetiva civil, ninguna restricci\u00f3n, en punto de la pericia, contempl\u00f3 el legislador, a partir de la cual se imponga que el examen de los libros de contabilidad debe ser simultaneo con la inspecci\u00f3n judicial o que la \u00fanica forma de probar la conformidad de los libros de contabilidad con la ley sea la inspecci\u00f3n judicial directa\u00bb (SC, 22 jun. 2011, rad. n.\u00b0 2000-00155-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha sentado que la falta de valoraci\u00f3n de los anexos del dictamen pericial es un error de hecho, por cuanto supone un cercenamiento de esta prueba (CSJ, SC17215, 16 dic. 2014, rad. n.\u00b0 2005-00156-01), con claro desconocimiento del valor de la informaci\u00f3n allegada por el experto despu\u00e9s de realizar los estudios que le han sido ordenados. <\/p>\n
6.4. En cuanto al dictamen de Myriam Rivas, practicado a instancias del juez colegiado, se cometi\u00f3 un nuevo error f\u00e1ctico, por cuanto esta contadora p\u00fablica explic\u00f3 que, pese a las falencias de la contabilidad objeto de an\u00e1lisis, y al igual que los contadores Cubillos y Calder\u00f3n, \u00abdurante el periodo 1981 a 1998 fue llevada de manera regular y ajustada a las normas vigentes y a las formalidades legales exigidas para su validez como medio probatorio\u00bb, que los estados financieros y declaraciones de renta de la misma empresa, entre 1981 y 1998, \u00abcorresponden fidedignamente a las cifras registradas en los libros de contabilidad, y estos a su vez se encuentran suficientemente soportados con sus comprobantes de contabilidad y soportes contables respectivos\u00bb (folio 454 del cuaderno 5). <\/p>\n
La desaprobaci\u00f3n del Tribunal a dicha pericia fue producto del yerro f\u00e1ctico en que incurri\u00f3 al apreciarla, a partir de los conceptos emitidos por los expertos Barbosa y Hern\u00e1ndez, con desfiguraci\u00f3n tambi\u00e9n de este medio, pues no se percat\u00f3 de que estos declarantes manifestaron no haber hecho examen alguno a los libros y papeles contables de la sociedad, pues su opini\u00f3n se circunscribi\u00f3 a lo que se plasm\u00f3 en el acta de la inspecci\u00f3n judicial y al dictamen de Galeano y Heredia, diferente a la perito, que revis\u00f3 los libros de comercio y los registros contables de la sociedad para arribar a sus colofones (folios 451 a 453 ibidem). <\/p>\n
Total, los declarantes Barbosa y Hern\u00e1ndez, contadores contratados por las opositoras, conceptuaron tomando \u00abcomo base el acta que recoge la diligencia de inspecci\u00f3n judicial con exhibici\u00f3n de libros y papeles de comercio\u00bb (folio 301 del cuaderno 2, tomo 1), seg\u00fan lo anunciaron en su escrito, aportado por aquellas como prueba de la objeci\u00f3n por error grave que hab\u00edan elevado contra el dictamen de los peritos Galeano y Heredia, designados por el a quo. <\/p>\n
Al contrario, los contadores Diana Alexandra Cubillos y Jorge Calder\u00f3n, al referirse a la contabilidad de Arrocera Potrerito y dem\u00e1s actoras, en el marco de la objeci\u00f3n por error grave al dictamen pericial de Galeano y Heredia, previo examen f\u00edsico documental, coligieron que se adelantaba en debida forma, para cuyo fin describieron los diversos libros contables de las sociedades, y en especial, afirmaron haber verificado los comprobantes y documentos de soporte de 1981 a 1998, y que \u00abmediante la toma al azar de algunos comprobantes de contabilidad, se verific\u00f3 que \u00e9stos se encontraban debidamente asentados en los libros de contabilidad, con resultado satisfactorio en la muestra tomada\u00bb (folio 531 del cuaderno 2, tomo 1), la cual detallan. <\/p>\n
Frete a la experticia de la contadora Myriam Rivas, destaca la Corte, all\u00ed se indican que \u00abfueron puestos a disposici\u00f3n para el examen pericial los libros de comercio de cada una de las sociedades mencionadas\u00bb (folio 451), pero que el mismo se sustent\u00f3 en la informaci\u00f3n contable de Arrocera Potrerito, en la que se asentaron los registros contables relacionados con la actividad agropecuaria. Se\u00f1al\u00f3 que \u00abArrocera Potrerito Laserna y C\u00eda. S.C.A. aport\u00f3 para el examen pericial los comprobantes de contabilidad por el periodo 1976 a 1998 los cuales se encuentran adecuadamente archivados e identificados por tomos mensuales y debidamente justificados con sus correspondientes soportes contables\u00bb (folio 453 del cuaderno 5), y en su concepto esa contabilidad, de 1981 a 1998, fue llevada de manera regular y ajustada a las normas vigentes. <\/p>\n
Alrededor del estudio de Epam Ltda., aportado con la demanda, esa experta apunt\u00f3 que al compararlo con los registros contables de Arrocera Potrerito Laserna y C\u00eda. S.C.A. respecto a producci\u00f3n (bultos por hect\u00e1rea), hall\u00f3 diferencias en el n\u00famero de bultos producidos, originadas, seg\u00fan la informaci\u00f3n de los administradores de la sociedad, en que los datos tomadas por Epam fueron los historiales de cultivos en el campo, los cuales no tienen un peso exacto, mientras que los registros contables o de facturaci\u00f3n s\u00ed se hacen sobre ese pesaje y descontando el material que se deja para semilla. <\/p>\n
La perito, adicionalmente, tras revisar la informaci\u00f3n contable del periodo 1981 a 1998, constat\u00f3 que hab\u00eda evidencias de menores ingresos percibidos y mayores costos en los lotes identificados como contaminados, en comparaci\u00f3n con los terrenos marcados como no afectados, seg\u00fan la clasificaci\u00f3n de los peritos P\u00e9rez y Galeano. <\/p>\n
La metodolog\u00eda utilizada por la experta fue descrita de la siguiente forma: <\/p>\n
…se calcul\u00f3 el ingreso promedio por hect\u00e1rea de los lotes \u00abcontaminados\u00bb y de los \u00abno contaminados\u00bb, y se estableci\u00f3 la diferencia entre ellos. El valor resultante constituye la diferencia en ingreso percibido por hect\u00e1rea en los lotes \u00abcontaminados\u00bb en comparaci\u00f3n con los \u00abno contaminados\u00bb el cual se totaliza multiplicando la diferencia por a\u00f1o por el n\u00famero hect\u00e1reas cultivadas en lotes \u00abcontaminados\u00bb. Asimismo, para el periodo 1981 a 1998, se calcul\u00f3 el costo directo de producci\u00f3n promedio por hect\u00e1rea de los lotes \u00abcontaminados\u00bb y de los \u00abno contaminados\u00bb, y se estableci\u00f3 la diferencia entre ellos. El valor resultante, constituye la diferencia en costos directos de producci\u00f3n incurrido por hect\u00e1rea en los lotes \u00abcontaminados\u00bb en comparaci\u00f3n con los lotes \u00abno contaminados\u00bb, el cual se totaliza multiplicando la diferencia por a\u00f1o por el n\u00famero de hect\u00e1reas cultivadas en lotes \u00abcontaminados\u00bb (folio 456-457 ibidem). <\/p>\n
Pese a la suficiente fundamentaci\u00f3n del dictamen, opt\u00f3 el Tribunal por descalificarlo bajo el pretexto de que la contadora deb\u00eda limitarse a lo exhibido en la inspecci\u00f3n judicial, y como en esa oportunidad \u00abno fueron puestos a disposici\u00f3n los libros auxiliares de contabilidad, in situ no se exhibieron los estados financieros conforme lo exige la ley\u00bb (folio 1089 del cuaderno 5). <\/p>\n
Frente a lo anterior vale la pena inquirir \u00bfpara qu\u00e9 decret\u00f3 la prueba dicho colegiado si de antemano estaba persuadido de que esos libros no se hab\u00edan exhibido y que el dictamen no tendr\u00eda la informaci\u00f3n suficiente para resolver los cuestionamientos realizados? Luego, la recta hermen\u00e9utica del decreto probatorio, so pena de faltar a la l\u00f3gica y a la confianza leg\u00edtima, es que el sentenciador autoriz\u00f3 a la experta para que acudiera, no s\u00f3lo a los datos recabados en la inspecci\u00f3n y que fueron incorporados a la foliatura, sino a la integridad de la contabilidad de las demandantes, con el fin de extractar la informaci\u00f3n requerida para dar claridad al proceso. <\/p>\n
Entendimiento que encuentra asidero, en adici\u00f3n, en la relaci\u00f3n existente entre la inspecci\u00f3n judicial y el dictamen pericial, en el sentido de que por dejarse sin constar en el acta de la primera algunos hechos o detalles, deban desecharse como faltos de comprobaci\u00f3n, pues hay otros medios \u00abque pueden probar hechos diversos de los observados por el juez; cuando con esos otros medios de prueba se establecen esos otros hechos, el juez tiene que reconocerlo as\u00ed, pues con justedad el concurso de los t\u00e9cnicos busca esclarecer, precisar o ilustrar las cuestiones en relaci\u00f3n con las cuales se verific\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial misma\u00bb (SC, 18 may. 1983, G.J. n.\u00b0 MMCDXI). <\/p>\n
Con todo, es menester relievar que, de acuerdo con el acta de inspecci\u00f3n, dichos libros auxiliares (\u00ab266 tomos, donde desde 1970 hasta 1999, se han archivado en estricto orden todos los soportes\u00bb), s\u00ed fueron puestos a disposici\u00f3n del juzgado y los peritos, con independencia de que no fueran reproducidos para su incorporaci\u00f3n al expediente. Anotaci\u00f3n que deja al descubierto los errores endilgados al sentenciador de segundo grado, pues orientado por las apreciaciones de Barbosa y Hern\u00e1ndez, quienes s\u00f3lo produjeron un concepto basado en una parte de la informaci\u00f3n, hizo a un lado las certificaciones de tres contadores p\u00fablicos que, importa relievar, examinaron los libros, comprobantes y soportes de Arrocera Potrerito, entre otras, con razones contrarias a las de aquellos asesores y declarantes, acerca de la idoneidad de la contabilidad de esta compa\u00f1\u00eda como fuente para indagar con verosimilitud por la cuant\u00eda del da\u00f1o reclamado. <\/p>\n
6.6. El Tribunal, igualmente, anot\u00f3 que la perito Myriam Rivas detect\u00f3 que veinti\u00fan (21) lotes, de los que Epam Ltda. incluy\u00f3 en su experticia, no contaban con registros contables en la informaci\u00f3n de Arrocera Potrerito. Con todo, eso no impidi\u00f3 a la experta -ni a los otros que as\u00ed lo hicieron- certificar la regularidad de la contabilidad, ya que precisamente el objeto del dictamen consist\u00eda en verificar el adecuado registro de las operaciones realizadas, mostrando posibles yerros en que pudieron incurrir los otros expertos, m\u00e1s a\u00fan, cuando se tuvieron a la vista todos los soportes contables. No en vano la contadora nombrada dej\u00f3 en evidencia otras deficiencias en que incurri\u00f3 el concepto t\u00e9cnico de Epam Ltda., como las diferencias en la producci\u00f3n de algunos lotes, pues no tomaron los datos de la contabilidad sino de libros de campo. <\/p>\n
En todo caso, la pericia cumpli\u00f3 su finalidad, que era determinar la posibilidad de acudir a la contabilidad de las demandantes, en orden a establecer la aptitud de esos documentos para acreditar los da\u00f1os de las primeras a causa de la contaminaci\u00f3n v\u00eda e\u00f3lica de sus terrenos productivos. <\/p>\n
6.7. En suma, fue acreditado el error de hecho en la valoraci\u00f3n del dictamen de Myriam Rivas, en tanto se le rest\u00f3 fuerza demostrativa por supuestos yerros contables, sin advertir que en su contenido se hizo un estudio completo de la contabilidad y, a partir de ella, obtuvo los datos necesarios para conceptuar sobre su regularidad y el eventual monto de perjuicios derivados de la contaminaci\u00f3n. <\/p>\n
7. El car\u00e1cter manifiesto y trascendente de los errores de derecho y de hecho en que incurri\u00f3 el Tribunal conducen a casar el fallo confutado, siendo procedente emitir prove\u00eddo sustitutivo que desate la apelaci\u00f3n promovida por las convocadas, con el objeto de satisfacer la orden emitida en la sentencia de revisi\u00f3n de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Juzga esta Corporaci\u00f3n, en este contexto, innecesario examinar los dem\u00e1s aspectos de las acusaciones, por sustracci\u00f3n de materia. <\/p>\n
No habr\u00e1 condena en costas por la prosperidad de la impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1. El veredicto de primera instancia. <\/p>\n
1.1. Como ya se dijo, el a quo accedi\u00f3 parcialmente a los pedimentos de las reclamantes (folios 1763 a 1842 del cuaderno 2, tomo 3), por considerar que hab\u00eda \u00abcerteza de los da\u00f1os que fueron ocasionados a la demandante, y su cuant\u00eda, por hechos imputables a las demandadas en raz\u00f3n de su actividad productiva cementera, y su relaci\u00f3n de causalidad, reuni\u00e9ndose los requisitos exigidos para el establecimiento de la responsabilidad aquiliana o extracontractual\u00bb. En consecuencia, accedi\u00f3 a la declaratoria de responsabilidad civil, con ocasi\u00f3n de emisi\u00f3n de s\u00f3lidos por las chimeneas de las plantas de producci\u00f3n de las convocadas. <\/p>\n
1.2. La condena impuesta fue por valor de $19.849.467.821, correspondiente al da\u00f1o econ\u00f3mico pasado (causado entre 1981 y 1998), junto con su indexaci\u00f3n al IPC, hasta el pago total de la obligaci\u00f3n (folio 1841 del cuaderno 2 del tomo 3), valor que corresponde al monto se\u00f1alado en el dictamen pericial realizado por Norma Galeano y Octavio Heredia, quienes para llegar a este resultado tuvieron en cuenta los ingresos y egresos de la explotaci\u00f3n de los terrenos (folios 268 a 272 del cuaderno 2, tomo 1, y anexos 14 y 15 del dictamen). <\/p>\n
2. La oposici\u00f3n de las demandadas. <\/p>\n
2.1. Los argumentos de defensa, formulados en instancia y que deben analizarse en el nuevo fallo de alzada, son los referidos a la \u00abestimaci\u00f3n errada de los supuestos da\u00f1os\u00bb, la \u00abausencia de solidaridad\u00bb y la \u00abprescripci\u00f3n\u00bb. Las dem\u00e1s excepciones resultan desechadas por las razones que sirvieron a la casaci\u00f3n, a cuyas consideraciones se remite por brevedad. <\/p>\n
2.2. Del mismo modo, por corresponder a alegaciones del recurso de apelaci\u00f3n, deber\u00e1n evaluarse los puntos relativos a la condena en bloque, la falta de causalidad, y la prueba para tasar el da\u00f1o, sin perder de vista que los dem\u00e1s ya fueron desvelados en la senda extraordinaria. <\/p>\n
3. Consideraciones. <\/p>\n
3.1. La protecci\u00f3n del medio ambiente es una preocupaci\u00f3n creciente en las sociedades contempor\u00e1neas, am\u00e9n de las consecuencias indeseables que, sobre los ecosistemas y sus individuos, provocan la degradaci\u00f3n y contaminaci\u00f3n de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Y es que, si bien por muchos a\u00f1os se puso el \u00e9nfasis en el progreso y desarrollo tecnol\u00f3gico, sin importar los costos asociados, lo cierto es que con el tiempo se hicieron patentes las consecuencias indeseables de la industrializaci\u00f3n irresponsable y del consumismo, por medio de da\u00f1os irremediables sobre la biosfera, el subsuelo y la capa de ozono. <\/p>\n
De all\u00ed que en la Declaraci\u00f3n de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Sano, del 16 de junio de 1972, adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas, se advirtiera que \u00ab[l]a protecci\u00f3n y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuesti\u00f3n fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo econ\u00f3mico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos\u00bb (numeral 2\u00b0), fruto de que \u00ab[a] nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del da\u00f1o causado por el hombre en muchas regiones de la tierra, niveles peligrosos de contaminaci\u00f3n del agua, del aire, de la tierra y de los seres vivos; grandes trastornos del equilibrio ecol\u00f3gico de la biosfera; destrucci\u00f3n y agotamiento de recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la salud f\u00edsica, mental y social del hombre, en el medio ambiente por \u00e9l creado. Especialmente en aquel en que vive y trabaja\u00bb (numeral 3\u00b0). <\/p>\n
Y se reliev\u00f3 que \u00ab[h]emos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que puedan tener para el medio ambiente. Por ignorancia o indiferencia, podemos causar da\u00f1os inmensos e irreparables al medio ambiente terr\u00e1queo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento m\u00e1s profundo y una acci\u00f3n m\u00e1s prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones de vida mejores en un medio ambiente m\u00e1s en consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre. Las perspectivas de elevar la calidad del medio ambiente y de crear una vida satisfactoria son grandes\u00bb (numeral 6). <\/p>\n
De forma m\u00e1s concreta, la Carta Mundial de la Naturaleza del 28 de octubre de 1982, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, llam\u00f3 la atenci\u00f3n acerca de que \u00ab[e]l deterioro de los sistemas naturales que dimana del consumo excesivo y del abuso de los recursos naturales y la falta de un orden econ\u00f3mico adecuado entre los pueblos y los Estados, socavan las estructuras econ\u00f3micas, sociales y pol\u00edticas de la civilizaci\u00f3n\u00bb, de all\u00ed que se proclamara como principio general que \u00ab[s]e respetar\u00e1 la naturaleza y no se perturbar\u00e1n sus procesos esenciales\u00bb y que \u00ab[l]os ecosistemas y los organismos, as\u00ed como los recursos terrestres, marinos y atmosf\u00e9ricos que son utilizados por el hombre, se administrar\u00e1n de manera tal de lograr y mantener su productividad \u00f3ptima y continua sin por ello poner en peligro la integridad de los otros ecosistemas y especies con los que coexistan\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, frente a la utilizaci\u00f3n de recursos naturales, se previ\u00f3 que \u00ab[s]e mantendr\u00e1 o aumentar\u00e1 la productividad de los suelos con medidas de preservaci\u00f3n de su fertilidad a largo plazo y de los procesos de descomposici\u00f3n org\u00e1nica y de prevenci\u00f3n de la erosi\u00f3n y de otra forma de deterioro\u00bb, para lo cual \u00ab[se] evitar\u00e1n las actividades que puedan causar da\u00f1os irreversibles a la naturaleza\u00bb y \u00ab[s]e evitar\u00e1 la descarga de sustancias contaminantes en los sistemas naturales\u00bb. <\/p>\n
La Declaraci\u00f3n de R\u00edo sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la materia, no s\u00f3lo ratific\u00f3 la Declaraci\u00f3n de Estocolmo, sino que proclam\u00f3 que \u00ab[con el] fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protecci\u00f3n del medio ambiente deber\u00e1 constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podr\u00e1 considerarse en forma aislada\u00bb (principio 4), imponiendo a los Estados \u00abdesarrollar la legislaci\u00f3n nacional relativa a la responsabilidad y la indemnizaci\u00f3n respecto de las v\u00edctimas de la contaminaci\u00f3n y otros da\u00f1os ambientales\u00bb (principio 13). <\/p>\n
3.2. Colombia se sum\u00f3 a este movimiento por medio de normas tendientes a la protecci\u00f3n del medio ambiente, reliev\u00e1ndose la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y las leyes 23 de 1973, 491 de 1999 y 1333 de 2009, as\u00ed como el decreto 2811 de 1974. <\/p>\n
En orden cronol\u00f3gico, con la ley 23 de 1973 se pretendi\u00f3 \u00abprevenir y controlar la contaminaci\u00f3n del medio ambiente\u2026 para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional\u00bb (art\u00edculo 1\u00b0), por tratarse de un \u00abpatrimonio com\u00fan\u00bb (art\u00edculo 2\u00b0). <\/p>\n
Para hacer realidad este objetivo dispuso que \u00ab[c]uando llegue a demostrarse t\u00e9cnicamente que se est\u00e1n produciendo acciones que generen contaminaci\u00f3n, podr\u00e1[n] imponerse las siguientes sanciones seg\u00fan la gravedad de cada infracci\u00f3n: amonestaciones, multas sucesivas\u2026, suspensi\u00f3n de patentes de fabricaci\u00f3n, clausura temporal de los establecimientos o factor\u00edas que est\u00e1n produciendo contaminaci\u00f3n y cierre de los mismos\u00bb (art\u00edculo 18). <\/p>\n
El C\u00f3digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecci\u00f3n al Medio Ambiente, expedido por el decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dispuso que \u00ab[e]l ambiente es patrimonio com\u00fan. El Estado y los particulares deben participar en su preservaci\u00f3n y manejo, que son de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social\u00bb (art\u00edculo 1\u00b0). <\/p>\n
Adem\u00e1s, estableci\u00f3 que \u00ab[t]oda persona tiene derecho a disfrutar de ambiente sano\u00bb (art\u00edculo 7\u00b0), as\u00ed como hacer uso de los elementos y recursos ambientales renovables, conforme a los siguientes principios: <\/p>\n
a). Los recursos naturales y dem\u00e1s elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su m\u00e1ximo aprovechamiento con arreglo al inter\u00e9s general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este C\u00f3digo; <\/p>\n
b). Los recursos naturales y dem\u00e1s elementos ambientales, son interdependientes. Su utilizaci\u00f3n se har\u00e1 de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre s\u00ed. <\/p>\n
c). La utilizaci\u00f3n de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el inter\u00e9s general de la comunidad o el derecho de terceros; <\/p>\n
d). Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estar\u00e1n sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente para que se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes. <\/p>\n
e). Los recursos naturales renovables no se podr\u00e1n utilizar por encima de los l\u00edmites permisibles que, al alterar las calidades f\u00edsicas, qu\u00edmicas o biol\u00f3gicas naturales produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizaci\u00f3n en cuanto \u00e9sta convenga al inter\u00e9s p\u00fablico. <\/p>\n
f). La planeaci\u00f3n del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecer\u00e1n y conservar\u00e1n en los centros urbanos y sus alrededores espacios cubiertos de vegetaci\u00f3n (art\u00edculo 9). <\/p>\n
El paso m\u00e1s decisivo en el proceso de protecci\u00f3n est\u00e1 contenido en el art\u00edculo 79 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que elev\u00f3 a la categor\u00eda superior el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y como consecuencia, impuso al Estado no s\u00f3lo la obligaci\u00f3n de proteger su diversidad e integridad, tambi\u00e9n la de conservar las \u00e1reas de especial importancia ecol\u00f3gica. <\/p>\n
Para el anterior fin, seg\u00fan el art\u00edculo 88, le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os causados. <\/p>\n
Este seguro \u00abtendr\u00e1 por objeto amparar los perjuicios econ\u00f3micos cuantificables producidos a una persona determinada como parte o a consecuencia de da\u00f1os al ambiente y a los recursos naturales, en los casos del seguro de responsabilidad civil extracontractual, cuando tales da\u00f1os hayan sido causados por un hecho imputable al asegurado, siempre y cuando no sea producido por un acto meramente potestativo o causado con dolo o culpa grave; o, en los casos de los seguros reales como consecuencia de un hecho accidental, s\u00fabito e imprevisto de la acci\u00f3n de un tercero o por causas naturales\u00bb (art\u00edculo 1\u00b0). <\/p>\n
Por \u00faltimo, la ley 1333 de 2009 fij\u00f3 \u00abel procedimiento sancionatorio ambiental\u00bb, con la advertencia de que \u00ab[l]as sanciones administrativas en materia ambiental tienen una funci\u00f3n preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constituci\u00f3n, los Tratados Internacionales, la ley y el Reglamento\u2026 Las medidas preventivas, por su parte, tienen como funci\u00f3n prevenir, impedir o evitar la continuaci\u00f3n de la ocurrencia de un hecho, la realizaci\u00f3n de una actividad o la existencia de una situaci\u00f3n que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana\u00bb. <\/p>\n
El anterior recorrido muestra el convencimiento del legislador patrio por otorgar una protecci\u00f3n preeminente y eficaz al medio ambiente, como lo ha remarcado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
La Carta Pol\u00edtica de 1991 le concedi\u00f3 una importancia primordial a la defensa del medio ambiente, estableciendo numerosas disposiciones normativas en aras de garantizar su conservaci\u00f3n y protecci\u00f3n, lo cual ha llevado a denominarla, por propia voz de la Corte Constitucional como una \u201c(\u2026) constituci\u00f3n ecol\u00f3gica o verde (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En ese sentido, la protecci\u00f3n del medio ambiente se erige como un prop\u00f3sito dentro del actual andamiaje del Estado Social de Derecho, constituy\u00e9ndose como un bien jur\u00eddico con una triple connotaci\u00f3n, pues (i) es un principio que se disemina por todo el sistema normativo, el cual impone al Estado el deber de proteger las riquezas naturales de la Naci\u00f3n; (ii) es un derecho fundamental y colectivo, exigible por todas las personas a trav\u00e9s de varios mecanismos judiciales; y (iii) es una obligaci\u00f3n en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, \u201c(\u2026) al implicar deberes calificados de protecci\u00f3n. Adem\u00e1s, la Constituci\u00f3n contempla el \u201csaneamiento ambiental\u201d como servicio p\u00fablico y prop\u00f3sito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores) (…)\u201d (Corte Constitucional, sentencia C-449 de 2015). <\/p>\n
Atinente a las obligaciones que surgen para el Estado, a partir de la declaraci\u00f3n del medio ambiente como principio y como derecho, ha se\u00f1alado la Corte Constitucional: \u201c(\u2026) [M]ientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez est\u00e1n legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservaci\u00f3n-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Naci\u00f3n, 3) conservar las \u00e1reas de especial importancia ecol\u00f3gica, 4) fomentar la educaci\u00f3n ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para as\u00ed garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci\u00f3n, restauraci\u00f3n o sustituci\u00f3n, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protecci\u00f3n de los ecosistemas situados en las zonas de frontera (…)\u201d (Sentencia C-123 de 2014)\u2026 (STC7630, 9 jun. 2016, rad. n.\u00b0 2016-00036-01). <\/p>\n
3.3. El compendio de marras, realizado sin ninguna pretensi\u00f3n de exhaustividad, integra el denominado \u00abderecho ambiental\u00bb, esto es, las normas que gobiernan el aprovechamiento responsable y al servicio del inter\u00e9s general de los recursos renovables y no renovables, as\u00ed como la responsabilidad por la degradaci\u00f3n y contaminaci\u00f3n, visto de forma integral y transversal a cualquier actividad humana. <\/p>\n
Este derecho tiene una serie de particularidades, asentado en principios especiales, a saber: (I) prevenci\u00f3n, consistente en que deben adoptarse todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de da\u00f1os al medio ambiente; (II) precauci\u00f3n, el cual impone que la ausencia de certeza cient\u00edfica absoluta no excuse la adopci\u00f3n de medidas preventivas; (III) sostenibilidad, entendido como el deber de manejar adecuadamente los recursos, tanto renovables como no, para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y futuras; y (IV) \u00abel que contamina paga\u00bb, seg\u00fan el cual los costos que conlleva el saneamiento de los efectos negativos de la contaminaci\u00f3n deben ser soportados por quien los origin\u00f3. <\/p>\n
3.4. En relaci\u00f3n con este \u00faltimo principio, su reconocimiento inicial estuvo en manos de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE), en la primera serie de principios orientadores relacionados con los aspectos econ\u00f3micos internacionales de las pol\u00edticas ambientales, proferida el 26 de mayo de 1972, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
El principio a ser usado para distribuir los costos de contaminaci\u00f3n y medios de control para fomentar el uso racional de los escasos recursos ambientales y evitar distorsiones en el comercio y la inversi\u00f3n internacional es el famoso principio de contaminador-pagador. Este principio significa que quien contamina debe asumir los gastos de cumplir las medidas arriba mencionadas y decididas por autoridades p\u00fablicas para asegurar que el medio ambiente est\u00e9 en un estado aceptable. En otras palabras, el costo de esas medidas debe estar reflejado en el costo de bienes y servicios que causan contaminaci\u00f3n en la producci\u00f3n y\/o consumo. Tales medidas no deber\u00edan estar acompa\u00f1adas de subsidios que pudieran crear distorsiones significativas en el comercio y la inversi\u00f3n internacional. <\/p>\n
Con posterioridad, en el principio 22 de la Declaraci\u00f3n de Estocolmo se dispuso: \u00abLos Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnizaci\u00f3n a las v\u00edctimas de la contaminaci\u00f3n y otros da\u00f1os ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicci\u00f3n o bajo el control de tales Estados causen a zonas situadas fuera de su jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s tarde el Consejo de las Comunidades Europeas emiti\u00f3 la recomendaci\u00f3n del 3 de marzo de 1974, relativa a la imputaci\u00f3n de costes y a la intervenci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos en materia de medio ambiente (75\/436\/Euratom), en la cual acept\u00f3 que \u00abefectivamente es conveniente imputar los costes derivados de la protecci\u00f3n del medio ambiente contra la contaminaci\u00f3n, con arreglo a principios id\u00e9nticos en toda la Comunidad con el fin de evitar que, en los intercambios y la competencia se produzcan distorsiones incompatibles con el buen funcionamiento del mercado com\u00fan\u00bb (pre\u00e1mbulo), para lo cual inst\u00f3 a \u00abla imputaci\u00f3n a los causantes de la contaminaci\u00f3n de los costes resultantes de la lucha contra \u00e9sta\u00bb, como forma de promover \u00abproductos y tecnolog\u00edas menos contaminantes\u00bb (numeral 1\u00b0). <\/p>\n
Reconocido con posterioridad en m\u00faltiples instrumentos internacionales, tales como el Convenio sobre Cooperaci\u00f3n, Preparaci\u00f3n y Lucha contra la Contaminaci\u00f3n Marina por Hidrocarburos, hecho en Londres el 39 de noviembre de 1990, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abTeniendo en cuenta el principio de que \u2018el que contamina paga\u2019 como principio general del derecho ambiental internacional\u00bb (pre\u00e1mbulo); y el Convenio sobre la Protecci\u00f3n y Utilizaci\u00f3n de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales, aprobado en Helsinki (Finlandia) el 17 de marzo de 1992 y en vigor desde el 6 de octubre de 1996: \u00abEl principio de que quien contamina paga, en virtud del cual los costos de las medidas de prevenci\u00f3n, control y reducci\u00f3n de la contaminaci\u00f3n correr\u00e1n a cargo del contaminador\u00bb (literal b. del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 2\u00b0). <\/p>\n
En suma, el principio el que contamina paga tiene como objetivo promover medidas eficaces para evitar la afectaci\u00f3n al medio ambiente, entendido como bien com\u00fan, y muestra el compromiso estatal por evitar que el contaminador pueda salir indemne frente a los da\u00f1os irrogados. <\/p>\n
3.5. Una de las expresiones del mencionado principio es la conocida \u00abresponsabilidad por da\u00f1o ambiental\u00bb, reconocida en nuestro pa\u00eds en el art\u00edculo 16 de la ley 23 de 1973 en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abEl Estado ser\u00e1 civilmente responsable por los da\u00f1os ocasionados al hombre o a los recursos naturales de propiedad privada como consecuencia de acciones que generen contaminaci\u00f3n o detrimento del medio ambiente. Los particulares lo ser\u00e1n por las mismas razones y por el da\u00f1o o uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del Estado\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
La jurisprudencia, refiri\u00e9ndose a este precepto, doctrin\u00f3: <\/p>\n
[E]l art\u00edculo 16 de la Ley 23 de 1973, al regular en forma precisa y particular el fundamento legal de la responsabilidad civil ambiental, tiene preeminencia y especialidad respecto del C\u00f3digo Civil y de otras leyes, como la Ley 1333 de 2009 relativa a la responsabilidad administrativa sancionatoria ambiental generada por la comisi\u00f3n de infracciones de esta naturaleza y a las sanciones imponibles en su virtud. Se trata, por lo tanto de una regla especial, que precisamente es prevalente, preferente, preeminente y est\u00e1 vigente en toda su extensi\u00f3n (SC, 16 may. 2011, rad. n.\u00b0 2000-00005-01). <\/p>\n
Dicho en breve, los particulares est\u00e1n llamados a responder por los da\u00f1os \u00abocasionados\u00bb a las personas o sus bienes, o a los recursos naturales vistos de forma general, como \u00abconsecuencia de acciones\u00bb que generen contaminaci\u00f3n o detrimento al medio ambiente, o \u00abpor\u00bb su uso inadecuado. <\/p>\n
Esta responsabilidad puede emanar, entonces, de: (I) la transgresi\u00f3n al derecho colectivo al medio ambiente sano, caso en el cual habr\u00e1 de acudirse a las reglas de las acciones populares (literal c del art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 472 de 1998); o (II) de afectaciones concretas a derechos individuales, las cuales deber\u00e1n encausarse por las reglas de la responsabilidad civil. <\/p>\n
As\u00ed lo precis\u00f3 la jurisprudencia de este \u00f3rgano de cierre: <\/p>\n
[E]sta especie de da\u00f1o, empero, escapa al derecho civil mientras no se trate, lo que es poco frecuente, de agente y v\u00edctimas determinadas. La contaminaci\u00f3n ambiental es por lo com\u00fan fen\u00f3meno de etiolog\u00eda colectiva y, consiguientemente, an\u00f3nima, incapaz de generar un v\u00ednculo jur\u00eddico entre sujetos concretos\u2026 Mas, cuando quiera que la lesi\u00f3n causada por la contaminaci\u00f3n ambiental sea imputable a persona determinada y la sufra tambi\u00e9n una v\u00edctima determinada, all\u00ed surge la cuesti\u00f3n de la responsabilidad civil, por la raz\u00f3n apod\u00edctica de que si bien es verdad que numerosas m\u00e1quinas y fuerzas motrices producen da\u00f1os en s\u00ed mismos, se puede procurar que no los causen a determinadas v\u00edctimas\u2026 Cuando los empresarios no realizan todo lo que humana y t\u00e9cnicamente debe ejecutarse para evitar los perjuicios que a terceros para evitar los perjuicios que a terceros pueda causar el funcionamiento de una f\u00e1brica, y los da\u00f1os se producen, la incuria de aquellos en el desarrollo de la actividad compromete su responsabilidad civil, por la muy obvia raz\u00f3n de que el ejercitar su propio derecho no se comportan como un hombre avisado, prudente y razonable (SC, 30 ab. 1976) <\/p>\n
Tesis refrendada con los a\u00f1os: <\/p>\n
[L]a contaminaci\u00f3n que afecta intereses colectivos no puede confundirse con el menoscabo de derechos individuales, as\u00ed la afectaci\u00f3n de estos \u00faltimos sea una consecuencia de aquello, porque los titulares del agravio y su extensi\u00f3n, en uno u otro evento, no son los mismos\u2026 La Corte, por esto, tiene explicado que el \u201cda\u00f1o ambiental s\u00f3lo es el inferido a los bienes ambientales y, por tanto, al ambiente, o sea, a un derecho, colectivo, valor o inter\u00e9s p\u00fablico, cuyo titular exclusivo es la colectividad, y cuya reparaci\u00f3n versa sobre \u00e9ste, sin mirar el inter\u00e9s individual sino el de toda la comunidad, as\u00ed en forma indirecta afecte a cada uno de sus integrantes\u201d . De ah\u00ed que como en el mismo antecedente se\u00f1al\u00f3, cuando los intereses particulares resultan afectados, \u201cno se trata de un da\u00f1o ambiental, sino del detrimento de otros derechos\u201d (SC, 14 oct. 2011, rad. n.\u00b0 2005-00277-01). <\/p>\n
3.6. La responsabilidad por da\u00f1o ambiental, ciertamente, plantea vicisitudes \u00fanicas en raz\u00f3n de la complejidad de las variables que entran en juego en esta materia, en punto a la identificaci\u00f3n de los responsables y las v\u00edctimas, as\u00ed como la concreci\u00f3n de sus resultados. <\/p>\n
No en vano esta Sala tiene dicho: <\/p>\n
En perspectiva exacta, autorizadas opiniones, palpan la problem\u00e1tica en cuanto el da\u00f1o ambiental usualmente recae sobre un n\u00famero plural de personas, afecta a una, muchas o todas, puede imputarse a la conducta unitaria o colectiva, provenir de comportamientos \u00fanicos, m\u00faltiples o coligados, ya del mismo sujeto, ora de varios, sus efectos nocivos a futuro, certidumbre o dimensi\u00f3n, suelen ser dif\u00edciles de apreciar por impredecibles e incalculables, el detrimento de id\u00e9ntico o diverso inter\u00e9s podr\u00e1 ser directo, indirecto, reflejo, conexo o consecuencial y la causalidad difusa (SC, 16 may. 2011, rad. n.\u00b0 2000-00005-01). <\/p>\n
Empero, estas dificultades no pueden servir de p\u00e1bulo para impedir el reconocimiento de la responsabilidad, incluso aunque deba flexibilizarse el contenido de los requisitos para que emane el d\u00e9bito indemnizatorio. El principio \u00abel que contamina paga\u00bb reclama respuestas din\u00e1micas, que impidan al agresor tomar ventaja de las dificultades para concretar el da\u00f1o, en salvaguardia de los derechos de las v\u00edctimas. \u00ab[E]l poder judicial\u2026 deber\u00e1 presentar un vestido nuevo, m\u00e1s flexible y comprensible\u00bb11. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese lo dicho por la Corporaci\u00f3n: \u00abnada obsta el ejercicio de la acci\u00f3n de responsabilidad civil ordinaria para la reparaci\u00f3n del da\u00f1o inferido a una pluralidad de sujetos, ya en virtud del quebranto directo a su persona, integridad, derechos, bienes, valores e intereses, ora a consecuencia de la lesi\u00f3n al ambiente, desde luego sometida a todas sus exigencias normativas\u00bb (SC, 16 may. 2011, rad. n.\u00b0 2000-00005-01). <\/p>\n
3.7. Centrado en la responsabilidad civil por da\u00f1o ambiental, la reparaci\u00f3n est\u00e1 condicionada a que la v\u00edctima logre la demostraci\u00f3n de los elementos propios del d\u00e9bito indemnizatorio, consistentes en el hecho culposo, el da\u00f1o y el v\u00ednculo causal material y jur\u00eddico entre \u00e9ste y aqu\u00e9l. <\/p>\n
De forma literal, la jurisprudencia tiene dicho: <\/p>\n
La responsabilidad ambiental, tiene dicho desde anta\u00f1o, en espec\u00edfica referencia al derecho de dominio, descansa en el r\u00e9gimen jur\u00eddico de la objetiva, en cuanto, por m\u00e1s l\u00edcito que sea el ejercicio de dicha prerrogativa, el due\u00f1o no est\u00e1 autorizado para da\u00f1ar a los dem\u00e1s\u2026 Eso mismo lo asent\u00f3 no hace poco, esta Sala. La responsabilidad civil derivada del medio ambiente, \u201cpor lo general, es de naturaleza objetiva, dado que esa es la \u00abtendencia contempor\u00e1nea, doctrinal, legislativa y mayoritaria\u00bb, en virtud del principio de que \u00abquien contamina paga\u00bb\u201d. Todo ello ante el alto impacto del da\u00f1o ecol\u00f3gico, tanto en lo nacional como en lo internacional y la din\u00e1mica creciente entre uno y otro nivel\u2026 La raz\u00f3n estriba en el riesgo que implica el manejo del ambiente sano. La responsabilidad, por tanto, es predicable de quien saca provecho de esa actividad, en tanto, los sujetos de derecho que la soportan no est\u00e1n obligados a sufrir o padecer sus consecuencias nocivas. Se trata, por tanto, de equilibrar las cargas residuales en el proceso distributivo da\u00f1o-beneficio, al margen de que se haya procedido con prudencia o diligencia, o de manera l\u00edcita (SC3460, 18 ag. 2021, rad. n.\u00b0 2015-00658-01). <\/p>\n
Tesis con profundas ra\u00edces jurisprudenciales: <\/p>\n
Las actividades peligrosas derivadas del uso de maquinarias y de las fuerzas motrices presentan, empero, un nuevo aspecto m\u00e1s actual y acaso de mayor trascendencia que el del simple riesgo: muchos de esos elementos de corriente empleo en el medio social, comportan no solamente la amenaza de llegar a lesionar a terceros (accidente a\u00e9reo, colisi\u00f3n de autom\u00f3viles, estallido de una caldera, verbigracia), sino que de hecho, por la mera circunstancia de hacerse uso de ellos, producen da\u00f1os de diversa \u00edndole, aparentemente inevitables, cuales son los ruidos ensordecedores (aviones, ferrocarriles, autobuses, motocicletas, f\u00e1bricas), los olores desagradables (plantas de abonos org\u00e1nicos), las contaminaciones letales (fumigaciones a\u00e9reas), las trepidaciones o vibraciones capaces de destruir instalaciones de diverso g\u00e9nero (decolaje o aterrizaje de aeronaves, estallidos de dinamita u otros explosivos), el humo que afecta la salud humana y deteriora equipos y enseres (chimeneas de instalaciones industriales), para no citar sino algunos ejemplos\u2026 <\/p>\n
[E]n tal hip\u00f3tesis, haya dolo o simple culpa, esto es, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito, el titular del derecho lo ha ejercitado abusivamente y es responsable por hecho il\u00edcito. Y, no sobra decirlo, la culpabilidad del agente del da\u00f1o aqu\u00ed tambi\u00e9n se presume, porque los hechos il\u00edcitos deben suponerse libremente ejecutados mientras lo contrario no se demuestre (SC, 30 ab. 1976). <\/p>\n
Hermen\u00e9utica que, adicionalmente, es compartida por la doctrina especializada: \u00abQue la responsabilidad es objetiva lo demuestra el hecho de que la sola creaci\u00f3n de riesgos para terceros en provecho propio hace recaer el autor la responsabilidad derivada de aqu\u00e9l\u2026, esto es, la producci\u00f3n de da\u00f1os revela la falta de diligencia\u00bb12. <\/p>\n
3.7.2. En materia de da\u00f1o, de forma gen\u00e9rica el art\u00edculo 8\u00b0 del C\u00f3digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecci\u00f3n al Medio Ambiente, se\u00f1ala que son factores de deterioro ambiental, entre otros, \u00abla alteraci\u00f3n del ambiente con sustancias o formas de energ\u00eda puestas en \u00e9l, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la Naci\u00f3n o de los particulares\u00bb. <\/p>\n
Noci\u00f3n a partir de la cual la jurisprudencia se\u00f1al\u00f3 que el \u00ab\u201cda\u00f1o ambiental\u201d (\u201cda\u00f1o ecol\u00f3gico\u201d, \u201cda\u00f1o a la salubridad ambiental\u201d, etc.), estricto sensu, es todo detrimento causado al ambiente, bien p\u00fablico resultante de la conjunci\u00f3n de sus distintos elementos, susceptible de protecci\u00f3n aut\u00f3noma, mesura o proyecci\u00f3n patrimonial, y derecho colectivo perteneciente a toda la comunidad, conglomerado o sociedad\u00bb (SC, 16 may. 2011, rad. n.\u00b0 2000-00005-01). <\/p>\n
Para fines de la responsabilidad civil, el da\u00f1o indemnizable es el conocido como \u00abimpuro\u00bb o \u00abpor rebote\u00bb, esto es, el que se produce a bienes individuales como consecuencia de la afectaci\u00f3n al medio ambiente; se trata de un \u00abdetrimento consecuencial, conexo, reflejo, indirecto o consecutivo de otros derechos, bienes o intereses particulares a consecuencia del quebranto al ambiente, y cuyo titular, no es la colectividad in abstracto, sino una, o varias, o muchas personas individualmente consideradas\u00bb13. Total, el \u00abda\u00f1o ambiental en sentido estricto puede ser causa de otros da\u00f1os que afectan a las personas o a las cosas, en cuyo caso se trata de una responsabilidad civil que tiene por objeto reparar los da\u00f1os que se derivan de aqu\u00e9l. Ocurre usualmente que un da\u00f1o ambiental\u2026 produce, a su vez, un efecto indirecto, que se traduce en la p\u00e9rdida de valor de un bien, en enfermedades o en la privaci\u00f3n de ingresos futuros; esto es, en un da\u00f1o privado derivado del da\u00f1o ambiental, que puede ser de naturaleza patrimonial o moral\u00bb14. <\/p>\n
3.7.3. Por \u00faltimo, la posici\u00f3n m\u00e1s reciente de la jurisprudencia tiene decantado que la causalidad no es una noci\u00f3n meramente natural\u00edstica, como en anta\u00f1o se asegur\u00f3, sino que es una conjunci\u00f3n entre un an\u00e1lisis f\u00e1ctico y jur\u00eddico, que comienza por un juicio sine qua non sobre las causas que originaron el da\u00f1o, a partir del cual se hace una prognosis jur\u00eddica para decantar, a partir de criterios normativos, l\u00f3gicos o probables, el sujeto responsable. <\/p>\n
En fallo del 26 de octubre de 2021 se dijo: <\/p>\n
Para el establecimiento del nexo causal deben apreciarse los elementos f\u00e1ctico y jur\u00eddico. El primero se conoce como el juicio sine qua non y su objetivo es determinar los hechos o actuaciones que probablemente tuvieron injerencia en la producci\u00f3n del da\u00f1o, por cuanto de faltar no ser\u00eda posible su materializaci\u00f3n. Con posterioridad se hace la evaluaci\u00f3n jur\u00eddica, con el fin de atribuir sentido legal a cada actuaci\u00f3n, a partir de un actuar propio o ajeno, donde se har\u00e1 la ponderaci\u00f3n del tipo de conexi\u00f3n y su cercan\u00eda (SC4455, rad. n.\u00b0 2010-00299-01). <\/p>\n
En otro pronunciamiento reciente se asegur\u00f3: <\/p>\n
La generalidad de los sistemas jur\u00eddicos occidentales admiten la necesidad de desarrollar el an\u00e1lisis de causalidad en dos fases diferenciadas. La primera, conocida como causalidad f\u00e1ctica, o causalidad de hecho, tiene por objeto identificar, en sentido material, si una actividad es condici\u00f3n necesaria para la producci\u00f3n del hecho da\u00f1oso; la segunda, que suele denominarse como causalidad jur\u00eddica, o alcance de la responsabilidad busca atribuir, a trav\u00e9s de criterios normativos, la categor\u00eda de causa a una de esas condiciones antecedentes \u2013como directiva para imputar a su autor las secuelas de la interacci\u00f3n lesiva\u2013\u2026 <\/p>\n
Ese m\u00e9todo, cabe resaltar, no es caprichoso, sino que sirve al prop\u00f3sito de refinar el proceso de selecci\u00f3n que se sugiri\u00f3 en precedencia. La causa, en el sentido que interesa al derecho de da\u00f1os, es un concepto en el que se entremezclan consideraciones factuales y jur\u00eddicas. Por tanto, la verificaci\u00f3n del nexo de causalidad exige un condicionamiento de la conducta o actividad del demandado en la realizaci\u00f3n del evento da\u00f1oso, pero no solamente eso, sino tambi\u00e9n ciertas cualidades de aquella relaci\u00f3n, que deben extraerse de las fuentes del derecho aplicables. <\/p>\n
Los \u201cdos pasos\u201d \u2013que reflejan las \u201cdos facetas\u201d de la causa\u2013, sirven como una especie de recordatorio para reflexionar y argumentar acerca del problema causal en sendas esferas distintas, una f\u00e1ctica, y otra jur\u00eddica (SC3604, 25 ag. 2021, rad. n.\u00b0 2016-00063-01). <\/p>\n
Ahora bien, ante la dificultad que entra\u00f1a demostrar las consecuencias del da\u00f1o y su conexi\u00f3n causal, es imperativo que el sentenciador acuda a la \u00abprobabilidad suficiente\u00bb15. \u00abLo dicho significa que los juzgadores de instancia incurren en errores probatorios en los casos en que exigen a la v\u00edctima acreditar el nexo causal con absoluta certeza\u2026 Todo, en el sentido de una lectura que tenga en cuenta el enfoque o punto de vista de dulcificar la prueba de la causa en asuntos ambientales\u00bb (SC3460, 18 ag. 2021, rad. n.\u00b0 2015-00658-01). <\/p>\n
No en vano los conocedores sobre esta materia sostienen: <\/p>\n
Los principios y los valores basilares del microsistema protectorio del ambiente en tant\u00edsima nos llevar\u00e1n a extraer presunciones de causalidad entre un hecho y un da\u00f1o colectivo, aligerando as\u00ed la carga de la prueba de este requisito de la responsabilidad civil que pesa sobre la v\u00edctima\u2026 M\u00e1s all\u00e1 de las presunciones, a la hora de demostrar el v\u00ednculo causal ser\u00e1 perfectamente procedente acudir a todo tipo de instrumento probatorio dirigido a descifrar los complejos procesos a los cuales se enfrentar\u00e1 el actor en un juicio\u2026 El rol de las investigaciones e informes periciales resulta fundamental, pues \u00e9stos se erigen como los medios de mayor utilidad y peso en el tr\u00e1nsito de aportar a los jueces elementos t\u00e9cnicos \u00fatiles, s\u00f3lidos y cient\u00edficamente respetables para tomar la decisi\u00f3n final16. <\/p>\n
3.8. Aplicado el anterior estado del arte al presente caso se tiene que deber\u00e1 accederse al reclamo indemnizatorio, como ciertamente procedi\u00f3 el juzgador de primera instancia y se concluy\u00f3 en la sentencia de revisi\u00f3n SU455 del 16 de octubre de 2020 de la Corte Constitucional, en tanto las demandantes demostraron los elementos de la responsabilidad reclamada en el curso del proceso, como se particularizar\u00e1 a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.8.1. En cuanto a la conducta contraria al ordenamiento jur\u00eddico se tiene que, est\u00e1 por fuera de controversia, las demandadas en desarrollo de su actividad de producci\u00f3n cementera omitieron implementar mecanismos t\u00e9cnicos para evitar la emisi\u00f3n de sustancias contaminantes desde sus hornos de procesamiento -tales como la instalaci\u00f3n de filtros electrost\u00e1ticos u otros sistemas de control de part\u00edculas sueltas-, las que cayeron sobre sus colindantes, en una omisi\u00f3n merecedora de reproche. <\/p>\n
Esto fue evidenciado con varios medios persuasivos. Verbi gracia, la sentencia proferida en la acci\u00f3n popular instaurada en contra de Cementos Diamante del Tolima S.A. (folio 845 del cuaderno 2, tomo 2), se protegi\u00f3 el derecho colectivo al ambiente sano, en raz\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de material particulado originado en el procesamiento del cemento, de all\u00ed que se ordenara una adecuaci\u00f3n a la planta para incluir controles eficientes. <\/p>\n
En adici\u00f3n, en el informe del profesional Francisco Boshell se reconoci\u00f3 que los citados filtros se instalaron en las factor\u00edas de Buenos Aires y Caracolito en el a\u00f1o de 1994 (folio 533 del cuaderno 1, tomo 2), a pesar de haber recibido recomendaciones del asesor ambiental en este sentido desde abril de 1983 (folio 368 del cuaderno 4), esto es, once (11) a\u00f1os antes. <\/p>\n
Incluso despu\u00e9s, en el documento resumen de \u00abEvaluaci\u00f3n de emisiones y calidad del aire de la Planta de Cementos Diamante de Ibagu\u00e9 S.A.\u00bb, de mayo de 1995, el consultor encargado sugiri\u00f3 a la empresa promover \u00abacciones de car\u00e1cter preventivo para el control de emisiones fugitivas en la Planta\u00bb, por cuanto \u00abcon alguna frecuencia el precipitador electrost\u00e1tico\u2026 sale de l\u00ednea\u00bb, y propuso adoptar \u00abpor parte de los t\u00e9cnicos y operarios\u2026 las medidas conducentes a minimizar posibles fallas en este equipo\u00bb (folio 83 ibidem). Iguales sugerencias se hicieron a Cementos Diamante del Tolima S.A., desde febrero de 1994 (folios 126, 183 y 295 ib\u00eddem). <\/p>\n
En noviembre de 1996, el experto medio ambiental llam\u00f3 la atenci\u00f3n de las demandadas en torno a que \u00ab[l]a calidad del aire en los alrededores cercanos a la Planta [porque] presenta niveles de concentraci\u00f3n de part\u00edculas en suspensi\u00f3n elevados\u00bb, e insisti\u00f3 en efectuar un programa para reducirlas en el interior \u00abde la Planta y en las inmediaciones cercanas a ella\u00bb (folios 234, 235, 433 y 434 ibidem). <\/p>\n
Se trata, pues, de un hecho probado, no desvirtuado en las instancias, y que en s\u00ed mismo evidencia un comportamiento contrario a la diligencia que se espera de una empresa conocedora de la actividad de procesamiento de minerales. <\/p>\n
3.8.2. El da\u00f1o se halla demostrado con un an\u00e1lisis en conjunto del material probatorio, que revela una alta concentraci\u00f3n de carbonato de calcio en la hacienda La Palma, transportado por v\u00eda e\u00f3lica, depositado en sus suelos y adherido a las hojas de la siembra, lo que tuvo incidencia en la productividad de las pl\u00e1ntulas de arroz, am\u00e9n de los efectos derivados del cambio de alcalinidad y la desmejora en el proceso de fotos\u00edntesis. <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan, al margen de la discrepancia en los testimonios t\u00e9cnicos, en todos se concluy\u00f3 que las part\u00edculas contaminantes proven\u00edan de las factor\u00edas cementeras y que se esparc\u00edan en los predios cercanos. Incluso los expertos contratados por las demandadas, como Jos\u00e9 Francisco Boshell, quien admiti\u00f3 haber sido llamado \u00abpara participar en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb y asesorar a las demandadas en \u00abtodos los aspectos t\u00e9cnicos involucrados en el caso\u00bb (folio 487 ibidem), y Abd\u00f3n Cort\u00e9s Lombana, contactado por Boshell para fines de asesor\u00eda (cfr. folios 416 a 441 ibidem), aceptaron en sus declaraciones, por lo menos, la intervenci\u00f3n del material particulado expelido por las chimeneas de esa f\u00e1brica en la alcalinizaci\u00f3n de suelos vecinos. <\/p>\n
A igual conclusi\u00f3n llegaron los peritos Humberto P\u00e9rez Salazar y Germ\u00e1n Augusto Galeano (folios 13 a 222 del cuaderno 3), quienes detectaron la presencia de \u00absignos at\u00edpicos, consistentes en costras y dep\u00f3sitos de acumulaci\u00f3n de un material gris\u00e1ceo que aparece a manera de costras finas y gruesas sobre piedras, alambre de p\u00faas, techos de construcciones y saladeros, tal como se pudo determinar durante la diligencia de inspecci\u00f3n judicial\u00bb (folio 89 ib\u00eddem); y que \u00aben el recorrido, cuando se observaban estas costras y acumulaciones, se aplicaba \u00e1cido clorh\u00eddrico al 10% observ\u00e1ndose una reacci\u00f3n de efervescencia\u00bb (folio 90 ibidem), cuya severidad disminu\u00eda a medida que las muestras estaban m\u00e1s distantes de la f\u00e1brica de cementos. <\/p>\n
En concreto sentaron que, en el trabajo de campo efectuado en la hacienda La Palma, <\/p>\n
…en compa\u00f1\u00eda de personal t\u00e9cnico designado por los demandados, se establecieron como signos de contaminaci\u00f3n visible los siguientes: 1) presencia de rocas (piedras) peque\u00f1as o de gran volumen con pel\u00edculas o costras de color gris\u00e1ceo o blancuzco que efervescen cuando reaccionan al aplicarles HCl al 10%. 2) dep\u00f3sitos de polvillo o pel\u00edculas de color gris\u00e1ceo o blancuzco que efervescen cuando reaccionan al aplicarles HCl al 10% en los hilos de alambres de las cercas que dividen los diversos lotes de la hacienda, 3) presencia de material finamente estratificado en las tejas o techos de las edificaciones y de los saladeros presentes en la hacienda que efervescen cuando reaccionan al aplicar HCl al 10%, 4) efervescencia del suelo cuando se aplica HCl al 10%, y 5) s\u00edntomas clor\u00f3ticos (color amarillento) de la vegetaci\u00f3n presente en los diversos predios, as\u00ed como debilitamiento de su vigor (desarrollo) (folio 95 del cuaderno 3). <\/p>\n
Esa contaminaci\u00f3n trajo efectos negativos para la actividad productiva de Arrocera Potrerito, pues redujo la aptitud del suelo para favorecer el crecimiento de semillas, y contrajo la capacidad fotosint\u00e9tica de las plantas, llegando incluso a su clorosis, con consecuencias negativas en la cantidad de producto obtenido, como fue puesto de presente en el estudio realizado por Epam Ltda. (folios 126, 141, 142, y 309 cuaderno principal 1). <\/p>\n
N\u00f3tese que incluso diversos investigadores, adscritos al Instituto Colombiano Agrario (ICA) y a instituciones de educaci\u00f3n superior, encontraron que la muerte de plantas estaba vinculada a una reacci\u00f3n alcalina, propia del cambio del pH o nivel de acidez, emanado del material c\u00e1lcico transportado por el viento (folios 2, 3, 497, 510, 527, 528, del cuaderno 4), an\u00e1lisis que, por la finalidad con que fueron desarrollados, son merecedores de credibilidad. <\/p>\n
3.8.3. El nexo causal est\u00e1 demostrado con las pericias incorporadas y practicadas en el proceso, que permiten inferir razonablemente que las part\u00edculas sueltas de calcita micr\u00edtica de las cementeras se desplazaron a la hacienda La Palma, con las secuelas antes enunciada; as\u00ed se advierte en el dictamen realizado por Humberto P\u00e9rez Salazar y Germ\u00e1n Galeano Arbel\u00e1ez, a partir de un estudio de campo y del an\u00e1lisis qu\u00edmico de los suelos, en el que se concluy\u00f3 que \u00abal no existir una relaci\u00f3n entre la g\u00e9nesis de los suelos y la presencia de calcita micr\u00edtica (carbonatos de calcio) en las rocas, los alambres y los suelos de la hacienda La Palma o Potrerito, existi\u00f3 un agente externo que es la fuente de \u00e9ste\u00bb y, \u00ab[a]l analizar las posibles fuentes externas\u00bb, determin\u00f3 \u00abque esta fue la f\u00e1brica de cementos, ubicada en Buenos Aires, cerca de la hacienda La Palma\u00bb. De otra manera no podr\u00eda explicarse que \u00ab[a] medida que la distancia desde la f\u00e1brica de Cementos Buenos Aires se incrementa con respecto a la ubicaci\u00f3n de los perfiles de los suelos estudiados, el PH del horizonte Ap, disminuye\u00bb (folios 191 y 216 del cuaderno 3). <\/p>\n
Ya en lo relativo a la disminuci\u00f3n de ingresos o afectaci\u00f3n econ\u00f3mica, en las peritaciones de Norma Galeano y Octavio Heredia, y de Myriam Rivas, as\u00ed como el estudio t\u00e9cnico de Epam Ltda.-Varela, se extrae que al hacerse una comparaci\u00f3n de los lotes que componen los predios, los m\u00e1s cercanos a las plantas de cemento tienen un menor rendimiento, en comparaci\u00f3n con los m\u00e1s distantes, lo que repercuti\u00f3 en mayores costos de producci\u00f3n y decrecimiento de la productividad. Advi\u00e9rtase que todos los fundos est\u00e1n ubicados en la misma regi\u00f3n, tienen calidades t\u00e9rmicas y pluviales equivalentes, poseen igual sistema de riego, y son utilizados para la misma actividad agraria. <\/p>\n
En la apelaci\u00f3n se aleg\u00f3 que el origen de la menor rentabilidad del cultivo se origin\u00f3 en las condiciones de mercado y clim\u00e1ticas, como un fen\u00f3meno generalizado en la regi\u00f3n. Tal aserci\u00f3n, hecha de forma gen\u00e9rica, desatiende el contenido de las pruebas en comentario, pues en ellas qued\u00f3 en evidencia que, al margen de los precios de mercado del arroz o de las condiciones clim\u00e1ticas, aquellos lotes expuestos a altas concentraciones de carbonato de calcio requer\u00edan mayores inversiones para el sembrado y el volumen de grano recolectado era inferior, lo que necesariamente perjudicaba sus utilidades normales. <\/p>\n
Por esto, aunque el valor de venta, las modificaciones t\u00e9rmicas o la situaci\u00f3n general del sector tuvieran incidencia en la decisi\u00f3n de cultivar o no, de eso no se sigue que predios con condiciones equivalentes, incluso con el mismo administrador, presenten niveles de fertilidad dis\u00edmiles, cuando la \u00fanica distinci\u00f3n relevante entre ellos consiste en su cercan\u00eda a f\u00e1bricas cementeras, que es precisamente el hecho probado en el proceso. <\/p>\n
Esto se expone con claridad en los anexos 14 y 15 del dictamen de Norma Galeano y Octavio Heredia (folios 869-885 del cuaderno anexos), los que se\u00f1alan que, a mayor contaminaci\u00f3n del terreno, el flujo de caja es m\u00e1s desfavorable, en comparaci\u00f3n con el originado de suelos exentos de esta afectaci\u00f3n. Otro tanto pone de presente la experticia de Myriam Rivas, al revelar que los costos directos por hect\u00e1rea de siembras perturbadas por carbonato de calcio, eran superiores a los de tierras sanas (folio 464 a 474 del cuaderno 5). <\/p>\n
3.9. Probados los elementos de la responsabilidad, surge el deber para las convocadas de reparar el agravio causado, para cuya cuantificaci\u00f3n deber\u00e1n tenerse en cuenta los medios de convicci\u00f3n que reposan en el expediente. <\/p>\n
3.9.1. Reli\u00e9vese que la determinaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n tiene como objetivo que la v\u00edctima sea resarcida en proporci\u00f3n al da\u00f1o recibido, a la luz de criterios de ponderaci\u00f3n y proporcionalidad, para que el perjuicio causado y la reparaci\u00f3n ordenada tengan simetr\u00eda, vale decir, que el afectado sea reintegrado, lo m\u00e1s cerca posible, al estatus anterior al hecho da\u00f1oso. <\/p>\n
Y aunque hubo \u00e9pocas en que la falta de acreditaci\u00f3n del monto del da\u00f1o por la v\u00edctima daba lugar a desestimar la pretensi\u00f3n, la orientaci\u00f3n actual es proteger el derecho al resarcimiento, en lugar de la injusticia que engendra una denegaci\u00f3n (CSJ, SC 28 feb. 2013, rad. n.\u00b0 2002-01011-01). <\/p>\n
As\u00ed, hace m\u00e1s de medio siglo la Corte doctrin\u00f3 que, a\u00fan en casos dif\u00edciles, el juez debe acudir, adem\u00e1s de las pruebas sobre la realidad ontol\u00f3gica del da\u00f1o y su extensi\u00f3n, a criterios suced\u00e1neos como la equidad, en tanto cada vez es \u00abm\u00e1s profunda la penetraci\u00f3n de la equidad en los moldes reputados como los m\u00e1s estrechos y r\u00edgidos de nuestras f\u00f3rmulas jur\u00eddicas\u00bb17; jurisprudencia aplicada en m\u00faltiples fallos18, y despu\u00e9s recogida en el art\u00edculo 16 de la ley 446 de 1998, a saber: \u00abDentro de cualquier proceso que se surta ante la administraci\u00f3n de justicia, la valoraci\u00f3n de da\u00f1os irrogados a las personas y a las cosas, atender\u00e1 los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales\u00bb. <\/p>\n
La Corporaci\u00f3n tiene dicho: <\/p>\n
Habr\u00e1 casos, por supuesto, en los que si bien demostrado el da\u00f1o, el juez encuentra que su cuantificaci\u00f3n, por las circunstancias espec\u00edficas en las que se dio la lesi\u00f3n del bien, no es tarea sencilla, permiti\u00e9ndose ah\u00ed, inclusive, acudir a la equidad para determinar la intensidad del perjuicio (SC7637, 13 jun. 2014, rad. n\u00b0 2007-00103-01). <\/p>\n
Es cierto que, s\u00f3lo en ausencia de probanzas directas, ser\u00e1 posible acudir a la equidad, f\u00f3rmula residual para calcular el monto indemnizable, seg\u00fan lo reconocido por este Colegiado: [T]oda vicisitud probatoria respecto del monto de la indemnizaci\u00f3n no excluye su reconocimiento, cuya valoraci\u00f3n \u201catender\u00e1 los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales\u201d (art\u00edculos 16, Ley 446 de 1998, 230 de la C. P., 32 del C\u00f3digo Civil y 8\u00ba de la Ley 153 de 1887; cas. civ. sentencias del 3 de septiembre de 1991, 5 de noviembre de 1998, 1 de abril de 2003, [S-042-2003], exp. 6499) (CSJ, 9 sep. 2010, rad. n.\u00b0 2005-00103-01). <\/p>\n
Reit\u00e9rese, en virtud de las reglas de la carga y necesidad de la prueba, corresponde al interesado acreditar el valor de la afectaci\u00f3n que sufri\u00f3 con ocasi\u00f3n del hecho culposo. Sin embargo, ante el fracaso en su demostraci\u00f3n, no es dable que el juzgador simplemente se inhiba de condenar al victimario, pues ello socavar\u00eda el principio de reparaci\u00f3n integral y llevar\u00eda a una re-victimizaci\u00f3n. En este caso, como \u00faltima posibilidad, deber\u00e1 acudirse a la equidad e imponer una condena razonable, atendiendo a las circunstancias del caso. <\/p>\n
3.9.2. En ese prop\u00f3sito cumple anotar que, trat\u00e1ndose de controversias en que intervienen comerciantes, tiene especial car\u00e1cter persuasivo la contabilidad, en particular, sus libros y soportes contables, pues facilitan la determinaci\u00f3n de los efectos patrimoniales del hecho il\u00edcito, por medio de la comparaci\u00f3n de ingresos, egresos, utilidades o p\u00e9rdidas de diferentes ejercicios contables. <\/p>\n
Sin embargo, como fue explicado al analizar los cargos en casaci\u00f3n, esa prueba no puede estimarse como \u00fanica o excluyente de otras, pues resulta posible acudir a cualquier medio suasorio, siempre que brinde la certeza requerida para determinar el quantum de la afectaci\u00f3n. Con todo, cuando los libros financieros se encuentran debidamente inscritos y dan cuenta de la realidad econ\u00f3mica del ente productivo, pueden tener m\u00e9rito demostrativo en favor de la parte que los aduce, pues en caso contrario s\u00f3lo servir\u00e1n en contra de la misma (Cfr. CSJ, SC, 9 nov. 2009, rad. n\u00b0 1999-01621-01; 22 jun. 2011, rad. n\u00b0 2000-00155-01). Tambi\u00e9n deben estar exentos de errores sustanciales, esto es, de desaciertos que revelen una falta evidente de correspondencia entre la realidad econ\u00f3mica de la operaci\u00f3n y los registros contables; de all\u00ed que, los yerros formales u omisiones banales no pueden conducir a su rechazo in limine, sino en cuanto realmente falseen la informaci\u00f3n all\u00ed contenida. <\/p>\n
Hace d\u00e9cadas hab\u00eda dicho Bolaffio que el magistrado no puede desconocer que los libros se llevan de forma regular, \u00abs\u00f3lo porque las formalidades confiadas a la habilidad y a la diligencia del comerciante no han sido rigurosamente observadas. Aun cuando existan algunos espacios en blanco, interlineados, anotaciones globales, notas marginales, raspaduras, etc. en alg\u00fan asiento, no llegar\u00e1 apresuradamente a la conclusi\u00f3n de que, por tanto, el diario o el inventario no est\u00e1n llevados regularmente\u00bb19. <\/p>\n
3.9.3. Descendiendo al caso concreto, las demandantes buscaron probar el valor de la menor productividad, los mayores costos de producci\u00f3n y la tierra cesante para el cultivo de arroz, mediante diversas pruebas, las cuales sirvieron de apoyo al peritaje que de oficio fue decretado por el Tribunal, como se analizar\u00e1 en los p\u00e1rrafos subsiguientes. <\/p>\n
(I) Con la demanda se alleg\u00f3 el trabajo de la firma Epam Ltda., realizado por Mauro Varela y Rito Alfonso P\u00e9rez, denominado \u00abValoraci\u00f3n econ\u00f3mica de los da\u00f1os causados por la f\u00e1brica de cementos Diamante, Buenos Aires y Caracolito, en los terrenos de la hacienda \u2018la Palma\u2019\u00bb, quienes tasaron los perjuicios en $30.368’286.371. Escrito controvertido por las demandadas, apoyadas en los trabajos de la firma Invercor y de Francisco Boshell, los cuales fueron aportados con la contestaci\u00f3n. <\/p>\n
Advierte la Sala que el primer documento no ser\u00e1 tomado para fijar el quantum indemnizatorio, ya que los expertos utilizaron una tasa de colocaci\u00f3n de 40,92%, propia de actividades financieras, sin detenerse a analizar que la presente controversia es de naturaleza civil, calidad que impide, en l\u00ednea de principio, tasar la expectativa de remuneraci\u00f3n a partir de f\u00f3rmulas comerciales. <\/p>\n
Adicionalmente, el trabajo se elabor\u00f3 a partir de la cantidad de grano recogido en el sitio de cosecha, sin considerar que no todo era objeto de enajenaci\u00f3n, por cuanto algunos bultos eran destinados a semilla y otros se utilizaban para compensar la p\u00e9rdida de peso en el proceso de transporte, como fue advertido por la experta Myriam Rivas en su estudio t\u00e9cnico (folios 455 y 456 del cuaderno 5). <\/p>\n
Por \u00faltimo, para estimar la baja productividad, acudieron a variables como precios unitarios de mercado y los efectos de la apertura econ\u00f3mica para ciertos sectores empresariales, las cuales no fueron debidamente acreditadas en el proceso y, por ende, impiden tener certeza sobre el resultado que tendr\u00edan sobre el saldo final. <\/p>\n
(II) El juez de primer grado orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de una peritaci\u00f3n, que a la postre acogi\u00f3, realizada por Norma Constanza Galeano y Octavio Heredia, quienes calcularon el monto del perjuicio en $19.849’467.821. <\/p>\n
Este an\u00e1lisis tampoco podr\u00e1 tomarse para establecer el monto indemnizable, ya que los expertos incluyeron variables correspondientes a cultivos diferentes al arroz, sin considerar que en la demanda se reclamaron \u00fanicamente las p\u00e9rdidas ocasionadas a este \u00faltimo. As\u00ed se infiere del estudio t\u00e9cnico que fue arrimado con el l\u00edbelo introductorio, el cual se circunscribi\u00f3 al estudio del comportamiento al arroz. En adici\u00f3n, los fundamentos f\u00e1cticos de la demanda (cfr. hechos 1, 11, 13, 14, 15, 16, 18 y 22) se restringieron al referido sembrad\u00edo, sin mencionar otros granos. <\/p>\n
Y es que los peritos, para establecer el da\u00f1o, compararon los ingresos y egresos de los lotes destinados al cultivo, no s\u00f3lo de arroz, sino tambi\u00e9n de algod\u00f3n, sorgo, soya y otros (folios 869-883 del cuaderno anexo al dictamen pericial), excediendo as\u00ed el objeto de la controversia. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se observa que para determinar el flujo de caja de los predios se incluyeron los costos directos e indirectos de la actividad de labranza (anexo 13), tales como gastos de administraci\u00f3n, financieros y de riego, cuya causaci\u00f3n no se encuentra acreditada y que conduce a resultados negativos en todos los casos (anexo 14), incluso para lotes sanos o sembrad\u00edos de referencia, sin que haya una explicaci\u00f3n razonable para que un empresario siga realizando una actividad sin retorno alguno despu\u00e9s de 15 a\u00f1os. <\/p>\n
Por \u00faltimo, esos peritos erraron al actualizar la condena con tasas de inter\u00e9s comercial, pues olvidaron que la correcci\u00f3n con el IPC es el instrumento id\u00f3neo para estos fines. <\/p>\n
Estas razones impiden que se acoja ese trabajo pericial, sin que ello signifique que prospere la objeci\u00f3n que por error grave hiciera la parte demandada (folios 333 a 357 del cuaderno 2, tomo 1), pues su eje se bas\u00f3 en tildar las conclusiones erradas a partir de la irregularidad de la contabilidad, punto que qued\u00f3 zanjado al desatarse el remedio extraordinario. <\/p>\n
(III) El Tribunal, de oficio, decret\u00f3 nueva experticia contable que se encarg\u00f3 a la contadora Myriam Rivas, quien tom\u00f3 como referencia los lotes de la hacienda \u00abLa Palma\u00bb que, al decir del dictamen t\u00e9cnico de los ingenieros P\u00e9rez y Galeano, estaban contaminados, y contrapuso sus resultados econ\u00f3micos con los obtenidos por los lotes exentos de la afectaci\u00f3n, de lo cual obtuvo una diferencia entre las utilidades y los gastos directos en la producci\u00f3n de arroz. <\/p>\n
a) Los ingresos y egresos fueron establecidos a partir de los soportes contables de las demandantes, por considerar que se ajustaban a las reglas de esta profesi\u00f3n, en tanto encontr\u00f3 armon\u00eda entre su contenido y los registros que de ellos se hicieron en los estados financieros (folio 453 del cuaderno 5). <\/p>\n
Tal proceder es adecuado y merece valor persuasivo, pues la experta centr\u00f3 su an\u00e1lisis en los labrant\u00edos objeto de reclamaci\u00f3n y, de forma comparativa, revis\u00f3 las consecuencias del aprovechamiento \u00fatil de terrenos con altas concentraciones de carbonato de calcio, sin acudir a variables diferentes al flujo de efectivo derivado de su explotaci\u00f3n. <\/p>\n
El resultado fue indexado con base en el IPC, de acuerdo con la f\u00f3rmula reconocida por la jurisprudencia, lo que permite compensar la p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero. <\/p>\n
Como resultado de su trabajo, se\u00f1al\u00f3 la experta que \u00abla valoraci\u00f3n de la p\u00e9rdida neta por menores ingresos percibidos y mayores costos directos incurridos durante el periodo 1981 a 1998, generado en la explotaci\u00f3n del arroz de lotes \u2018contaminados\u2019 a julio de 2006 y reconociendo un inter\u00e9s civil del 6% asciende a la suma de $5.834.989.122\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, el guarismo antes alcanzado deber\u00e1 ajustarse en un doble sentido. Primero, para excluir el porcentaje correspondiente al inter\u00e9s legal, por no haber sido objeto de pedimento y, aunque lo hubiera sido, porque su reconocimiento s\u00f3lo procede en materia de obligaciones dinerarias, lo que \u00fanicamente se alcanzar\u00e1 con la sentencia de condena20. Segundo, para actualizarla hasta la fecha de su pago efectivo, con base en los \u00edndices de precios al consumidor divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica (Dane). <\/p>\n
La parte convocada arguy\u00f3, al desestimar este pedimento, que la determinaci\u00f3n de sembrar el cereal estuvo en cabeza de las actoras, quienes pudieron basarse en variables macroecon\u00f3micas externas a la causa. Al respecto, recu\u00e9rdese que tal decisi\u00f3n, por sentido com\u00fan, estuvo mediada por la contaminaci\u00f3n con carbonato de calcio que degrad\u00f3 los suelos y caus\u00f3 menor productividad vegetal. Luego, no se trat\u00f3 de un terreno que, motu proprio o por simple desidia, dejara de cultivarse con este grano; sino que sus nuevas condiciones f\u00edsico-qu\u00edmicas impulsaban esta resoluci\u00f3n, pues los intentos de explotaci\u00f3n arrojaron resultados adversos, en comparaci\u00f3n con la productividad de \u00e1reas ausentes de corrupci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que no pod\u00eda exigirse, para la indemnizaci\u00f3n, que las promotoras tuvieran que continuar con las siembras de arroz en todo el interregno reclamado, lo que habr\u00eda significado p\u00e9rdidas superiores y la agravaci\u00f3n de su situaci\u00f3n. Antes bien, oportuno fue que ellas desplazaran su actividad hacia otras labores agr\u00edcolas o que simplemente se abstuvieran de labrar la tierra, buscando morigerar las consecuencias de las altas concentraciones de carbonato de calcio. <\/p>\n
Una persona razonable, en eventos similares, habr\u00eda evitado seguir con la acumulaci\u00f3n de p\u00e9rdidas derivadas de la siembra de arroz, con diversificaci\u00f3n de sus especies, como en efecto procedieron las actoras, sin que por esto hayan perdido el derecho a ser restablecidas al estado en que se encontrar\u00edan, de haber podido sembrar un producto con mejores retornos de la inversi\u00f3n. <\/p>\n
Empero de lo comentado, un an\u00e1lisis minucioso de la pericia, en concordancia con las dem\u00e1s, pone en evidencia que la experta omiti\u00f3, con respecto a los terrenos ociosos y los cultivados con productos distintos al arroz, correlacionar los terrenos disponibles para la siembra y los lotes no contaminados, pues el c\u00e1lculo se hizo teniendo en cuenta \u00fanicamente la \u00faltima de las variables. <\/p>\n
Y es que la perito se centr\u00f3 en las hect\u00e1reas no sembradas, sin considerar que en La Hacienda la Palma exist\u00edan tierras con nula contaminaci\u00f3n, que pudieron cultivarse con arroz, sin exponerse a los efectos indeseables del carbonato de calcio en los suelos y plantas. <\/p>\n
Seg\u00fan el estudio de Epam Ltda. y el peritaje de Norma Galeano y Octavio Heredia, del total de hect\u00e1reas que componen la hacienda (870,70), s\u00f3lo eran cultivables 454, atendiendo la infraestructura interna y el sistema de canales de riego. De este total, 220 pod\u00edan sembrarse sin menoscabos, pues \u00abel comportamiento agron\u00f3mico del cultivo de arroz\u2026 no [mostr\u00f3] se\u00f1ales de deterioro\u00bb (folios 312 y 313 del cuaderno principal, tomo 1), por corresponder a tierras con ninguna o poca afectaci\u00f3n. <\/p>\n
Significa que lo m\u00e1ximo que pod\u00eda reconocerse como terreno ocioso era la diferencia entre las 360 (capacidad m\u00e1xima para el cultivo de arroz) y 220 hect\u00e1reas (terreno con nula o baja contaminaci\u00f3n), pues se esperaba que se aprovecharan adecuadamente estas \u00faltimas, en aplicaci\u00f3n del principio de mitigaci\u00f3n del da\u00f1o propio. En otras palabras, el m\u00e1ximo que pod\u00eda reconocerse como lucro cesante, era el equivalente a 140 hect\u00e1reas, sin que pudiera superarse este techo. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el citado principio, como ense\u00f1a la jurisprudencia, impone al lesionado tomar medidas razonables y proporcionadas a su alcance, que reduzcan las p\u00e9rdidas, o impidan su agravaci\u00f3n, ya que no hacerlo puede acarrearle la reducci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n que reclama. En palabras literales de la Sala: <\/p>\n
Respecto al deber de mitigaci\u00f3n\u2026 de rigor resulta recordar lo que sobre \u00e9l ha se\u00f1alado la doctrina de esta Corte: <\/p>\n
Por \u00faltimo, cabe se\u00f1alar que en el campo de la responsabilidad civil -contractual y extracontractual- la doctrina contempor\u00e1nea destaca la importancia, cada vez mayor, que adquiere el que la v\u00edctima con su conducta procure mitigar o reducir el da\u00f1o que enfrenta o que se encuentra padeciendo. Ejemplo diciente de lo anterior, en relaci\u00f3n con el contrato de seguro, es la previsi\u00f3n del art\u00edculo 1074 del C\u00f3digo de Comercio colombiano que impone al asegurado, una vez ocurrido el siniestro, la obligaci\u00f3n de \u201cevitar su extensi\u00f3n y propagaci\u00f3n, y a proveer al salvamento de las cosas aseguradas\u201d o la disposici\u00f3n que al respecto est\u00e1 consagrada en la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercader\u00edas, art\u00edculo 77, incorporada, como bien se sabe, al ordenamiento nacional a trav\u00e9s de la Ley 518 de 1999. <\/p>\n
El se\u00f1alado comportamiento, que muchos tratadistas elevan a la categor\u00eda de deber de conducta al paso que otros lo identifican con una carga, encuentra su raz\u00f3n de ser en el principio de buena fe, hoy de raigambre constitucional (art. 83, C.P.), el cual, sin duda, orienta, en general, todas las actividades de las personas que conviven en sociedad, particularmente aquellas que trascienden al mundo de lo jur\u00eddico, imponiendo a las personas que act\u00faan -sentido positivo- o que se abstienen de hacerlo -sentido negativo- par\u00e1metros que denotan honradez, probidad, lealtad y transparencia o, en el campo negocial, que la actitud que asuman, satisfaga la confianza depositada por cada contratante en el otro, de modo que ella no resulte defraudada (arts. 1603 del C.C. y 871 del C. de Co.)\u2026 <\/p>\n
En tal orden de ideas, resulta palmario que ante la ocurrencia de un da\u00f1o, quien lo padece, en acatamiento de las premisas que se dejan rese\u00f1adas, debe procurar, de serle posible, esto es, sin colocarse en una situaci\u00f3n que implique para s\u00ed nuevos riesgos o afectaciones, o sacrificios desproporcionados, desplegar las conductas que, siendo razonables, tiendan a que la intensidad del da\u00f1o no se incremente o, incluso, a minimizar sus efectos perjudiciales, pues s\u00f3lo de esta manera su comportamiento podr\u00eda entenderse realizado de buena fe y le dar\u00eda legitimaci\u00f3n para reclamar la totalidad de la reparaci\u00f3n del da\u00f1o que haya padecido. (CSJ SC de 16 dic. 2010, rad. 1989-00042) (SC2905, 29 jul. 2021, rad. n.\u00b0 2015-00230-01). <\/p>\n
En el caso lo sensato era que, detectada la baja productividad de algunos suelos, la demandante utilizara aquellos que ten\u00edan un comportamiento promedio, mientras que hac\u00edan los estudios o experimentos que condujeran a un aprovechamiento \u00f3ptimo de las heredades con mayor afectaci\u00f3n. Por ende, s\u00f3lo la diferencia entre los lotes sanos y el m\u00e1ximo aprovechable, era susceptible de ser reparado. <\/p>\n
Luego, a pesar de la correcci\u00f3n contable y matem\u00e1tica de la peritaci\u00f3n, se pretermiti\u00f3 el anterior elemento material con incidencia en la determinaci\u00f3n de las tierras \u00abociosas\u00bb, por lo que deber\u00e1 ajustarse en el siguiente sentido: <\/p>\n
<\/p>\n
A\u00f1o <\/p>\n
Ha sembradas con arroz21 <\/p>\n
Ha no cultivadas con arroz22 <\/p>\n
Tope de ha reparables <\/p>\n
Ha ociosas <\/p>\n
172 <\/p>\n
117 <\/p>\n
140 <\/p>\n
117 <\/p>\n
1982 <\/p>\n
226 <\/p>\n
83 <\/p>\n
140 <\/p>\n
83 <\/p>\n
1983 <\/p>\n
167 <\/p>\n
120 <\/p>\n
140 <\/p>\n
120 <\/p>\n
1984 <\/p>\n
185 <\/p>\n
109 <\/p>\n
140 <\/p>\n
109 <\/p>\n
1985 <\/p>\n
163 <\/p>\n
122 <\/p>\n
140 <\/p>\n
122 <\/p>\n
1986 <\/p>\n
164 <\/p>\n
122 <\/p>\n
122 <\/p>\n
1987 <\/p>\n
157 <\/p>\n
126 <\/p>\n
140 <\/p>\n
126 <\/p>\n
1988 <\/p>\n
157 <\/p>\n
126 <\/p>\n
140 <\/p>\n
126 <\/p>\n
1989 <\/p>\n
164 <\/p>\n
122 <\/p>\n
140 <\/p>\n
122 <\/p>\n
1990 <\/p>\n
246 <\/p>\n
71 <\/p>\n
140 <\/p>\n
71 <\/p>\n
1991 <\/p>\n
152 <\/p>\n
129 <\/p>\n
140 <\/p>\n
129 <\/p>\n
1992 <\/p>\n
190 <\/p>\n
106 <\/p>\n
140 <\/p>\n
106 <\/p>\n
1993 <\/p>\n
94 <\/p>\n
165 <\/p>\n
140 <\/p>\n
140 <\/p>\n
1994 <\/p>\n
74 <\/p>\n
177 <\/p>\n
140 <\/p>\n
140 <\/p>\n
1995 <\/p>\n
172 <\/p>\n
117 <\/p>\n
140 <\/p>\n
117 <\/p>\n
1996 <\/p>\n
211 <\/p>\n
83 <\/p>\n
83 <\/p>\n
1997 <\/p>\n
184 <\/p>\n
109 <\/p>\n
140 <\/p>\n
109 <\/p>\n
1998 <\/p>\n
143 <\/p>\n
135 <\/p>\n
140 <\/p>\n
135 <\/p>\n
Los c\u00e1lculos se har\u00e1n de forma anualizada, por cuanto las utilidades se computaron con esta misma periodicidad, sin que ello afecte los resultados, por la periodicidad de estos cultivos. <\/p>\n
Por lo expuesto se acceder\u00e1 a las s\u00faplicas de acuerdo con la cuantificaci\u00f3n de la pericia de marras, pero al imponerse la condena se recalcular\u00e1 el quantum, descontando las ganancias obtenidas por la explotaci\u00f3n de otros cultivos, en tanto estos ingresos mitigaron el da\u00f1o experimentado. Se excluir\u00e1n del an\u00e1lisis las p\u00e9rdidas causadas en otros sembrados, por ser un aspecto ajeno a la controversia; as\u00ed como los intereses civiles, por los motivos expuestos en la anterior condena; y se tendr\u00e1 en cuenta como l\u00edmite m\u00e1ximo el de 140 hect\u00e1reas de tierras ociosas. Se corregir\u00e1 el valor de la indemnizaci\u00f3n, de acuerdo con el \u00edndice de precios al consumidor. <\/p>\n
3.10. Decantada la procedencia de la reclamaci\u00f3n deprecada y su cuantificaci\u00f3n, es necesario adentrarse en las excepciones propuestas por las convocadas, con el fin de determinar si tienen la aptitud de impedir la condena que se vislumbra, para lo cual son necesarios los subsiguientes razonamientos: <\/p>\n
(I) Los argumentos relativos a la errada estimaci\u00f3n de los da\u00f1os fueron analizados en precedencia, al establecer el monto de la reclamaci\u00f3n, a los cuales se remite por concreci\u00f3n. <\/p>\n
(II) Sobre la inexistencia de solidaridad entre las demandadas, es de resaltar que la misma est\u00e1 demostrada por su coparticipaci\u00f3n causal en la producci\u00f3n del da\u00f1o cuya indemnizaci\u00f3n se pretendi\u00f3. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan el dictamen pericial presentado por los se\u00f1ores Galeano y P\u00e9rez, los penachos con emisi\u00f3n de material particulado emanaron, tanto de la chimenea de la f\u00e1brica Caracolito (perteneciente a Cementos Diamante de Ibagu\u00e9 S.A.)23, como de Buenos Aires (de propiedad de Cementos Diamante del Tolima)24, afectando al un\u00edsono a la hacienda La Palma, sin que existan datos conclusivos que permitan establecer el nivel de participaci\u00f3n de cada una de las cementeras en la contaminaci\u00f3n resultante. <\/p>\n
Sobre el particular, es cierto que lo normal es que la imputaci\u00f3n por responsabilidad se efect\u00fae de forma individual, esto es, debe dirigirse sobre la persona causante del da\u00f1o y de acuerdo con el nivel de participaci\u00f3n. Sin embargo, cuando varios sujetos concurren a la producci\u00f3n del perjuicio, en la \u00f3rbita de la responsabilidad extracontractual, todas ellas podr\u00e1n ser condenadas al resarcimiento de forma solidaria, seg\u00fan lo previene el art\u00edculo 2344 del C\u00f3digo Civil. Punto sobre el cual, de anta\u00f1o, tiene dicho esta Corte: <\/p>\n
[C]uando en la producci\u00f3n del da\u00f1o han actuado varias personas, generalmente todas ellas son solidariamente responsables y, por tal virtud, la v\u00edctima o acreedor, a su arbitrio, puede demandar a cualquiera de ellas por el total de perjuicios. Sobre el particular tiene sentado la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n que \u2018la posible culpa concurrente del tercero, o quien por serlo no se le puede juzgar aqu\u00ed, no exonera de responsabilidad del da\u00f1o; apenas lo har\u00eda solidariamente responsable del mismo\u2026 Siendo pues solidaria la responsabilidad, la parte demandante pod\u00eda demandar el resarcimiento del da\u00f1o contra todos los responsables o contra cualquiera de ellos\u2019\u2026 (SC, 2 nov. 1982, GJ MMCDVI, p. 267-268). <\/p>\n
Tra\u00eddas las anteriores consideraciones al caso se tiene que, ante la duda persistente sobre los porcentajes de participaci\u00f3n de las plantas cementeras en la contaminaci\u00f3n del predio colindante, deber\u00e1 condenarse de forma solidaria a ambas sociedades, por fuerza tanto de la solidaridad a que se refiere el art\u00edculo 2344 del C\u00f3digo Civil, como por la atribuci\u00f3n in solidum a todos los agentes no individualizados. <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan, por estar en presencia de una responsabilidad extracontractual originada en el ejercicio de una actividad peligrosa, consistente en la manipulaci\u00f3n de hornos con potencialidad de emanar residuos contaminantes, de all\u00ed que entre las demandadas se genere un v\u00ednculo solidario para indemnizar a las afectadas, siendo \u00fanicamente admisible que se exoneren con la prueba de una causa extra\u00f1a, aspecto que se echa de menos en el proceso. <\/p>\n
De otra parte, frente a situaciones que guardan similitud con el presente expediente, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 2344 del C\u00f3digo Civil, parece pertinente reiterar que la responsabilidad solidaria ocurre, \u00abas\u00ed se trate de hechos instant\u00e1neos o de extensa duraci\u00f3n. Lo que interesa para los efectos de la solidaridad no es el proceso mismo causante del da\u00f1o, sino su resultado\u00bb (SC, 30 ab. 1976, G.J. CLII, p\u00e1g. 123), como acontece con conductas que se cometen de forma prolongada pero que tienen un resultado com\u00fan, porque uno s\u00f3lo es el v\u00ednculo entre los agentes y la v\u00edctima; as\u00ed no es admisible \u00abla tesis de que el citado art\u00edculo 2344 s\u00f3lo es aplicable a quienes simult\u00e1neamente cometen hecho il\u00edcito determinado, de modo que si su intervenci\u00f3n en \u00e9ste es sucesiva e independiente, sea preciso dividir la indemnizaci\u00f3n proporcionalmente, a efectos de que la v\u00edctima la cobre por partes. Esto es, precisamente, lo que la disposici\u00f3n en comento se propone evitar\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
De all\u00ed que, con independencia de la fecha en que entraran a operar las f\u00e1bricas, o la mayor aportaci\u00f3n de material contaminante por parte de una de ellas, todas las demandadas deber\u00e1n asistir en el pago de la indemnizaci\u00f3n, raz\u00f3n para denegar esta excepci\u00f3n. <\/p>\n
(III) En punto a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n resarcitoria ha de recordarse que las convocadas cuestionan que, si bien se solicitaron los perjuicios por los \u00faltimos veinte a\u00f1os, se aleg\u00f3 que la contaminaci\u00f3n data desde 1960, por lo que para el a\u00f1o de 1979 ya se hab\u00eda afectado la calidad de los suelos, que hac\u00eda imposible su comparaci\u00f3n con predios en buenas condiciones. Por consiguiente, cuando Arrocera Potrerito incurri\u00f3 en mayores costos de producci\u00f3n u obtuvo menores ingresos, la causa es anterior. <\/p>\n
Al respecto, es menester considerar que este litigio tuvo como eje la configuraci\u00f3n de un da\u00f1o continuado, por la explotaci\u00f3n cementera que durante d\u00e9cadas permiti\u00f3 la emisi\u00f3n de material particulado en terrenos adyacentes y que condujo a un cambio de sus condiciones qu\u00edmicas. El menoscabo no puede ubicarse en un momento \u00fanico, porque se extendi\u00f3 mientras subsisti\u00f3 la conducta il\u00edcita, interregno en el cual era dable acudir al aparato judicial para obtener el resarcimiento de perjuicios, e incluso despu\u00e9s de que cesara, siempre que no prescribiera la acci\u00f3n respecto de prestaciones concretas afectadas por el paso del tiempo. En otras palabras, la demanda pod\u00eda formularse desde el primero de los hechos il\u00edcitos, o en cualquier momento mientras no cesara la contravenci\u00f3n, sin perjuicio de que la reparaci\u00f3n se limitara en el tiempo para las prestaciones econ\u00f3micas espec\u00edficas por la prescripci\u00f3n alegada. <\/p>\n
Aqu\u00ed, examinado que el da\u00f1o fue configur\u00e1ndose d\u00eda tras d\u00eda, si en gracia de discusi\u00f3n se admitiera que hay duda respecto a la intensidad de ese detrimento durante cada momento de la pertinaz ilicitud, ser\u00eda exorbitante estimar que la v\u00edctima deba cargar con los efectos fatales de una eventual prescripci\u00f3n integral de la acci\u00f3n de reclamo, pues tesis semejante ser\u00eda injustificada rodela para que el sujeto vulnerador de los derechos pueda perpetuar impunemente su conducta opuesta al orden jur\u00eddico, esto es, que pueda aprovecharse de su propio dolo o culpa de manera indeterminada, conclusi\u00f3n carente de sost\u00e9n en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En esa perspectiva, la prescripci\u00f3n s\u00f3lo podr\u00eda permitirse en las prestaciones econ\u00f3micas concretas faltas de reclamaci\u00f3n en tiempo, cosa que en el evento de litis est\u00e1 fuera de lugar desde la ra\u00edz (in radice), de atender que la demanda, ya se apunt\u00f3, fue paladina en cuanto a que reclamaba indemnizaciones por los \u00faltimos veinte a\u00f1os, que era el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n extraordinaria a esa saz\u00f3n, antes de las modificaciones temporales de la ley 791 de 2002. As\u00ed, la indeterminaci\u00f3n en torno a los eventuales efectos del da\u00f1o pasado al suelo, anterior a 1979, sobre el posterior, s\u00f3lo podr\u00eda afectar la reparaci\u00f3n de ese periodo indemnizable pret\u00e9rito, m\u00e1s no la correspondiente al lapso ulterior. <\/p>\n
Se sigue de lo anterior que la defensa en comento est\u00e1 llamada a fracasar. <\/p>\n
(IV) Respecto a la inviabilidad de imponer una condena \u00fanica en favor de una de las demandantes y sin consideraci\u00f3n del inter\u00e9s individual que le asiste a las dem\u00e1s, en una especie de comunidad que no est\u00e1 demostrada y que implica ausencia de consonancia con las pretensiones, procede rememorar que, como se explic\u00f3 al resolver el remedio casacional, en el proceso se demostr\u00f3 que, entre las convocantes, se celebr\u00f3 un contrato cuyo objeto fue permitir a Arrocera Potrerito que realizara las actividades de explotaci\u00f3n de la hacienda La Palma, con lo cual se teji\u00f3 entre ellas una suerte com\u00fan, fruto de su propia manifestaci\u00f3n de voluntad. <\/p>\n
De ese modo, reluce que la condena debe imponerse como unidad, aunque a favor de todas las demandantes. Y es que, de cara a la existencia de un contrato de colaboraci\u00f3n entre empresarios, resulta natural que el socio que se da a conocer al p\u00fablico realice todas las reclamaciones connaturales a la actividad productiva, al margen de que con posterioridad deba realizar su distribuci\u00f3n con los dem\u00e1s asociados. <\/p>\n
Sin embargo, esto no implica que la responsabilidad no sea reconocida a favor de todas las promotoras, siendo de su resorte la distribuci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n una vez recibida. <\/p>\n
(V) En cuanto se refiere a la falta de causalidad y prueba del da\u00f1o, argumentos esgrimidos por las apelantes en su escrito de sustentaci\u00f3n, como ya fueron analizados y decididos al establecer los elementos de la responsabilidad, se remite a dichas consideraciones. <\/p>\n
(VI) Sobre la objeci\u00f3n por error grave del peritaje realizado por Jairo Luis Romero y Gloria Penagos, en el proceso de la acci\u00f3n popular, la Corte mantendr\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia, en atenci\u00f3n a que ese medio no sirvi\u00f3 de apoyo probatorio para arribar al quiebre del fallo, ni a esta sentencia sustitutiva. <\/p>\n
3.11. Para la liquidaci\u00f3n de los perjuicios, como ya se anticip\u00f3, se tendr\u00e1 en cuenta la experticia de Myriam Rivas, haciendo los ajustes explicados. <\/p>\n
3.11.1. La profesional cuantific\u00f3 la mengua en la rentabilidad de la siguiente manera: <\/p>\n
<\/p>\n
A\u00f1o <\/p>\n
Mayor valor de la producci\u00f3n y menor retorno de utilidad25 <\/p>\n
1981 <\/p>\n
$1.537.817 <\/p>\n
1982 <\/p>\n
$7.908.928 <\/p>\n
1983 <\/p>\n
$6.189.488 <\/p>\n
1984 <\/p>\n
$6.497.108 <\/p>\n
1985 <\/p>\n
$4.134.539 <\/p>\n
$3.687.943 <\/p>\n
1987 <\/p>\n
$830.078 <\/p>\n
1988 <\/p>\n
$41.106.742 <\/p>\n
1989 <\/p>\n
$10.983.882 <\/p>\n
1990 <\/p>\n
$39.070.705 <\/p>\n
1991 <\/p>\n
$0 <\/p>\n
1992 <\/p>\n
$26.699.609 <\/p>\n
1993 <\/p>\n
$70.066.624 <\/p>\n
1994 <\/p>\n
$12.636.339 <\/p>\n
1995 <\/p>\n
$59.238.223 <\/p>\n
1996 <\/p>\n
$1.427.456 <\/p>\n
1997 <\/p>\n
$82.650.004 <\/p>\n
1998 <\/p>\n
$47.059.328 <\/p>\n
Valor hist\u00f3rico Total <\/p>\n
$421.724.813 <\/p>\n
3.11.2. El valor por no aprovechamiento del terreno, conforme a lo dilucidado, se recalcular\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
A\u00f1o <\/p>\n
Hect\u00e1reas ociosas <\/p>\n
Utilidad por hect\u00e1rea26 <\/p>\n
Descuento por rendimientos de otros cultivos <\/p>\n
Utilidades dejadas de percibir <\/p>\n
1981 <\/p>\n
117 <\/p>\n
$ 69.069 <\/p>\n
$ 0 <\/p>\n
$ 8.081.073 <\/p>\n
1982 <\/p>\n
83 <\/p>\n
$ 80.393 <\/p>\n
$1.159.740 <\/p>\n
$ 5.512.879 <\/p>\n
1983 <\/p>\n
120 <\/p>\n
$ 114.937 <\/p>\n
$ 0 <\/p>\n
$ 13.792.440 <\/p>\n
1984 <\/p>\n
109 <\/p>\n
$ 142.614 <\/p>\n
$ 156.841 <\/p>\n
$ 15.388.085 <\/p>\n
1985 <\/p>\n
122 <\/p>\n
$ 146.558 <\/p>\n
$ 4.121.817 <\/p>\n
$ 13.758.259 <\/p>\n
1986 <\/p>\n
122 <\/p>\n
$ 118.062 <\/p>\n
$ 3.950.058 <\/p>\n
$ 10.453.506 <\/p>\n
1987 <\/p>\n
126 <\/p>\n
$ 150.080 <\/p>\n
$ 3.339.300 <\/p>\n
$ 15.570.780 <\/p>\n
1988 <\/p>\n
126 <\/p>\n
$ 683.095 <\/p>\n
$ 0 <\/p>\n
$ 86.069.970 <\/p>\n
1989 <\/p>\n
122 <\/p>\n
$ 0 <\/p>\n
$ 58.561.708 <\/p>\n
1990 <\/p>\n
71 <\/p>\n
$ 458.111 <\/p>\n
$ 0 <\/p>\n
$ 32.525.881 <\/p>\n
1991 <\/p>\n
129 <\/p>\n
$ 0 <\/p>\n
$ 0 <\/p>\n
$ 0 <\/p>\n
1992 <\/p>\n
106 <\/p>\n
$ 621.895 <\/p>\n
$ 1.683.534 <\/p>\n
$ 64.237.336 <\/p>\n
1993 <\/p>\n
140 <\/p>\n
$ 902.984 <\/p>\n
$ 39.208.205 <\/p>\n
$ 87.209.555 <\/p>\n
1994 <\/p>\n
140 <\/p>\n
$ 1.542.890 <\/p>\n
$ 0 <\/p>\n
$ 216.004.600 <\/p>\n
1995 <\/p>\n
117 <\/p>\n
$ 1.278.122 <\/p>\n
$ 0 <\/p>\n
$ 149.540.274 <\/p>\n
1996 <\/p>\n
83 <\/p>\n
$ 1.242.788 <\/p>\n
$ 0 <\/p>\n
$ 103.151.404 <\/p>\n
1997 <\/p>\n
109 <\/p>\n
$ 1.911.341 <\/p>\n
$ 0 <\/p>\n
$ 208.336.169 <\/p>\n
1998 <\/p>\n
135 <\/p>\n
$ 1.844.956 <\/p>\n
$ 0 <\/p>\n
$ 249.069.060 <\/p>\n
Valor hist\u00f3rico total <\/p>\n
$ 1.337.262.979 <\/p>\n
3.11.3. Estos montos se actualizar\u00e1n, desde la fecha en que se causaron los da\u00f1os y hasta el 28 de febrero de 2022, \u00faltimo mes disponible para el c\u00e1lculo, de acuerdo con los \u00edndices publicados en las series de empalme por el Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica (DANE), siguiendo los precedentes jurisprudenciales vigentes (cfr. CSJ, SC, 18 mar. 2003, exp. 6892; 19 oct. 2011, rad. n\u00b0 2001-00847-01). La f\u00f3rmula que se emplear\u00e1 se transcribe: <\/p>\n
VP = <\/p>\n
Donde, <\/p>\n
VP = valor presente <\/p>\n
VH = valor hist\u00f3rico <\/p>\n
Se descarta la aplicaci\u00f3n del inter\u00e9s bancario corriente como f\u00f3rmula de actualizaci\u00f3n, por las razones ya anotadas en cuanto al linaje de la controversia. <\/p>\n
Aplicado el procedimiento antes se\u00f1alado, los valores actualizados a la fecha de esta providencia, son: <\/p>\n
(I) Por mengua de rentabilidad: <\/p>\n
<\/p>\n
A\u00f1o <\/p>\n
Mayor valor de la producci\u00f3n y menor retorno de utilidad <\/p>\n
IPC inicial27 (enero del a\u00f1o siguiente) <\/p>\n
IPC final28 <\/p>\n
Valor actualizado <\/p>\n
1981 <\/p>\n
$1.537.817 <\/p>\n
1,16 <\/p>\n
115,11 <\/p>\n
$152.601.823 <\/p>\n
1982 <\/p>\n
$7.908.928 <\/p>\n
1,43 <\/p>\n
115,11 <\/p>\n
$636.641.050 <\/p>\n
1983 <\/p>\n
$6.189.488 <\/p>\n
1,67 <\/p>\n
115,11 <\/p>\n
$426.629.918 <\/p>\n
1984 <\/p>\n
$6.497.108 <\/p>\n
115,11 <\/p>\n
$375.820.152 <\/p>\n
1985 <\/p>\n
$4.134.539 <\/p>\n
2,46 <\/p>\n
115,11 <\/p>\n
$193.466.172 <\/p>\n
1986 <\/p>\n
$3.687.943 <\/p>\n
2,98 <\/p>\n
115,11 <\/p>\n
$142.456.080 <\/p>\n
1987 <\/p>\n
$830.078 <\/p>\n
3,68 <\/p>\n
115,11 <\/p>\n
$25.964.750 <\/p>\n
1988 <\/p>\n
$41.106.742 <\/p>\n
4,71 <\/p>\n
115,11 <\/p>\n
$1.004.627.828 <\/p>\n
1989 <\/p>\n
$10.983.882 <\/p>\n
5,97 <\/p>\n
115,11 <\/p>\n
$211.784.700 <\/p>\n
1990 <\/p>\n
$39.070.705 <\/p>\n
7,88 <\/p>\n
115,11 <\/p>\n
$570.739.702 <\/p>\n
1991 <\/p>\n
$0 <\/p>\n
10,04 <\/p>\n
115,11 <\/p>\n
$0 <\/p>\n
1992 <\/p>\n
$26.699.609 <\/p>\n
12,54 <\/p>\n
115,11 <\/p>\n
1993 <\/p>\n
$70.066.624 <\/p>\n
15,36 <\/p>\n
115,11 <\/p>\n
$525.089.133 <\/p>\n
1994 <\/p>\n
$12.636.339 <\/p>\n
18,59 <\/p>\n
115,11 <\/p>\n
$78.244.700 <\/p>\n
1995 <\/p>\n
$59.238.223 <\/p>\n
22,35 <\/p>\n
115,11 <\/p>\n
$305.096.727 <\/p>\n
1996 <\/p>\n
$1.427.456 <\/p>\n
26,96 <\/p>\n
115,11 <\/p>\n
$6.094.750 <\/p>\n
1997 <\/p>\n
$82.650.004 <\/p>\n
31,77 <\/p>\n
115,11 <\/p>\n
$299.459.930 <\/p>\n
1998 <\/p>\n
$47.059.328 <\/p>\n
37,23 <\/p>\n
115,11 <\/p>\n
$145.500.920 <\/p>\n
Valor total <\/p>\n
$ 5.345.305.417 <\/p>\n
(II) Por no aprovechamiento del terreno con cultivos de arroz: <\/p>\n
<\/p>\n
A\u00f1o <\/p>\n
Valor hist\u00f3rico <\/p>\n
IPC inicial29 (enero del a\u00f1o siguiente) <\/p>\n
IPC final30 <\/p>\n
Valor actualizado <\/p>\n
$ 8.081.073 <\/p>\n
1,16 <\/p>\n
110,60 <\/p>\n
$801.907.166 <\/p>\n
1982 <\/p>\n
$ 5.512.879 <\/p>\n
1,43 <\/p>\n
110,60 <\/p>\n
$443.767.484 <\/p>\n
1983 <\/p>\n
$ 13.792.440 <\/p>\n
1,67 <\/p>\n
110,60 <\/p>\n
$950.687.286 <\/p>\n
1984 <\/p>\n
$ 15.388.085 <\/p>\n
1,99 <\/p>\n
110,60 <\/p>\n
$890.111.791 <\/p>\n
1985 <\/p>\n
$ 13.758.259 <\/p>\n
2,46 <\/p>\n
110,60 <\/p>\n
$643.785.851 <\/p>\n
1986 <\/p>\n
$ 10.453.506 <\/p>\n
2,98 <\/p>\n
110,60 <\/p>\n
$403.792.978 <\/p>\n
1987 <\/p>\n
$ 15.570.780 <\/p>\n
3,68 <\/p>\n
110,60 <\/p>\n
1988 <\/p>\n
$ 86.069.970 <\/p>\n
4,71 <\/p>\n
110,60 <\/p>\n
$2.103.506.209 <\/p>\n
1989 <\/p>\n
$ 58.561.708 <\/p>\n
5,97 <\/p>\n
110,60 <\/p>\n
$1.129.152.129 <\/p>\n
1990 <\/p>\n
$ 32.525.881 <\/p>\n
7,88 <\/p>\n
110,60 <\/p>\n
$475.133.777 <\/p>\n
1991 <\/p>\n
$ 0 <\/p>\n
10,04 <\/p>\n
110,60 <\/p>\n
$0 <\/p>\n
1992 <\/p>\n
$ 64.237.336 <\/p>\n
12,54 <\/p>\n
110,60 <\/p>\n
$589.661.862 <\/p>\n
1993 <\/p>\n
$ 87.209.555 <\/p>\n
15,36 <\/p>\n
110,60 <\/p>\n
$653.560.669 <\/p>\n
1994 <\/p>\n
$ 216.004.600 <\/p>\n
18,59 <\/p>\n
110,60 <\/p>\n
$1.337.508.849 <\/p>\n
1995 <\/p>\n
$ 149.540.274 <\/p>\n
22,35 <\/p>\n
110,60 <\/p>\n
1996 <\/p>\n
$ 103.151.404 <\/p>\n
26,96 <\/p>\n
110,60 <\/p>\n
$440.421.295 <\/p>\n
1997 <\/p>\n
$ 208.336.169 <\/p>\n
31,77 <\/p>\n
110,60 <\/p>\n
$754.849.745 <\/p>\n
1998 <\/p>\n
$ 249.069.060 <\/p>\n
37,23 <\/p>\n
110,60 <\/p>\n
$770.087.013 <\/p>\n
Valor total <\/p>\n
$13.645.169.004 <\/p>\n
Como el c\u00e1lculo se hizo con corte a 28 de febrero de 2022, el juez de conocimiento deber\u00e1 actualizar el guarismo hasta el d\u00eda del pago total, con sujeci\u00f3n al procedimiento explicitado en precedencia, acorde con el inciso final del art\u00edculo 308 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
3.11.4. Rem\u00e1rquese que esta condena observa plenamente el principio de no reforma peyorativa, el cual proh\u00edbe desmejorar la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico, esto es, las convocadas, bajo la consideraci\u00f3n de que los demandantes desistieron del remedio vertical que en su momento interpusieron. <\/p>\n
Y es que, el fallo de primera instancia hab\u00eda impuesto una condena por valor de $19.849.467.821, con indexaci\u00f3n a partir del 15 de diciembre de 2003, lo que arroja un monto superior al que ahora se calcula. <\/p>\n
4. Recapitulaci\u00f3n final. <\/p>\n
4.1. En suma, la sentencia del Tribunal ser\u00e1 casada por haber exigido una prueba hu\u00e9rfana de soporte normativo, y contraria a la libertad probatoria consagrada en la ley, a consecuencia de lo cual omiti\u00f3 valorar los medios demostrativos que permit\u00edan establecer el da\u00f1o causado a los terrenos explotados por Arrocera Potrerito y la cuant\u00eda del dem\u00e9rito. No habr\u00e1 condena en costas del recurso extraordinario por su prosperidad y originarse en el cumplimiento de una sentencia de revisi\u00f3n de la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.2. En su lugar, se proferir\u00e1 sentencia de segunda instancia confirmatoria de la providencia del 15 de diciembre de 2013 dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, salvo lo atinente a la cuantificaci\u00f3n de los perjuicios, pues los mismos ser\u00e1n tasados conforme a la pericia practicada en el curso de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
4.3. Se desestiman las excepciones de m\u00e9rito en virtud de las consideraciones efectuadas a lo largo de la providencia. <\/p>\n
4.4. Se impondr\u00e1 a las demandadas la condena en costas de segundo grado, porque a pesar de la enmienda del fallo apelado, la decisi\u00f3n de alzada se resuelve desfavorablemente a sus intereses, acorde con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 392 del entonces vigente C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Las agencias en derecho se tasar\u00e1n, seg\u00fan el numeral 3 del art\u00edculo 393 ibidem y las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, y en cumplimiento de la sentencia de revisi\u00f3n SU455 del 16 de octubre de 2020 de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, casa la sentencia del 16 de diciembre de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil-Familia, en el proceso promovido por La Coste\u00f1a Jaime Laserna & C\u00eda. S.C.A. y otros contra Cementos Diamante de Ibagu\u00e9 S.A. y Cementos Diamante del Tolima S.A., y en sede de instancia, resuelve: <\/p>\n
Primero.- Confirmar los numerales primero a quinto y octavo y noveno de la sentencia apelada. <\/p>\n
Segundo.- Modificar el numeral sexto de la sentencia apelada el cual quedar\u00e1 as\u00ed: \u00abDeclarar civil y extracontractualmente responsables a las demandadas por los perjuicios provenientes de la contaminaci\u00f3n ambiental generada por los s\u00f3lidos que fueron expedidos por las chimeneas de sus plantas de producci\u00f3n de cemento, en los terrenos que estaban bajo administraci\u00f3n de la sociedad Arrocera Potrerito Laserna y C\u00eda. S.C.A., los cuales eran de su propiedad y de las otras demandantes\u00bb. <\/p>\n
Tercero.- Modificar el numeral s\u00e9ptimo de la sentencia recurrida en el siguiente sentido: \u00abCondenar a Cementos Diamante de Ibagu\u00e9 S.A. y Cementos Diamante del Tolima S.A. a pagar de forma solidaria a Arrocera Potrerito Laserna y C\u00eda. S.C.A., La Coste\u00f1a Jaime Laserna y C\u00eda. S.C.A., Arrocera la Palma Laserna y C\u00eda. S.C.A. – en liquidaci\u00f3n, Agropecuaria Tolima Laserna Serna & C\u00eda. S.C.A., Agropecuaria Los Corrales Laserna & C\u00eda. S.C.A., Laserna Serna Hermanos & C\u00eda. S.C.A., Agropecuaria Laserna & C\u00eda. S.C.A. y Bertha Serna de Laserna, por los da\u00f1os causado desde 1981 hasta 1998, las siguientes sumas: (I) cinco mil trescientos cuarenta y cinco millones trescientos cinco mil cuatrocientos diecisiete pesos ($5.345\u2019305.417), por mayor valor de la producci\u00f3n y menor retorno de utilidad; y (II) trece mil seiscientos cuarenta y cinco millones ciento sesenta y nueve mil cuatro pesos ($13.645\u2019169.004), por no aprovechamiento del terreno con cultivos de arroz\u00bb. <\/p>\n
Cuarto.- La condena que se impone a cargo de las demandadas se actualizar\u00e1, con base en el IPC certificado por el DANE, a partir del 1\u00b0 de marzo de 2022 y hasta la fecha de pago efectivo. <\/p>\n
Quinto.- Imponer costas de segunda instancia a cargo de las demandadas. Para su valoraci\u00f3n el magistrado ponente fija la suma de cincuenta y dos millones de pesos ($52’000.000) como agencias en derecho. <\/p>\n
Oportunamente devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Aclara voto <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Aclara voto <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-31-03-004-1999-00227-01 <\/p>\n
Con todo respeto por el Magistrado Ponente, me permito aclarar mi voto dentro del proceso de la referencia para se\u00f1alar que, a pesar de que no comparto la decisi\u00f3n que en este proceso se toma, debo aprobarla porque ella obedece a una orden dada por la Corte Constitucional en una acci\u00f3n de tutela, la cual debemos acatar todos los ciudadanos, principalmente los jueces, aunque no la compartamos. <\/p>\n
Sin embargo, a pesar de aprobar lo decidido por la raz\u00f3n expuesta, no puedo dejar de indicar que, desde mi punto de vista, la tutela no era procedente para ordenar una nueva mirada a la prueba reina del proceso, por el solo hecho de que el juez constitucional tenga una visi\u00f3n diferente a la del juez ordinario, pues ese solo hecho no da lugar a la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales se\u00f1alada. La acci\u00f3n de tutela no puede volverse una nueva instancia dentro del proceso como lo pretende la Corte Constitucional, lo cual constituye como m\u00ednimo un abuso de \u00e9sta. <\/p>\n
Por esa raz\u00f3n dejo sentada mi protesta contra semejante intromisi\u00f3n, que se ha hecho com\u00fan en el ejercicio de nuestra judicatura y que no hace m\u00e1s que generar desconfianza en la ciudadan\u00eda. <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-31-03-004-1999-00227-01 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto por la decisi\u00f3n mayoritaria, me permito exponer las razones que me llevaron a disentir de la decisi\u00f3n de casar la sentencia del 16 de diciembre de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil-Familia, en el proceso promovido por La Coste\u00f1a Jaime Laserna & C\u00eda. S.C.A. y otros contra Cementos Diamante de Ibagu\u00e9 S.A. y Cementos Diamante del Tolima S.A., y en sede de instancia confirmar los numerales primero a quinto, octavo y noveno de la sentencia apelada; declarar civil y extracontractualmente a las demandadas y las conden\u00f3 a pagar las sumas indicadas all\u00ed. <\/p>\n
En el presente asunto se decret\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de perito, diligencia en la que se recaudaron documentos relacionados con la contabilidad de la parte actora, conforme se dej\u00f3 constancia en el acta correspondiente, y se rindi\u00f3 la experticia solicitada, allegando con \u00e9sta legajos adicionales a los aportados en la prueba referida. <\/p>\n
Debiendo definirse si la labor del perito deb\u00eda limitarse a lo recaudado en la diligencia en cita, o si, como se afirm\u00f3 en la providencia, \u00abla labor para el perito no se agotar\u00e1 en la mera inspecci\u00f3n, ni con la informaci\u00f3n all\u00ed recabada\u00bb. <\/p>\n
Para tal efecto, el art\u00edculo 239 del C\u00f3digo General del Proceso, prev\u00e9 que \u00abcuando la inspecci\u00f3n deba versar sobre cosas muebles o documentos que se hallen en poder de la parte contraria o de terceros se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n las disposiciones de la exhibici\u00f3n\u00bb y, respecto de esta \u00faltima, el art\u00edculo 268 ibidem, regula la exhibici\u00f3n de libros y papeles del comerciante, que debe concordarse con el canon 266 del estatuto en cita, que desarrolla el tr\u00e1mite de esa exhibici\u00f3n, precisando, en su inciso 4\u00b0, que: \u00abpresentado el documento el juez lo har\u00e1 transcribir o reproducir a menos de que quien lo exhiba permita que se incorpore al expediente\u00bb. <\/p>\n
En esas precisas circunstancias, la exhibici\u00f3n de documentos y el dictamen pericial que se emita a continuaci\u00f3n, no son pruebas independientes, sino que la experticia, depende de los documentos que se exhiban, pues son \u00e9stos, y no otros, los incorporados al proceso. <\/p>\n
Ahora bien, el perito, es un auxiliar de la justicia, que desarrolla un oficio p\u00fablico ocasional [Art. 47 del C.G.P.], y generalmente se trata de personas o instituciones calificadas, distintas e independientes de las partes y del juez, por sus especiales conocimientos cient\u00edficos, t\u00e9cnicos o art\u00edsticos [inc. 1\u00b0 del art. 226 del C.G.P] a trav\u00e9s del cual suministra al juez explicaciones para la formaci\u00f3n de su conocimiento, respecto de hechos que escapan a sus conocimientos, y que se encuentra regulada en los art\u00edculos 226 a 235 ejusdem. <\/p>\n
Es cierto que los peritos pueden allegar documentos \u00abque le sirven de fundamento y aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito\u00bb, por lo que no genera discusi\u00f3n la aportaci\u00f3n de documentos necesarios para acreditar la idoneidad y experiencia del perito, acorde con el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 226 del C.G.P., pero no resulta claro si lo dispuesto en el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo en cita, que dicta: \u00abrelacionar y adjuntar los documentos e informaci\u00f3n utilizados para la elaboraci\u00f3n del dictamen\u00bb est\u00e1 autorizando a que dichos auxiliares de la justicia alleguen elementos probatorios que correspond\u00eda aportar a las partes. <\/p>\n
Para resolver tal aspecto recu\u00e9rdese que uno de los principios m\u00e1s relevantes en materia probatoria es el de contradicci\u00f3n, consagrado en el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica que desarrolla el derecho de toda persona a presentar y controvertir las pruebas que se allegan en su contra, trat\u00e1ndose de una garant\u00eda para la realizaci\u00f3n del debido proceso y el derecho de defensa. Tem\u00e1tica sobre la cual la doctrina ha precisado que \u00ablos jueces no pueden darle a una prueba el m\u00e9rito de convicci\u00f3n que en si misma merezca, por perfecta que intr\u00ednsicamente sea [\u2026] si frente al adversario o contraparte tal prueba no se ha ajustado al tr\u00e1mite procesal previsto para presentarla, decretarla y practicarla\u00bb32. <\/p>\n
De suerte que, los documentos as\u00ed allegados, devendr\u00edan en pruebas il\u00edcitas al no haberse aportado en la forma dispuesta por el legislador, tem\u00e1tica que ha sido analizada por esta Corporaci\u00f3n al referir que: <\/p>\n
\u00abLa prueba \u2018il\u00edcita\u2019 difiere de la \u2018ilegal\u2019 o \u2018irregular\u2019, que \u2018no pretermite un precepto constitucional fundamental sino uno de \u00edndole legal, en sentido amplio, de suerte que ser\u00e1 la tipolog\u00eda normativa objeto de infracci\u00f3n, en esta tesitura, la llamada a determinar si se est\u00e1 ante una u otra clase de prueba, sobre todo a partir de la noci\u00f3n de derechos o garant\u00edas fundamentales. Si es la Carta Pol\u00edtica la quebrantada, particularmente uno o varios derechos de la mencionada estirpe, la prueba se tildar\u00e1 de il\u00edcita, mientras que si la vulnerada es una norma legal relativa a otra tem\u00e1tica o contenido, se calificar\u00e1 de ilegal o irregular distinci\u00f3n significativa por sus consecuencias, \u2018ad exemplum, se se\u00f1ala que la prueba il\u00edcita, en l\u00ednea de principio, no es pasible de valoraci\u00f3n judicial, como quiera que carece de eficacia demostrativa -desde luego, con algunas puntales excepciones a partir de la adopci\u00f3n del criterio o postulado dela proporcionalidad-, al paso que la ilegal o irregular si lo ser\u00e1, aspecto \u00e9ste, por lo dem\u00e1s, no pac\u00edfico en el derecho comparado\u00bb33 <\/p>\n
No desconozco que la decisi\u00f3n de la que me aparto se profiri\u00f3 en cumplimiento de lo resuelto por la Corte Constitucional en sentencia de unificaci\u00f3n 455 de 2020, la que en su numeral 3\u00b0 dispuso: \u00abREMITIR el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que, con fundamento en la totalidad de las pruebas recaudadas, tase los perjuicios probados dentro del proceso.\u00bb. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 bajo el entendido de que debi\u00f3 darse aplicaci\u00f3n al principio de la Constituci\u00f3n ecol\u00f3gica, en cuanto que, \u00abquien contamina paga\u00bb, am\u00e9n de que se estim\u00f3 que esta Sala \u00abal avalar la valoraci\u00f3n probatoria hecha por el juez de segunda instancia, negando eficacia a un documento que probaba hechos determinantes en el proceso de responsabilidad civil extracontractual, por la ausencia de unas firmas que posteriormente fueron estampadas en los estados financieros, sin alterar su contenido, incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto\u00bb, a lo que se agreg\u00f3 que se omiti\u00f3 valorar otros medio de prueba y \u00abno decretar pruebas de oficio para llegar al grado de convici\u00f3n (sic) requerido\u00bb. <\/p>\n
Por lo que, si en las pruebas obrantes en el expediente exist\u00edan falencias a efectos de poder determinar de manera certera, cu\u00e1l era el monto del perjuicio sufrido por la demandante, lo que proced\u00eda era el decreto de pruebas de oficio, en los t\u00e9rminos en que se autoriz\u00f3 en la providencia a la que se le est\u00e1 dando cumplimiento, pues, como se viene de explicar, los documentos arrimados por el perito, atinentes a la contabilidad de la actora, cumpliendo los requisitos legales, es una prueba ilegal, al haberse aportado fuera de los cauces previstos por el Legislador. <\/p>\n
Am\u00e9n de lo antedicho, la Sala no ha sido ajena a la necesidad de decretar pruebas de tal linaje para la b\u00fasqueda de la verdad material, al precisar que: <\/p>\n
\u00abPor ello es que repetidamente esta Corporaci\u00f3n ha resaltado la importancia y alcances de la atribuci\u00f3n de decretar oficiosamente pruebas, para indicar sobre el particular, entre otras cosas, que \u201ca los \u00f3rganos jurisdiccionales en el orden civil no les est\u00e1 permitido \u2026 desentenderse de la investigaci\u00f3n oficiosa con el fin de llegar a la verdad material frente a los intereses en pugna, asumiendo c\u00f3modas actitudes omisivas, por lo general puestas al servicio de una desapacible neutralidad funcional que el estatuto procesal en vigencia repudia siempre que por fuerza de las circunstancias que rodean el caso, llegare a hacerse patente que decretando pruebas de oficio puede el juez, mediante la pr\u00e1ctica de las respectivas diligencias y aun a pesar de que hacerlo implique suplir vac\u00edos atribuibles al descuido de las partes, lograr que en definitiva resplandezca la verdad y por lo mismo, impere en la sentencia un inequ\u00edvoco designio de justicia. En consecuencia, no es facultativo del juzgador obrar de este modo \u2018… sino que en toda ocasi\u00f3n, en la debida oportunidad legal, en que los hechos alegados por las partes requieran ser demostrados, as\u00ed la que los alega hubiese sido desidiosa en esa labor \u2026 es un deber del juzgador utilizar los poderes oficiosos que le concede la ley en materia de pruebas, pues es este el verdadero sentido y alcance que exteriorizan los Arts. 37 Num. 4, 179 y 180 del C. de P. C. ..\u2019 \u201d (G.J. t. CCLII, pag. 399)34.\u00bb <\/p>\n
Voluminosa doctrina y jurisprudencia ha precisado que el juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio, entre otros, en los siguientes casos: (i) la prueba gen\u00e9tica en los procesos de filiaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de maternidad o paternidad; (ii) la inspecci\u00f3n judicial en los procesos de pertenencia; (iii) las necesarias para realizarse condena en concreto respecto de los frutos, mejoras o perjuicios35, correspondiendo a esta \u00faltima hip\u00f3tesis el caso en estudio. <\/p>\n
De manera que, si las pruebas allegadas no permit\u00edan deducir, de manera cierta, el monto de los perjuicios padecidos por la parte actora, por el actuar de la demandada que contamin\u00f3 los terrenos en los que realizaba sus actividades de cultivo, por tratarse de documentos allegados de manera extempor\u00e1nea, en mi opini\u00f3n, debi\u00f3 hacerse uso de la facultad oficiosa que trae el art\u00edculo 169 y 170 del C.G.P. y, as\u00ed, garantizar la introducci\u00f3n de los referidos documentos de manera legal, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en su sentencia SU455 de 2020. <\/p>\n
Con el debido respeto, as\u00ed dejo consignada mi divergencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-31-03-004-1999-00227-01 <\/p>\n
ACLARACION DE VOTO <\/p>\n
Si bien no comparto los razonamientos en materia probatoria consignados en esta providencia, ni las decisiones que all\u00ed se adoptaron, mi voto afirmativo obedece al estricto acatamiento de la sentencia SU-455 de 2020, proferida por la Corte Constitucional. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignada mi aclaraci\u00f3n de voto, con reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
2\u0002 Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Roque-Depalma Editor, 1958, p. 270-271. <\/p>\n
3\u0002 Derogados por el art\u00edculo 626 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4\u0002 Rub\u00e9n S. Stiglitz, al analizar el art\u00edculo 208 del C\u00f3digo de Comercio argentino, similar al colombiano, concluye que los libros de comercio constituye plena prueba cuando \u00abse intente probar un hecho entre comerciantes\u00bb y sea una \u00abhecho de su comercio\u00bb (Derecho de Seguros, 3\u00aa Edici\u00f3n, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 588). <\/p>\n
5\u0002 Cfr. Hernando Devis Echand\u00eda, Compendio de la Prueba Judicial, Tomo II, Rubinzal – Culzoni Editores, Argentina, p. 257. <\/p>\n
6\u0002 Carlos Ducci Claro, Derecho Civil, Parte General, Editorial Jur\u00eddica de Chile, 2005, p. 138. <\/p>\n
7\u0002 Adolfo Alvarado Velloso, Temas procesales conflictivos, Prueba Judicial, Editorial Librer\u00eda Juris, Argentina, 2007, p. 179. <\/p>\n
8\u0002 Curso de derecho mercantil, tomo III, Bogot\u00e1, Temis, 1987, p. 9 y 10. <\/p>\n
9\u0002 El art\u00edculo 175 del decreto 19 de 2012, al modificar el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo de Comercio, suprimi\u00f3 los libros de contabilidad, dentro de aquellos que deben ser registrados en el registro mercantil que llevan las c\u00e1maras de comercio. Pero, a su vez, con base en lo previsto en el art\u00edculo 174 de ese decreto, se impuso la obligaci\u00f3n de registrar los libros de comercio que sean llevados en medios electr\u00f3nicos, incluidos los de contabilidad. <\/p>\n
10\u0002 Rafael Valenzuela, El que contamina, paga. En Revista de la Cepal, n.\u00b0 45, diciembre de 1991, Santiago de Chile, p. 81. <\/p>\n
11\u0002 Gast\u00f3n M\u00e9dici Colombia, La tutela judicial frente al da\u00f1o ambiental colectivo, Publicaciones de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2019, p. 120. <\/p>\n
12\u0002 Encarna Cordero Lobato, Da\u00f1os a particulares y medio. En Tratado de Derecho Ambiental, Luis Ortega \u00c1lvarez y Consuelo Alonso Garc\u00eda (Coor.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 331. <\/p>\n
13\u0002 Ricardo Luis Lorenetti y Pablo Lorenzetti, Derecho ambiental, Tirant lo Blanch, Buenos Aires, p. 333. <\/p>\n
14\u0002 Enrique Barros Bourie, Tratado de responsabilidad extracontractual, Editorial Jur\u00eddica de Chile, 2009, p. 804. <\/p>\n
15\u0002 La Corte Suprema de Justicia ha acudo a este est\u00e1ndar en las sentencias SC, 30 ene. 2001, exp. n.\u00b0 5507 y SC8219, 20 jun. 2016, rad. n.\u00b0 2003-00546-01, entre otros. <\/p>\n
16\u0002 Ricardo Luis Lorenzetti y Pablo Lorenzetti, Derecho ambiental, Tirant lo Blanch, Buenos Aires, p. 350 <\/p>\n
17\u0002 Sala de Negocios Generales, sentencia de 29 de mayo de 1954. <\/p>\n
18\u0002 Entre muchas, sentencias de 17 de diciembre de 1953, 28 de febrero de 1956 (G. J., LXXVI p\u00e1g. 821 y LXXXII p\u00e1g. 100), 10 de marzo de 1994 (G.J. t. CCXXVIII, p\u00e1g. 645). Cas. Civ. de 3 de septiembre de 1991, 5 de noviembre de 1998, 1 de abril de 2003, [S-042-2003], exp. 6499), reiteradas en sentencia de 17 de noviembre de 2011, rad. 11001-3103-018-1999-00533-01. <\/p>\n
19\u0002 Bolaffio, Le\u00f3n, Derecho comercial, parte general, Ediar Ed. t. 2, v. II, Buenos Aires, 1947, p\u00e1g. 205 y 206 <\/p>\n
20\u0002 \u00ab[L]a obligaci\u00f3n de reparar[,] consistente en la satisfacci\u00f3n de una suma de dinero, s\u00f3lo se hace exigible con la ejecutoria de la sentencia, de manera que es con posterioridad a ella que podr\u00edan computarse los r\u00e9ditos de mora, conforme al art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil\u00bb (SC, 13 may. 2010, rad. n\u00b0 2001-00161-01). <\/p>\n
21\u0002 Valor tomado del dictamen pericial de Myriam Rivas (folio 462 del cuaderno 5). <\/p>\n
22\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
23\u0002 Folio 130 del cuaderno 3. <\/p>\n
24\u0002 Folios 118 ibidem. <\/p>\n
25\u0002 Folio 474 del cuaderno 5. <\/p>\n
26\u0002 Folio 475 ibidem. <\/p>\n
27\u0002 Datos tomados de la serie de empalme base diciembre de 2018 = 100, tomados de https:\/\/www.dane.gov.co\/index.php\/estadisticas-por-tema\/precios-y-costos\/indice-de-precios-al-consumidor-ipc <\/A><\/p>\n 28\u0002 \u00cddem. <\/p>\n