SC1257-2022 (2021-04529-00)<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04529-00 <\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
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SC1257-2022 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
Se decide la solicitud de exequ\u00e1tur presentada por Shirley Johanna Tibaduiza Mendoza, respecto a la sentencia del 28 de enero de 2016, proferida por el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 3 de Murcia, Reino de Espa\u00f1a. <\/p>\n
<\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 la homologaci\u00f3n del prove\u00eddo antes referido, por el que se declar\u00f3 el divorcio del matrimonio celebrado con Emilio L\u00f3pez Arias (archivo digital \u201c0001Demanda.pdf\u201d). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los hechos relevantes del libelo genitor pueden compendiarse de la siguiente manera (folios 1 a 15 \u00eddem): <\/p>\n
<\/p>\n
2.1. El 18 de septiembre de 2008 la se\u00f1ora Shirley Johanna Tibaduiza Mendoza contrajo matrimonio con Emilio L\u00f3pez Arias, en Colombia, como consta en el registro civil con serial n.\u00b0 04662181. En desarrollo de esta uni\u00f3n no se procrearon hijos. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2. Los contrayentes solicitaron el divorcio de mutuo acuerdo ante las autoridades judiciales del Reino de Espa\u00f1a, procedimiento radicado con el indicativo \u00ab1504\/2015\u00bb, cuyo conocimiento fue atribuido al Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 3 de Murcia. <\/p>\n
<\/p>\n
Junto con dicha solicitud se acompa\u00f1\u00f3 la \u00abpropuesta de convenio regulador de los efectos del divorcio\u00bb, suscrita el 6 de octubre de 2015 por los c\u00f3nyuges (folios 9 al 11 archivo digital \u201c0005Memorial.pdf\u201d). <\/p>\n
<\/p>\n
2.3. El 28 de enero de 2016, la mencionada autoridad judicial, accedi\u00f3 a decretar el divorcio pretendido y aprob\u00f3 el convenio regulador suscrito por los interesados. <\/p>\n
<\/p>\n
TR\u00c1MITE DEL EXEQU\u00c1TUR <\/p>\n
<\/p>\n
1. Despu\u00e9s de subsanada la demanda, \u00e9sta fue admitida el 21 de enero de la presente anualidad, acto en el que se orden\u00f3 notificar a la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. <\/p>\n
<\/p>\n
En este mismo prove\u00eddo se desestim\u00f3 citar a Emilio L\u00f3pez Arias, en aplicaci\u00f3n del inciso primero del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto el fallo a reconocer no fue \u00abdictado en proceso contencioso\u00bb, como se desvela por tratarse de un \u00abdivorcio de mutuo acuerdo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El representante del Ministerio P\u00fablico, despu\u00e9s de enterado, se pronunci\u00f3 en el sentido de que \u00abla demanda de exequatur presentada\u2026 por la se\u00f1ora Shirley Johanna Tibaduiza satisface las exigencias formales previstas en los art\u00edculos 605 y siguientes de la ley 1564 de 2012, por lo que se considera procedente despachar favorablemente la pretensi\u00f3n reclamada, para que la sentencia de divorcio del matrimonio celebrado en la ciudad de Cali \u2013 Colombia, con el se\u00f1or Emilio L\u00f3pez Arias, expedida por el Juzgado de Primera Instancia No. 3 de Murcia \u2013 Reino de Espa\u00f1a, adquiera plena vigencia en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano y sea inscrita en el registro civil correspondiente\u00bb (archivo digital \u201c0009Oficio.pdf\u201d). <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Corte tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda y la subsanaci\u00f3n, consistentes en: (I) copia de la sentencia del 28 de enero de 2016; (II) certificado de firmeza emitido por el Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a, del 27 de septiembre de 2021; (III) copia del registro civil de matrimonio de Shirley Johanna Tibaduiza Mendoza y Emilio L\u00f3pez Arias; (IV) copia de la cedula de Shirley Johanna Tibaduiza Mendoza; (V) copia del registro civil de nacimiento de Shirley Johanna Tibaduiza Mendoza; (VI) derecho de petici\u00f3n radicado el 29 de noviembre de 2021 desde la direcci\u00f3n \u00abalexvalenciaabogadolitigante@gmail.com\u00bb al destinatario \u00abcontactenos@cancilleria.gov.co\u00bb; (VII) correo electr\u00f3nico enviado el 28 de mayo de 2021 desde la direcci\u00f3n \u00abcmadrid@cancilleria.gov.co\u00bb a \u00abalexvalenciaabogadolitigante@ gmail.com\u00bb; (VIII) convenio regulador suscrito por Shirley Johanna Tibaduiza Mendoza y Emilio L\u00f3pez Arias el 6 de octubre de 2015; y (IX) copia del registro civil de nacimiento de Emilio L\u00f3pez Arias. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ante la ausencia de pruebas adicionales que debieran practicarse, se otorg\u00f3 un t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para que los sujetos procesales se pronunciaran sobre las recaudadas (archivo digital 0019Documento_actuacion.pdf). <\/p>\n
<\/p>\n
5. En su oportunidad, la convocante manifest\u00f3 que \u00abtampoco encuentre[a] pruebas adicionales por practicar, y que estando todos los presupuestos reunidos incluido el concepto favorable de la procuradur\u00eda y acreditada la reciprocidad legal de los estados participantes\u2026 solicit[\u00f3] se profiera sentencia\u00bb (archivo digital 0020Memorial.pdf). <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Sentencia anticipada <\/p>\n
<\/p>\n
1.1. El art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que, \u00ab[e]n cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u2026 [c]huando no hubiere pruebas por practicar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Los sentenciadores, entonces, tienen el deber de proferir sentencia definitiva en el momento en que adviertan que no habr\u00e1 debate probatorio o que el mismo es inocuo, sin tr\u00e1mites adicionales, una vez exista claridad f\u00e1ctica sobre los supuestos aplicables al caso. <\/p>\n
En este contexto, los principios de celeridad y econom\u00eda procesal prevalecen sobre las formas propias de cada juicio, en aras de lograr decisiones prontas, adelantadas con el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo contrario equivaldr\u00eda a una \u00abirrazonable prolongaci\u00f3n [del proceso, que hace] inoperante la tutela de los derechos e intereses comprometidos en \u00e9l\u00bb1. Ins\u00edstase, la administraci\u00f3n de justicia \u00abdebe ser pronta, cumplida y eficaz en la soluci\u00f3n de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento\u00bb (art\u00edculo 4 de la ley 270 de 1996, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 1285 de 2009), para lo cual se exige que sea \u00abeficiente\u00bb y que \u00ab[l]os funcionarios y empleados judiciales [sean] diligentes en la sustanciaci\u00f3n de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley\u00bb (art\u00edculo 7 ibidem). <\/p>\n
<\/p>\n
En consecuencia, el proferimiento de una sentencia anticipada, que se hace por escrito, supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y econom\u00eda procesal, lo que es arm\u00f3nico con una justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial. <\/p>\n
<\/p>\n
La Sala tiene decantado: <\/p>\n
<\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
<\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane (SC12137, 15 ag. 2017, rad. n.\u00b0 2016-03591-00). <\/p>\n
<\/p>\n
1.2. En el presente caso resulta procedente emitir un fallo anticipado pues, como se advirti\u00f3 en el auto del 22 de febrero pasado, \u00abno se advierten pruebas adicionales que deban practicarse\u00bb, siendo anodino agotar la etapa de la audiencia para alegar de conclusi\u00f3n y proferir sentencia oral, como lo manda el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
Y es que en el plenario refulgen todos los medios suasorios requeridos para adoptar una decisi\u00f3n de fondo, en tanto fueron aportados con la demanda y su subsanaci\u00f3n. As\u00ed las cosas, es imperativo emitir un fallo inmediato, por escrito, sin agotar las dem\u00e1s etapas establecidas en las normas vigentes para el tr\u00e1mite de exequatur. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Cumplimiento de los requisitos para la homologaci\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
2.1. La homologaci\u00f3n es un tr\u00e1mite jurisdiccional que busca otorgar, a una sentencia proveniente del exterior, efectos equivalentes a los de una local, en desarrollo del principio de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica entre los estados y de las necesidades connaturales de una sociedad globalizada, con un alto tr\u00e1nsito de personas y de capitales entre los pa\u00edses. <\/p>\n
<\/p>\n
En este caso, la administraci\u00f3n de justicia deja de estar en manos de los jueces locales, para otorgar vigor a lo resuelto por falladores for\u00e1neos, a condici\u00f3n de que se cumplan las formalidades fijadas en la regulaci\u00f3n, las cuales no pretenden un reexamen de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial, sino la verificaci\u00f3n de ciertos aspectos extr\u00ednsecos al prove\u00eddo (CSJ, SC10089, 25 jul. 2016, rad. n.\u00b0 2013-02702-00). <\/p>\n
<\/p>\n
2.2. Tales formalidades depender\u00e1n de los tratados o convenios bilaterales o multilaterales aplicables a la materia y, en ausencia de estos, de los art\u00edculos 606 y 607 de la ley 1564 de 2012, los cuales tienen un car\u00e1cter subsidiario. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed se infiere del canon 605 ejusdem, el cual prescribe que las \u00absentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras\u2026 tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
La jurisprudencia, a\u00f1os atr\u00e1s, precis\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
[E]n primer lugar se atiende a las estipulaciones de los Tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia\u2026 lo que en otras palabras significa que aquellos cap\u00edtulos de los c\u00f3digos de procedimiento civil constituyen estatutos legales subsidiarios que\u2026 \u2018funcionan en segundo t\u00e9rmino\u2019 y para los supuestos en los cuales Colombia no ha celebrado con pa\u00edses extranjeros un convenio que fije el valor de una sentencia dictada por otra soberan\u00eda (SC184, 24 mayo. 1989). <\/p>\n
<\/p>\n
2.3. Como se encuentra acreditada la existencia y vigencia del \u00abConvenio entre Colombia y Espa\u00f1a para el cumplimiento de sentencias civiles, suscrito en Madrid el d\u00eda 30 de mayo de 1908\u00bb, ser\u00e1 \u00e9ste el marco normativo aplicable para resolver el presente pedimento de homologaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed lo atestigu\u00f3 el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Tratados, de la Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales de la Canciller\u00eda de Colombia, a saber: \u00abse pudo corroborar que entre la Rep\u00fablica de Colombia y el Reino de Espa\u00f1a se encuentra vigente desde el a\u00f1o 1909 el \u2018Convenio sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencia Civiles\u2026\u2019 el cual fue aprobado por medio de la Ley n\u00famero 7 de 1908\u00bb (folio 24, archivo digital 0001Demanda.pdf). <\/p>\n
Seg\u00fan el citado instrumento internacional, los requerimientos que deben satisfacer para la homologaci\u00f3n son los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 1. Las sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las Altas Partes contratantes, ser\u00e1n ejecutadas en la otra siempre que re\u00fanan los requisitos siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
Primero. Que sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el pa\u00eds en que se hayan dictado. <\/p>\n
<\/p>\n
Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 2. La primera de las circunstancias a que se refiere el art\u00edculo anterior, se comprobar\u00e1 por un certificado expedido por el ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
En resumen, para que en el pa\u00eds se conceda el exequatur de un veredicto proveniente de Espa\u00f1a, es menester que el interesado acredite: (I) que se profiri\u00f3 una sentencia civil; (II) el veredicto es definitivo seg\u00fan constancia de ejecutoria emanada del ministerio de justicia; (III) no se desconozcan las normas de orden p\u00fablico nacionales; y (IV) se cumpla con los requisitos para la legalizaci\u00f3n de los documentos. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Antic\u00edpese que, en el presente tr\u00e1mite, se encuentra demostrada la reciprocidad para el reconocimiento de fallos for\u00e1neos, as\u00ed como los dem\u00e1s requisitos mencionados en precedencia, por lo que se acceder\u00e1 al reconocimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
3.1. Reciprocidad diplom\u00e1tica <\/p>\n
<\/p>\n
Comprobado, como ya se explic\u00f3, que el Reino de Espa\u00f1a y Colombia son parte del \u00abConvenio sobre ejecuci\u00f3n de sentencia civiles\u00bb, del 30 de mayo de 1908, en el cual se comprometieron a ejecutar las sentencias civiles pronunciadas por el otro pa\u00eds, refulge la mutualidad diplom\u00e1tica. <\/p>\n
<\/p>\n
Y es que esta reciprocidad, conforme a la jurisprudencia, est\u00e1 referida \u00aba las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds\u00bb (SC, 27 jun. 1955, G.J. n.\u00b0 2154), la cual se da por descontada cuando existe una convenci\u00f3n internacional que establece el deber de homologar las sentencias emanadas de los estados suscriptores, como sucede en el sub lite. <\/p>\n
<\/p>\n
La anterior conclusi\u00f3n es convergente con la copiosa jurisprudencia de la Sala que ha reconocido fallos provenientes del Reino de Espa\u00f1a, porque entre ese pa\u00eds y el nuestro existe reciprocidad2. <\/p>\n
<\/p>\n
3.2. Naturaleza de la decisi\u00f3n a homologar <\/p>\n
<\/p>\n
El fallo cuyo reconocimiento se deprec\u00f3, esto es, el decreto 00106 del 28 de enero de 2016, correspondiente al \u00abDMA divorcio mutuo acuerdo 0001504\/2015\u00bb, tiene el alcance de sentencia judicial, como se infiere de la autoridad que lo pronunci\u00f3 y su contenido. <\/p>\n
<\/p>\n
Justamente, el prove\u00eddo eman\u00f3 del Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 3 de Murcia, Reino de Espa\u00f1a, quien resolvi\u00f3 de manera definitiva el asunto sometido a su conocimiento, previo an\u00e1lisis de los hechos y pruebas arrimadas a la causa, de lo que reluce su condici\u00f3n de sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
Se agrega que la materia discutida es de linaje civil, en tanto se declar\u00f3 disuelto el v\u00ednculo matrimonial contra\u00eddo entre Shirley Johanna Tibaduiza Mendoza y Emilio L\u00f3pez Arias, por lo que cae dentro del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Convenio sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles. <\/p>\n
<\/p>\n
3.3. Ejecutoria del fallo for\u00e1neo <\/p>\n
<\/p>\n
Con el libelo genitor se arrim\u00f3 constancia emanada de la Direcci\u00f3n General de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Derechos Humanos del Reino de Espa\u00f1a, del Ministerio de Justicia, del 27 de septiembre de 2021, en la cual se conceptu\u00f3, refiri\u00e9ndose al veredicto del Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 3 de Murcia del 28 de enero de 2016 que, \u00abla Letrada del juzgado\u2026 hace constar que la Sentencia dictada en el procedimiento Divorcio Mutuo Acuerdo 1504\/2015 tramitado por ese Juzgado\u2026, es firme\u00bb (folio 11 del archivo digital \u201c0001Demanda.pdf\u201d). <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3.4. Observancia de las normas de orden p\u00fablico locales <\/p>\n
<\/p>\n
3.4.1. El fallo que se pretende sea reconocido es arm\u00f3nico con las normas de orden p\u00fablico colombianas, ya que: (I) el motivo que sirvi\u00f3 de base para la cesaci\u00f3n matrimonial se encuentra consagrado en el C\u00f3digo Civil; (II) la pareja no tuvo descendencia, por lo cual no se requieren medidas especiales de protecci\u00f3n de sus hijos; y (III) la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal no incluy\u00f3 derechos reales sobre bienes ubicados en Colombia. <\/p>\n
<\/p>\n
(I) En efecto, en el fallo del 28 de enero de 2016, se decret\u00f3 y declar\u00f3 \u00abla disoluci\u00f3n por divorcio del matrimonio formado por Don Emilio L\u00f3pez Arias y Do\u00f1a Shirley Johanna Tibauiza Mendoza\u00bb (folio 10 del archivo digital 0001Demanda.pdf). <\/p>\n
<\/p>\n
Esta determinaci\u00f3n se fundament\u00f3 en que los consortes presentaron \u00abescrito solicitando el divorcio de mutuo acuerdo del matrimonio\u00bb, el cual fue ratificado con posterioridad, lo que constituye causal de cesaci\u00f3n de la vida com\u00fan conforme a los art\u00edculos 81 y 86 del C\u00f3digo Civil espa\u00f1ol (ejusdem). <\/p>\n
<\/p>\n
Esta causal guarda concordancia con el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil colombiano, a saber: \u00abSon causales de divorcio\u2026 El consentimiento de ambos c\u00f3nyuges manifestado ante juez competente y reconocido por \u00e9ste mediante sentencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
(II) Por otra parte, es cierto que constituye una regla tuitiva de nuestro ordenamiento que, dentro de la sentencia de divorcio, se adopten determinaciones sobre los hijos comunes (art\u00edculo 389 del C\u00f3digo General del Proceso), en aras de salvaguardar los derechos de \u00e9stos. <\/p>\n
<\/p>\n
Empero, como en el expediente se prob\u00f3 que no hubo descendencia com\u00fan entre Shirley Johanna Tibauiza Mendoza y Emilio L\u00f3pez Arias, seg\u00fan reluce del veredicto extranjero, por sustracci\u00f3n de materia, son innecesarios pronunciamientos sobre la materia. <\/p>\n
<\/p>\n
(III) Finalmente, se advierte que en la providencia del 28 de enero de 2016 se aprob\u00f3 la \u00abpropuesta de convenio regulador de los efectos del divorcio\u00bb (folio 10 idem), suscrita por los consortes el 6 de octubre de 2015. <\/p>\n
<\/p>\n
Este acuerdo, seg\u00fan su contenido, recay\u00f3 sobre un rodante y dinero en efectivo ubicados en el Reino de Espa\u00f1a (folio 11 del archivo digital \u201c0005Memorial.pdf\u201d), por lo que se descarta que se hubieran afectado derechos reales sobre activos ubicados en el pa\u00eds, a los cuales se les debe aplicar la lex rei sitae por fuerza de las reglas sobre derecho internacional privado3. <\/p>\n
<\/p>\n
3.5. Legalizaci\u00f3n de la sentencia <\/p>\n
<\/p>\n
De acuerdo con la certificaci\u00f3n del 20 de agosto de 2021, proveniente del Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia del Servicio Com\u00fan General de Murcia, refiri\u00e9ndose al veredicto a homologar, la \u00abanterior fotocopia es fiel reproducci\u00f3n de su original al que me remito\u00bb (folios 9, 10 y 11 ejusdem). <\/p>\n
<\/p>\n
La Secretar\u00eda de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia certific\u00f3 \u00abla autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento est\u00e9 revestido\u00bb, respecto de \u00abP\u00e9rez Garc\u00eda, Francisco Javier\u00bb, como \u00abLetrado de la Administraci\u00f3n de Justicia\u00bb y el sello del \u00abServicio com\u00fan general de Murcia\u00bb (folio 11 ibidem). <\/p>\n
<\/p>\n
En consecuencia, la cadena de certificaciones y apostilla da cuenta de la calidad y cargo de cada uno de los intervinientes en el tr\u00e1mite, en cumplimiento del deber de legalizaci\u00f3n se\u00f1alado por los tratados internacionales, el cual se tendr\u00e1 por satisfecho. <\/p>\n
<\/p>\n
4. De esta forma se satisfacen los requisitos del Convenio para el cumplimiento de sentencias civiles del 30 de mayo de 1908, siendo procedente reconocer el veredicto adosado con la demanda, con la consecuente orden de inscripci\u00f3n en el registro civil de matrimonio y nacimiento de los contrayentes. <\/p>\n
<\/p>\n
5. No habr\u00e1 lugar a la condena en costas por la naturaleza del tr\u00e1mite y por no advertirse su causaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrado justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
<\/p>\n
Primero. Conceder el exequatur de la sentencia del 28 de enero de 2016, proferida por el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 3 de Murcia, Reino de Espa\u00f1a, por la cual se declar\u00f3 el divorcio entre Shirley Johanna Tibaduiza Mendoza y Emilio L\u00f3pez Arias. <\/p>\n
<\/p>\n
Segundo. Ordenar la inscripci\u00f3n de esta providencia, junto con la sentencia reconocida, en el registro civil de nacimiento de Shirley Johanna Tibaduiza Mendoza y de matrimonio con Emilio L\u00f3pez Arias. Por Secretar\u00eda l\u00edbrense las comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
<\/p>\n
Tercero. Sin costas en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Lino Enrique Palacio, Manual de Derecho Procesal Civil, LexisNexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 72. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. SC4121, 27 oct. 2021, rad. n.\u00b0 2021-00147; SC4052, 5 oct. 2021, rad. n.\u00b0 2019-03702; SC4532, 19 oct. 2018, rad. n.\u00b0 2017-02002; SC4535, 19 oct. 2018, rad. n.\u00b0 2014-02271; SC4102, 26 sep. 2018, rad. n.\u00b0 2017-02993; SC2554, 5 jul. 2018, rad. n.\u00b0 2016-00444; entre muchos otros. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 105 de la Convenci\u00f3n de Derecho Internacional Privado del 20 de febrero de 1928. <\/p>\n