SC592-2022 (2017-00482-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC592-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08638-31-84-001-2017-00482-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por los demandantes frente a la sentencia de 11 de febrero de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso verbal que promovieron Victoria Saad Rumilla, Angelina Saad Rumilla, Venus Mar\u00eda Saad Rumilla, Juan Jos\u00e9 Saad Llin\u00e1s, Carlos Alberto Saad Llin\u00e1s y Jorge Luis Saad Llin\u00e1s contra Mar\u00eda Fernanda Saad Acu\u00f1a. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
Los actores promovieron proceso de impugnaci\u00f3n de la paternidad y petici\u00f3n de herencia, a trav\u00e9s del cual pretendieron que se declare que la convocada no es hija biol\u00f3gica de Nadin Jos\u00e9 Saad Rumilla, fallecido el 27 de noviembre de 2015, y que, en consecuencia, se ordene \u00abcancelar el registro civil de nacimiento identificado con el n\u00famero de indicativo serial No. 31710346 correspondiente a la se\u00f1orita MARIA FERNANDA SAAD ACU\u00d1A\u00bb. <\/p>\n
En virtud de las pretensiones acumuladas de petici\u00f3n de herencia, pidieron reconocer que los demandantes tienen vocaci\u00f3n hereditaria para suceder al causante en su condici\u00f3n de hermanas y sobrinos, adjudic\u00e1ndoles la herencia, declarando ineficaces los actos de partici\u00f3n notarial adelantados por la demandada y conden\u00e1ndola a restituir la posesi\u00f3n material de todos los bienes herenciales, con sus aumentos y accesiones. <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. Informan los demandantes que Nadin Jos\u00e9 Saad Rumilla y Fabiola Patricia Acu\u00f1a Cuentas mantuvieron una uni\u00f3n marital de hecho en la que no procrearon descendencia, sin embargo, el d\u00eda 2 de marzo de 2001 registraron como su hija \u00abnatural\u00bb a la demandada, nacida el 11 de septiembre de 1993 y de cuyo cuidado se ocup\u00f3 la pareja desde que era una ni\u00f1a. <\/p>\n
2.2. Sostienen que el reconocimiento de la demandada \u00abfue producto de un acuerdo consensuado y poder fingir ante la sociedad como si fuese su hija\u00bb, pues sus padres biol\u00f3gicos son los se\u00f1ores Cristian Acu\u00f1a Cuentas y Leuvis Edith Pacheco, por lo que la convocada no tiene una relaci\u00f3n filial paterna con el se\u00f1or Nadin Jos\u00e9 Saad Rumilla. <\/p>\n
2.3. Mediante escritura p\u00fablica n.\u00b0 464 del 28 de abril de 2016, elevada ante la Notar\u00eda \u00danica de Sabanalarga, concluy\u00f3 el tr\u00e1mite notarial de sucesi\u00f3n del se\u00f1or Nadin Jos\u00e9 Saad Rumilla, promovido por la convocada y a trav\u00e9s del cual se le adjudic\u00f3 la totalidad del activo herencial, cuyo valor a la fecha de la demanda ascend\u00eda aproximadamente a $388.553.768. <\/p>\n
2.4. Las demandantes Angelina, Venus Mar\u00eda y Victoria Saad Rumilla se presentaron al proceso como hermanas leg\u00edtimas del se\u00f1or Nadin Jos\u00e9 Saad Rumilla, y los se\u00f1ores Juan Jos\u00e9, Carlos Alberto y Jorge Luis Saad Llin\u00e1s como herederos en representaci\u00f3n del se\u00f1or Sadala Saad Rumilla, quien seg\u00fan se informa, era tambi\u00e9n hermano del causante. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
3.1. La demanda correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla, donde fue admitida mediante auto de 21 de noviembre de 2016. Una vez notificada la convocada, se opuso a las pretensiones, formul\u00f3 la excepci\u00f3n de caducidad de la acci\u00f3n y las excepciones previas de falta de competencia e inepta demanda. <\/p>\n
3.2. Debido a la prosperidad de la excepci\u00f3n previa de falta de competencia, el conocimiento del asunto fue asumido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga, donde se practic\u00f3 la prueba de ADN y, prescindiendo de las pruebas solicitadas y de la audiencia previamente convocada, se profiri\u00f3 sentencia de plano el d\u00eda 29 de julio de 2020 (corregida en prove\u00eddo del 27 de agosto siguiente). <\/p>\n
3.3 La sentencia de primera instancia declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de caducidad considerando que la norma aplicable al caso era el art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil, y que el t\u00e9rmino de caducidad de la acci\u00f3n para los herederos empezaba a contar a partir de la muerte del presunto padre, motivo por el cual la demanda se hab\u00eda presentado dentro del t\u00e9rmino de ley. <\/p>\n
3.4. En consecuencia, acogi\u00f3 el petitum, declarando que la convocada no es hija biol\u00f3gica de Nadin Jos\u00e9 Saad Rumilla, ordenando la consecuente correcci\u00f3n de su registro civil de nacimiento. As\u00ed mismo, declar\u00f3 pr\u00f3spera la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia y reconoci\u00f3 la vocaci\u00f3n hereditaria de los actores para suceder al causante, orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de los actos jur\u00eddicos de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n realizados por v\u00eda notarial y la rehechura del trabajo de partici\u00f3n, y conden\u00f3 a la demandada a \u00abrestituir para la masa herencial los bienes adjudicados en el trabajo de partici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Sentencia impugnada. <\/p>\n
Al resolver la impugnaci\u00f3n, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla revoc\u00f3 integralmente lo decidido en primera instancia, denegando la totalidad de los reclamos por no encontrar probada la legitimaci\u00f3n en la causa de los demandantes. Tal determinaci\u00f3n se finc\u00f3 en los argumentos que seguidamente se sintetizan: <\/p>\n
(i) Aunque, en principio, el Tribunal carece de competencia para estudiar asuntos que no hayan sido objeto de reproche por parte del apelante en su impugnaci\u00f3n, de esa regla se except\u00faan aquellos casos en que \u00aben forma oficiosa corresponda analizar un determinado aspecto de la controversia, donde siempre se ha entendido de la \u201ctitularidad del derecho sustancial\u201d en cabeza de la parte demandante como un aspecto de la legitimaci\u00f3n en causa, es uno de los presupuestos necesarios de una sentencia judicial favorable\u00bb. <\/p>\n
(ii) Para acreditar el estado civil debe aplicarse la tarifa legal de pruebas establecida en los art\u00edculos 105 y 106 del Decreto 1260 de 1970, conforme a los cuales dicho estado s\u00f3lo puede probarse mediante el registro civil o eventualmente, con la partida eclesi\u00e1stica, por lo que \u00abno sirve para ello la prueba de \u201cconfesi\u00f3n\u201d derivada de las manifestaciones de la parte demandada\u00bb, por lo tanto la prueba del parentesco debe ser aportada al proceso por la parte interesada, \u00aby si no lo hace, asumir las consecuencias procesales de su omisi\u00f3n, en el inadecuado cumplimiento de la carga de la prueba que le corresponde\u00bb. <\/p>\n
(iii) La demanda principal \u00abrecae sobre Mar\u00eda Fernanda Saad Acu\u00f1a, quien fue registrada como hija del finado Nadin Jos\u00e9 Saad Rumilla y Fabiola Patricia Acu\u00f1a Cuentas; sin que se acreditara en debida forma la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre estos \u00faltimos\u00bb. Por ende, el reconocimiento pod\u00eda ser impugnado por los demandantes en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
(iv) Asimismo, existiendo pretensi\u00f3n acumulada de petici\u00f3n de herencia, el art\u00edculo 1321 del C\u00f3digo Civil establece que podr\u00e1 incoar dicha acci\u00f3n \u00abel que probare su derecho a una herencia, ocupada por otra persona en calidad de heredero (\u2026)\u00bb. Lo anterior es relevante en la medida en que los actores atacan la filiaci\u00f3n de la demandada para poder desplazarla dentro de la sucesi\u00f3n, por lo que \u00abes del caso entrar a determinar si los demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa para incoar las acciones de impugnaci\u00f3n de paternidad y petici\u00f3n de herencia planteadas. Es decir, si se encuentra demostrado el inter\u00e9s o derecho que les asisten (sic) respecto de la herencia del finado Nadin Saad y para cuestionar la filiaci\u00f3n de la demandada\u00bb. <\/p>\n
(v) Luego de examinado el acervo probatorio, el Tribunal encontr\u00f3 que \u00abla parte demandante no aport\u00f3, como anexo de su demanda, el registro civil de nacimiento (posterior a 1933) o la correspondiente Partida Eclesi\u00e1stica (si es anterior a ese a\u00f1o) del finado Nadin Jos\u00e9 Saad Rumilla, en el cual consten los nombres de sus progenitores; documento que es necesario para realizar el cotejo con los de los demandantes y as\u00ed acreditar el parentesco por consanguinidad entre \u00e9ste y los se\u00f1ores Sadala, Ang\u00e9lica, Venus y Victoria Saad Rumilla. Por lo que resulta imposible entrar a determinar si realmente el difunto fue hermano (y, o t\u00edo) de los demandantes\u00bb. <\/p>\n
(vi) Anot\u00f3 el ad quem que en el escrito de demanda no se aport\u00f3 ning\u00fan documento para acreditar el parentesco del causante, ni se inform\u00f3 siquiera su fecha de nacimiento para saber si fue antes o despu\u00e9s de la entrada en vigencia de la Ley 92 de 1933 (sic), ni tampoco si el nacimiento hab\u00eda sido inscrito ni en qu\u00e9 dependencia se realiz\u00f3 dicha inscripci\u00f3n. <\/p>\n
(vii) En consideraci\u00f3n a lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abal no estar acreditado el v\u00ednculo entre los demandantes y el finado, no puede concluirse que les asista a los actores inter\u00e9s para impugnar la paternidad de Mar\u00eda Fernanda Saad Acu\u00f1a, y para participar en la sucesi\u00f3n de Nadin Jos\u00e9 Saad Rumilla (\u2026). Corolario de lo expuesto, no se halla demostrado que los demandantes se encuentren legitimados en la causa por activa para ejercer las acciones de impugnaci\u00f3n de paternidad y petici\u00f3n de herencia formuladas en la demanda. En consecuencia, habr\u00e1 lugar a revocar la decisi\u00f3n de primera instancia, y en su lugar, no acceder a las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Los actores interpusieron oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y tras su admisi\u00f3n, presentaron la demanda de sustentaci\u00f3n que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, donde enarbolaron dos cargos con fundamento en las causales tercera y segunda \u2013en su orden\u2013 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Invocando la causal tercera del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, los actores tildaron de incongruente la sentencia del Tribunal, dada la \u00abfalta de correspondencia entre lo solicitado por la demandada al sustentar su recurso de apelaci\u00f3n y lo finalmente resuelto por el ad quem en su fallo; o lo que es lo mismo: \u201cuna desviaci\u00f3n del tema que fue objeto de la pretensi\u00f3n deducida en la sustentaci\u00f3n del recurso\u201d\u00bb. <\/p>\n
A juicio de los recurrentes, el ad quem desconoci\u00f3 los l\u00edmites de su competencia funcional al pronunciarse sobre aspectos distintos a los expresamente planteados por el apelante y respecto de los cuales no pod\u00eda resolver de manera oficiosa. Los argumentos esgrimidos en la censura admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
(i) Al interponer el recurso de apelaci\u00f3n, la demandada formul\u00f3 reparos exclusivamente frente a los siguientes puntos: la vulneraci\u00f3n del derecho de defensa al no practicar las pruebas que demostraban que la acci\u00f3n se encontraba caducada por el conocimiento previo de los demandantes de que la demandada no era hija biol\u00f3gica del causante y de su v\u00ednculo de crianza, la vulneraci\u00f3n del mismo derecho al dictar sentencia anticipada sin practicar las pruebas en trat\u00e1ndose de una acci\u00f3n mixta, y la imposibilidad de dictar sentencia anticipada ante la f\u00e9rrea oposici\u00f3n de la convocada a las pretensiones. <\/p>\n
(ii) A juicio de los censores, ninguno de los reparos concretos de la apelaci\u00f3n gir\u00f3 en torno al punto de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, materia que fue \u00abpac\u00edficamente definida por el a quo en favor de los demandantes, sin que la demandada hubiera alegado su inconformidad en las oportunidades que la ley le otorga para tal efecto, lo que equivale a haber consentido lo decidido por el juez en ese preciso aspecto, sustray\u00e9ndolo as\u00ed de su posible consideraci\u00f3n por parte del superior\u00bb. <\/p>\n
(iii) En ese contexto, es evidente que en lo que incumbe a la legitimaci\u00f3n en la causa de los actores, \u00aboper\u00f3 plenamente la autoridad de la cosa juzgada, por lo que ni aun oficiosamente pod\u00eda el Tribunal revivir un tema que, para todos los efectos, debe entenderse consentido por la demandada\u00bb, m\u00e1s a\u00fan cuando el a quo se refiri\u00f3 a la legitimaci\u00f3n de los actores se\u00f1alando en su sentencia que se encontraban acreditados los presupuestos procesales y \u00abencontr\u00f3 probada y\/o dio por establecida la legitimaci\u00f3n en la causa en m\u00faltiples ocasiones\u00bb a lo largo de la sentencia de primer grado, de modo que, si la convocada hubiese estado en desacuerdo con ese t\u00f3pico, debi\u00f3 haber ampliado su apelaci\u00f3n en esa direcci\u00f3n, cosa que no hizo, por lo que el Tribunal debi\u00f3 entender que ese asunto \u00abhab\u00eda quedado al margen de su escrutinio\u00bb. <\/p>\n
(iv) Se\u00f1alan los recurrentes que en este caso \u00abse advierte de tajo la inexistencia de una habilitaci\u00f3n legal para decidir de oficio sobre la legitimaci\u00f3n en la causa, que es lo que exige actualmente la ley para permitir que la decisi\u00f3n de segundo grado v\u00e1lidamente se extienda a argumentos distintos de los expuestos por el recurrente vertical, conforme lo establece el inciso primero del art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
(v) Concluyen los inconformes que, estando acreditado que la demandada no elev\u00f3 ning\u00fan reparo concreto relacionado con la legitimaci\u00f3n en la causa y que el Tribunal extendi\u00f3 su an\u00e1lisis a ese punto \u2013libre de controversia y sobre el cual hab\u00eda operado la cosa juzgada\u2013, sin estar autorizado para referirse oficiosamente al asunto, la sentencia de segunda instancia es incongruente por haber sobrepasado el ad quem el l\u00edmite establecido en el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, para el ejercicio de su competencia funcional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La regla de la consonancia. <\/p>\n
El art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso establece que: <\/p>\n
\u00abLa sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley. No podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocer\u00e1 solamente lo \u00faltimo. <\/p>\n
(\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El rigor limitativo del ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional exige que esta sea cumplida sin exceso, pero sin defecto, como lo ha pregonado la doctrina1, de manera que cuando la actividad del juzgador no se ci\u00f1e a ese preciso \u00e1mbito, su decisi\u00f3n estar\u00e1 viciada de incongruencia, en alguna de estas modalidades: ultra, extra y m\u00ednima petita. <\/p>\n
Sobre la mencionada desviaci\u00f3n del procedimiento, y sus distintas expresiones, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abA la luz del principio dispositivo que rige primordialmente el procedimiento civil, debe el juez, al dictar el fallo con el cual dirime la controversia, respetar los l\u00edmites o contornos que las partes le definen a trav\u00e9s de lo que reclaman (pretensiones o excepciones) y de los fundamentos f\u00e1cticos en que se basan ante todo los pedimentos, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso, o de pretensiones que, no aducidas, asimismo deben declararse oficiosamente por el juez. <\/p>\n
A eso se contrae la congruencia de la sentencia, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dirigido no s\u00f3lo a disciplinar que esa respuesta de la jurisdicci\u00f3n corresponda con lo que las partes le ponen de presente, sino, subsecuentemente, a impedir que el juez desconozca el compromiso de fallar dentro del marco de referencia que le trazan las partes, y cuyo incumplimiento es de anta\u00f1o inscrito en una de estas tres posibilidades: en primer lugar, cuando en la sentencia se otorga m\u00e1s de lo pedido, sin que el juzgador estuviese facultado oficiosamente para concederlo (ultra petita); en segundo lugar, cuando en la sentencia olvida el fallador decidir, as\u00ed sea impl\u00edcitamente, alguna de las pretensiones o de las excepciones formuladas (m\u00ednima petita); y en tercer lugar, cuando en el fallo decide sobre puntos que no han sido objeto del litigio, o, de un tiempo a esta parte, en Colombia, con apoyo en hechos diferentes a los invocados (extra petita)\u00bb (CSJ SC1806-2015, 24 feb.). <\/p>\n
La regla de la consonancia, como garant\u00eda del debido proceso, exige para su configuraci\u00f3n una evidente desviaci\u00f3n del objeto de la litis, y busca proteger las oportunidades de defensa y contradicci\u00f3n de los contendientes al impedir que las partes sean sorprendidas por el fallador con hechos o peticiones no alegadas, sobre las que no tuvieron posibilidad de rebatimiento. <\/p>\n
2. La legitimaci\u00f3n en la causa por activa <\/p>\n
La legitimaci\u00f3n en la causa por activa hace referencia a la titularidad del derecho sustancial invocado por el demandante. Es un elemento material para la sentencia estimatoria, o lo que es lo mismo, una de las condiciones sustanciales para el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n. Se concreta cuando la titularidad procesal alegada en la demanda coincide con la titularidad del derecho sustancial reclamado conforme lo disponen las normas jur\u00eddicas de esa naturaleza. <\/p>\n
Por su car\u00e1cter sustantivo, es presupuesto material de la sentencia estimatoria y su ausencia impide la prosperidad del petitum, a diferencia de los presupuestos procesales de la acci\u00f3n, que son requisitos formales necesarios para el v\u00e1lido desarrollo del proceso2. <\/p>\n
La acreditaci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n es carga de parte, pues es el derecho cuya titularidad invoca el que ser\u00e1 objeto de la sentencia judicial, raz\u00f3n por la cual no basta con que el demandante alegue tener dicha titularidad, sino que es necesario que sea probada en el proceso. <\/p>\n
El precedente de esta Corporaci\u00f3n ha reconocido la legitimaci\u00f3n en la causa como un asunto de \u00edndole estrictamente sustancial. Tempranamente se\u00f1al\u00f3 la Corte sobre el particular: <\/p>\n
\u00abLa legitimatio ad causam es cosa bien distinta de la legitimatio ad procesum: aqu\u00e9lla es un elemento estructural de la acci\u00f3n ejercitada en cada caso, mientras que la \u00faltima es un presupuesto procesal que consiste en la capacidad para estar en ejercicio por s\u00ed mismo o por medio de otros; la primera es requisito necesario para obtener sentencia favorable, mientras que la \u00faltima es condici\u00f3n previa indispensable para que el juez pueda fallar en el fondo el negocio, en sentido favorable o desfavorable. La legitimidad ad causam es cuesti\u00f3n de fondo (merita causae), mientras que la legitimatio ad procesum es cuesti\u00f3n de rito\u00bb. (CSJ SC, 19 ago., 1954, G.J. LXXVIII, n. 2145). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, la Sala sostuvo que la legitimaci\u00f3n en la causa <\/p>\n
\u00ab(…) corresponde a \u201cla identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acci\u00f3n (legitimaci\u00f3n activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acci\u00f3n (legitimaci\u00f3n pasiva)\u201d (…), aclarando que \u201cel acceso a la administraci\u00f3n de justicia como garant\u00eda de orden superior (art\u00edculo 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), para su plena realizaci\u00f3n, requiere que quien reclama la protecci\u00f3n de un derecho sea su titular, ya sea que se pida a t\u00edtulo personal o por sus representantes, pues, no se trata de una facultad ilimitada. Ese condicionamiento, precisamente, es el que legitima para accionar y, de faltar, el resultado solo puede ser adverso, sin siquiera analizar a profundidad los puntos en discusi\u00f3n\u201d (CSJ SC14658, 23 oct. 2015, Rad. 2010-00490-01; en ese mismo sentido: CSJ SC, 1\u00ba jul. 2008, Rad. 2001-06291-01)\u00bb. (CSJ SC16279-2016, 11 nov.). <\/p>\n
En tal virtud, es v\u00e1lido concluir que la legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un presupuesto material para la sentencia estimatoria, y es carga de la parte demandante acreditar plenamente la titularidad del derecho que invoca como requisito primigenio para el \u00e9xito de su pretensi\u00f3n. Su falta de demostraci\u00f3n conduce, inexorablemente, a la desestimaci\u00f3n de las pretensiones elevadas por quien no prob\u00f3 en las oportunidades procesales correspondientes, la titularidad del derecho sustancial cuyo reconocimiento o protecci\u00f3n se persigue. <\/p>\n
3. La facultad del fallador de constatar de oficio la legitimaci\u00f3n en la causa <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que, siendo la legitimaci\u00f3n en la causa un elemento material de la pretensi\u00f3n cuya presencia es indispensable para proferir sentencia favorable, es deber del fallador constatar su acreditaci\u00f3n en el proceso, a\u00fan de manera oficiosa. <\/p>\n
En la referida sentencia de 19 de agosto de 1954, se reconoci\u00f3 esta facultad de declaraci\u00f3n oficiosa por v\u00eda de excepci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab\u201c\u2026 la legitimidad de la personer\u00eda de las partes que se vincula a la cuesti\u00f3n de quienes pueden ser objetos activos y pasivos de la acci\u00f3n, como elemento esencial para su procedencia, tan \u00edntimamente ligado a ella que se confunde con el derecho mismo, y cuyas fallas o defectos son constitutivos de una excepci\u00f3n perentoria de declaraci\u00f3n oficiosa (\u2026). La calidad de herederos, cuando se ejerce la acci\u00f3n (\u2026) no es cuesti\u00f3n de mera representaci\u00f3n procesal, sino cosa que afecta m\u00e1s profundamente la personer\u00eda como elemento constitutivo que es de una situaci\u00f3n legal o investidura jur\u00eddica esencial para la procedencia de la acci\u00f3n. Su prueba, por consecuencia, tiene que ser legalmente perfecta\u201d (G.J., LXIII, Nos. 2053-2054, p\u00e1gina 27)\u00bb. (CSJ SC, 19 ago., 1954, G.J. LXXVIII, n. 2145. Resaltado propio). <\/p>\n
M\u00e1s adelante se ubic\u00f3 la potestad de declaraci\u00f3n oficiosa dentro de los poderes decisorios del ad quem: <\/p>\n
\u00ab\u201cPor consiguiente, cuando fallecido el presunto padre natural, se ejercitan conjuntamente la acci\u00f3n de estado civil y la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia, la condici\u00f3n de herederos en los demandados no es entonces una cuesti\u00f3n atinente a la capacidad procesal, como en algunos fallos de la Corte se ha considerado erradamente. No se trata entonces de un presupuesto procesal sino de uno de los elementos estructurales de la acci\u00f3n\u201d (G.J. No. 2145, p\u00e1g. 345). <\/p>\n
En el presente caso se han se\u00f1alado como demandados a quienes se dice que son herederos de Nicol\u00e1s de Caro, pero como tal calidad no se demostr\u00f3, resulta entonces que no est\u00e1 acreditado uno de los elementos estructurales de la acci\u00f3n, vale decir, no existe parte demandada. Sin hacer menci\u00f3n del art\u00edculo 343 del C\u00f3digo Judicial al Tribunal le habr\u00eda bastado absolver, como lo hizo, pues no se contempla propiamente el caso de una excepci\u00f3n perentoria, sino la ausencia de uno de los elementos estructurales de la acci\u00f3n, o sea, la falta de legitimaci\u00f3n pasiva en la causa\u00bb. (CSJ SC, 9 abr., 1956, G.J. LXXXII, n. 2165-2166. Resaltado propio). <\/p>\n
Posteriormente se\u00f1al\u00f3 la Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abComo de tiempo atr\u00e1s lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n, la legitimaci\u00f3n en la causa es cuesti\u00f3n propia del derecho sustancial y no del procesal, en cuanto concierne con una de las condiciones de prosperidad de la pretensi\u00f3n debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integraci\u00f3n y desarrollo v\u00e1lido de \u00e9ste, motivo por el cual su ausencia desemboca irremediablemente en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, contrariamente a lo que parece entender el recurrente, no consagra talanquera alguna que le impida al juez decidir de manera oficiosa sobre la legitimaci\u00f3n de las partes, aspecto \u00e9ste que, como ya se dijera, por constituir una de las condiciones de prosperidad de toda reclamaci\u00f3n judicial, est\u00e1 siempre obligado a examinar con miras a decidir sobre su concesi\u00f3n (\u2026), toda vez que el aludido precepto solamente restringe esa facultad en lo que concierne con las excepciones de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, las cuales, como es sabido, comportan un poder del demandado encaminado a aniquilar la pretensi\u00f3n del actor, de manera que \u00e9sta subsistir\u00e1 solamente si aqu\u00e9l se abstiene de ejercer su derecho potestativo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
No se observa, pues, que el sentenciador ad quem hubiese declarado probada una excepci\u00f3n que no le fuera propuesta sino que, puesto en la tarea de verificar la adecuada presencia de los presupuestos que condicionan la prosperidad de la pretensi\u00f3n resolutoria, advirti\u00f3 que uno de ellos no se configuraba, justamente aquel que legitima al demandante cumplido, por lo que absolvi\u00f3 a los demandados.\u00bb (CSJ, S039-2002 [6139], 2002, 14 mar. Resaltado propio). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando el fallador aborda el estudio de la legitimaci\u00f3n en la causa est\u00e1 resolviendo de oficio sobre un presupuesto material para la sentencia estimatoria sin que ello comporte inconsonancia alguna; incluso no le est\u00e1 vedado declarar la falta de legitimaci\u00f3n como excepci\u00f3n. <\/p>\n
En aras de resaltar la adecuaci\u00f3n de los precedentes citados a la actual legislaci\u00f3n procesal, debe recordarse que el mencionado art\u00edculo 306 establec\u00eda la posibilidad de declarar de oficio una excepci\u00f3n3 cuando estuvieren probados los hechos que la constituyen \u2013salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa\u2013 manteni\u00e9ndose id\u00e9ntica redacci\u00f3n en el actual canon 282 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. An\u00e1lisis del cargo <\/p>\n
Para la prosperidad del cargo por incongruencia, es necesario que en la acusaci\u00f3n se confronte efectivamente el petitum y el contenido de la providencia definitiva, para evidenciar el desafuero de la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En sede de casaci\u00f3n, alegan los recurrentes que la sentencia es incongruente porque la legitimaci\u00f3n en la causa por activa no fue objeto de reparo por parte de la apelante y por ende, el ad quem no estaba habilitado legalmente para pronunciarse de oficio sobre el particular. <\/p>\n
Si bien los precedentes citados bastar\u00edan para respaldar la declaraci\u00f3n oficiosa del Tribunal, se debe relievar que, en este caso, los demandantes se presentaron al proceso verbal de impugnaci\u00f3n de paternidad y petici\u00f3n de herencia como \u00abhermanas leg\u00edtimas del causante con vocaci\u00f3n hereditaria en el tercer orden\u00bb, y como \u00absobrinos, quienes act\u00faan en su calidad de hijos leg\u00edtimos del se\u00f1or SADALA SAAD RUMILLA (Q.E.P.D) quien fuere hermano del causante (\u2026), con vocaci\u00f3n hereditaria por derecho de representaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Todas las pretensiones de los actores y su solicitud de reconocimiento como herederos en el tercer orden sucesoral se apoyan en el parentesco que los un\u00eda al causante4. En el expediente, sin embargo, no obra ninguna prueba que acredite el v\u00ednculo de los demandantes con el causante Nadin Jos\u00e9 Saad Rumilla y, por ende, no hay prueba de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa para impugnar el reconocimiento voluntario que el causante hizo de la demandada en vida, y desplazarla, en consecuencia, de la sucesi\u00f3n del padre a trav\u00e9s de la petici\u00f3n de herencia. <\/p>\n
Si bien la constataci\u00f3n de esa legitimaci\u00f3n activa debi\u00f3 hacerse por el a quo, \u00e9ste la pas\u00f3 por alto al admitir la demanda y al dictar la sentencia, afirmando en ella que los registros civiles aportados al proceso acreditaban la condici\u00f3n de hermanas y sobrinos de los demandantes, \u00abcomprob\u00e1ndose y ostentando su parentesco\u00bb, suponiendo la existencia de una prueba que no obraba en el expediente \u2013a saber, el registro civil o partida eclesi\u00e1stica del causante\u2013, con lo que el juez de primera instancia dio por probada la legitimaci\u00f3n, sin estarlo. <\/p>\n
Ese error del a quo no podr\u00eda quedar lejos del escrutinio del Tribunal, por ser asunto que no est\u00e1 limitado por el principio dispositivo ni concierne a las alegaciones de las partes, sino que corresponde a un presupuesto material de la pretensi\u00f3n, de modo que el ad quem no solo pod\u00eda, sino que deb\u00eda verificar la titularidad del derecho sustancial alegado. <\/p>\n
Para los censores, tal corroboraci\u00f3n estaba fuera del examen del Tribunal al no haber sido objeto de reparos concretos en apelaci\u00f3n, lo que significa, en su sentir, que oper\u00f3 la cosa juzgada porque la demandada \u00abconsinti\u00f3\u00bb en lo decidido por el fallador de primer grado. Esta postura trae como consecuencia que el error del juez de primera instancia no puede ser objeto de correcci\u00f3n, aun cuando no corresponde con la realidad probatoria y ata\u00f1e directamente a un presupuesto material de la pretensi\u00f3n, cuya ausencia imped\u00eda despachar favorablemente las pretensiones. <\/p>\n
Aceptar esa posici\u00f3n implicar\u00eda cercenar las facultades de saneamiento del proceso que tiene el fallador de segunda instancia, su obligaci\u00f3n de emplear los poderes que se le han conferido para evitar fallos inhibitorios, nulidades, y para prevenir y reprender el fraude procesal; incluso desconocer su potestad de dictar sentencia anticipada cuando encuentre acreditada la falta de legitimaci\u00f3n en la causa, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
No puede sostenerse que la demandada \u00abconsinti\u00f3\u00bb que el a quo diera por probada la legitimaci\u00f3n sin estarlo, pues en trat\u00e1ndose del estado civil impera la tarifa legal, y, conforme ha reiterado sistem\u00e1ticamente esta Corporaci\u00f3n, es un asunto que no puede derivarse de pruebas distintas como la confesi\u00f3n, o de la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita, como parecen sugerir los recurrentes, pues su acreditaci\u00f3n exige el registro civil de nacimiento o la partida eclesi\u00e1stica para personas nacidas antes de la expedici\u00f3n de la Ley 92 de 1938, tal como lo establece el art\u00edculo 105 del Decreto 1260 de 1970. <\/p>\n
La facultad dispositiva de las partes no se extiende a la posibilidad de consentir situaciones contrarias a derecho, o a dar por probados asuntos que exigen una espec\u00edfica prueba con otros medios de convicci\u00f3n. Adicionalmente, no es cierto que la convocada haya aceptado sin m\u00e1s la legitimaci\u00f3n de los demandantes, como se sugiere en la demanda de casaci\u00f3n, pues tempranamente en la contestaci\u00f3n de la demanda indic\u00f3 que los promotores \u00abno han manifestado cu\u00e1l es su inter\u00e9s actual, ni han aportado pruebas, que demuestren su dicho\u00bb; e incluso en el recurso de apelaci\u00f3n atac\u00f3 la legitimaci\u00f3n de los recurrentes para promover la acci\u00f3n, aunque centrando su argumento en el t\u00e9rmino de caducidad. <\/p>\n
Pero a\u00fan ante la falta de alegaci\u00f3n, la legitimaci\u00f3n en la causa exige el examen oficioso del fallador, pues es asunto que ata\u00f1e al derecho sustancial subyacente. Por lo anterior, es forzoso concluir que el Tribunal resolvi\u00f3 oficiosamente sobre el presupuesto material de la pretensi\u00f3n elevada, por lo que en modo alguno alter\u00f3 la versi\u00f3n de los hechos presentados por las partes ni se ocup\u00f3 de asuntos ajenos al inter\u00e9s jur\u00eddico de la recurrente, pues la legitimaci\u00f3n, como ya se se\u00f1al\u00f3, es asunto central del litigio, \u00edntimamente relacionado con el derecho reclamado y cuya observancia es obligatoria al momento de dictar una sentencia favorable. <\/p>\n
Por lo anterior, la acusaci\u00f3n no prospera. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con apoyo en la causal segunda de casaci\u00f3n, los actores denunciaron la trasgresi\u00f3n indirecta, por error de derecho, de los art\u00edculos \u00ab248 del C\u00f3digo Civil, con las modificaciones introducidas por la ley 1060 de 2006; el art\u00edculo 5 de la ley 75 de 1968, y de los art\u00edculos 1013, 1321, 1322, 1325, 1047 y 1041 del C\u00f3digo Civil\u00bb, debido a un \u00abdesconocimiento de las normas probatorias contenidas en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 42, y los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso, a trav\u00e9s de las cuales se consagr\u00f3 el deber en cabeza del fallador de ordenar de manera oficiosa el decreto y la pr\u00e1ctica de pruebas que resulten necesarias y\/o \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u00bb. <\/p>\n
En sustento de esa acusaci\u00f3n, alegaron lo siguiente: <\/p>\n
(i) Que la parte resolutiva del fallo \u00abes producto de la absoluta y manifiesta desatenci\u00f3n de los deberes y poderes que la ley otorga, con arreglo a los cuales debi\u00f3 ordenarse de oficio, antes de fallar, que se incorporara al expediente el registro civil o la partida eclesi\u00e1stica del finado Nadin Jos\u00e9 Saad Rumilla\u00bb. <\/p>\n
(ii) En tal sentido, \u00abde no haber incurrido en este error, el Tribunal habr\u00eda obtenido la certeza probatoria requerida para verificar que los demandantes se encontraban perfectamente legitimados en la causa por activa para impugnar el v\u00ednculo de filiaci\u00f3n de la demandada\u00bb. <\/p>\n
(iii) Pese a que esa colegiatura advirti\u00f3 \u00abla falencia en materia probatoria, no revel\u00f3 en la motivaci\u00f3n de la sentencia, siendo mandatorio hacerlo \u2013ante la existencia de un deber legal de actividad impuesto por el citado art\u00edculo 170 \u00eddem\u2013 las razones por las cuales dicho deber fue incumplido u omitido. No se hizo referencia alguna en el fallo a la concurrencia de razones que lo habilitaran, en este caso concreto, para sustraerse al deber de decretar y practicar, de oficio y antes del fallo, la prueba que entendi\u00f3 faltaba (n\u00fam. 4 art. 42 CGP). Y esto es as\u00ed, porque \u2013se repite\u2013, para despachar desfavorablemente la causa, el Tribunal solo tuvo en cuenta un criterio insuficiente y por tanto injustificado, como es la ausencia misma de la prueba que extra\u00f1\u00f3\u00bb. <\/p>\n
(iv) Adem\u00e1s, \u00aben el expediente obraba informaci\u00f3n suficiente para que el Tribunal se viera en la obligaci\u00f3n de haber decretado el registro civil o la partida eclesi\u00e1stica del finado, pues de lo que se trata es de que, si existen motivos serios para ello, el Tribunal est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de desplegar su actividad para reunir el acervo probatorio requerido a fin de adquirir un mayor grado de certeza sobre la hip\u00f3tesis coherente, atendible y fundada que ven\u00eda sugerida en el plenario\u00bb. <\/p>\n
(v) Tampoco cab\u00eda asumir que los actores hubieran sido negligentes en su actividad probatoria, porque aportaron un copioso acervo documental destinado a acreditar el estado civil de los interesados y porque atendieron diligentemente cada uno de los requerimientos judiciales, en los que nunca sali\u00f3 a relucir la ausencia del documento echado de menos por el Tribunal. <\/p>\n
(vi) De haber cumplido su deber de promover el recaudo oficioso de la prueba que ech\u00f3 de menos, \u00abel Tribunal habr\u00eda podido proceder a comprobar la improcedencia de los reparos elevados por la demandada contra la sentencia de primera instancia; a los que desde un principio debi\u00f3 restringirse\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La violaci\u00f3n indirecta de la Ley sustancial por errores de derecho <\/p>\n
Las normas sustanciales pueden ser transgredidas como consecuencia del desconocimiento de las pautas probatorias que gobiernan el proceso. As\u00ed ocurre, a modo de ejemplo, cuando el juez estima un medio de convicci\u00f3n que carece de validez; deja de observar una probanza v\u00e1lida, pretextando que no lo era; omite decretar pruebas de oficio, cuando resultaban imperativas, o no aprecia los distintos elementos de juicio \u00aben conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica [y] sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u00bb (art\u00edculo 176, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Conviene precisar, adem\u00e1s, que la acreditaci\u00f3n de este tipo de error exige una actividad comparativa entre la sentencia impugnada y el medio de prueba, para evidenciar as\u00ed que, <\/p>\n
\u00abconforme a las reglas propias de la petici\u00f3n, decreto, pr\u00e1ctica o apreciaci\u00f3n de las pruebas, el juicio del sentenciador no pod\u00eda ser el que, de hecho, consign\u00f3. En consecuencia, si dijo que la prueba era apta para demostrar el hecho o acto, debe hacerse notar que no lo era en realidad; o si la desestim\u00f3 como id\u00f3nea, debe puntualizarse que s\u00ed era adecuada. Todo, con sujeci\u00f3n a las susodichas normas reguladoras de la actividad probatoria dentro del proceso, las cuales, en consecuencia, resultan quebrantadas, motivo por el cual y a fin de configurar el error, debe denunciarse su violaci\u00f3n\u00bb (CSJ SC 6 abr. 2011, exp. 2004-00206-00, reiterada en CSJ SC5676-2018, 19 dic.). <\/p>\n
Una acusaci\u00f3n de este linaje exige del casacionista la demostraci\u00f3n del error y de su trascendencia en la sentencia impugnada, pues no basta una equivocaci\u00f3n del fallador, sino que ella debe ser relevante y evidente en el sentido del fallo, pues \u00absolo el error manifiesto, evidente y trascedente es susceptible de apoyar la causal de casaci\u00f3n que por esta v\u00eda dar\u00eda al traste con el pronunciamiento impugnado. Los yerros cuya incidencia determinante no aparezca demostrada, a pesar de su concurrencia, no bastan para infirmar la decisi\u00f3n mediante el recurso extraordinario\u00bb (CSJ SC876-2018, 23 mar.). <\/p>\n
2. Las facultades oficiosas del juez <\/p>\n
2.1. El rol del juzgador y su iniciativa probatoria en el procedimiento civil <\/p>\n
En los sistemas dispositivos, el inter\u00e9s particular debatido en el proceso civil otorga a las partes el poder exclusivo para proponer los medios probatorios que pretenden hacer valer, sin que se atribuya al juez iniciativa en ese campo por considerar que con ella se afectar\u00eda el principio de imparcialidad rigurosa que orienta la funci\u00f3n judicial. Se ha considerado que, con esa limitaci\u00f3n a las facultades oficiosas, se asegura la igualdad de las partes y se protege a los ciudadanos de posibles excesos o arbitrariedad del juzgador. <\/p>\n
En los sistemas de corte inquisitivo, el proceso es concebido como el mecanismo a trav\u00e9s del cual se materializa uno de los fines esenciales del Estado y el valor superior de la justicia, y es en virtud de ese inter\u00e9s colectivo que el juzgador est\u00e1 dotado de amplias facultades oficiosas. Se dice entonces que la igualdad de las partes se garantiza gracias a la iniciativa probatoria del juez, que se ejerce para procurar el hallazgo de la verdad y proferir fallos que respondan a la exigencia de justicia material, m\u00e1s all\u00e1 de los errores o habilidades de los litigantes6. <\/p>\n
Estas tensiones encuentran soluci\u00f3n en los sistemas procesales mixtos que buscan hacer compatibles las diferentes posturas sobre el papel del juez y hallar un equilibrio que permita al proceso ser eficaz sin desconocer las garant\u00edas constitucionales, estableciendo ciertos l\u00edmites que protejan la imparcialidad y el derecho de defensa7. <\/p>\n
2.2. La iniciativa probatoria del juez en el C\u00f3digo General del Proceso <\/p>\n
Como en la mayor\u00eda de las legislaciones actuales, nuestro estatuto procesal consagra un sistema mixto en el que se mantienen caracter\u00edsticas dispositivas como el inicio del proceso a trav\u00e9s de demanda (art. 8 C.G.P), la carga de la prueba atribuida a las partes (art. 167 C.G.P), la posibilidad de disposici\u00f3n del derecho en litigio (art. 312 y 314 C.G.P) y la exigencia de congruencia de la sentencia (art. 281 C.G.P); y se consagran facultades oficiosas del juez en materia de pruebas8, encaminadas tanto a la verificaci\u00f3n (art. 169 C.G.P) como al esclarecimiento de los hechos (art. 170 C.G.P), elevando el estatuto procesal dicha potestad a la categor\u00eda de deber del juzgador (art. 42 num 4 C.G.P)9. <\/p>\n
En consecuencia, el procedimiento patrio hace compatible la carga de la prueba asignada a las partes, con la iniciativa probatoria del juzgador. La primera exige de los extremos procesales una actitud proactiva y diligente al presentar los hechos en los que se sustentan las pretensiones y los medios de defensa, pues son ellos quienes est\u00e1n obligados a presentar o procurar la obtenci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n que pretendan hacer valer, debiendo soportar las consecuencias desfavorables de la falta de acreditaci\u00f3n de su dicho. La segunda, permite al juez decretar pruebas de oficio \u00abcuando sean \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u00bb, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 169 del estatuto adjetivo, y \u00abcuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia\u00bb, conforme al art\u00edculo 170 ib\u00eddem. <\/p>\n
Esta iniciativa probatoria, confiada al juez como director del proceso, busca garantizar fallos coincidentes con la realidad procesal y de esa manera, lo m\u00e1s justos posible. Se trata de una facultad-deber reconocida por la Corte como una herramienta de gran val\u00eda a la hora de esclarecer los hechos del litigio con el fin de lograr la prevalencia del derecho sustancial en la decisi\u00f3n, y se concreta cuando, a pesar de la diligencia y cumplimiento de las cargas probatorias por parte de los interesados, a\u00fan persisten \u00abzonas de penumbra\u00bb que es indispensable despejar para llegar a la verdad de los hechos; y cuando sean necesarias para evitar nulidades y fallos inhibitorios, que contrar\u00edan la esencia misma de la funci\u00f3n jurisdiccional. <\/p>\n
Sin embargo, el ejercicio de esas facultades no es, ni puede ser, arbitrario o caprichoso, pues no est\u00e1n consagradas para que el juez tome partido por uno de los extremos procesales, rompiendo el principio de imparcialidad y desconociendo en consecuencia el equilibrio entre los extremos procesales. <\/p>\n
En sentencia CSJ, SC5676-2018, 19 dic, se consider\u00f3: <\/p>\n
\u00abAunque al juez se le exige acuciosidad y dinamismo en la b\u00fasqueda de la verdad real sobre la cual ha de definir la controversia, esa labor no se extiende hasta el punto de tener que suplir en cualquier supuesto la carga probatoria que le incumbe a las partes. Al respecto, la Corte en fallo SC 23 nov. 2010, rad. 2002-00692-01 precis\u00f3: \u201cNo se trata, pues, de que el juez tome la bandera de una de las partes, ni que dirija su esfuerzo a construir la que desde su personal perspectiva debe ser la respuesta para el caso, sino que su iniciativa debe contribuir a dar forma a una hip\u00f3tesis que muestra algunas trazas en el expediente y que, siendo coherente, atendible y fundada, aparece apoyada por los medios de convicci\u00f3n a su alcance y se ajusta plausiblemente a una soluci\u00f3n que acompase con el ideal de justicia\u201d.\u00bb (CSJ, SC5676-2018, 19 dic.). <\/p>\n
Procurando la protecci\u00f3n de tales garant\u00edas constitucionales, nuestro estatuto procesal consagra la limitaci\u00f3n del decreto oficioso de pruebas testimoniales a los testigos que aparezcan mencionados en el expediente (art. 169 C.G.P), y la obligatoriedad de la contradicci\u00f3n de las pruebas decretadas por iniciativa del juez (art. 170 C.G.P). <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional, por su parte, reconoce que el decreto de pruebas de oficio responde a la exigencia de garantizar el principio de igualdad material, pero no por ello puede estar encaminado a corregir la inactividad ni la negligencia de los apoderados, ni a agudizar la asimetr\u00eda entre las partes11. Ese decreto oficioso exige justificaci\u00f3n para que estas puedan practicarse y debe permitirse la plena contradicci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n as\u00ed obtenidos, en atenci\u00f3n a los principios de igualdad y lealtad procesal12. <\/p>\n
2.3. Error de derecho y decreto oficioso de pruebas <\/p>\n
Las anteriores consideraciones permiten concluir que, adem\u00e1s de los casos en los que el mismo legislador ha consagrado la obligatoriedad de una determinada prueba, el decreto oficioso se vuelve un imperativo para el juez cuando el medio de convicci\u00f3n faltante es indispensable para evitar nulidades o proferir fallos inhibitorios, y en aquellos casos en los que \u2013sin existir incuria de la parte\u2013 se hace indispensable obtener una pieza de evidencia que permita superar una \u00abzona de penumbra\u00bb, es decir, cuando existe en el expediente la traza, el indicio, la sospecha fundada de la existencia de un hecho, cuya plena comprobaci\u00f3n \u2013a trav\u00e9s del decreto de pruebas de oficio\u2013 emerge necesaria para llegar a la verdad del asunto13. <\/p>\n
Por lo anterior, no siempre que el juez se abstenga de hacer uso de sus facultades oficiosas, se estar\u00e1 ante un error de derecho. S\u00f3lo en aquellos casos en los que, descartada la negligencia de las partes, la actuaci\u00f3n del funcionario se mostraba indispensable para llegar a la certeza plausiblemente insinuada en el expediente, podr\u00e1 acusarse al fallador de incumplir con su deber oficioso. Ello en tanto que el juez, \u00abcomo director del proceso, debe propender por la soluci\u00f3n del litigio, fundado en el establecimiento de la verdad, la efectividad de los derechos reconocidos por la norma de fondo, la prevalencia del derecho sustancial y la observancia del debido proceso\u00bb14. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, cuando pese a la adecuada actividad probatoria de las partes sea necesario esclarecer espacios oscuros de la controversia, cuando existan fundadas razones para considerar que la inactividad del juez alejar\u00e1 su decisi\u00f3n de la justicia material15; cuando la pr\u00e1ctica de la prueba sea un imperativo legal o cuando con ella se evitan nulidades o fallos inhibitorios, puede configurarse un error de derecho por infracci\u00f3n de las normas probatorias16. <\/p>\n
3. An\u00e1lisis del cargo <\/p>\n
En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, ciertamente se echa de menos en el expediente el medio de prueba que acredite la existencia de parentesco entre los demandantes y el causante Nadin Jos\u00e9 Saad Rumilla, a saber, el registro civil de nacimiento o la partida eclesi\u00e1stica anterior al a\u00f1o de 1938. Tal documento, que constituye una formalidad ad probationem en materia de estado civil, demostrar\u00eda si las demandantes y el causante eran hijos de los mismos padres y, por ende, hermanos; parentesco que, debidamente acreditado, habr\u00eda permitido tener por cumplido el requisito de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa para promover el proceso de filiaci\u00f3n y petici\u00f3n de herencia. <\/p>\n
El Tribunal, al reparar en que tal documento no obraba en el proceso, declar\u00f3 no probada la legitimaci\u00f3n y, en consecuencia, deneg\u00f3 las pretensiones, sin analizar si su falta se deb\u00eda a la incuria de la parte y sin reparar en que, trat\u00e1ndose de un asunto que involucra el orden p\u00fablico, como es el estado civil de la convocada, era necesario hacer uso de sus facultades oficiosas para llevar al proceso la prueba del parentesco echada de menos, en la medida en que \u00e9ste ten\u00eda trazas plausibles en el expediente. <\/p>\n
El an\u00e1lisis de las piezas procesales permite concluir que, en este caso, la ausencia de la prueba documental no se debi\u00f3 a la negligencia de los convocantes, sino que pudo tratarse de una omisi\u00f3n inadvertida, tanto por los propios litigantes, como por los distintos jueces que, en su momento, atendieron la primera instancia. Rep\u00e1rese en que el escrito inicial anuncia y anexa los registros civiles y partidas eclesi\u00e1sticas de los demandantes y de la demandada, as\u00ed como el registro de defunci\u00f3n del causante. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que se aportaron partidas eclesi\u00e1sticas de las hermanas Saad Rumilla, y que las tres corresponden a la Parroquia Santa Ana de Baranoa, es factible pensar que no se trat\u00f3 de un problema de consecuci\u00f3n, o falta de ubicaci\u00f3n del documento indispensable. <\/p>\n
La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla el 21 de noviembre de 2016, sin que se percatara el a quo de la ausencia del registro civil del causante, motivo por el cual no hubo reproche por parte de la judicatura frente a esta omisi\u00f3n de la parte demandante, pese a que el art\u00edculo 84 del estatuto adjetivo exige su aportaci\u00f3n como anexo. <\/p>\n
En la contestaci\u00f3n de la demanda, la convocada acept\u00f3 expresamente que los demandantes son parientes del causante17 y al no desconocer el v\u00ednculo filial, no propuso ninguna excepci\u00f3n tendiente a desvirtuar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa ni la capacidad de los demandantes para ser parte. Tampoco solicit\u00f3 ninguna prueba relacionada con la calidad en la que actuaban los actores en el proceso. Al no ser cuestionada la legitimaci\u00f3n en la causa en la contestaci\u00f3n de la demanda, no hubo pronunciamiento adicional de los actores sobre el particular, aunque si descorrieron los traslados de excepciones centr\u00e1ndose en los argumentos esbozados en la contestaci\u00f3n, ajenos a la legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
Una vez arrib\u00f3 el proceso al Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga en virtud de la prosperidad de la excepci\u00f3n previa de falta de competencia, el Juez asumi\u00f3 el proceso sin percatarse de la omisi\u00f3n, que bien pod\u00eda haber saneado en esa oportunidad en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En el fallo de primera instancia, el a quo dio por establecida la legitimaci\u00f3n en la causa por activa de los demandantes. En los reparos concretos de la apelaci\u00f3n elevados por la convocada, no se discuti\u00f3 en modo alguno la legitimaci\u00f3n de la contraparte ni se hizo menci\u00f3n de este asunto en el escrito de sustentaci\u00f3n ante el superior. <\/p>\n
Todo lo anterior hace pensar en la alta probabilidad de parentesco de los referidos se\u00f1ores en el segundo grado de consanguinidad, constituy\u00e9ndose en trazas serias, plausibles y fundadas de un hecho cuya demostraci\u00f3n ech\u00f3 de menos el Tribunal, y del cual depend\u00eda la definici\u00f3n de la legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
En este caso, pues, no puede afirmarse que la ausencia de la prueba se deba a una incuria de la parte, como ha ocurrido en otros eventos en los que la Corte no ha dado por acreditado el error de derecho18, pues vista la conducta de los actores durante el tr\u00e1mite se evidencia una actuaci\u00f3n diligente. Por otra parte, la primera vez que se hizo referencia a la legitimaci\u00f3n en la causa por activa en el curso del proceso, fue en la sentencia de segundo grado, lo que sumado a la falta de alegaci\u00f3n previa de la contraparte y la omisi\u00f3n del a quo de su obligaci\u00f3n de constatar la adecuaci\u00f3n y completitud de la demanda previa admisi\u00f3n, permite, en los t\u00e9rminos de la citada sentencia SC5676-2018, \u00abentender el asunto como novedoso o desapercibido en raz\u00f3n a otras contingencias de la litis que de alguna manera excusara la falta de rigor en la satisfacci\u00f3n del condicionamiento\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, el Tribunal no expuso ning\u00fan motivo relacionado con una posible negligencia de la parte que justificara su abstenci\u00f3n, limit\u00e1ndose a se\u00f1alar que debe soportar las consecuencias del incumplimiento de la carga de acreditar el parentesco, a pesar de que, en el caso concreto, existen evidencias serias que permiten tener el v\u00ednculo filial como una hip\u00f3tesis fundada. <\/p>\n
Siendo el debate sobre legitimaci\u00f3n por activa sorpresivo en segunda instancia, la documental echada de menos se constituye en una prueba necesaria para llegar a una decisi\u00f3n ajustada a la realidad, que deb\u00eda ser entonces, procurada por el fallador de segundo grado. <\/p>\n
Por lo anterior, encuentra la Sala que el ad quem incumpli\u00f3 su deber de decretar pruebas de oficio \u00fatiles y necesarias, que le habr\u00edan permitido cerciorarse de la existencia o ausencia del parentesco que legitimaba a los demandantes, en un asunto que involucra un aspecto de orden p\u00fablico como es el estado civil y que exig\u00eda del fallador una actitud comprometida con el hallazgo de la verdad real en el proceso puesto a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
El cargo, por lo tanto, prospera. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Si bien el pronunciamiento del ad quem sobre un asunto fundamental para el litigio como la legitimaci\u00f3n en la causa por activa no le estaba vedado y en ese sentido no puede tildarse su sentencia de incongruente, la omisi\u00f3n del decreto de la prueba de oficio echada de menos si constituye, en este caso particular, un error de derecho susceptible de reconocimiento en sede extraordinaria. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que la totalidad de la determinaci\u00f3n tomada en la sentencia impugnada se basa en la ausencia del registro civil de nacimiento o partida eclesi\u00e1stica del causante, el error es trascendente y ataca la totalidad de los cimientos del fallo impugnado, por lo que, ante la prosperidad del cargo, se casar\u00e1 la sentencia recurrida. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1. Delimitaci\u00f3n del asunto a resolver. <\/p>\n
La Corte, situada en sede de instancia, procede a resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la demandada Mar\u00eda Fernanda Saad Rumilla en contra de la sentencia proferida el 29 de julio de 2020 por el Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. La sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Por medio de sentencia anticipada, que consider\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de caducidad, el Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga declar\u00f3 que la convocada no es hija biol\u00f3gica de Nadin Jos\u00e9 Saad Rumilla y orden\u00f3 la correcci\u00f3n de su registro civil de nacimiento. <\/p>\n
Teniendo en cuenta la acumulaci\u00f3n de pretensiones de petici\u00f3n de herencia, a trav\u00e9s de la misma providencia el a quo accedi\u00f3 a tales pedimentos y en consecuencia, reconoci\u00f3 la vocaci\u00f3n hereditaria de los actores, orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de los actos jur\u00eddicos de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n realizados por v\u00eda notarial y la rehechura del trabajo de partici\u00f3n dentro de la sucesi\u00f3n del se\u00f1or Nadin Jos\u00e9 Saad Rumilla; y conden\u00f3 a la demandada a \u00abrestituir para la masa herencial los bienes adjudicados en el trabajo de partici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Inconforme con la decisi\u00f3n, la parte convocada interpuso recurso de apelaci\u00f3n, centrando sus ataques en tres puntos espec\u00edficos: (i) que se vulner\u00f3 su derecho de defensa al no valorar las pruebas existentes y dejar de practicar las pruebas solicitadas que demostraban que la acci\u00f3n de filiaci\u00f3n se encontraba caducada debido al conocimiento previo de los demandantes sobre la ausencia de v\u00ednculo biol\u00f3gico entre padre e hija, y que en virtud del reconocimiento voluntario y consciente del causante, se hab\u00eda configurado entre aquel y la demandada la relaci\u00f3n de padre e hija de crianza; (ii) que como la acci\u00f3n era mixta, no pod\u00eda dictarse sentencia sin pruebas, pues ello vulnera el derecho de defensa, y (iii) que el a quo no pod\u00eda dictar sentencia de plano debido a la oposici\u00f3n de la convocada a las pretensiones, que exig\u00eda la pr\u00e1ctica de pruebas y el tr\u00e1mite de la contestaci\u00f3n de la demanda <\/p>\n
4. La sentencia anticipada en el caso particular <\/p>\n
El art\u00edculo 386 del C\u00f3digo General del Proceso se\u00f1ala que en los procesos de filiaci\u00f3n se dictar\u00e1 sentencia de plano acogiendo las pretensiones de la demanda cuando el resultado de la prueba cient\u00edfica sea favorable a la parte actora y la convocada no solicite la pr\u00e1ctica de un nuevo dictamen. <\/p>\n
Si bien en aras de la celeridad en la determinaci\u00f3n del estado civil y, por ende, del derecho a la identidad de las personas, el legislador estableci\u00f3 la posibilidad de dictar sentencia de plano en los procesos de filiaci\u00f3n, esta norma no puede interpretarse de manera aislada, pues ello llevar\u00eda al desconocimiento de otros derechos de rango fundamental, como el debido proceso y la especial protecci\u00f3n de la familia en casos en los que, adem\u00e1s del v\u00ednculo biol\u00f3gico, existen otros aspectos relevantes que deben ser considerados en el juicio y que exigen para su acreditaci\u00f3n la pr\u00e1ctica probatoria. <\/p>\n
Debe a\u00f1adirse que este proceso no versaba exclusivamente sobre la filiaci\u00f3n, sino que conten\u00eda pretensiones acumuladas de petici\u00f3n de herencia que no pod\u00edan ser resueltas en sentencia anticipada, a menos que se estuviese en uno de los tres eventos contemplados en el art\u00edculo 278 del estatuto procesal, a saber: cuando las partes lo soliciten de mutuo acuerdo, cuando no haya pruebas por practicar, o cuando est\u00e9 probada la cosa juzgada, la transacci\u00f3n, la caducidad, la prescripci\u00f3n extintiva y la carencia de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
Ninguno de los supuestos normativos que habilitan la emisi\u00f3n de la sentencia anticipada se dieron en este caso y, de hecho, aquella se dict\u00f3 estando el proceso en la situaci\u00f3n contraria a la que establece el art\u00edculo 278 en su numeral segundo, que habilita el pronunciamiento anticipado cuando no haya pruebas por practicar. Conforme con ello, en caso de existir pruebas conducentes y pertinentes cuya pr\u00e1ctica sea necesaria para resolver asuntos relevantes en el litigio, no es procedente dictar sentencia sin haber agotado el recaudo probatorio, pues solo con base en los elementos de convicci\u00f3n el juez puede dirimir el conflicto en la medida en que toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (art\u00edculo 164 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Sobre este punto, ha considerado la Corte que \u00abla permisi\u00f3n de sentencia anticipada por la causal segunda presupone: 1. Que las partes no hayan ofrecido oportunamente alg\u00fan medio de prueba distinto al documental; 2. Que habi\u00e9ndolas ofertado \u00e9stas fueron evacuadas en su totalidad; 3. Que las pruebas que falten por recaudar fueron expl\u00edcitamente negadas o desistidas; o 4. Que las probanzas faltantes sean innecesarias, il\u00edcitas, in\u00fatiles, impertinentes o inconducentes\u00bb (Sentencia STC Rad 47001-22-12-000-2020-00006-01, 27 abr.2020). <\/p>\n
En tal virtud, no le era dable al a quo dictar sentencia anticipada ante la existencia de pruebas por practicar que le permitir\u00edan resolver no s\u00f3lo los aspectos patrimoniales relacionados con la petici\u00f3n de herencia, sino tambi\u00e9n los aspectos neur\u00e1lgicos del ataque a la filiaci\u00f3n. <\/p>\n
Por el contrario, al dictarse sentencia sin practicar las probanzas pedidas por la demandada para defender su v\u00ednculo filial, se vulner\u00f3 su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. Con insistencia previa de la parte actora, el a quo profiri\u00f3 sentencia anticipada con fundamento exclusivo en el resultado de la prueba de ADN, ante el cual no fueron considerados los argumentos de la demandada respecto al conocimiento pleno y previo de los demandantes de su situaci\u00f3n y trato como hija desde sus primeros a\u00f1os de vida y del reconocimiento consciente y voluntario realizado por el causante; aspectos relevantes en el proceso porque como ha reconocido esta Corporaci\u00f3n, el aspecto biol\u00f3gico no es el \u00fanico a tener en cuenta cuando se trata de filiaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, la ausencia de prueba para resolver de fondo todos los puntos puestos a consideraci\u00f3n del fallador de primer grado hac\u00eda improcedente la emisi\u00f3n de la sentencia anticipada. Sin embargo, no son las pruebas solicitadas por la convocada las \u00fanicas que se echan de menos en el proceso, como pasa a explicarse. <\/p>\n
4.1 Ausencia de prueba de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa <\/p>\n
En primer lugar, cabe se\u00f1alar que el a quo dict\u00f3 sentencia anticipada sin que existiera en el proceso prueba que acreditara la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, la cual es un presupuesto material de la pretensi\u00f3n sin cuya acreditaci\u00f3n no es dable proferir sentencia estimatoria. <\/p>\n
No obra en el expediente registro civil de nacimiento o partida eclesi\u00e1stica que permita concluir el parentesco de los demandantes ni del representado Sadala Saad Rumilla con el causante Nadin Jos\u00e9 Saad Rumilla; tampoco hay prueba que acredite el parentesco del demandante Jorge Luis Saad Llin\u00e1s con el supuesto hermano premuerto, dado que su registro civil de nacimiento lo muestra a \u00e9l mismo como denunciante, sin que el registro est\u00e9 firmado por su progenitor o se haya acompa\u00f1ado por el registro de matrimonio de los padres que permitiera determinar el v\u00ednculo filial. <\/p>\n
Si bien estas situaciones debieron verificarse previamente a la admisi\u00f3n de la demanda, el a quo no estaba relevado en modo alguno de su obligaci\u00f3n de constatar la existencia de la legitimaci\u00f3n en la causa previo a dictar sentencia, incluso si fuere anticipada. <\/p>\n
Por lo anterior, al no existir en el proceso prueba que acredite la legitimaci\u00f3n y, como se expuso extensamente en sede de casaci\u00f3n, siendo el parentesco una hip\u00f3tesis plausible, fundada y con serios indicios en el expediente, era deber del juez decretar de oficio tales probanzas antes de dictar sentencia. <\/p>\n
4.2 Ausencia de prueba sobre aspectos relevantes del ataque a la filiaci\u00f3n. <\/p>\n
La sentencia anticipada se dict\u00f3 con base exclusiva en el resultado de la prueba cient\u00edfica, sin practicar las pruebas que, habiendo sido oportunamente solicitadas por la demandada, buscaban demostrar el alegado conocimiento previo de los actores de su situaci\u00f3n y la voluntad libre y consciente del causante de reconocerla como su hija y darle ese trato social19; tampoco se practicaron las pruebas solicitadas en la demanda con el objeto de acreditar \u00ablo relacionado con el v\u00ednculo de parentesco filial\u00bb con el causante20. <\/p>\n
Dadas las particularidades del caso, tales medios de convicci\u00f3n resultaban necesarios para determinar las circunstancias que rodearon el reconocimiento de la demandada y el trato social y notorio que, seg\u00fan alega la demandada, tuvo como hija del causante; aspectos sobre los que el a quo, en atenci\u00f3n a la exigencia de justicia material, deb\u00eda pronunciarse21. <\/p>\n
Contrario a lo que sostienen los recurrentes, no es cierto que dichas alegaciones hayan sido novedosas en sede de apelaci\u00f3n, porque desde la contestaci\u00f3n de la demanda se defendi\u00f3 el v\u00ednculo de padre e hija desde la m\u00e1s tierna edad de la convocada y el trato social de tal, y se quiso probar que dicha situaci\u00f3n era de conocimiento de los demandantes con la aportaci\u00f3n de documentos donde el causante afirma su calidad de padre y se evidencia el trato familiar entre las partes; todo esto con independencia de la denominaci\u00f3n del v\u00ednculo22. <\/p>\n
Estas consideraciones permiten afirmar que en este caso concreto y dadas sus particularidades, en el debate sobre la filiaci\u00f3n exist\u00edan argumentos de defensa de la parte demandada que deb\u00edan tener una oportunidad de prueba, contradicci\u00f3n y alegaci\u00f3n en el proceso, puesto que, como se ha dicho, involucraban aspectos vitales del v\u00ednculo filial sobre los cuales el juez deb\u00eda obtener certeza. <\/p>\n
De otra parte, respecto a la caducidad, se tiene que el a quo opt\u00f3 por dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil sin que existiera en el proceso prueba del matrimonio o la uni\u00f3n marital declarada de los padres de la convocada, que abriera paso a la aplicaci\u00f3n de tal disposici\u00f3n. La determinaci\u00f3n de la norma que gobierna la caducidad en el caso concreto depend\u00eda de la acreditaci\u00f3n de la paternidad leg\u00edtima (art\u00edculo 219) o extramatrimonial (art\u00edculo 248), probanza que tambi\u00e9n se echa de menos. <\/p>\n
4.3 Ausencia de pruebas que permitan imponer condenas en la petici\u00f3n de herencia <\/p>\n
Sin embargo, por expresa remisi\u00f3n normativa del art\u00edculo 1323 del C\u00f3digo Civil, para determinar la restituci\u00f3n de frutos y mejoras en el proceso de petici\u00f3n de herencia, se debe acudir a las reglas del proceso reivindicatorio (art\u00edculos 963 y 964 ib\u00eddem) que exigen la valoraci\u00f3n de la buena o mala fe del poseedor, con el fin de determinar qu\u00e9 debe restituirse y desde cu\u00e1ndo. Por ese motivo, el juez de primera instancia no pod\u00eda, v\u00e1lidamente, ordenar restituciones gen\u00e9ricas sin las pruebas que le permitieran tomar las determinaciones concretas que exige la petici\u00f3n de herencia. <\/p>\n
4.4 Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En virtud de lo expuesto, le asiste raz\u00f3n al apelante en el sentido de que el juez de primera instancia no pod\u00eda dictar sentencia de plano sin practicar las pruebas que permitieran a la demandada ejercer su derecho de contradicci\u00f3n. Corresponder\u00eda entonces a la Corte dictar el fallo de reemplazo en sede de instancia, sin embargo, el mismo no puede ser proferido ante la ausencia de pruebas, las cuales no fueron practicadas en virtud de la anticipaci\u00f3n de la sentencia dictada por el juez a quo. S\u00f3lo con los medios demostrativos suficientes se pueden definir, de fondo, los asuntos puestos en consideraci\u00f3n por las partes, tanto los relacionados con la filiaci\u00f3n, como con la petici\u00f3n de herencia. <\/p>\n
Por lo anterior, ante la ausencia de pruebas que permitan dictar la sentencia sustitutiva, habida cuenta que en este asunto es menester dilucidar aspectos \u00edntimamente ligados a la controversia, se revocar\u00e1 la sentencia anticipada dictada en primera instancia, para en su lugar disponer la continuaci\u00f3n del proceso, en el cual deber\u00e1n practicarse las pruebas pertinentes y conducentes, en audiencia y con plena garant\u00eda del derecho de contradicci\u00f3n y defensa de las partes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. CASAR la sentencia de 11 de febrero de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso verbal promovido por Victoria Saad Rumilla y otros contra Mar\u00eda Fernanda Saad Acu\u00f1a. <\/p>\n
SEGUNDO. ABSTENERSE de imponer condena en costas, dada la prosperidad del remedio extraordinario (art\u00edculo 365, numeral 1, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Y situada la Corte en sede de instancia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. REVOCAR la sentencia anticipada proferida el del 29 de julio de 2020, proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga dentro del proceso verbal de impugnaci\u00f3n de la paternidad y petici\u00f3n de herencia promovido por Victoria Saad Rumilla y otros contra Mar\u00eda Fernanda Saad Acu\u00f1a. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR el Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga continuar con el tr\u00e1mite normal del proceso. <\/p>\n
TERCERO: Sin costas en esta instancia. <\/p>\n
CUARTO: En firme esta providencia, devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n al juzgado de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
(Aclara el voto) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Aclara el voto) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08638-31-84-001-2017-00482-01 <\/p>\n
Con el respeto que profeso hacia las decisiones adoptadas por la mayor\u00eda y aunque comparto lo decidido frente a la impugnaci\u00f3n extraordinaria, debo aclarar mi voto en cuanto discrepo de una de las consideraciones vertidas en la sentencia de reemplazo. <\/p>\n
Motiva mi divergencia la argumentaci\u00f3n contenida en la parte final del numeral 4.2. relativa a la caducidad de la impugnaci\u00f3n de la paternidad, pues all\u00ed se indic\u00f3 que el juez a quo \u201copt\u00f3 por dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil sin que existiera en el proceso prueba del matrimonio o la uni\u00f3n marital declarada de los padres de la convocada, que abriera paso a la aplicaci\u00f3n de tal disposici\u00f3n. La determinaci\u00f3n de la norma que gobierna la caducidad en el caso concreto depend\u00eda de la acreditaci\u00f3n de la paternidad leg\u00edtima (art\u00edculo 219) o extramatrimonial (art\u00edculo 248), probanza que tambi\u00e9n se echa de menos\u201d.23 <\/p>\n
Lo prenotado, con fundamento en los siguientes razonamientos: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Se restringe, a mi modo de ver, la aplicaci\u00f3n del canon 219 de la codificaci\u00f3n civil a la impugnaci\u00f3n de la paternidad surgida del enlace nupcial de los progenitores y de la uni\u00f3n marital de hecho de aquellos, cuando en la actualidad la diferenciaci\u00f3n entre los efectos jur\u00eddicos de la filiaci\u00f3n leg\u00edtima y de la ileg\u00edtima o extramatrimonial se extingui\u00f3 con la constitucionalizaci\u00f3n de las disposiciones regulatorias de estas instituciones, derivada de la aplicaci\u00f3n de la Carta Magna como norma de normas, que posteriormente se afianz\u00f3 con la promulgaci\u00f3n de la Ley 1060 de 2006, la cual reform\u00f3 los preceptos atinentes a la impugnaci\u00f3n de la paternidad y de la maternidad. <\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 42 de la Ley Fundamental otorg\u00f3 reconocimiento a la constituci\u00f3n de la familia sin distingos sobre la forma en que ello ocurre, esto es, acogi\u00f3 por igual a la erigida sobre \u201cv\u00ednculos naturales\u201d y aquella que se origina en lazos \u201cjur\u00eddicos\u201d, e impone al Estado y a la sociedad el deber de garantizarle una \u201cprotecci\u00f3n integral\u201d. Adem\u00e1s, salvaguarda el derecho a la igualdad en el marco de las relaciones familiares, comprendiendo en dicho axioma a la pareja y a la progenie. <\/p>\n
Espec\u00edficamente, respecto de los hijos consagra que son iguales en \u201cderechos y deberes\u201d tanto los \u201chabidos en el matrimonio\u201d, como los concebidos \u201cfuera de \u00e9l\u201d, los \u201cadoptados\u201d, los \u201cprocreados naturalmente\u201d y los fecundados \u201ccon asistencia cient\u00edfica\u201d, de donde deriva la identidad de trato jur\u00eddico que se impone respecto de todos ellos, consonante con el precepto 13 Superior, en tanto establece que \u201c{t}odas las personas nacen libres e iguales ante la ley\u201d y no pueden ser objeto de discriminaci\u00f3n por su \u201corigen familiar\u201d. <\/p>\n
Este postulado ya lo hab\u00eda incorporado el legislador en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 29 de 1982, reformatorio del mandato 250 del compendio civil, conforme al cual \u201cLos hijos son leg\u00edtimos, extramatrimoniales y adoptivos y tendr\u00e1n iguales derechos y obligaciones\u201d. <\/p>\n
2. La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y antes de \u00e9sta la fuente legal, recogieron la aceptaci\u00f3n, como realidad social, del origen diverso de la filiaci\u00f3n de los descendientes, de all\u00ed que sendos enunciados normativos, incluso algunos vigentes en la actualidad, aludan a hijos matrimoniales y extramatrimoniales, pero tal menci\u00f3n no significa, ni de ninguna manera proh\u00edja que se mantenga en el ordenamiento jur\u00eddico una diferenciaci\u00f3n entre la filiaci\u00f3n leg\u00edtima y la ileg\u00edtima, la cual no s\u00f3lo es contraria \u201ca los nuevos valores en que est\u00e1 inspirada la Constituci\u00f3n de 1991\u201d (CC, C-801-2000, 29 jun., rad. D-2731), sino que atenta contra la dignidad humana (CC, C-595-96, 6 nov., rad. D-1267). <\/p>\n
En ese orden, la preconizada igualdad de los hijos, impide que, desde la entrada en vigencia del texto constitucional, se pueda consentir en una categorizaci\u00f3n que los sit\u00fae en situaci\u00f3n de disimilitud jur\u00eddica y sirva de par\u00e1metro de discriminaci\u00f3n, de ah\u00ed que, as\u00ed como no es aceptable hablar de descendencia \u201cleg\u00edtima\u201d en contraposici\u00f3n a la \u201cileg\u00edtima\u201d, expresiones por dem\u00e1s anacr\u00f3nicas, tampoco son admisibles las diferenciaciones de trato que desconozcan o meng\u00fcen la igualdad material de derechos y obligaciones amparada por el Constituyente. <\/p>\n
3. De contera, la localizaci\u00f3n del canon 219 en el T\u00edtulo X relativo a \u201clos hijos leg\u00edtimos concebidos en matrimonio\u201d (Libro Primero del C\u00f3digo Civil), reglas que se han extendido a los concebidos durante la uni\u00f3n marital de hecho, como as\u00ed lo pregonan expresamente varios de los contenidos modificados por la Ley 1060 de 2006 (arts. 213, 214, 216 C.C.), no es un obst\u00e1culo para su aplicaci\u00f3n a las controversias suscitadas en relaci\u00f3n con los hijos no matrimoniales o no nacidos, ni concebidos en el marco de una uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Si bien el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 75 de 1968, por la cual \u201cse dictan normas sobre filiaci\u00f3n y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar\u201d, remite a la previsi\u00f3n 248 del estatuto civil al indicar que \u201c{e}l reconocimiento solamente podr\u00e1 ser impugnado por las personas, en los t\u00e9rminos y por las causas indicadas en los art\u00edculos 248 y 335\u201d de esa reglamentaci\u00f3n, el an\u00e1lisis de las normas que disciplinan la impugnaci\u00f3n de la maternidad y de la paternidad a la luz de los mandatos superiores y del principio de igualdad jur\u00eddica de los hijos, descarta el criterio de selecci\u00f3n normativa en que se funda la puntual consideraci\u00f3n de la cual me aparto, el cual excluye la filiaci\u00f3n extramatrimonial de la regulaci\u00f3n a que se contrae el canon 219. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, como lo acot\u00e9 previamente, es inaceptable toda diferenciaci\u00f3n de trato legal a sujetos reconocidos como iguales, es decir a los hijos matrimoniales, de la uni\u00f3n marital de hecho de los padres, extramatrimoniales, adoptivos, engendrados naturalmente o con asistencia cient\u00edfica, pues se trata de una discriminaci\u00f3n basada en la g\u00e9nesis familiar, que proscribe la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional al considerar que \u201cel derecho a la igualdad en el marco de las relaciones familiares tiene un impacto importante y definitivo, dirigido a garantizar que los hijos no sean sometidos a tratos discriminatorios por raz\u00f3n de su origen familiar, es decir, por su condici\u00f3n de hijos leg\u00edtimos, extramatrimoniales y adoptivos\u201d (CC, C-145-2010, 3 mar., rad. D-7833). <\/p>\n
4. La inequidad entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales que deriva de la acogida por la mayor\u00eda inaplicabilidad del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil a la controversia bajo estudio, no encuentra justificaci\u00f3n alguna en el vigente orden constitucional, en virtud de la inexistencia de una raz\u00f3n objetiva y supralegalmente leg\u00edtima que torne explicable y sensata esa desemejanza como instrumento para alcanzar un fin constitucionalmente v\u00e1lido. <\/p>\n
Lo antedicho m\u00e1xime cuando m\u00faltiples pronunciamientos de inexequibilidad sobre disposiciones de la codificaci\u00f3n civil (sentencias C-105-1994, C-595-1996, C-310-2004, C-1026-2004, C-204-2005, C-145-2010, C-404-2013, C-451-2016, C-046-2017 y C-028-2020), han suprimido de la legislaci\u00f3n reglas y vocablos que asentaban un trato discriminatorio sistem\u00e1tico entre los descendientes, afincado en su ra\u00edz heterog\u00e9nea (matrimonial vs. extramatrimonial), el cual ten\u00eda profundo arraigo en la sociedad colombiana y en el pensamiento legal imperante en el siglo XIX, en que fue expedida la normativa, pero que, desde el a\u00f1o 1991, con la promulgaci\u00f3n de la Carta Magna, carece de asidero constitucional. <\/p>\n
Tal como lo precis\u00f3 una de las determinaciones citadas, \u00abel origen familiar es un criterio de distinci\u00f3n constitucionalmente reprochable\u00bb, de ah\u00ed que los hijos \u00abindependientemente de su origen filial (matrimoniales o leg\u00edtimos, extramatrimoniales y adoptivos), son titulares de los mismos derechos y obligaciones\u00bb (CC, C-028-2020). Por tal raz\u00f3n, no puede prodig\u00e1rseles un tratamiento jur\u00eddico diferente. <\/p>\n
5. De otra parte, el texto mismo del canon 219 no contiene la restricci\u00f3n afirmada por la Sala, pues no alude a que las pautas all\u00ed establecidas operen \u00fanicamente cuando quiera que se dispute la paternidad o la maternidad matrimonial o de la uni\u00f3n marital de hecho de los progenitores. De ah\u00ed dimana que la teleolog\u00eda apoyada por la mayor\u00eda, am\u00e9n de su destierro de cara a los mandatos contenidos en el Ordenamiento Superior, qued\u00f3 erradicada con la reforma de que fue objeto la norma en virtud de la Ley 1060 de 2006. <\/p>\n
En los t\u00e9rminos precedentes, dejo aclarado mi voto. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08638-31-84-001-2017-00482-01 <\/p>\n
Se reduce mi aclaraci\u00f3n de voto, a expresar que en mi criterio con la expedici\u00f3n de la ley 1060 de 2006 se elimin\u00f3 la distinci\u00f3n existente entre los art\u00edculos 219 y 248 del C\u00f3digo Civil, que diferenciaban entre los hijos habidos en el matrimonio y los concebidos fuera de \u00e9l, para el efecto se utilizaban las expresiones leg\u00edtimos, ileg\u00edtimos y legitimados, siendo los primeros habidos en el v\u00ednculo nupcial, los segundos fuera de \u00e9ste y los terceros previo al matrimonio pero que se legitiman cuando se contrae. <\/p>\n
Con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 se acogieron los mandatos for\u00e1neos de igualdad de todas las personas, contenidos, entre otros, en la Declaraci\u00f3n Universal de Derecho Humanos, la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, quedando plasmado de forma gen\u00e9rica en el canon 13 y espec\u00edficamente para la familia en el art. 42 al indicar \u00ab[l]os hijos habidos en el matrimonio o fuera de \u00e9l, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia cient\u00edfica, tienen iguale ys derechos\u00bb. <\/p>\n
A su turno la Ley 1060 de 2006, por la cual se modificaron las normas que regulan la impugnaci\u00f3n de la paternidad y la maternidad, incluy\u00f3 la presunci\u00f3n legal de paternidad a los hijos habidos en la uni\u00f3n marital de hecho declarada legalmente; elimin\u00f3 las expresiones de leg\u00edtimos y legitimados contenidas en los art\u00edculos 219 y 248 del C.C. <\/p>\n
Los mencionados preceptos en su tenor literal no contemplan en la actualidad restricci\u00f3n que se\u00f1ale la distinci\u00f3n propuesta por la Sala mayoritaria en las consideraciones sobre las que se funda esta aclaraci\u00f3n, pensar de forma contraria ser\u00eda instituir un trato desigual, que se encuentra proscrito en la actualidad desconociendo del derecho viviente que plasm\u00f3 la Ley 1060 de 2006 y los m\u00faltiples pronunciamientos jurisprudenciales. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 El principio de congruencia \u00abtiene extraordinaria importancia, (\u2026) pues se liga \u00edntimamente con el derecho constitucional a la defensa, ya que este exige que el ajusticiado en cualquier clase de proceso conozca las pretensiones o las imputaciones que contra \u00e9l o frente a \u00e9l se han formulado, por lo que la violaci\u00f3n de la congruencia implica la de aqu\u00e9l derecho; la actividad probatoria, las excepciones o simples defensas, y las alegaciones se orientan l\u00f3gicamente por las pretensiones, imputaciones, excepciones y defensas formuladas en el proceso\u00bb. DEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del Proceso. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 2017, p. 50. <\/p>\n
2\u0002 Esos presupuestos constituyen los requisitos adjetivos indispensable para que pueda concretarse v\u00e1lidamente la acci\u00f3n. Tambi\u00e9n para que nazca, se trabe, se desarrolle y termine v\u00e1lidamente la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal. Se integra por jurisdicci\u00f3n, competencia, capacidad para ser parte, capacidad para comparecer, demanda en forma, no caducidad de la acci\u00f3n y solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho cuando est\u00e1 exigida. Su importancia radica no solo en la vigencia del debido proceso, sino en que garantiza la aptitud formal del instrumento procesal para proferir el fallo de fondo. Una vez verificada la validez formal del mecanismo procesal, procede examinar el sentido de la decisi\u00f3n, esto es, el acogimiento o no de la pretensi\u00f3n y la excepci\u00f3n, aspecto en el cual el escrutinio versa sobre el derecho material debatido, integrado justamente por los presupuestos materiales para la sentencia de fondo estimatoria, esto es, legitimaci\u00f3n en la causa e inter\u00e9s para obrar, los cuales a pesar de cumplir id\u00e9ntica funci\u00f3n respecto de la procedibilidad del fallo de fondo estimatorio, tienen notorias diferencias. <\/p>\n
La legitimaci\u00f3n en la causa, como se se\u00f1al\u00f3, alude a la coincidencia de titularidades procesales y sustanciales tanto en la parte activa como pasiva, sin perjuicio de las especificidades de la legitimaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
Por su parte, el inter\u00e9s para obrar hace referencia a la utilidad sustancial que obtiene o la lesi\u00f3n que sufre la parte como consecuencia de la decisi\u00f3n sobre la pretensi\u00f3n. Alg\u00fan sector afirma que se orienta a impedir que se adelante un tr\u00e1mite jurisdiccional respecto de pretensiones o excepciones que si bien pueden tener fundamento resultan finalmente inanes. Otros como Juan Monroy en su obra La formaci\u00f3n del Proceso Civil. Escritos Reunidos. (Segunda Edici\u00f3n Aumentada. Lima: Palestra. 2004. p. 231) lo se\u00f1alan como la \u201cnecesidad inmediata, actual, irremplazable de tutela jur\u00eddica\u201d. Acorde con ello, la generalidad de la doctrina ha establecido como requisitos esenciales del mismo su car\u00e1cter subjetivo, concreto, serio y actual. <\/p>\n
El car\u00e1cter subjetivo hace referencia al sujeto que efectivamente est\u00e1 facultado materialmente para demandar actividad jurisdiccional con prop\u00f3sitos tutelares. En cuanto a la seriedad del inter\u00e9s, Ugo Rocco, (Tratado de derecho procesal civil, t. 1, Bogot\u00e1: Edit. Temis, 1969, p\u00e1gs. 337 y ss.) ha acu\u00f1ado el concepto juicio de utilidad como especie de test que busca determinar el provecho o el perjuicio que pueda derivarse del acogimiento o no de la pretensi\u00f3n. En cuanto al car\u00e1cter concreto, el mismo alude a un espec\u00edfico motivo que induce a la promoci\u00f3n de la acci\u00f3n, bien que implique universalidad o singularidad de bienes o derechos. <\/p>\n
Finalmente, la actualidad del inter\u00e9s para obra versa sobre situaciones jur\u00eddicas consolidadas al momento de concretar la acci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Raz\u00f3n por la cual, la generalidad de la doctrina las denomin\u00f3 excepciones impropias, en tanto que en lugar de exigir su alegaci\u00f3n por la parte, se facultaba al juez para declararlas oficiosamente. Las excepciones impropias, antes que excepciones, son verdaderos deberes del juez orientados a que la jurisdicci\u00f3n declare, previa acreditaci\u00f3n, aquello que constituye una excepci\u00f3n. <\/p>\n
Distinto ocurre con las excepciones propias integradas por la prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa cuya carga de alegaci\u00f3n corre para la parte sobre la base de que tales fen\u00f3menos jur\u00eddicos permiten la renuncia o la convalidaci\u00f3n, por lo que su no invocaci\u00f3n oportuna en la contestaci\u00f3n de la demanda podr\u00eda equivaler a una de estas instituciones. Precisamente, el C\u00f3digo General del Proceso en su art\u00edculo 282 advierte que cuando no se proponga oportunamente la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva, se entender\u00e1 renunciada. <\/p>\n
Lo anterior no obsta para la existencia de m\u00faltiples clasificaciones de las excepciones. En efecto, se habla de excepciones erga omnes o relativas dependiendo de la legitimaci\u00f3n universal o espec\u00edfica para su invocaci\u00f3n; excepciones de origen sustancial y de origen procesal que aluden a la g\u00e9nesis de la figura, de las cuales, estas \u00faltimas pueden orientarse a terminar la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal en virtud de lo cual se les nomina definitivas, como la cosa juzgada; o temporales cuando median fen\u00f3menos que interrumpen o suspenden el tr\u00e1mite, expresamente previstas en los art\u00edculos 159 y 161 del CGP. <\/p>\n
Igualmente se habla de excepciones perentorias y dilatorias. Las perentorias, como su nombre lo indica, atacan directamente la pretensi\u00f3n, bien como mecanismos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho invocado por el actor, tales como la inexistencia de la obligaci\u00f3n, el pago parcial o el pago total, respectivamente. <\/p>\n
Las excepciones dilatorias se fundan en hechos que niegan o difieren la exigibilidad de la pretensi\u00f3n reclamada por el actor, representadas, entre otras figuras, en la condici\u00f3n suspensiva. <\/p>\n
Cabe recordar que la excepci\u00f3n al igual que la simple defensa son las formas previstas para ejercer el derecho de contradicci\u00f3n como correlato del derecho de acci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, la diferencia entre ambas figuras es evidente, pues la simple defensa, llamada tambi\u00e9n objeci\u00f3n, se limita a negar o no admitir los fundamentos de hecho o de derecho de la pretensi\u00f3n. La excepci\u00f3n, por su parte, incorpora a la relaci\u00f3n procesal elementos novedosos con el fin de impedir el nacimiento del derecho material aducido, su modificaci\u00f3n o su extinci\u00f3n. <\/p>\n
4\u0002 Recu\u00e9rdese que los demandantes fincan su legitimaci\u00f3n en el parentesco que los un\u00eda al se\u00f1or Nadin Jos\u00e9 Saad, en virtud del cual y en nombre propio, cuestionan la filiaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil, que permite la impugnaci\u00f3n de la paternidad por parte de los herederos; motivo por el cual la censura recae sobre la consideraci\u00f3n del ad quem respecto de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa y su acreditaci\u00f3n. <\/p>\n
Se trata de un supuesto de hecho sustancialmente diferente al analizado en la sentencia SC2215-2021, en la que se estudi\u00f3 una acci\u00f3n promovida por los herederos no a nombre propio sino en nombre de la sucesi\u00f3n, por lo que en esa oportunidad la atenci\u00f3n de la Sala se centr\u00f3 en la capacidad para ser parte cuando las acciones se promueven a favor o en contra de la sucesi\u00f3n il\u00edquida y carente, por tanto, de personalidad jur\u00eddica. <\/p>\n
Acorde con ello, la exigencia de la prueba de la calidad de heredero para satisfacer el presupuesto procesal de la capacidad para ser parte, examinada en el citado prove\u00eddo, no est\u00e1 en contradicci\u00f3n con el requerimiento de la prueba del parentesco para acreditar la legitimaci\u00f3n en la causa por activa formulado en esta providencia, toda vez que se trata de hip\u00f3tesis distintas, lo cual, adem\u00e1s, de conformidad con la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se adopte, deber\u00e1 resolver el juez de instancia. <\/p>\n
En la referida sentencia SC2215-2021, la Corte explic\u00f3 la diferencia de los conceptos de capacidad para ser parte y de legitimaci\u00f3n en la causa, reiterando que se trataba de figuras con identidad propia y diferencias en su tratamiento y en las consecuencias procesales generadas por su ausencia. Reliev\u00f3 la Sala que \u00abla capacidad para ser parte est\u00e1 ligada a la capacidad jur\u00eddica, o sea, la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, supeditada a la necesaria existencia, que permite intervenir en el juicio como convocante o convocado (\u2026). Siendo entonces la capacidad para ser parte un presupuesto procesal, estar\u00e1n llamados los enjuiciadores desde la presentaci\u00f3n misma del libelo inicial a verificar su concurrencia, constatando que con \u00e9sta se allegue -de ser necesario- la evidencia de la existencia y representaci\u00f3n legal de las partes y de la calidad en que intervendr\u00e1n (\u2026). La legitimaci\u00f3n en causa, por su parte, hace referencia a la necesidad de que entre la persona que convoca o es convocada al pleito y el derecho invocado exista un v\u00ednculo que legitime esa intervenci\u00f3n, de suerte que el veredicto que se adopte les resulte vinculante\u00bb. Ese mismo prove\u00eddo reiter\u00f3 la diferencia entre la consideraci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n en la causa como un asunto de derecho sustancial, y de la capacidad para ser parte como un presupuesto procesal, citando precedentes de esta Corporaci\u00f3n conforme a los cuales \u00abla legitimaci\u00f3n en causa consiste en ser la persona que la ley faculta para ejercitar la acci\u00f3n para resistir la misma, por lo que concierne con el derecho sustancial y no al procesal (\u2026) el juez debe verificarla \u00b4con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, seg\u00fan quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular\u00b4 (\u2026). Y ha sido enf\u00e1tica en sostener que tal fen\u00f3meno jur\u00eddico es cuesti\u00f3n propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensi\u00f3n debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integraci\u00f3n y desarrollo v\u00e1lido de \u00e9ste\u00b4\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Sobre el tema puede verse: Ver DEVIS ECHAND\u00cdA, HERNANDO. Teor\u00eda General de la Prueba Judicial. Tomo I. V\u00edctor P. de Zaval\u00eda, Editor. Buenos Aires, 1972, p\u00e1g 79 y ss. <\/p>\n
6\u0002 Ib\u00eddem, p\u00e1g 112. <\/p>\n
7\u0002 As\u00ed, por ejemplo, se han propuesto como l\u00edmites a las facultades oficiosas del juez el que su iniciativa probatoria est\u00e9 circunscrita a los hechos debatidos en el proceso, que se ejerza sobre la base de las pruebas que ya obren en el proceso y que se permita ejercer el derecho de defensa de las partes ampliando las pruebas inicialmente propuestas, con lo que se respeta el principio dispositivo, pero sin restar eficacia al proceso. Al respecto ver: PIC\u00d3 I JUNOY, Joan: \u201cEl Derecho Procesal entre el garantismo y la eficacia: Un debate mal planteado\u201d en Urbe et ius: revista de opini\u00f3n jur\u00eddica, a\u00f1o 2013, n\u00famero 11, p\u00e1gs. 50-56. <\/p>\n
8\u0002 Las facultades oficiosas del juez en materia probatoria fueron consagradas tanto en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1970 (art. 179) como en el C\u00f3digo Judicial de 1931 (art. 597). <\/p>\n
9\u0002 Al respecto ver AZULA CAMACHO, \u201cManual de Derecho Procesal. Tomo VI Pruebas Judiciales\u201d, Cuarta Edici\u00f3n, Editorial Temis, Bogot\u00e1, 2015, p\u00e1g 53 y ss. <\/p>\n
10\u0002 Al respecto puede verse la sentencia SC5676-2018: \u00abexceptuando aquellos eventos donde la pr\u00e1ctica de determinada prueba \u00e9sta prevista como un imperativo legal concreto, conviene precisar que si bien el juez tiene la facultad-deber de decretar pruebas de oficio, la misma no puede interpretarse como un mandato absoluto o fatalmente impuesto en todos los casos, dado que aqu\u00e9l sigue gozando de una discreta autonom\u00eda en la instrucci\u00f3n del proceso y en esa medida, no siempre que se abstenga de utilizar dicha prerrogativa, incurre en un yerro de derecho. Ello, porque hay eventos en los cuales la actitud pasiva, de la parte sobre quien pesa la responsabilidad de demostrar determinado supuesto de hecho, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones o de las defensas o excepciones, por haber inobservado su compromiso al interior de la tramitaci\u00f3n y en las oportunidades previstas por el legislador, particularmente en aquellos asuntos en los que la controversia versa sobre derechos disponibles. Bajo esas consideraciones, para que a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n pueda acusarse eficazmente una sentencia de haber incurrido en error de derecho respecto de una prueba y, m\u00e1s concretamente, por no haber decretado alguna de oficio dentro de la discrecionalidad que le es propia al juzgador, es requisito inexcusable su existencia o que de ella se tenga conocimiento en el expediente y que su falta de evacuaci\u00f3n no sea imputable a manifiesta negligencia de la parte a cuyo cargo se halla.\u00bb <\/p>\n
11\u0002 Ver sentencia SU-768 de 2014. <\/p>\n
12\u0002 Ver sentencia T-615 de 2019. <\/p>\n
13\u0002 Al respecto v\u00e9ase, por ejemplo, la sentencia SC2215-2021: \u00abNo puede perderse de vista que el decreto de pruebas de oficio es un precioso instituto a ser usado de modo forzoso por el juez, cuando en el contexto del caso particularmente analizado esa actividad permita superar una zona de penumbra, o sea, que debe existir un grado de certeza previa indicativo de que, al superar ese estado de ignorancia sobre una inferencia concreta y determinada, se esclarecer\u00e1 una verdad que permitir\u00e1 decidir con sujeci\u00f3n a los dictados de la justicia\u00bb. <\/p>\n
14\u0002 CSJ SC5676-2018, 19 dic. <\/p>\n
15\u0002 Ver sentencia T-264 de 2009. <\/p>\n
16\u0002 Al respecto pueden verse las sentencias CSJ, SC, 12 sep. 1994, Exp. 4293, CSJ, SC 21 oct. 2013, Exp: 2009-00392, CSJ SC1656-2016, CSJ SC8456-2016, CSJ SC5676-2019, y la reciente CSJ SC4232-2021, entre otras. En \u00e9sta \u00faltima se consider\u00f3: \u00abla falta de prueba de un hecho relevante en un proceso y que conduce a la desestimaci\u00f3n de alguna de las pretensiones de la demanda en la sentencia censurada por v\u00eda de casaci\u00f3n, no es posible adjudicarla, siempre, a un error de derecho en materia probatoria por parte del respectivo juzgador, pues, lo tiene decantado la Corte, que tal desatino se descarta, por ejemplo, en hip\u00f3tesis en las que el desgre\u00f1o de la parte interesada o su falta de inter\u00e9s en la pr\u00e1ctica de un determinado medio suasorio, es el que provoca el estado de incertidumbre f\u00e1ctica y la consecuente soluci\u00f3n del caso con las reglas de la carga de la prueba; o tambi\u00e9n en eventos, donde el contenido de la prueba que se dice debi\u00f3 haberse decretado ex officio no existe en el expediente o tampoco est\u00e1 insinuado.\u00bb <\/p>\n
17\u0002 Contestaci\u00f3n al hecho d\u00e9cimo de la demanda. <\/p>\n
18\u0002 En la sentencia CSJ SC5676-2018, por ejemplo, la Corte encontr\u00f3 que no exist\u00eda error de hecho debido a que en esa oportunidad, el decreto de la prueba de oficio supon\u00eda \u201cuna infundada tolerancia del abandono de la parte interesada en allanar un fundamental condicionamiento para la viable promoci\u00f3n de su causa, que convierta al ad quem (\u2026) en un saneador o suced\u00e1neo respaldo para la restauraci\u00f3n de las deficiencias en la actividad del reclamante de la tutela jurisdiccional\u201d; esto porque el expediente mostraba una reiterada despreocupaci\u00f3n de la parte en la recaudaci\u00f3n de la prueba de la condici\u00f3n de heredera, circunstancia que adem\u00e1s hab\u00eda sido alegada por la contraparte en el curso de las instancias. Consider\u00f3 la Corte en esa oportunidad que aceptar el cargo supon\u00eda suplir o sustituir una carga sistem\u00e1ticamente desatendida por el principal interesado y llamado a atenderla, sin exposici\u00f3n v\u00e1lida para exculpar tal apat\u00eda. <\/p>\n
19\u0002 A folio 135 del cuaderno principal obra la contestaci\u00f3n de la demanda, en la que la convocada aport\u00f3 pruebas documentales y solicit\u00f3 recibir declaraciones de terceros para respaldar la defensa de su v\u00ednculo filial. <\/p>\n
20\u0002 Los demandantes solicitaron la declaraci\u00f3n de la contraparte y dos testimonios tendientes a demostrar, entre otros, \u201clo relacionado con el v\u00ednculo de parentesco filial\u201d, como se ve a folio 60 del cuaderno principal. <\/p>\n
21\u0002 Al respecto pueden verse las sentencias SC12907-2017 y SC-4856-2021. <\/p>\n
22\u0002 La realidad social muestra c\u00f3mo, con inusitada frecuencia, se proh\u00edjan menores como propios descendientes a sabiendas de la ausencia del v\u00ednculo biol\u00f3gico, y de ah\u00ed surgen familias plenamente estructuradas que exigen la protecci\u00f3n del Estado. La jurisprudencia constitucional ha reconocido la pluralidad de formas de constituir familia y c\u00f3mo ella se conforma no s\u00f3lo con base en v\u00ednculos consangu\u00edneos o jur\u00eddicos, sino en relaciones de hecho o crianza, basadas en el amor, la solidaridad, el respeto y la protecci\u00f3n que caracteriza las relaciones familiares. Esta Corporaci\u00f3n, por su parte, ha reconocido la especial protecci\u00f3n que merecen todas las formas de familia, la autonom\u00eda de la voluntad del acto jur\u00eddico de reconocimiento con su capacidad creadora de derechos y la existencia de v\u00ednculos de crianza fundados en el amor, la solidaridad y el respeto que constituyen la familia como n\u00facleo b\u00e1sico de la sociedad. Al respecto, ver STC14680-2015, oct. 23. <\/p>\n
23\u0002 Ver p\u00e1gina 47 de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
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SC592-2022 (2017-00482-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC592-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08638-31-84-001-2017-00482-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por los demandantes frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63290","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63290","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63290"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63290\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63290"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63290"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63290"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}