SC712-2022 (2012-00235-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC712-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-015-2012-00235-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que formul\u00f3 el demandante frente a la sentencia de 18 de febrero de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso declarativo que promovi\u00f3 Edgar Onofre \u00c1lvarez Pinto contra Luz Stella Estupi\u00f1\u00e1n Rodr\u00edguez, Flaminia Mar\u00eda P\u00eda Cainarca de Bustos y \u00c1lvaro Bustos Esguerra. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones y fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
El se\u00f1or \u00c1lvarez Pinto pidi\u00f3 que se declare a su contraparte civil y solidariamente responsable de los perjuicios que sufri\u00f3 como consecuencia de la demolici\u00f3n inconsulta de un edificio de apartamentos, construido sobre un lote de terreno que hab\u00eda adquirido en com\u00fan y proindiviso con los demandados. <\/p>\n
En sustento de su s\u00faplica, adujo que el 1 de marzo de 1995 adquiri\u00f3 \u00aben com\u00fan y proindiviso\u00bb con los se\u00f1ores Cainarca de Bustos, Estupi\u00f1\u00e1n Rodr\u00edguez y Bustos Esguerra, el dominio de una edificaci\u00f3n antigua, ubicada en la Carrera 14 n.\u00ba 106-20 de la ciudad de Bogot\u00e1, y que, algunos meses despu\u00e9s, \u00ablos demandados, sin autorizaci\u00f3n (…), procedieron a demoler la casa construida (…), desatendiendo inclusive las normas urban\u00edsticas que impon\u00edan una previa solicitud de licencia de demolici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que \u00abcon esa acci\u00f3n dolosa e imprudente se le causaron [al demandante] graves perjuicios, porque al demoler la casa el inmueble dej\u00f3 de producir los frutos civiles\u00bb, debi\u00e9ndose advertir que si bien \u00ablos demandados han tratado de ocultar su imprudencia (…) argumentando que pretend\u00edan construir en el predio un edificio (…), lo cierto es que a la fecha el lote de terreno ha permanecido vac\u00edo, lo que ha generado mayores impuestos y la imposibilidad de obtener una ganancia que deber\u00eda estar gener\u00e1ndose mensualmente si la casa que se compr\u00f3 no se hubiera demolido\u00bb. <\/p>\n
2. Actuaci\u00f3n procesal <\/p>\n
2.1. Enterados del auto con el que se admiti\u00f3 la reforma de la demanda, calendado el 26 de agosto de 2014, los demandados se opusieron al petitum y esgrimieron las excepciones de m\u00e9rito denominadas \u00abausencia de responsabilidad\u00bb, \u00abcarencia de derecho del demandante\u00bb; \u00abimprocedencia de la demanda incoada\u00bb; \u00abcarencia de derecho sustantivo\u00bb; \u00abpetici\u00f3n de lo no debido\u00bb; \u00abbuena fe de la parte demandada\u00bb; \u00abmala fe de la parte actora\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante fallo de 22 de septiembre de 2020, el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 probada la defensa de \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, desestimando as\u00ed todos los reclamos del actor. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal confirm\u00f3 lo decidido por el juzgador a quo, al amparo de los siguientes razonamientos: <\/p>\n
(i) Seg\u00fan el apelante, \u00abla interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n se produjo el 16 de junio de 2005 (Rad. No. 022 2004 00488 00), pues en esa fecha contest\u00f3 la demanda en el proceso divisorio iniciado por los demandantes en su contra y propuso la excepci\u00f3n de \u201clesi\u00f3n en el patrimonio\u201d, al igual que formul\u00f3 \u201cincidente de regulaci\u00f3n de perjuicios\u201d\u00bb. El an\u00e1lisis de ese planteamiento debe abordarse \u00aba partir de la normativa sobre la materia que se encontraba vigente para eso momento, lo que resulta particularmente relevante debido a las modificaciones que la Ley 794 de 2003 introdujo a los art\u00edculos 90 y 91 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, disposiciones que regulaban la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n y su ineficacia, respectivamente\u00bb. <\/p>\n
(ii) En nuestro ordenamiento \u00abes claro que la expresi\u00f3n \u201cdemanda judicial\u201d, a efectos de la interrupci\u00f3n civil, debe ser entendida de forma restrictiva. La interrupci\u00f3n \u00fanicamente se produce, entonces, cuando el acreedor presenta, antes de que se haya cumplido el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, una demanda que tenga por objeto directo hacer efectivo su derecho de cr\u00e9dito. Otros \u201crecursos judiciales\u201d no producen dicho efecto, de tal forma que no dan lugar a que se renueve el conteo del t\u00e9rmino para la extinci\u00f3n de los derechos por el transcurso del tiempo \u2013t\u00e9rmino prescriptivo\u00bb. <\/p>\n
(iii) Debe tenerse en cuenta que \u00ab\u00fanicamente la demanda que ha sido admitida tiene la potencialidad de producir la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n. Por el contrario, aquella respecto de la cual no se ha dictado auto admisorio o mandamiento de pago, no le resulta \u00fatil al acreedor, pues, como es elemental, respecto de esta no se podr\u00eda cumplir con la condici\u00f3n de comunicar al deudor el inicio del tr\u00e1mite judicial, mucho menos se logra que surja la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal\u00bb. <\/p>\n
(iv) Conforme a lo anotado, \u00abes claro que no se reunieron los requisitos para que operara la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n por las actuaciones que adelant\u00f3 el accionante en el tr\u00e1mite identificado con radicaci\u00f3n n.\u00ba 2004-00488-00. La proposici\u00f3n de la referida excepci\u00f3n m\u00e9rito en la contestaci\u00f3n de la demanda del proceso divisorio no puede considerarse como la presentaci\u00f3n de una \u201cdemanda judicial\u201d. Mientras la demanda supone el ejercicio del derecho de acci\u00f3n, las excepciones de m\u00e9rito, por su parte, son la manifestaci\u00f3n del derecho defensa\u00bb. <\/p>\n
(v) Tampoco es apto para el prop\u00f3sito de interrumpir el c\u00f3mputo del fen\u00f3meno prescriptivo el acto de formulaci\u00f3n de un incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios, puesto que \u00abtal consecuencia se le otorga \u00fanicamente a la demanda, esto es, el acto procesal introductorio del proceso civil, que no a otros recursos judiciales, entre ellos, el ejercido por el accionante en el tr\u00e1mite divisorio\u00bb. <\/p>\n
(vi) En cualquier caso, \u00abincluso si se aceptara la tesis amplia propuesta por el recurrente y se aceptara que a la formulaci\u00f3n del incidente debe d\u00e1rsele la connotaci\u00f3n de \u201cdemanda judicial\u201d, lo cierto es que dicha actuaci\u00f3n no pod\u00eda servir, en todo caso, para consolidar la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, b\u00e1sicamente por dos razones: i) porque el tr\u00e1mite incidental se encontraba contemplado para que el juez se pronuncie sobre cuestiones accesorias al tr\u00e1mite principal expresamente definidas por el legislador (art. 135 del C. de P.C.); y, ii) debido a que el incidente propuesto fue rechazado de plano\u00bb. <\/p>\n
(vii) No le asiste raz\u00f3n al recurrente \u00abcuando se\u00f1ala que el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso reconoci\u00f3 una forma de interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n que se encontraba impl\u00edcita en la regulaci\u00f3n de dicha figura en el ordenamiento colombiano. Por el contrario, antes de la entrada en vigor del C\u00f3digo General del Proceso (Ley 1564 de 2012) era reconocido un\u00e1nimemente que la \u00fanica v\u00eda con la que contaba el acreedor para interrumpir la prescripci\u00f3n de largo tiempo era a trav\u00e9s de la demanda judicial (art. 2539 del C.C.), en los t\u00e9rminos expuestos en el ac\u00e1pite anterior\u00bb. <\/p>\n
(viii) Dado que \u00abel art\u00edculo 94 del C.G.P. no entr\u00f3 en vigor con la promulgaci\u00f3n de dicho estatuto procedimental, [sino que] fue diferido hasta el 1\u00b0 de octubre de 2012, seg\u00fan lo previsto en el numeral 4 del art. 627 del C.G.P. [solamente] a partir de esa fecha resultaba viable otorgar efectos interruptores al requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor\u00bb. Por consiguiente, \u00abno es factible reconocer a la actuaci\u00f3n procesal realizada por el demandante el 16 de junio de 2005, en el marco del proceso divisorio, los efectos pretendidos de interrumpir el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(ix) Cabe a\u00f1adir que \u00abdicha modalidad de interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n exige, seg\u00fan el tenor del precepto que lo regula, que se dirija un requerimiento escrito directamente por el acreedor al deudor\u00bb, presupuesto que no satisface el escrito de excepciones radicado en el juicio divisorio, ni la solicitud incidental de regulaci\u00f3n de perjuicios que all\u00ed se promovi\u00f3, dado que, \u00aben realidad, no tienen como destinatario al deudor, sino al juez\u00bb. <\/p>\n
(x) Aunque la demandada Estupi\u00f1\u00e1n Rodr\u00edguez no manifest\u00f3 expresamente su decisi\u00f3n de acogerse al t\u00e9rmino reducido que introdujo la Ley 791 de 2002, debe tenerse en cuenta que \u00abal contestar la demanda sostuvo que hab\u00eda operado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n porque la ocurrencia del hecho fue en 1995; que \u201cse pretenden perjuicios por haber dejado el demandante de percibir ingresos que se originaron en c\u00e1nones de inmueble (sic) de su copropiedad desde hace m\u00e1s de 17 a\u00f1os\u201d [y que] \u201cse exceden los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n\u201d, expresiones [que] reflejan el querer inequ\u00edvoco (…) de optar por el tiempo establecido en la Ley 791\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Al sustentar su impugnaci\u00f3n extraordinaria, el demandante esgrimi\u00f3 dos cargos \u00abprincipales\u00bb y uno \u00absubsidiario o excluyente\u00bb, todos ellos con fundamento en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Se denunci\u00f3 la infracci\u00f3n directa del \u00abinciso final del art\u00edculo 2539 del C\u00f3digo Civil\u00bb y de los preceptos 4 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 11, 90 y 91 del C\u00f3digo General del Proceso, para lo cual el impugnante sostuvo: <\/p>\n
(i) En el origen del art\u00edculo 2539 del C\u00f3digo Civil, \u00abcuando Andr\u00e9s Bello presenta el proyecto del 22 de Noviembre de 1855 o cuando se adopt\u00f3 dicha normatividad en nuestro pa\u00eds, no exist\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ni el C\u00f3digo General del Proceso, por lo que el legislador de ese entonces no podr\u00eda haber pretendido referirse al concepto de demanda dado por esos cuerpos legales, de reciente concepci\u00f3n\u00bb. En realidad, hasta hace no mucho tiempo \u00abse entendi\u00f3 el concepto de demanda en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras, como una petici\u00f3n al encargado de administrar justicia y solo adquiere su car\u00e1cter t\u00e9cnico con la implementaci\u00f3n de normas como el C\u00f3digo de Procedimiento Civil del 21 de Septiembre de 1970, sin que con ello se modifique la expresi\u00f3n del inciso final del art\u00edculo 2539 del C\u00f3digo Civil Colombiano\u00bb. <\/p>\n
(ii) Conforme al art\u00edculo 25 del C\u00f3digo Civil, \u00abla interpretaci\u00f3n que se hace para fijar el sentido de una ley oscura, de una manera general, corresponde al legislador. Y es que la expresi\u00f3n no deja de ser oscura en la medida que se presenta en el contexto de la prescripci\u00f3n extintiva cuyo esp\u00edritu es el de castigar la inactividad del acreedor que no hace nada para requerir a su deudor. De tal manera que toda petici\u00f3n elevada ante un Juez por el acreedor encaminada a reclamar su derecho, debe concebirse en el contexto del art\u00edculo 2539 del C\u00f3digo Civil como una demanda judicial, pues es una petici\u00f3n elevada al administrador de justicia que va en contrav\u00eda de una inacci\u00f3n, \u00fanico fundamento para declarar probada una prescripci\u00f3n extintiva\u00bb. <\/p>\n
(iii) En ese mismo sentido, \u00ablas citas jurisprudenciales que hace el Tribunal no definen una posici\u00f3n amplia restrictiva (sic) respecto a la expresi\u00f3n \u201cdemanda judicial\u201d del inciso final del art\u00edculo 2539, sino que establecen una posici\u00f3n sobre un caso determinado y no como interpretaci\u00f3n general, teniendo como punto de partida una de las formas que puede adoptar la expresi\u00f3n contenida en la norma civil: el ejercicio del derecho de acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(iv) Aunque \u00abpodr\u00eda traerse como argumento en contra de la interpretaci\u00f3n correcta que hemos se\u00f1alado, el que los art\u00edculos 90 del C. de P. C. y 94 del C. G. del P. no contemplan recursos judiciales diferentes a la presentaci\u00f3n de la demanda para interrumpir el t\u00e9rmino para la prescripci\u00f3n e impedir que se produzca la caducidad\u00bb, en realidad \u00abdichas normas fueron concebidas por el legislador en fecha posterior al art\u00edculo 2539 del C\u00f3digo Civil. Adem\u00e1s, el art\u00edculo 2539 del C\u00f3digo Civil, es una norma sustancial que por esa naturaleza se tiene como aquella que confiere derechos a las personas, declara, constituye, extingue o modifica, obligaciones; en tanto que los art\u00edculos 90 del C. de P. C. y 94 del C. G. del P., tan solo regulan el procedimiento para hacer efectivo el derecho sustancial, lo que determina que en este asunto la norma procesal solo est\u00e9 regulando una de las muchas formas de la expresi\u00f3n \u201cdemanda judicial\u201d contenida en la norma civil\u00bb. <\/p>\n
(v) As\u00ed las cosas, resulta evidente la oportuna interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo, dada la \u00abestrecha y directa relaci\u00f3n de los hechos y pretensiones de la demanda que hoy nos ocupa, con el recurso judicial utilizado por el Se\u00f1or Edgar \u00c1lvarez Pinto, en el proceso divisorio, pues tiene como sustento la demolici\u00f3n, sin licencia y sin autorizaci\u00f3n del demandante, por los demandados de la casa construida en el inmueble de la Carrera 14 n\u00famero 106 A – 20 de Bogot\u00e1, con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50N-349904. Solicit\u00e1ndose tanto all\u00e1 como aqu\u00ed una indemnizaci\u00f3n por el detrimento en el valor del inmueble y por no generar frutos\u00bb. <\/p>\n
(vi) Demostrada la hermen\u00e9utica err\u00f3nea del art\u00edculo 2539 del C\u00f3digo Civil, aflora la aplicaci\u00f3n impertinente de los c\u00e1nones 91 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 95 del C\u00f3digo General del Proceso, puesto que \u00absi no estamos considerando la presentaci\u00f3n de una demanda con los requisitos establecidos en la norma procesal sino un recurso judicial diferente, resulta desacertado entrar a aplicar a ese otro recurso judicial como las excepciones o los incidentes, una norma de ineficacia de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, concebida respecto tan solo a una especie de demanda judicial, y no a todas aquellas que pueden nacer de la amplia expresi\u00f3n contenida en el inciso final del art\u00edculo 2539 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
(vii) Tampoco acert\u00f3 la magistratura al se\u00f1alar que \u00abel incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios fue rechazado de plano y que por lo mismo tampoco se tendr\u00eda por acreditado el segundo de los requisitos que se exige respecto del acto complejo que interrumpe civilmente la prescripci\u00f3n; a saber, la notificaci\u00f3n de la providencia que admite el recurso judicial al deudor\u00bb, dado que semejante conclusi\u00f3n termina por desconocer que \u00aba la altura de una contestaci\u00f3n de la demanda ya se encuentra trabada la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal y que de cualquier decisi\u00f3n sobre excepciones e incidentes deprecados por las partes queda autom\u00e1ticamente notificada la contraparte al momento de tener por contestada la demanda o de pronunciarse de alguna manera sobre tales recursos judiciales, procediendo en estos casos las notificaciones por Estado y no de manera personal\u00bb. <\/p>\n
(viii) Tambi\u00e9n err\u00f3 el tribunal al inaplicar el art\u00edculo 4 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil o, en su defecto, el 11 del C\u00f3digo General del Proceso, preceptos que \u00abconstituyen directriz obligada para la aplicaci\u00f3n de las restantes normas del C\u00f3digo General del Proceso, por estar en la parte dogm\u00e1tica y filos\u00f3fica del estatuto procesal\u00bb. Por ende, \u00absi el acreedor o demandante demuestra que no hubo inacci\u00f3n de su parte, pues utiliz\u00f3 alg\u00fan mecanismo para hacer valer su derecho subjetivo, deber\u00e1 considerarse el mismo como una manera de interrumpir el t\u00e9rmino prescriptivo\u00bb, comoquiera que, \u00aben \u00faltimas, lo que se castiga con la prescripci\u00f3n extintiva es la inactividad del acreedor frente al deudor\u00bb. <\/p>\n
(ix) Por ende, \u00abcarece de trascendencia para la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n (\u2026) lo dispuesto sobre interrupci\u00f3n de la demanda en los art\u00edculos 90 del C. de P. C y 94 del C. G. del P., pues el problema en \u00faltimas no es que \u201cno se notific\u00f3 en legal forma a los demandados dentro del t\u00e9rmino legal all\u00ed establecido para ello\u201d, pues el hecho de la interrupci\u00f3n generado el 16 de Junio de 2005 conlleva ubicar la consolidaci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n mucho despu\u00e9s del momento en que en el proceso que nos ocupa se produjo la notificaci\u00f3n a los demandados del auto admisorio\u00bb. <\/p>\n
(x) Igualmente resulta irrelevante la eventual \u00abdisimilitud de los derechos alegados por el se\u00f1or \u00c1lvarez Pinto en el proceso divisorio, frente a los que se discuten en el proceso que nos ocupa. Si bien es cierto que son diferentes las pretensiones del proceso divisorio a las del declarativo y de condena de perjuicios, no menos cierto es que hay identidad de causa, sujetos y objeto en las peticiones del se\u00f1or \u00c1lvarez, comparando el divisorio con el proceso de la referencia, al punto que de subsistir los dos procesos en forma simult\u00e1nea y con las peticiones del se\u00f1or \u00c1lvarez a\u00fan por definir en ambos, se podr\u00eda haber aducido una litispendentia entre las mismas partes y sobre el mismo asunto en los t\u00e9rminos del numeral 8 del art\u00edculo 100 del C. G. del P.\u00bb. <\/p>\n
(xi) En definitiva, \u00abacorde con la interpretaci\u00f3n que debe otorg\u00e1rsele a la expresi\u00f3n \u201cdemanda judicial\u201d del art\u00edculo 2539 del C\u00f3digo Civil, sin sujetarla a causales de ineficacia, lo justo, legal y racional es considerar que en este asunto cualquier de las prescripciones extintivas (…) se interrumpi\u00f3 desde el 16 de Junio de 2005\u00bb, de modo que \u00abpara la fecha en que se notificaron los demandados todav\u00eda no se consolidaba la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
El actor aleg\u00f3 la violaci\u00f3n directa del \u00abinciso final del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso por falta de aplicaci\u00f3n, en consonancia con la falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 4 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y\/u 11 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que conlleva el desconocimiento al debido proceso consagrado en el art\u00edculo 29 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. En apoyo de dicha acusaci\u00f3n, indic\u00f3: <\/p>\n
(i) Contrario al entendimiento del tribunal, \u00abuna cosa es que solo a partir de la entrada en vigencia del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso se contemple en nuestro ordenamiento jur\u00eddico el \u201crequerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor para interrumpir la prescripci\u00f3n extintiva\u201d y otra cosa diferente es que si ese requerimiento se produjo antes de la entrada en vigencia de la norma no pueda ser acogido por esta nueva legislaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(ii) El ad quem \u00abtransgrede la norma porque no la aplica en este asunto, cuando debi\u00f3 aplicarla al existir un requerimiento del acreedor al deudor y porque su decisi\u00f3n de no aplicarla es posterior a la entrada en vigencia del art\u00edculo 94 del C. G. del P. Es una forma, califiqu\u00e9mosla atrevidamente, de aplicaci\u00f3n retrospectiva de la norma jur\u00eddica, pues comporta la posibilidad de tener en cuenta requerimientos escritos del acreedor a su deudor, producidos con anterioridad a la entrada en vigencia del art\u00edculo 94 del C. G. del P., pues esos requerimientos nunca desaparecen\u00bb. <\/p>\n
(iii) El tribunal desconoce las reglas de los art\u00edculos 4 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 11 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto subordina la ley procesal a \u00abla efectividad de los derechos\u00bb, puesto que \u00abquien presenta un requerimiento, as\u00ed sea por v\u00eda judicial para que su deudor le reconozca y pague un perjuicio, no incurre en una inacci\u00f3n prolongada\u00bb. <\/p>\n
(iv) Las expresiones \u00abrequerimiento, requerir, hacen referencia a un intimar o avisar a alguien para que realice determinado acto, lo que precisamente se hace en este asunto cuando el se\u00f1or Edgar Onofre \u00c1lvarez Pinto, intima o avisa a \u00c1lvaro Bustos Esguerra, Luz Stella Estupi\u00f1\u00e1n Rodr\u00edguez y Mar\u00eda P\u00eda Cainarca de Bustos, para que lo indemnicen por los perjuicios derivados de la demolici\u00f3n de la casa que exist\u00eda en el inmueble\u00bb. <\/p>\n
(v) Esa reclamaci\u00f3n \u00abestaba contenida en una contestaci\u00f3n de demanda que conlleva en primer lugar que se encuentre trabada la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, que el Juez emita una providencia teniendo por contestada la demanda, que el juez se pronuncie sobre dicha petici\u00f3n y que toda providencia se notifique a las partes que componen esa relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, no solo la que niega la excepci\u00f3n, sino la que niega el tr\u00e1mite del incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios\u00bb. <\/p>\n
(vi) De otro lado, \u00abconsiderar que los escritos de alegaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de \u201clesi\u00f3n en el patrimonio\u201d y de formulaci\u00f3n del \u201cincidente de regulaci\u00f3n de perjuicios\u201d no son requerimientos directos del acreedor al deudor, pues en realidad no tiene como destinatario al deudor sino al juez, es desconocer que quien debe pagar la indemnizaci\u00f3n por perjuicios no es el Juez, sino precisamente el deudor; en este caso \u00c1lvaro Bustos Esguerra, Luz Stella Estupi\u00f1\u00e1n Rodr\u00edguez y Mar\u00eda P\u00eda Cainarca de Bustos, que est\u00e1n plenamente enterados de las pretensiones indemnizatorias de su acreedor \u00c1lvarez Pinto\u00bb. Adem\u00e1s, de \u00abatender la posici\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, carecer\u00eda (sic) de sentido normas como el art\u00edculo 423 del C\u00f3digo General del Proceso, que contemplan la notificaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo como requerimiento para constituir en mora al deudor\u00bb. <\/p>\n
(vii) En conclusi\u00f3n, \u00absi el Tribunal aplica el inciso final del art\u00edculo 94 del C. G. del P., interpretando la norma dejada de aplicar a la luz del art\u00edculo 11 del mismo ordenamiento procesal y\/o del art\u00edculo 4 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para reconocer que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial y que por ello debe considerar que el presupuesto esencial de la prescripci\u00f3n extintiva lo constituye la inacci\u00f3n prolongada del acreedor, su decisi\u00f3n habr\u00eda sido la de declarar no probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n. Eso s\u00ed, atendiendo el hecho que si bien el art\u00edculo 94 rige hacia el futuro, regula igualmente los requerimientos previos que haya hecho el acreedor a su deudor y no solo los posteriores a la entrada en vigencia de la norma\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Violaci\u00f3n directa de la norma sustancial. <\/p>\n
Si la censura se construye acusando la sentencia de trasgredir, en forma directa, una norma sustancial, el censor debe acreditar que, sin alterar la representaci\u00f3n de los hechos que se form\u00f3 el tribunal a partir del examen del material probatorio, el ordenamiento jur\u00eddico impon\u00eda una soluci\u00f3n de la controversia opuesta a la adoptada en la providencia que puso fin a la segunda instancia. <\/p>\n
En ese sentido, la fundamentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n ha de dirigirse a demostrar que el ad quem dej\u00f3 de aplicar al asunto una disposici\u00f3n que era pertinente, aplic\u00f3 otra que no lo era, o que, eligiendo la pauta de derecho correcta, le atribuy\u00f3 efectos distintos a los que de ella dimanan, o los restringi\u00f3 de tal manera que distorsion\u00f3 los alcances ideados por el legislador. <\/p>\n
Expresado de otro modo, esta clase de agravio a la ley sustancial es completamente independiente de cualquier yerro en la valoraci\u00f3n probatoria; adem\u00e1s, su estructuraci\u00f3n se presenta por tres v\u00edas, de contornos bien definidos: la falta de aplicaci\u00f3n, la aplicaci\u00f3n indebida o la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la norma de derecho sustancial. <\/p>\n
Sobre este particular, la Corte ha apuntado que <\/p>\n
2. La interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n extintiva. <\/p>\n
2.1. De conformidad con el art\u00edculo 2512 del C\u00f3digo Civil, \u00abla prescripci\u00f3n es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse pose\u00eddo las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los dem\u00e1s requisitos legales\u00bb. De esas dos facetas de la prescripci\u00f3n, resulta necesario detenerse en la segunda, esto es, la extintiva o liberatoria, \u00abque es un modo de extinguir derechos u obligaciones, como resultado de su no reclamaci\u00f3n, alegaci\u00f3n o defensa durante el tiempo determinado por la ley, por cualquier raz\u00f3n subjetiva que motive la inacci\u00f3n de su titular\u00bb (CC C-091 de 2018). <\/p>\n
Sobre el particular, explica el precedente de esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abEl fundamento del instituto de la prescripci\u00f3n extintiva radica en el mantenimiento del orden p\u00fablico y la paz social; propende por otorgar certeza y seguridad a los derechos subjetivos mediante la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas prolongadas y la supresi\u00f3n de la incertidumbre que pudiera ser generada por la ausencia del ejercicio de las potestades, por eso la Corte ha dicho que la instituci\u00f3n \u201c\u2026da estabilidad a los derechos, consolida las situaciones jur\u00eddicas y confiere a las relaciones de ese g\u00e9nero la seguridad necesaria para la garant\u00eda y preservaci\u00f3n del orden social\u201d, ya que \u201c\u2026la seguridad social exige que las relaciones jur\u00eddicas no permanezcan eternamente inciertas y que las situaciones de hecho prolongadas se consoliden\u2026\u201d (Sentencia, Sala Plena de 4 de mayo de 1989, exp. 1880). <\/p>\n
En similar sentido se pronunci\u00f3 la Corte mediante fallo de 11 de enero de 2000, proferido en el proceso 5208, cuando dijo que \u201c\u2026no es bastante a extinguir la obligaci\u00f3n el simple desgranar de los d\u00edas, dado que se requiere, como elemento quiz\u00e1 subordinante, la inercia del acreedor.\u201d, de todo lo cual fluye claramente c\u00f3mo \u201c\u2026del art\u00edculo 2535 del C. C. se deduce que son dos los elementos de la prescripci\u00f3n extintiva de las acciones y derechos: 1\u00b0) el transcurso del tiempo se\u00f1alado por la ley, y 2\u00b0) la inacci\u00f3n del acreedor\u201d (Sent. S. de N. G., 18 de junio de 1940, XLIX, 726)\u00bb (CSJ SC279-2021, 15 feb.). <\/p>\n
En forma similar, sostiene la doctrina: <\/p>\n
\u00abEl fundamento filos\u00f3fico-jur\u00eddico de la prescripci\u00f3n se halla en el principio de que todo derecho que al individuo se le reconoce u otorga, se encamina a la satisfacci\u00f3n de una necesidad suya. As\u00ed, los derechos reales, cuyo prototipo es el dominio, procuran la utilizaci\u00f3n exclusiva de los bienes del mundo f\u00edsico, y los derechos crediticios aseguran la prestaci\u00f3n de servicios entre los asociados. Entonces, si el titular de un derecho real deja de utilizar la cosa que se le atribuye, tolerando por largo tiempo que otra persona la posea como se\u00f1or y due\u00f1o, es de presumir que aquel no la necesita y, adem\u00e1s, conviene al inter\u00e9s general consolidar la situaci\u00f3n aparente del usuario. <\/p>\n
En el mismo orden de ideas: si el acreedor en cuyo favor se le impone al deudor la necesidad de realizar una prestaci\u00f3n de dar, hacer o no hacer algo, deja de exigirla por largo tiempo, es de presumir que el servicio que se le debe no le interesa y, entonces, su derecho pierde la raz\u00f3n de ser. Adem\u00e1s, son contrarias al inter\u00e9s general y a la normal libertad individual las obligaciones que perduran irredentas durante largo tiempo, por lo cual interviene la prescripci\u00f3n liberatoria que destruye el vinculo obligatorio, es decir, que extingue no solamente las acciones del acreedor, sino el derecho mismo subordinante del deudor\u00bb1. <\/p>\n
2.2. Para que se configure la prescripci\u00f3n extintiva se requiere, am\u00e9n de la prescriptibilidad del derecho que subyace a la acci\u00f3n judicial, la inacci\u00f3n del titular de ese derecho \u2013y correlativo titular del derecho de acci\u00f3n\u2013 por el per\u00edodo que establecen las leyes sustanciales. En ese contexto, establece el precepto 2535 del C\u00f3digo Civil que \u00abla prescripci\u00f3n que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones\u00bb, y que \u00abse cuenta este tiempo desde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, el plazo que transcurre a partir de la exigibilidad de la prestaci\u00f3n no sigue su curso de manera implacable, sino que, dadas ciertas variables expresamente consagradas en la ley, puede detenerse transitoriamente, o incluso reiniciar su c\u00f3mputo por completo. El primer suceso se denomina suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n, act\u00faa a favor de \u00ablos incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o curadur\u00eda\u00bb, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 2530 -modificado por el art\u00edculo 3\u00b0 de la ley 791 de 2002- y 2541 -cuyo inciso segundo fue modificado por el art\u00edculo 10 de la ley 791 de 2002- del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Al segundo se le denomina interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, y a voces del precepto 2539 ejusdem, puede producirse por dos v\u00edas. Una \u201cnatural\u201d, que opera \u00abpor el hecho de reconocer el deudor la obligaci\u00f3n, ya expresa, ya t\u00e1citamente\u00bb; y otra \u201ccivil\u201d \u2013la que interesa a este litigio\u2013, que se materializa \u00abpor la demanda judicial; salvo los casos enumerados en el art\u00edculo 2524\u00bb, disposici\u00f3n esta \u00faltima que consagraba que \u00absolo el que ha intentado este recurso [la interposici\u00f3n de la demanda, se aclara] podr\u00e1 alegar la interrupci\u00f3n, y ni a\u00fan \u00e9l en los casos siguientes: 1.\u00ba Si la notificaci\u00f3n de la demanda no ha sido hecha en forma legal; 2\u00ba. Si el recurrente desisti\u00f3 expresamente de la demanda, o [3.\u00ba] ces\u00f3 en la persecuci\u00f3n por m\u00e1s de tres a\u00f1os. En estos tres casos se entender\u00e1 no haber sido interrumpida la prescripci\u00f3n por la demanda\u00bb. <\/p>\n
2.3. A partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica de los citados art\u00edculos 2524 y 2539 del C\u00f3digo Civil, y a tono con lo que dispon\u00eda el canon 421 del C\u00f3digo Judicial de la Uni\u00f3n2 \u2013en el que se enlistaba como uno de los \u00abefectos de la notificaci\u00f3n del traslado de una demanda\u00bb el de \u00abinterrumpirse el tiempo para la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n o cosa demandada\u00bb\u2013, en nuestro medio se interpret\u00f3 que la presentaci\u00f3n de la demanda era apenas un presupuesto de la interrupci\u00f3n civil, cuya eficacia estaba subordinada a que el convocado se notificara de la decisi\u00f3n judicial de admisi\u00f3n a tr\u00e1mite, en la forma establecida por las leyes procesales. <\/p>\n
A modo de ilustraci\u00f3n, v\u00e9ase lo que expuso esta Sala en fallo de 3 de junio de 1913: <\/p>\n
\u00ab[G]uarda perfecta armon\u00eda el art\u00edculo 421 del C\u00f3digo Judicial, que es disposici\u00f3n sustantiva, con el 2524 del C\u00f3digo Civil, desde luego que si no se considera interrumpida la prescripci\u00f3n cuando la demanda no se ha notificado legalmente, conforme a la \u00faltima disposici\u00f3n citada, es la notificaci\u00f3n y no la introducci\u00f3n de la demanda lo que produce el efecto de cortar la prescripci\u00f3n, sin que pueda decirse lo contrario, porque si simplemente se anulara el juicio por la falta de notificaci\u00f3n o por ser esta ilegal, quedar\u00eda vigente la interrupci\u00f3n por virtud de la sola presentaci\u00f3n de la demanda, y no habr\u00eda motivo para declararla ineficaz a causa de no haberse notificado, y as\u00ed violar\u00eda el texto expreso del articulo 2524 del C\u00f3digo Civil\u00bb (CSJ SC, 3 jun. 1913, G. J. t. XXII, pp. 404-412). <\/p>\n
Por esa misma senda, en sentencia de 12 de agosto de 1947, la Corte reafirm\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(…) Invariablemente ha sostenido la jurisprudencia nacional que la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n extintiva se opera por juicio formal en que comparece la parte que puede alegarla, seg\u00fan principio general de derecho civil. Es la notificaci\u00f3n oportuna de la demanda en que se ejercita la acci\u00f3n lo que interrumpe el lapso prescriptivo. Uno de los efectos legales de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, de su traslado, aunque no determinado expresamente en la ley 105 de 1931, sigue siendo en doctrina procesal y a la luz de los art\u00edculos 2524 y 2539 del C. C., como lo estatu\u00eda el numeral 2 del art\u00edculo 421 del antiguo C\u00f3digo Judicial, la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n. <\/p>\n
El auto en que se admite la demanda y se ordena su traslado legal no puede producir ning\u00fan efecto (…). En ninguna forma dice el art\u00edculo 2539 del C.C. que la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n se opera por la sola presentaci\u00f3n de la demanda. Por el contrario, se establece all\u00ed con la referencia a las excepciones se\u00f1aladas en el art\u00edculo 2524, que la interrupci\u00f3n no tiene lugar si la notificaci\u00f3n de la demanda no ha sido hecha en la forma legal. \u201cDesde luego que si no se considera interrumpida cuando la demanda no se ha notificado legalmente (2524), es la notificaci\u00f3n y no la introducci\u00f3n de la demanda lo que produce el efecto de cortar la prescripci\u00f3n\u201d (G. J. Tomo XXII, p\u00e1g. 408)\u00bb (CSJ SC, 12 ago. 1947, G.J. t. LXII, pp. 658-661). <\/p>\n
De lo anotado se sigue que, en vigencia del texto original del C\u00f3digo Civil, la opini\u00f3n uniforme de la jurisprudencia consist\u00eda en que la presentaci\u00f3n de la demanda no era suficiente para interrumpir el c\u00f3mputo del plazo de prescripci\u00f3n extintiva, pues si bien ese acto coincidir\u00eda con el ejercicio del derecho de acci\u00f3n, la soluci\u00f3n definitiva del conflicto \u2013que es a lo que apunta el r\u00e9gimen de prescripci\u00f3n de las acciones\u2013 requiere satisfacer varios requerimientos formales, que son propios de fases posteriores del litigio. <\/p>\n
Ciertamente, si bastara con la presentaci\u00f3n de la demanda, la interrupci\u00f3n se verificar\u00eda aun a pesar de que ese escrito fuera rechazado o retirado, o de que el proceso terminara anormalmente por cualquiera de las v\u00edas establecidas para sancionar la desidia del actor \u2013v.gr., el desistimiento t\u00e1cito\u2013, perdiendo de vista que en esos eventos se ejerci\u00f3 la acci\u00f3n, pero no se avanz\u00f3 un \u00e1pice hacia la asignaci\u00f3n concreta y definitiva de los derechos sustanciales que se encuentran en disputa. <\/p>\n
En las hip\u00f3tesis propuestas, la carga de demandar pudo haberse atendido oportunamente, pero el prop\u00f3sito social de la prescripci\u00f3n, que es la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas entre particulares, seguir\u00eda sin realizarse. Y siendo ello as\u00ed, como lo es, resultar\u00eda ineludible dar continuidad al c\u00f3mputo del plazo prescriptivo, precisamente para que su consumaci\u00f3n extinga las acciones del titular del derecho sustancial, y de paso tambi\u00e9n la posibilidad de que aquel acuda a las autoridades jurisdiccionales en procura de instrumentalizar este derecho. <\/p>\n
2.4. Si bien nuestro sistema jur\u00eddico se decant\u00f3 desde el inicio por supeditar la eficacia de la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n al adecuado enteramiento del auto admisorio de la demanda al convocado, no exist\u00eda consenso sobre el momento en el que deb\u00eda entenderse verificado ese efecto. Un sector de la doctrina defend\u00eda que, siendo dos los requisitos se\u00f1alados en la ley, la interrupci\u00f3n solo podr\u00eda producirse cuando se cumplieran ambos, es decir, cuando se efectuara la notificaci\u00f3n. Otra facci\u00f3n pensaba que, surtido ese acto de comunicaci\u00f3n, el efecto interruptivo deb\u00eda retrotraerse a la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Esa controversia fue zanjada con la expedici\u00f3n del C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u2013que entr\u00f3 en vigor el 1 de julio de 1971\u2013, cuyo art\u00edculo 90 introdujo una regla intermedia, del siguiente tenor: \u00abAdmitida la demanda se considerar\u00e1 interrumpida la prescripci\u00f3n desde la fecha en que fue presentada, siempre que el demandante dentro de los cinco d\u00edas siguientes a su admisi\u00f3n, provea lo necesario para notificar al demandado y que si la notificaci\u00f3n no se hiciere en el t\u00e9rmino de diez d\u00edas, efect\u00fae las diligencias para que se cumpla con un curador ad litem en los dos meses siguientes. En caso contrario, s\u00f3lo se considerar\u00e1 interrumpida con la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda al demandado o a su curador ad litem\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed explic\u00f3 la Corte el referido cambio legislativo: <\/p>\n
\u00abAntes de la expedici\u00f3n del nuevo C\u00f3digo de Procedimiento Civil, present\u00e1base con frecuencuia discusi\u00f3n entre la doctrina y los tratadistas sobre el momento en que se operaba el fen\u00f3meno de la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n, como quiera que al paso que alqunos sosten\u00edan que ten\u00eda ocurrencia con la sola presentaci\u00f3n de la demanda, otros se inclinaban por sostener que s\u00f3lo se daba con la notificaci\u00f3n al demandado del auto admisorio del libelo, criterio este patrocinado por la Corte en numerosos fallos, en los que resumidamente se dijo que \u201c…la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n tanto adquisitiva como extintiva, a consecuencia de la interposici\u00f3n de la demanda no se consuma con la sola presentaci\u00f3n de la demanda, sino en el momento en que \u00e9sta es notificada al demandado, salvo que el retardo en notificar \u00e9ste no se deba a culpa del demandante por no haber realizado la actividad necesaria para que dicha notificaci\u00f3n se efectuara, sino al demandado, por haber eludido esta o al personal del juzgado encargado de hacerla, casos estos en los cuales se entiende consumada con la presentaci\u00f3n de la demanda\u201d (G. J. Nos. 2032, P\u00e1gs. 634 y 658; 20,50, P\u00e1g. 660; 2154, P\u00e1gs. 132,231; 2319 Y 2320, P\u00e1g. 120, entre otras) <\/p>\n
Para eliminar esta controversia y hacerle producir efectos jur\u00eddico-materiales a la presentaci\u00f3n de la demanda, el nuevo C\u00f3digo de Enjuiciamiento Civil derog\u00f3 el controvertido art\u00edculo 2524 del C\u00f3digo Civil y el 29 de la Ley 95 de 1890, y estableci\u00f3 en el art\u00edculo 90 que \u201cadmitida la demanda, se considerar\u00e1 interrumpida la prescripci\u00f3n desde la fecha en que fue presentada, siempre que el demandante, dentro de los cinco d\u00edas siguientes a su admisi\u00f3n, provea lo necesario para notificar al demandado y que si la notificaci\u00f3n no se hiciere en el t\u00e9rmino de diez d\u00edas, efect\u00fae las diligencias para que se cumpla con un curador ad litem en los dos meses siguientes. En caso contrario, s\u00f3lo se considerar\u00e1 interrumpida con la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda al demandado o a su curador ad litem\u201d. <\/p>\n
Se establecen entonces, tres plazos sucesivos e ininterrumpidos, que corren desde el dia siguiente al del vencimiento del anterior, para que la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, adquisitiva o extintiva, opere desde la presentaci\u00f3n de la demanda, que son: el de cinco d\u00edas, que arranca siempre desde el d\u00eda siguiente al de la admisi\u00f3n de la demanda, para que el demandante provea lo necesario para notificar el auto admisorio al demandado; el de diez d\u00edas para la notificaci\u00f3n personal del auto admisorio al demandado; y, el de dos meses, para que si dentro del plazo anterior no se pudo notificar personalmente al demandado, el demandante \u201cefect\u00fae las diligencias para que se cumpla con un curador ad litem\u201d\u00bb (CSJ SC, 1 oct. 1986, G. J. t. CLXXXIV, pp. 299-311). <\/p>\n
Cabe agregar que el Decreto 2282 de 1989 modific\u00f3 el texto original del canon 90 citado, para consagrar que \u00ab[l]a presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe el t\u00e9rmino para la prescripci\u00f3n e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aqu\u00e9lla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro de los ciento veinte d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este t\u00e9rmino, los mencionados efectos s\u00f3lo se producir\u00e1n con la notificaci\u00f3n al demandado\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el art\u00edculo 10 de la Ley 794 de 2003 fij\u00f3 en un a\u00f1o el plazo para notificar al convocado, facilitando as\u00ed la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino. Esta regulaci\u00f3n se replic\u00f3 \u2013con m\u00ednimas alteraciones\u2013 en el primer inciso del precepto 94 del C\u00f3digo General del Proceso, actualmente en vigor. <\/p>\n
2.5. Conforme lo expuesto, tanto el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como el 94 del C\u00f3digo General del Proceso, complementan la regla del inciso final del art\u00edculo 2539 del C\u00f3digo Civil, tal y como anta\u00f1o lo hiciera el canon 2524 ejusdem, actualmente derogado3. Por ende, no es posible concebir el enunciado \u00ab[l]a prescripci\u00f3n que extingue las acciones ajenas (…) se interrumpe civilmente por la demanda judicial\u00bb, sin articularlo con las disposiciones de la codificaci\u00f3n procesal que supeditan esa interrupci\u00f3n al enteramiento del auto admisorio o el mandamiento de pago correspondiente al demandado (Cfr. CC, C-543\/93). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la prescripci\u00f3n solo se interrumpe civilmente con la presentaci\u00f3n oportuna de la demanda, pero a condici\u00f3n de que esta sea admitida a tr\u00e1mite, y el auto admisorio o el mandamiento de pago correspondiente se notifique apropiadamente y dentro del plazo legal al convocado. Si ese enteramiento se produce dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o, contado a partir de la fecha de notificaci\u00f3n de dicha providencia a la parte actora4, la interrupci\u00f3n tendr\u00e1 efectos retroactivos, es decir, operar\u00e1 desde la radicaci\u00f3n de la demanda. En caso contrario, esos efectos solo se producir\u00e1n \u00abcon la notificaci\u00f3n al demandado\u00bb. <\/p>\n
En cualquiera de esos supuestos, la interrupci\u00f3n civil podr\u00e1 ser eficaz, siempre que la presentaci\u00f3n de la demanda o la notificaci\u00f3n del auto admisorio o el mandamiento de pago al demandado, seg\u00fan sea el caso, se produzca antes del fenecimiento del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n previsto en las normas sustanciales. Similarmente, si la demanda se radica con posterioridad al vencimiento de ese t\u00e9rmino, la prescripci\u00f3n se consumar\u00e1, con independencia de que la notificaci\u00f3n de la providencia de apertura del proceso al convocado se realice con presteza. <\/p>\n
En esa l\u00ednea ser\u00e1 ineficaz para el anunciado prop\u00f3sito la demanda presentada, siempre que la intimaci\u00f3n del demandado acaezca (i) por fuera de la anualidad que contemplan los art\u00edculos 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 94 del C\u00f3digo General del Proceso; y (ii) el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n previsto en las leyes sustanciales haya transcurrido completamente. <\/p>\n
2.6. No puede pasarse por alto que, en el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013vigente desde el 1 de octubre de 2012\u2013, se consagr\u00f3 un novedoso supuesto de interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n, que se produce mediante un \u00abrequerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor\u00bb. El legislador no regul\u00f3 con detalle esta posibilidad, m\u00e1s all\u00e1 de se\u00f1alar que \u00absolo podr\u00e1 hacerse por una vez\u00bb; sin embargo, es factible deducir algunos de sus rasgos principales: <\/p>\n
(i) El requerimiento extrajudicial debe involucrar un derecho autoatribuido, es decir, una expresi\u00f3n de voluntad de quien se asume como titular de un derecho sustancial, orientada directa y reflexivamente a que otra persona se comporte de manera consistente con ese derecho. As\u00ed, por ejemplo, el acreedor cambiario puede dirigir un escrito a su deudor, inst\u00e1ndolo a que sufrague el cr\u00e9dito incorporado en un cartular; o la v\u00edctima de un accidente de tr\u00e1nsito al agente da\u00f1ador, reclam\u00e1ndole la indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os atribuibles a su conducta lesiva. <\/p>\n
Naturalmente, la interrupci\u00f3n operar\u00e1 frente a las acciones relacionadas con esa autoatribuci\u00f3n, como lo ser\u00edan, en las hip\u00f3tesis antes propuestas, la acci\u00f3n cambiaria y la ordinaria de responsabilidad civil, en su orden. <\/p>\n
(ii) Esta clase de interrupci\u00f3n civil opera en el momento en el que el deudor conoci\u00f3, o razonablemente debi\u00f3 conocer, del requerimiento efectuado por su acreedor. Lo anterior se explica porque, siguiendo el precedente de esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(…) la prescripci\u00f3n extintiva y su forma civil de interrupci\u00f3n (…) reclama, necesariamente, un acto de comunicaci\u00f3n a quien puede llegar a beneficiarse de aquella, de modo que, en virtud de ese enteramiento, el deudor quede advertido que su acreedor est\u00e1 presto a ejercer el derecho, y que, por tanto, no existe espacio para aprovecharse del tiempo, ni mucho menos de una eventual desidia (…). Los actos que no trascienden la \u00f3rbita del acreedor, aquellos que permanecen en la periferia del deudor y que, por ende, son ignorados por \u00e9l, no pueden tener la virtualidad de interrumpir la prescripci\u00f3n. Por eso, entonces, para que ciertamente la demanda sea \u00fatil al prop\u00f3sito de truncar el plazo prescriptivo, debe ser trasladada al deudor demandado\u00bb (CSJ SC, 1 jun. 2005, rad. 7921; reiterada en CSJ SC1131-2016, 5 feb.). <\/p>\n
Cabe precisar que los apartes transcritos se refieren a la interrupci\u00f3n civil que se deriva de la presentaci\u00f3n de la demanda \u2013y su posterior notificaci\u00f3n\u2013, pero los principios jur\u00eddicos sobre los que se funda el raciocinio de la Corte, relacionados con la necesidad de hacer saber efectivamente al obligado las determinaciones adoptadas por su acreedor con relaci\u00f3n a la prestaci\u00f3n debida, resultan aplicables al supuesto que prev\u00e9 el inciso final del citado art\u00edculo 94. <\/p>\n
(iii) Es indudable que el \u00abrequerimiento escrito\u00bb del que se viene hablando puede incorporarse en un mensaje de datos, y remitirse al destinatario a trav\u00e9s de cualquier medio electr\u00f3nico id\u00f3neo. Lo anterior en tanto que, a voces del art\u00edculo 6 de la Ley 527 de 1999, \u00abcuando cualquier norma requiera que la informaci\u00f3n conste por escrito, ese requisito quedar\u00e1 satisfecho con un mensaje de datos, si la informaci\u00f3n que \u00e9ste contiene es accesible para su posterior consulta\u00bb. En este escenario, igualmente deber\u00e1 acreditarse que el destinatario conoci\u00f3, o tuvo la posibilidad de conocer, el contenido del requerimiento privado remitido por medios electr\u00f3nicos. <\/p>\n
(iv) Siguiendo las reglas generales, la comunicaci\u00f3n del requerimiento privado al sujeto pasivo de la relaci\u00f3n sustancial impondr\u00e1 que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n no consumado reinicie su c\u00f3mputo, efecto interruptivo que solo puede verificarse \u00abpor una vez\u00bb. <\/p>\n
3. Resoluci\u00f3n conjunta de los cargos. <\/p>\n
3.1. En los fallos de primera y segunda instancia se denegaron las pretensiones, arguyendo que el hecho da\u00f1oso invocado \u2013la demolici\u00f3n de una construcci\u00f3n ubicada en la Carrera 14 n.\u00ba 106-20 de Bogot\u00e1\u2013 habr\u00eda acaecido \u00aben el a\u00f1o 1995\u00bb, y que si bien la demanda fue presentada el 27 de abril de 2012, antes de que se consolidara el plazo prescriptivo de diez a\u00f1os que estableci\u00f3 la Ley 791 de 2002, ese acto procesal inicial no logr\u00f3 el cometido de interrumpir civilmente el fen\u00f3meno extintivo de la acci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Lo anterior dado que \u00aba los demandados se les hab\u00eda notificado del auto admisorio de la demanda pasado m\u00e1s de un a\u00f1o desde la notificaci\u00f3n de dicha providencia al demandante\u00bb \u2013lo que aconteci\u00f3 el 16 de julio de 2012\u2013, y que \u00abal primer demandado que se notific\u00f3 del auto admisorio de la demanda \u2013el se\u00f1or Bustos Esguerra\u2013 se le puso en conocimiento dicha providencia el 30 de octubre de 2013, esto es, pasados m\u00e1s de 10 a\u00f1os desde que entr\u00f3 en vigor la Ley 791 de 2002, a la que estaban habilitados para acogerse los accionados, seg\u00fan su voluntad (art. 41 de la Ley 153 de 1887)\u00bb. <\/p>\n
3.2. El se\u00f1or \u00c1lvarez Pinto intent\u00f3 combatir ese argumento arguyendo, en esencia, que el 16 de junio de 2005 tuvo lugar otro hecho id\u00f3neo para interrumpir la prescripci\u00f3n declarada, pues en esa fecha, y en el marco de un proceso divisorio que los actuales convocados promovieron en su contra, radic\u00f3 ante el juzgado competente un escrito de excepciones y un \u00abincidente de regulaci\u00f3n de perjuicios, pretendiendo el pago de c\u00e1nones de los arrendamientos que hab\u00eda dejado de producir el inmueble por la demolici\u00f3n de la casa y de la disminuci\u00f3n del precio del inmueble por la misma raz\u00f3n (…), conjunto de pretensiones (…) que coinciden con las que son materia del proceso que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
A juicio del casacionista, esos memoriales deben considerarse como una \u00abdemanda judicial\u00bb, en los t\u00e9rminos del pluricitado art\u00edculo 2539 del C\u00f3digo Civil (cargo primero), o al menos como el \u00abrequerimiento al deudor\u00bb de que trata el canon 94 del C\u00f3digo General del Proceso (cargo segundo). Pero ninguno de esos alegatos es de recibo, por lo siguiente: <\/p>\n
(i) El recurrente afirm\u00f3 que \u00abcuando Andr\u00e9s Bello presenta el proyecto del 22 de Noviembre de 1855 (…) no exist\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ni el C\u00f3digo General del Proceso, por lo que el legislador de ese entonces no podr\u00eda haber pretendido referirse al concepto de demanda dado por esos cuerpos legales, de reciente concepci\u00f3n\u00bb. Esta aseveraci\u00f3n, sin embargo, no pasa de ser una simple conjetura, que adem\u00e1s de carecer de evidencia de respaldo, no se compadece con la realidad. <\/p>\n
Es claro que la expresi\u00f3n \u00abdemanda judicial\u00bb fue empleada para demarcar una relaci\u00f3n conceptual con el escrito que da inicio al proceso, diferenci\u00e1ndolo de otro tipo de reclamos o peticiones elevadas en escenarios judiciales o extrajudiciales. Aquella es la acepci\u00f3n natural y obvia de esas palabras \u2013al menos en el preciso contexto regulatorio donde se ubica el art\u00edculo 2539\u2013, y tambi\u00e9n es la \u00fanica hermen\u00e9utica consistente con la remisi\u00f3n original al canon 2524 del estatuto normativo, en el que se mencionaban actos como la \u00abnotificaci\u00f3n de la demanda\u00bb y el \u00abdesistimiento de la demanda\u00bb, que solo resultan comprensibles si el significado de \u00abdemanda judicial\u00bb fuera el previamente indicado. <\/p>\n
Y si el texto del C\u00f3digo Civil no fuera suficiente, lo cierto es que cualquier duda que pudiera subsistir sobre este punto tendr\u00eda que haber quedado disipada por completo a partir de la expedici\u00f3n del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuyo art\u00edculo 90 solo resulta comprensible si se le asigna al vocablo \u00abdemanda judicial\u00bb un sentido equivalente al escrito inicial del proceso o, si se quiere, la \u00abdemanda con la que se promueve todo proceso\u00bb, empleando los t\u00e9rminos del art\u00edculo 75 ejusdem. <\/p>\n
Cabe a\u00f1adir que, contrario a lo afirmado por el impugnante extraordinario, no existe justificaci\u00f3n para aplicar el texto del C\u00f3digo Civil sin la adenda que introdujera el C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u2013y que actualmente reproduce el C\u00f3digo General del Proceso\u2013, pues esos preceptos integran una \u00fanica regla jur\u00eddica. As\u00ed qued\u00f3 anotado previamente, y as\u00ed lo explic\u00f3 tambi\u00e9n la Corte Constitucional al analizar la exequibilidad del tantas veces citado art\u00edculo 90, oportunidad en la que sostuvo que \u00ab(…) no existe contradicci\u00f3n entre los art\u00edculos 2539 del C\u00f3digo Civil y 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb, y que, \u00aben realidad las dos normas se complementan arm\u00f3nicamente, pues la segunda se concreta a regular lo concerniente a la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n una vez presentada la demanda, es decir, dentro del proceso\u00bb (C-543\/93). <\/p>\n
Descartada la hermen\u00e9utica que propone el actor, el primer cuestionamiento no puede abrirse paso, porque los memoriales que aquel present\u00f3 en el proceso divisorio previo no corresponden realmente a una \u00abdemanda judicial\u00bb, sino a dos piezas procesales distintas (un escrito incidental y otro de excepciones). Y si, en gracia de discusi\u00f3n, se prescindiera de este razonamiento, la interrupci\u00f3n civil alegada tampoco podr\u00eda haber sucedido, pues aquellos documentos no provocaron la expedici\u00f3n de ninguna decisi\u00f3n judicial asimilable a un auto admisorio o mandamiento de pago. Y si ello no ocurri\u00f3, tampoco era posible notificar a los demandados de esas hipot\u00e9ticas providencias. <\/p>\n
Antes bien, las peticiones que se pide ahora calificar de \u00abdemanda judicial\u00bb fueron rechazadas de plano por el juez del proceso divisorio, al menos en lo que tiene relaci\u00f3n con el objeto del litigio actual. Y siendo ello as\u00ed, se insiste, no pudo haberse dado el enteramiento que contemplaba el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u2013y que hoy reitera el 94 del C\u00f3digo General del Proceso\u2013 como requisito adicional para que opere la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la prescripci\u00f3n no tiene como \u00fanico objetivo sancionar la pasividad del titular de un derecho, sino que tambi\u00e9n busca estabilizar las relaciones jur\u00eddicas particulares. De ah\u00ed que la interrupci\u00f3n civil exija un ejercicio eficaz de la acci\u00f3n, en el sentido de que verdaderamente conduzca a la definici\u00f3n del derecho que los litigantes se disputan5. <\/p>\n
Ello explica, entre otras cosas, la necesaria notificaci\u00f3n al convocado del auto admisorio o el mandamiento de pago, pues la emisi\u00f3n de esas providencias supone la verificaci\u00f3n por parte del juez de la causa de los presupuestos procesales de la acci\u00f3n, al paso que su notificaci\u00f3n efectiva al extremo demandado perfecciona la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, y \u2013en palabras de von B\u00fclow\u2013 hace que surja en cabeza de las autoridades jurisdiccionales \u00abla concreta obligaci\u00f3n de decidir y realizar el derecho deducido en juicio\u00bb6. <\/p>\n
Un fundamento similar se refleja en las disposiciones de los art\u00edculos 91 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 95 del C\u00f3digo General del Proceso, que consagraron varios supuestos de ineficacia de la interrupci\u00f3n civil, entre los que cabe destacar el desistimiento, la terminaci\u00f3n del proceso debido a la prosperidad de ciertas excepciones previas y el fallo absolutorio al demandado. <\/p>\n
En ninguno de esos eventos puede decirse que el titular del derecho adoptara una conducta por completo pasiva; al contrario, adelant\u00f3 varias gestiones, entre ellas presentar el escrito de demanda ante la jurisdicci\u00f3n. Pero como esa actuaci\u00f3n no tuvo ning\u00fan impacto real en la definici\u00f3n del debate jur\u00eddico, el legislador estim\u00f3 adecuado que la prescripci\u00f3n continuara su trasegar, privilegiando as\u00ed los efectos del paso del tiempo en la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas. <\/p>\n
(ii) Tampoco es posible asimilar los memoriales de los que se viene hablando, esto es, los que se radicaron en el decurso de un proceso divisorio anterior, con el requerimiento privado que se menciona en el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, no solo porque sus caracter\u00edsticas son dis\u00edmiles, sino tambi\u00e9n porque, para cuando se presentaron esos memoriales, la referida norma ni siquiera hab\u00eda sido expedida. <\/p>\n
Sobre lo primero, debe insistirse en que la novedosa posibilidad contemplada en el estatuto procesal civil corresponde a un ejercicio de autoatribuci\u00f3n: un acto voluntario y reflexivo de quien cree ser titular de un derecho, reducido a escrito y comunicado a la persona que considera como su deudor, con el prop\u00f3sito de solicitarle que cumpla con las obligaciones que se radicar\u00edan en cabeza suya. <\/p>\n
Los memoriales incidental y de excepciones a los que alude el segundo cargo no comparten esas cualidades, pues no se dirig\u00edan al deudor, sino al juez. Adem\u00e1s, all\u00ed se busc\u00f3 la intervenci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n para hacer cumplir, incluso forzadamente, una obligaci\u00f3n personal, en lugar de pedirse a quienes fueron designados como deudores de esas acreencias que asumieran voluntariamente los efectos patrimoniales de la responsabilidad civil extranegocial que el se\u00f1or \u00c1lvarez Pinto a\u00fan hoy les adjudica. <\/p>\n
A lo anotado se a\u00f1ade que, de acogerse la propuesta interpretativa del recurrente, quedar\u00eda derogada \u2013de facto\u2013 toda la regulaci\u00f3n en materia de interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n a la que se aludi\u00f3 anteriormente, pues ya no ser\u00eda necesario presentar una \u00abdemanda judicial\u00bb, ni notificar el primer auto del proceso al demandado, sino que bastar\u00eda con radicar un memorial cualquiera en el decurso de un tr\u00e1mite jurisdiccional, para luego dotarlo del valor que el canon 94 asigna al requerimiento privado all\u00ed consagrado. <\/p>\n
Y si esto no fuera suficiente para descartar la teorizaci\u00f3n del actor, debe insistirse en que el precepto reci\u00e9n citado \u2013el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso\u2013 entr\u00f3 en vigor el 1 de octubre de 2012, de manera que hacer pasar a unos actos que datan del 16 de junio de 2005 como requerimientos privados, aptos para interrumpir la prescripci\u00f3n, implicar\u00eda transgredir injustificadamente el principio de irretroactividad de la ley. <\/p>\n
Como la presentaci\u00f3n de los escritos incidental y de excepciones acaeci\u00f3 en el a\u00f1o 2005, y ese fue un suceso que se consum\u00f3 instant\u00e1neamente, no debe tener ning\u00fan efecto diferente al que la ley le asignaba para aquel entonces, salvo que existiera una disposici\u00f3n legal que dispusiera lo contrario, que no la hay en punto a la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n. Por supuesto que, como lo explica la doctrina, los \u00abhechos que no han determinado la constituci\u00f3n o la extinci\u00f3n de una situaci\u00f3n jur\u00eddica seg\u00fan la ley vigente el d\u00eda en que ellos se ejecutaron, no pueden, en virtud de una ley nueva, ser considerados como si hubieren generado esa constituci\u00f3n o extinci\u00f3n\u00bb7. <\/p>\n
En esta misma l\u00ednea, la Sala adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa \u201cretroactividad y la ultraactividad de la ley tienen car\u00e1cter excepcional y deben estar expresamente previstas en el ordenamiento\u201d8. El primer fen\u00f3meno, en general, conlleva inseguridad jur\u00eddica al someter a reexamen las condiciones de una relaci\u00f3n sustancial agotada al abrigo de la antigua ley. El segundo, impide el progreso del ordenamiento al evitar que la nueva ley responda inmediatamente a los cambios sociales. <\/p>\n
La soluci\u00f3n a los conflictos de las leyes en el tiempo, se encuentra guiada por los principios de irretroactividad y de efecto general inmediato de la ley. \u201c[R]ectamente entendidos, no se contradicen, se complementan\u201d9. El l\u00edmite temporal sobre el cual no debe volver la ley nueva lo marca la irretroactividad. La vigencia inmediata, por su parte, define su aplicaci\u00f3n hacia el futuro a los hechos consumados a partir de su entrada en vigor. <\/p>\n
As\u00ed se aleja cualquier perplejidad. En virtud de esos mandatos, el r\u00e9gimen intertemporal, por regla general, resuelve la colisi\u00f3n de la siguiente manera: (i) Ordena la aplicaci\u00f3n de la ley antigua a las situaciones jur\u00eddicas consolidadas y a las consecuencias cumplidas antes de la vigencia de la nueva ley. (ii) Dispone la eficacia de la ley posterior a las situaciones jur\u00eddicas concretizadas luego de su vigor, a las pendientes o en curso y a los efectos no cumplidos de cuestiones preexistentes. Ese ha sido el entendimiento dado por la jurisprudencia al conjunto de reglas transitorias previstas en el ordenamiento patrio. <\/p>\n
El principio de irretroactividad de la ley10 est\u00e1 consagrado en el precepto 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, puesto que garantiza la \u201c(\u2026) propiedad privada y los dem\u00e1s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores\u201d. <\/p>\n
La Corte Constitucional ha precisado la disposici\u00f3n. Se refiere a las \u201c(\u2026) situaciones jur\u00eddicas consolidadas (\u2026)\u201d11 en vigencia de la ley antigua. En principio, dice, las \u201cnormas que integran el ordenamiento jur\u00eddico rigen con efecto general e inmediato\u201d12, tal como as\u00ed lo establece la Ley 153 de 1887 en su primera parte. <\/p>\n
Seg\u00fan esa Corporaci\u00f3n: \u201cCon fundamento en las disposiciones superiores anteriormente comentadas, las cuales tambi\u00e9n estaban consignadas en la Constituci\u00f3n Nacional de 1886 y que delimitan la \u00f3rbita de libertad de configuraci\u00f3n legislativa en la materia, se desarroll\u00f3 un r\u00e9gimen legal que se\u00f1al\u00f3 los principios generales relativos a los efectos del tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n, respetando el l\u00edmite se\u00f1alado por la garant\u00eda de los derechos adquiridos y los principios de legalidad y favorabilidad penal. Dicho r\u00e9gimen legal est\u00e1 contenido en los art\u00edculos 17 a 49 de la Ley 153 de 1887 que, de manera general, en relaci\u00f3n con diversos tipos de leyes, prescriben que ellas rigen hacia el futuro y regulan todas las situaciones jur\u00eddicas que ocurran con posterioridad a su vigencia. A contrario sensu, las situaciones jur\u00eddicas extinguidas al entrar en vigencia una nueva ley, se rigen por la ley antigua (…)\u201d (C-619 de 2001)\u00bb (CSJ SC4704-2021, 22 oct.) <\/p>\n
3.3. En conclusi\u00f3n, como no se demostr\u00f3 la infracci\u00f3n directa alegada, las dos primeras censuras no prosperan. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Bajo el r\u00f3tulo de \u00abcargo subsidiario o excluyente\u00bb, y tambi\u00e9n con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, el querellante estim\u00f3 quebrantados los art\u00edculos 41 de la Ley 153 de 1887, 2513 y 2540 del C\u00f3digo Civil y los numerales 5 y 6 del canon 42 del C\u00f3digo General del Proceso, para lo cual adujo: <\/p>\n
(i) La primera de las normas citadas \u00abregula la aplicaci\u00f3n de normas sobre prescripci\u00f3n, lo que determina que sea necesario en su interpretaci\u00f3n el aplicar lo dispuesto en el art\u00edculo 2513 del C\u00f3digo Civil, que contempla la necesidad de alegar la prescripci\u00f3n (\u2026). En consecuencia, no puede premiarse al deudor que incurre en la negligencia de no alegarla expresamente en la forma como quiere que se aplique, de lo cual se desprende que la manifestaci\u00f3n de voluntad que contempla el art\u00edculo 41 de la ley 153 de 1887 debe ser expresa, pues de lo contrario conllevar\u00eda la aplicaci\u00f3n de mecanismos de interpretaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n de la demanda en contrav\u00eda de lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 2513 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
(ii) Las manifestaciones contenidas en el escrito de excepciones de Luz Stella Estupi\u00f1\u00e1n no \u00abson concluyentes para afirmar de manera inequ\u00edvoca que (\u2026) hizo elecci\u00f3n de la ley 791 de 2002. Bien pudo ser que la abogada considerara que siempre en nuestro ordenamiento legal la prescripci\u00f3n ha sido inferior a 17 a\u00f1os (16, 15,14,13,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1). Bien pudo ser un error de contabilizaci\u00f3n al tomar como punto de referencia el a\u00f1o 1995\u00bb. <\/p>\n
(iii) Esta disquisici\u00f3n \u00abrepercute directamente respecto de la demandada Luz Stella Estupi\u00f1\u00e1n Rodr\u00edguez, pero igualmente frente a \u00c1lvaro Bustos Esguerra y Mar\u00eda P\u00eda Cainarca De Bustos, acorde con lo dispuesto en el art\u00edculo 2540 del C\u00f3digo Civil (\u2026), [puesto que] en este asunto nos encontramos ante una obligaci\u00f3n solidaria, por disposici\u00f3n expresa de la ley (art\u00edculo 2344 del C. C.)\u00bb, lo que ocasiona que \u00abel destino de todos los deudores sea \u00fanico\u00bb. <\/p>\n
(v) Por tratarse \u00abde una obligaci\u00f3n solidaria en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 2344 y 2540, la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n solo se producir\u00eda en el momento en que se notificaran todos los demandados del auto admisorio de la demanda declarativa y de condena. Pero por los mismos efectos de esa solidaridad, la interrupci\u00f3n afectar\u00eda a todos los demandados de la misma manera, impidiendo que respecto de ninguno (sic) se declarara probada la excepci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Precisi\u00f3n preliminar. <\/p>\n
Con apoyo en la naturaleza aut\u00f3noma e independiente de los cargos en casaci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha establecido que \u00ab(…) no es t\u00e9cnico dividir los cargos en principales y subsidiarios, pues la Corte tiene el deber de estudiarlos todos, cuando ninguno prospera. Y hall\u00e1ndose que es pr\u00f3spero uno de los propuestos como \u201csubsidiarios\u201d, a\u00fan sin entrar al previo estudio de los que se digan \u201cprincipales\u201d, est\u00e1 relevada del examen de estos\u00bb (CSJ SC, 24 mar. 1971, G. J. t. CXXXVIII, p\u00e1gs. 180\u2013189). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, se insisti\u00f3 en que <\/p>\n
\u00ab(…) cada motivo es una unidad, que en virtud de su autonom\u00eda obliga al casacionista a presentarlo completo en su exposici\u00f3n, de manera tal que contenga la totalidad de requisitos que permitan a la Sala confrontar la sentencia impugnada con las normas sustanciales que se estiman violadas por el sentenciador. La referida autonom\u00eda excluye la posibilidad que se presenten cargos subsidiarios en la demanda de casaci\u00f3n, que han sido reiteradamente rechazados por la jurisprudencia de la Corte \u201cya que compete a esta Corporaci\u00f3n el estudio de la integridad de las acusaciones formuladas cuando no prospera ninguna de ellas, o cuando su \u00e9xito s\u00f3lo determina la infirmaci\u00f3n parcial del fallo impugnado. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, la Corte s\u00f3lo queda relevada de estudiar todos los cargos, en el evento de que prospere alguno de ellos con la fuerza suficiente para la casaci\u00f3n total de las resoluciones impugnadas, porque el examen de las acusaciones no depende de ninguna condici\u00f3n como ocurre con las pretensiones que se plantean de manera subsidiaria en la demanda, pues la \u00fanica limitaci\u00f3n que tiene la Corte, es la establecida por el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que impone que los cargos sean resueltos en el orden l\u00f3gico\u201d (cas. civ. 30 de noviembre de 2001, Exp. 5980)\u00bb (CSJ SC, 14 ene. 2001, rad. 2000-00259-01). <\/p>\n
En ese orden, resalta la incorrecci\u00f3n en que incurri\u00f3 el actor al rotular su tercer cuestionamiento como \u00abcargo subsidiario o excluyente\u00bb. Por tanto, la censura ser\u00e1 analizada con prescindencia de dichas expresiones, tal como lo ha hecho la Sala en el pasado, al enfrentarse a escollos formales similares a este (Cfr. CSJ SC10300-2017, 18 jul. y CSJ SC3893-2020, 19 oct., entre otras). <\/p>\n
2. Falencias t\u00e9cnicas del cargo. <\/p>\n
2.1. En la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia de primera instancia, el actor se doli\u00f3 de que el juez a quo hubiera acogido la defensa de prescripci\u00f3n que propuso Luz Stella Estupi\u00f1\u00e1n Rodr\u00edguez, sin reparar en que ella \u2013a diferencia de los codemandados Flaminia Mar\u00eda P\u00eda Cainarca de Bustos y \u00c1lvaro Bustos Esguerra\u2013 nunca exterioriz\u00f3 su voluntad de acogerse al t\u00e9rmino decenal que introdujo en el ordenamiento el art\u00edculo 8 de la Ley 791 de 2002. <\/p>\n
Al resolver la alzada, el tribunal desestim\u00f3 ese reparo, tras considerar que la se\u00f1ora Estupi\u00f1\u00e1n Rodr\u00edguez \u00abs\u00ed aleg\u00f3 la prescripci\u00f3n con fundamento en que para el momento de presentaci\u00f3n de la demanda ya hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de 17 a\u00f1os desde que ocurrieron los hechos que sirvieron de base a las pretensiones, lo que permit\u00eda interpretar que su voluntad fue la de que se analizara la prescripci\u00f3n bajo el t\u00e9rmino de 10 a\u00f1os consagrado en esta \u00faltima normativa, m\u00e1xime cuando as\u00ed lo hab\u00eda manifestado la apoderada en los alegatos de conclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Contra ese razonamiento se enfil\u00f3 el tercer cargo, fincado tambi\u00e9n en la causal primera de casaci\u00f3n, y en desarrollo de esa censura se dijo, entre otras cosas, que la colegiatura ad quem se hab\u00eda equivocado al interpretar el escrito de excepciones de la referida demandada, pues el contenido de esa pieza del expediente \u00abno [es] concluyente para afirmar de manera inequ\u00edvoca que (\u2026) hizo elecci\u00f3n de la ley 791 de 2002. Bien pudo ser que la abogada considerara que siempre en nuestro ordenamiento legal la prescripci\u00f3n ha sido inferior a 17 a\u00f1os (16, 15,14,13,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1). Bien pudo ser un error de contabilizaci\u00f3n al tomar como punto de referencia el a\u00f1o 1995\u00bb. <\/p>\n
Ese reproche puntual, sin embargo, corresponder\u00eda a un yerro de valoraci\u00f3n probatoria \u2013en el sentido que se dirige contra la interpretaci\u00f3n de una pieza del proceso\u2013, de los que se ocupa la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y que, por lo mismo, no puede incorporarse a un alegato por la senda directa, en tanto modificar\u00eda la base f\u00e1ctica sobre la que se construy\u00f3 el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, queda evidenciado que en este cargo existi\u00f3 un entremezclamiento entre motivos de casaci\u00f3n, lo cual es inadmisible, porque como lo ense\u00f1a el precedente, <\/p>\n
\u00ab(…) el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso ordena que los cargos sean formulados de manera separada, esto es, sin mezcla entre las diversas causales, v\u00edas o errores; por tanto, cada acusaci\u00f3n debe responder a un motivo concreto y espec\u00edfico, fuera de divagaciones que puedan conducir a que la v\u00eda seleccionada sea inadecuada a la sustentaci\u00f3n esbozada. Regla explicable por la disimilitud de las causales, en tanto cada una de ellas est\u00e1 destinada a cuestionar t\u00f3picos particulares de la sentencia atacada, siendo incompatible su amalgamiento. De all\u00ed que esta Sala, en palabras que tienen renovada actualidad, haya manifestado que: \u201cLos diferentes reproches que se tengan respecto de la sentencia impugnada, debe proponerlos el recurrente en cargos separados, caracterizados por ser aut\u00f3nomos e individuales, lo que igualmente se infiere del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, premisas que le impiden entremezclar acusaciones de diferente naturaleza o confundir, al interior de una, el error de hecho con el de derecho\u201d (AC6341, 21 oct. 2014, rad. n.\u00b0 2007-00145-01) (CSJ, AC 2707 del 10 de julio de 2019, Rad. n.\u00b0 2016-46013-01; se subraya)\u00bb (CSJ SC3172-2021, 28 jul.). <\/p>\n
Con apoyo en lo anotado, habr\u00edan de dejarse de lado las cr\u00edticas relacionadas con la decisi\u00f3n del tribunal de asignar a la contestaci\u00f3n de la demanda de la se\u00f1ora Estupi\u00f1\u00e1n Rodr\u00edguez un sentido diverso del que se extrae de su texto, pues habi\u00e9ndose invocado el primer motivo de casaci\u00f3n, es imperativo estarse a lo normado en el art\u00edculo 344-2, literal a), del estatuto procesal civil, que dispone que \u00abtrat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
2.2. Con todo, precisa la Sala que las acusaciones planteadas respecto de la hermen\u00e9utica del ad quem no pasan de ser propuestas alternativas de apreciaci\u00f3n, fincadas en la visi\u00f3n particular del demandante, que no ponen de manifiesto que la inferencia de la colegiatura de segundo grado sea manifiestamente contraria al contenido objetivo del escrito de excepciones, como ser\u00eda de rigor para que se abriera paso el cargo por una hipot\u00e9tica v\u00eda indirecta. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, a tono con la jurisprudencia, <\/p>\n
\u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
Dicho de otro modo, si se quisiera escindir la acusaci\u00f3n y estudiar de manera segmentada la cr\u00edtica que ata\u00f1e a la interpretaci\u00f3n que le asign\u00f3 el ad quem al escrito de excepciones, el cargo igualmente presentar\u00eda una grave falencia de t\u00e9cnica, pues el recurrente no expuso ninguna raz\u00f3n que permitiera descartar la inferencia del tribunal, consistente en que algunas expresiones empleadas por la convocada Estupi\u00f1\u00e1n Rodr\u00edguez al desarrollar sus defensas, permit\u00edan evidenciar que esta hab\u00eda optado por el plazo de prescripci\u00f3n decenal que prev\u00e9 la Ley 791 de 2002. <\/p>\n
La apuntada deducci\u00f3n, insiste la Sala, intent\u00f3 atacarse proponiendo otras posibles lecturas del texto del escrito de excepciones, pero como lo tiene sentado el precedente, la existencia de alternativas hermen\u00e9uticas no es suficiente para acreditar un yerro f\u00e1ctico en sede de casaci\u00f3n. La demostraci\u00f3n de la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial exige, en casos como este, corroborar que la ex\u00e9gesis por la que opt\u00f3 el tribunal resulta irrazonable, tarea que fue completamente obviada por el recurrente. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, para fincar la prescripci\u00f3n alegada, la se\u00f1ora Estupi\u00f1\u00e1n Rodr\u00edguez sostuvo que entre la fecha del hecho da\u00f1oso denunciado, y la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la presente demanda, \u00abtranscurrieron m\u00e1s de 17 a\u00f1os\u00bb. En ese escenario, conjeturar que la convocada pudo haber confundido el lapso de prescripci\u00f3n previsto en el texto original del art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, o computar erradamente aquel per\u00edodo, no aniquila el entendimiento del tribunal, que dedujo de aquellas menciones un significado que parece fundado, consistente en que la querellada buscaba beneficiarse de la reducci\u00f3n de t\u00e9rminos prescriptivos prevista en la citada Ley 791 de 2002, vigente para cuando inici\u00f3 este tr\u00e1mite. <\/p>\n
Las razones formales que anteceden, permiten excluir del debate en casaci\u00f3n una de la premisas f\u00e1cticas del fallo impugnado, consistente en que la demandada Estupi\u00f1\u00e1n Rodr\u00edguez esgrimi\u00f3 en su favor el plazo decenal de prescripci\u00f3n extintiva, aunque no lo hubiera hecho de manera expresa, ni mencionara la normativa que contempla ese intervalo reducido. <\/p>\n
3. Resoluci\u00f3n del cargo. <\/p>\n
3.1. Depurada la acusaci\u00f3n en la forma explicada, es necesario recordar que, a voces del art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, \u00abla prescripci\u00f3n iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado a\u00fan al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podr\u00e1 ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente\u00bb, regulaci\u00f3n que faculta al deudor \u2013y al poseedor\u2013 para elegir con libertad el plazo prescriptivo del que quiera favorecerse, en contextos donde el punto haya sido objeto de alguna variaci\u00f3n legislativa. <\/p>\n
Ahora bien, tal como ocurre en otros \u00e1mbitos del derecho privado, materializar los efectos de esa elecci\u00f3n requiere que la voluntad del prescribiente se exteriorice, de modo que pueda ser percibida con nitidez por cualquier observador razonable, incluyendo al juez de la causa donde se alega la prescripci\u00f3n. Pero el ordenamiento no se\u00f1ala un modo predeterminado para que esa manifestaci\u00f3n se realice, ni establece f\u00f3rmulas sacramentales que deban ser observadas para beneficiarse de sus efectos liberatorios. <\/p>\n
Aunque la labor del int\u00e9rprete se facilita enormemente si en el escrito de excepciones se especifica la norma que consagra el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n que quiere invocarse, lo cierto es que el derecho de escoger entre reg\u00edmenes \u2013cuando ello sea procedente\u2013 no puede depender de esa menci\u00f3n, sino del acto volitivo que le precede. Y si el interesado no revela con suficiente claridad su voluntad, es natural que dicho alegato deba analizarse racionalmente, para extraer de all\u00ed la voluntad por la que se averigua, tal como lo hizo el tribunal en la providencia impugnada. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, como lo se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en la sentencia SC3724-2021, 8 sep., <\/p>\n
\u00abel debate acerca de la realizaci\u00f3n de los derechos sustanciales (…) no puede quedar reducido a verificar si [se] incluy\u00f3 (…) una expresi\u00f3n en concreto, porque ese detalle \u2013anecd\u00f3tico\u2013 no releva al juez de su designio de restablecer el orden justo y proveer la tutela efectiva de los derechos de las personas. \u201c[E]l juez debe interpretar la demanda en su conjunto, con criterio jur\u00eddico, pero no mec\u00e1nico, auscultando en la causa para pedir su verdadero sentido y alcance, sin limitarse a un entendimiento literal, porque debe trascenderse su misma redacci\u00f3n, para descubrir su naturaleza y esencia (…). Y en este punto es menester acotar que no se trata de restringir o menoscabar las potestades hermen\u00e9uticas del juzgador, ni mucho menos que al conjuro de un determinado vocablo utilizado por el actor, quede irremediablemente ligado a esa expresi\u00f3n. <\/p>\n
Por el contrario, ya se ha recalcado, y nuevamente se enfatiza, que el juez tiene el deber de desentra\u00f1ar el verdadero y m\u00e1s equitativo sentido de la demanda, por supuesto, sin distorsionarla, labor en cuya realizaci\u00f3n puede acontecer que el demandante, descuidada o ambiguamente sit\u00fae su petici\u00f3n en [un] \u00e1mbito (…) pero al exponer el objeto de su reclamaci\u00f3n o la causa para expedir evidencie con nitidez lo contrario (…), pues en esa hip\u00f3tesis deber\u00e1 el juzgador emprender el ejercicio intelectivo pertinente, enderezado a establecer el genuino sentido de dicho libelo, sin que necesaria e ineludiblemente deba atenerse a la denominaci\u00f3n que al desgaire le hubiere imprimido el accionante\u201d (CSJ SC, 16 jul. 2008, rad. 1997-00457-01). <\/p>\n
En fechas m\u00e1s cercanas, y tras llamar la atenci\u00f3n en las dificultades que apareja una demanda ambivalente o indescifrable, la Sala insisti\u00f3 en que \u201c(…) cuando \u2018el lenguaje de la demanda, sin ser indescifrable por completo, no se ajusta a la claridad y precisi\u00f3n indispensables en tan delicada materia\u2019 (CLXXXVIII, 139), para \u2018no sacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal\u2019 (CCXXXIV, 234), el juzgador est\u00e1 obligado a interpretarla en busca de su sentido genuino sin alterarlo ni sustituirlo, consultando la prevalencia del derecho sustancial, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la soluci\u00f3n real de los conflictos, realizando un an\u00e1lisis serio, fundado y razonable de todos sus segmentos, mediante su interpretaci\u00f3n racional, l\u00f3gica, sistem\u00e1tica e integral (…), siempre en conjunto, porque la intenci\u00f3n del actor est\u00e1 muchas veces contenida no s\u00f3lo en la parte petitoria, sino tambi\u00e9n en los fundamentos de hecho y de derecho, bastando que ella aparezca claramente en el libelo, ya de una manera directa o expresa, ya por una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica basada en todo el conjunto de la demanda (…), \u2018de manera que en procura de evitar el sacrificio del derecho sustantivo, pueda enmendar con su actividad dial\u00e9ctica la confusa presentaci\u00f3n de los hechos, de las pretensiones o de las excepciones que hayan efectuado las partes intervinientes en el proceso\u2019 (cas. civ. sentencia de 11 de julio de 2000, exp. 6015)\u201d (CSJ SC, 17 nov. 2011, rad. 1999-00533-01; reiterada en CSJ SC7024-2014, 5 jun.)\u00bb. <\/p>\n
La doctrina probable de la Corte \u2013que se refiere principalmente a la demanda, pero es aplicable a cualquier otra pieza del expediente\u2013 muestra que al juez no le es vedado extraer de las manifestaciones de las partes alg\u00fan contenido espec\u00edfico, como lo ser\u00eda la legislaci\u00f3n que debe regir el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de una prescripci\u00f3n extintiva. <\/p>\n
Cabe precisar que esta facultad no se opone a la prohibici\u00f3n de reconocer oficiosamente el aludido fen\u00f3meno extintivo en este caso concreto, porque la excepci\u00f3n pertinente se propuso en tiempo, solo que la se\u00f1ora Estupi\u00f1\u00e1n Rodr\u00edguez no se refiri\u00f3 expresamente \u2013s\u00ed de forma impl\u00edcita\u2013 al art\u00edculo 8 de la Ley 791 de 2002, que fijaba el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ordinaria en diez a\u00f1os. <\/p>\n
En ese contexto, la falta de alusi\u00f3n a un r\u00e9gimen legal espec\u00edfico no suprime el hecho de que la defensa de prescripci\u00f3n fue oportunamente alegada, ni mucho menos puede entenderse como una renuncia a prevalerse de los efectos de dicha defensa, ya que no se verifica ninguno de los supuestos del art\u00edculo 2514 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3.2. Adicionalmente, no existe motivo que permita suponer que, ante la posibilidad de optar por uno u otro plazo de prescripci\u00f3n en contextos de tr\u00e1nsito legislativo, el convocado habr\u00eda querido elegir precisamente el r\u00e9gimen legal que no le reportaba ning\u00fan provecho. Por tanto, aun si la selecci\u00f3n del r\u00e9gimen legal de prescripci\u00f3n no fuera inteligible, que no es el caso de esta litis, ser\u00eda injustificado esclarecer el punto en contrav\u00eda de los intereses del prescribiente, asumiendo que se decant\u00f3 por un r\u00e9gimen legal que impedir\u00eda salir avante a sus argumentos de defensa. <\/p>\n
Si el convocado aleg\u00f3 la prescripci\u00f3n, es precisamente porque quiere obtener r\u00e9ditos de sus efectos liberatorios. Por consiguiente, si al hacerlo olvidare hacer cualquier menci\u00f3n que permita al juez elucidar la regulaci\u00f3n a la que quiso plegarse \u2013lo que no sucedi\u00f3 en el sub lite, se reitera\u2013, debe entenderse que eligi\u00f3 aquella que maximice el efecto \u00fatil de su alegato, es decir, la que permita que el plazo liberatorio se consolide. Sobre el particular, recientemente se explic\u00f3: <\/p>\n
\u00abEs la voluntad del prescribiente, acorde con la soluci\u00f3n dada por la regla de tr\u00e1nsito, la que define cu\u00e1l es el precepto llamado a gobernar su prescripci\u00f3n. No es otra diferente sino la que, en concreto, la consolide primero. Es esa la intelecci\u00f3n correcta de la opci\u00f3n contenida en la norma y, por consiguiente, ajena por completo al capricho o arbitrariedad. La voluntad reconocida al prescribiente se ajusta con el dispositivo transitorio y resuelve la colisi\u00f3n en forma adecuada, razonable y ponderada. Contribuye al progreso del ordenamiento, le da consistencia y seguridad (…). Esto significa que la falta de manifestaci\u00f3n de voluntad del prescribiente en su favor, en un determinado caso no crea inseguridad. Tampoco le da derecho al juez del conflicto para resolverlo discrecionalmente, sino conforme al prop\u00f3sito del legislador\u00bb (CSJ SC4704-2021, 22 oct.). <\/p>\n
3.3. Los anteriores motivos descartan que, al acoger la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n enarbolada por la demandada Estupi\u00f1\u00e1n Rodr\u00edguez, el tribunal hubiera incurrido en la infracci\u00f3n (directa o indirecta) de la ley sustancial que anunci\u00f3 el recurrente. Por tanto, el tercer cargo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 18 de febrero de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso declarativo que promovi\u00f3 Edgar Onofre \u00c1lvarez Pinto contra Luz Stella Estupi\u00f1\u00e1n Rodr\u00edguez, Flaminia Mar\u00eda P\u00eda Cainarca de Bustos y \u00c1lvaro Bustos Esguerra. <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR a la parte actora, como impugnante vencida, al pago de las costas procesales de esta actuaci\u00f3n. En la liquidaci\u00f3n incl\u00fayanse $6.000.000, por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Aclara voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
SC712-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-015-2012-00235-01 <\/p>\n
Si bien estoy completamente de acuerdo con la decisi\u00f3n tomada en el sentido de no casar la sentencia de 18 de febrero de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso declarativo que promovi\u00f3 Edgar Onofre \u00c1lvarez Pinto contra Luz Stella Estupi\u00f1\u00e1n Rodr\u00edguez, Flaminia Mar\u00eda P\u00eda Cainarca de Bustos y \u00c1lvaro Bustos Esguerra, estimo necesario hacer una precisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) no existe motivo que permita suponer que, ante la posibilidad de optar por uno u otro plazo de prescripci\u00f3n en contextos de tr\u00e1nsito legislativo, el convocado habr\u00eda querido elegir precisamente el r\u00e9gimen legal que no le reportaba ning\u00fan provecho. Por tanto, aun si la selecci\u00f3n del r\u00e9gimen legal de prescripci\u00f3n no fuera inteligible, que no es el caso de esta Litis (se resalta), ser\u00eda injustificado esclarecer el punto en contrav\u00eda de los intereses del prescribiente, asumiendo que se decant\u00f3 por un r\u00e9gimen legal que impedir\u00eda salir avante a sus argumentos de defensa. <\/p>\n
Si el convocado aleg\u00f3 la prescripci\u00f3n, es precisamente porque quiere obtener r\u00e9ditos de sus efectos liberatorios. Por consiguiente, si al hacerlo olvidare hacer cualquier menci\u00f3n que permita al juez elucidar la regulaci\u00f3n a la que quiso plegarse \u2013lo que no sucedi\u00f3 en el sub lite, se reitera\u2013 (nuevamente se llama la atenci\u00f3n), debe entenderse que eligi\u00f3 aquella que maximice el efecto \u00fatil de su alegato, es decir, la que permita que el plazo liberatorio se consolide. <\/p>\n
En sustento de dicho argumento se cita un aparte de la CSJ SC4704-2021 donde se dijo que \u00abla falta de manifestaci\u00f3n de voluntad del prescribiente en su favor, en un determinado caso no crea inseguridad. Tampoco le da derecho al juez del conflicto para resolverlo discrecionalmente, sino conforme al prop\u00f3sito del legislador\u00bb prescindiendo del texto conclusivo de la frase \u00abfavoreciendo al prescribiente\u00bb, como aparece en la providencia en cita y a pesar de que ese es el sentido de la insistencia en el presente prove\u00eddo. <\/p>\n
Precisamente respecto del separado completo, en dicha oportunidad hice la aclaraci\u00f3n de que fuera de tratarse de un punto completamente ajeno al pleito y por ende que tal raciocinio solo constitu\u00eda \u00abobiter dictum del fallo por ser complementario, pero en modo alguno hace parte de su ratio decidendi al no concernir al thema decidendum propio de la controversia\u00bb, adem\u00e1s <\/p>\n
[e]l argumento que sostiene la tesis de ese apartado del fallo, presenta serias falencias que me impiden compartirla, como son: i) desconoce de tajo la literalidad y vigencia del art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, porque aplica indebidamente un criterio de interpretaci\u00f3n finalista y refiere un sistema normativo comparado sin parar mientes en que \u00e9ste regula el mismo asunto de manera distinta; ii) se afianza en un concepto de \u00abfavorabilidad\u00bb que ampara al prescribiente, ajeno a las relaciones jur\u00eddicas entre particulares que se rigen por el principio de igualdad, tambi\u00e9n basti\u00f3n del procedimiento civil, y, iii) pasa por alto los efectos de la prescripci\u00f3n extintiva respecto del acreedor. <\/p>\n
Al tenor del art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, \u00ab[l]a prescripci\u00f3n iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado a\u00fan al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podr\u00e1 ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligi\u00e9ndose la \u00faltima, la prescripci\u00f3n no empezar\u00e1 a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir\u00bb, esta norma rige cuando est\u00e1 de por medio un tr\u00e1nsito legislativo por el advenimiento de un precepto que modifica los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n y su repercusi\u00f3n en los que ya empezaron a correr. Trat\u00e1ndose de la prescripci\u00f3n extintiva o liberatoria que es la que interesa en este asunto, es importante efectuar algunas cavilaciones respecto al alcance de esta exigencia, con miras a definir cu\u00e1l es la consecuencia jur\u00eddica que se deriva para quien, pudiendo alegar el fen\u00f3meno extintivo para beneficiarse del t\u00e9rmino inferior no lo hace. <\/p>\n
Lo primero que debe destacarse es que no solo la alegaci\u00f3n en s\u00ed de la prescripci\u00f3n, sino tambi\u00e9n la expresi\u00f3n de la voluntad del prescribiente que quiere beneficiarse con el t\u00e9rmino modificado por la nueva ley, constituyen cargas procesales, ello significa que siendo tal alegaci\u00f3n un imperativo legal para su propio beneficio, su desatenci\u00f3n da a entender la renuncia a esa prerrogativa, pues seg\u00fan lo tiene decantado la doctrina especializada, la carga procesal es una \u00absituaci\u00f3n jur\u00eddica instituida en la ley consistente en el requerimiento de una conducta de realizaci\u00f3n facultativa, normalmente instituida en inter\u00e9s del propio sujeto, y cuya omisi\u00f3n trae aparejada una consecuencia gravosa para \u00e9l\u00bb <\/p>\n
Desde esa perspectiva, dada la claridad del citado dispositivo transitorio cuya autoridad y vigencia son incuestionables, no es dable aplicar en este caso una interpretaci\u00f3n finalista afianzada en la \u00abinterpretaci\u00f3n favorable al prescribiente\u00bb, so pena de desconocer \u00abel derecho transitorio\u00bb y \u00ablos designios del legislador\u00bb, por cuanto si bien existe una tendencia contempor\u00e1nea a reducir los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n, tambi\u00e9n lo es que si la finalidad del legislador colombiano era que al acortar tales plazos mediante la Ley 791 de 2002 todos los interesados se vieran favorecidos autom\u00e1ticamente por esa reducci\u00f3n, habr\u00eda podido se\u00f1alarlo as\u00ed expl\u00edcitamente, o modificar el precepto que deja a elecci\u00f3n de quien quiera sacar provecho de ella la posibilidad de alegarla, todo lo cual era factible en ejercicio del poder de configuraci\u00f3n que tiene en la materia; como no lo hizo, tampoco le es dable al int\u00e9rprete valerse de un forzado criterio finalista para hacer decir a la norma lo que no emana de ella. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, esa soluci\u00f3n va en contra del principio de igualdad que, por regla general, rige las relaciones jur\u00eddicas entre particulares y debe ser garantizado por el juez en los procedimientos civiles (art. 4\u00b0 C. G. P. ), toda vez que la hermen\u00e9utica as\u00ed planteada solo se preocupa por salvaguardar los intereses del deudor beneficiado con la prescripci\u00f3n extintiva, en franco desconocimiento de que ese efecto liberatorio apareja, a la vez, el fenecimiento de la relaci\u00f3n jur\u00eddica, en tanto extingue las acciones y derechos del acreedor, compelido as\u00ed a soportar una consecuencia adversa que no estuvo precedida por la obligada elecci\u00f3n normativa que el ordenamiento le exig\u00eda a su contradictor. <\/p>\n
En otras palabras, se est\u00e1 desconociendo que las implicaciones de la prescripci\u00f3n liberatoria se dan en la esfera del derecho sustancial, pues aunque es cierto que la prescripci\u00f3n se hace valer dentro del proceso judicial y es all\u00ed donde es exigible su alegaci\u00f3n por v\u00eda de acci\u00f3n o de excepci\u00f3n, y es en ese mismo \u00e1mbito que el prescribiente debe expresar su voluntad de acogerse a la nueva ley, de all\u00ed no se deriva que este fen\u00f3meno sea de car\u00e1cter eminentemente procesal. <\/p>\n
Muy cuestionable resulta tambi\u00e9n la tesis que obliga al juzgador a interpretar la norma \u00aba favor del prescribiente\u00bb aun cuando \u00e9ste permanezca silente y haga caso omiso de la ventaja que para \u00e9l puede derivarse del nuevo t\u00e9rmino extintivo, por cuanto desconoce que trat\u00e1ndose de una carga procesal, no puede ser suplida por el juez porque ello ir\u00eda en contra del principio de confianza leg\u00edtima, que en estos eventos se traduce en la convicci\u00f3n del acreedor de que el deudor de manera deliberada o por descuido no hizo uso de ese privilegio, por lo tanto, no puede verse sorprendido con una decisi\u00f3n judicial que, pasando por alto ese mandato, se centra en un criterio hermen\u00e9utico fuera de contexto, para favorecer a su oponente, en claro desconocimiento de que esa omisi\u00f3n comporta una renuncia al beneficio (art. 2514 C.C.). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
La anterior precisi\u00f3n es importante, por cuanto, en las condiciones descritas, la argumentaci\u00f3n cuestionada en esta aclaraci\u00f3n, no tiene trascendencia para erigirse como fundante de doctrina probable en esa materia con car\u00e1cter vinculante en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 169 de 1896, toda vez que, se insiste, no sirvi\u00f3 de soporte para la resoluci\u00f3n de un problema espec\u00edfico planteado en casaci\u00f3n, por lo que constituye un dicho de paso que resulta completamente prescindible al no tener incidencia alguna en el sentido de la decisi\u00f3n. Habr\u00e1 seguramente otra oportunidad en que sea menester abordar el estudio de la situaci\u00f3n aqu\u00ed planteada como obiter dictum, porque as\u00ed lo exija la resoluci\u00f3n del embate, que ameritar\u00e1 reflexionar con mayor detenimiento al respecto. <\/p>\n
En vista de la similitud de las situaciones, donde se aborda la misma tem\u00e1tica sustancial a manera de ilustraci\u00f3n, pero sin que est\u00e9 relacionada con el objeto de ambos litigios y con razonamientos concordantes que no comparto, estimo necesario reiterar ese llamado de atenci\u00f3n en esta oportunidad. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 OSPINA, Guillermo. R\u00e9gimen general de las obligaciones. Bogot\u00e1, Ed. Temis. 2008, p. 466. <\/p>\n
2\u0002 Ley 57 bis de 7 de junio de 1872, vigente para la \u00e9poca en la que se expidi\u00f3 el estatuto sustantivo civil. <\/p>\n
3\u0002 De acuerdo con el mandato del art\u00edculo 698 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
4\u0002 Conforme lo disponen las leyes actuales, y tambi\u00e9n las que estaban vigentes para la \u00e9poca que interesa a este tr\u00e1mite. <\/p>\n
5\u0002 Como dice Ren\u00e9 Dekkers, en cita de ALESSANDRI y SOMARRIVA, Tratado de los derechos reales, Ed. Jur\u00eddica de Chile y Ed. Temis, Bogot\u00e1, 2001, t. II, p\u00e1g. 13, \u201cLa prescripci\u00f3n es la compensaci\u00f3n o reparaci\u00f3n que el tiempo nos debe por las pruebas que nos arrebata\u201d. <\/p>\n
6\u0002 VON B\u00dcLOW, Oskar. Die Lehre von den Processeinreden und die Processvoraussetzun\u001fgen. Emil-Roth-Verlag, Gie\u00dfen. 1868, p. 2. <\/p>\n
7\u0002 ZULETA, Eduardo. Estudios Jur\u00eddicos. Editorial Temis. Bogot\u00e1. 1974, p. 65. <\/p>\n
8\u0002 \u00abCorte Constitucional C-377 de 2004\u00bb (esta referencia pertenece al texto citado). <\/p>\n
9\u0002 \u00abMoisset de Espan\u00e9s, L. (1976). La Irretroactividad de la Ley y el Nuevo Art\u00edculo 3 del C\u00f3digo Civil (Derecho Transitorio). (p. 142). C\u00f3rdoba. Universidad Nacional de C\u00f3rdoba. Direcci\u00f3n General de Publicaciones\u00bb (esta referencia pertenece al texto citado). <\/p>\n
10\u0002 \u00abSe autoriza expresamente la retroactividad de las leyes penales benignas al reo, o de aquellas que comprometen el inter\u00e9s p\u00fablico o social (art\u00edculos 29 y 58 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica)\u00bb (esta referencia pertenece al texto citado). <\/p>\n
12\u0002 \u00abCorte Constitucional SU – 309 de 2019\u00bb (esta referencia pertenece al texto citado). <\/p>\n
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SC712-2022 (2012-00235-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC712-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-015-2012-00235-01 Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que formul\u00f3 el demandante frente a la sentencia de 18 de febrero de 2021, proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63291","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63291","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63291"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63291\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63291"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63291"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63291"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}