STC5359-2022<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5359-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2022-00187-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de mayo dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 15 de marzo de 2022, dictado por la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Salazar Romero en representaci\u00f3n de su menor hija Sara P\u00e9rez Salazar contra el Juzgado Veintiuno de esa misma ciudad y especialidad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el verbal sumario de alimentos con radicado n\u00b0110013110021-2019-00698-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En sustento, relat\u00f3 ser parte pasiva en el litigio donde se emiti\u00f3 el veredicto reprochado. Critic\u00f3 que i). el juzgado indicara en el auto admisorio (2 ago. 2019) que se trataba de una \u00abreducci\u00f3n\u00bb de cuota alimentaria cuando lo pedido en la demanda fue una \u00abmodificaci\u00f3n\u00bb, ii). no se recibiera la entrevista de su hija, iii). no se efectuaran adecuadamente los descuentos en contra del alimentante y, iv). no se hiciera una adecuada valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas al pleito. Finalmente pidi\u00f3 que no se le impusiera el pago de costas tras considerar que no fueron causadas ni pedidas en la demanda. <\/p>\n
2. El Juzgado accionado hizo un relato de las actuaciones surtidas y defendi\u00f3 su respectiva legalidad. El progenitor pidi\u00f3 desestimar las pretensiones de la accionante. <\/p>\n
3. La primera instancia desestim\u00f3 la salvaguarda por subsidiariedad y razonabilidad. <\/p>\n
4. La tutelante impugn\u00f3 con reiteraci\u00f3n de sus argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En lo que respecta a la censura contra el contenido del auto admisorio del pleito acusado (2 ago. 2019), pronto se advierte la denegaci\u00f3n del resguardo como quiera que entre la \u00e9poca de ese prove\u00eddo y la radicaci\u00f3n de ese auxilio (1 mar. 2022)1 se super\u00f3 el t\u00e9rmino de seis meses que la jurisprudencia constitucional ha establecido como razonable para la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional, situaci\u00f3n que evidencia la ausencia de inmediatez y la improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Con todo, revisada la audiencia donde se emiti\u00f3 el veredicto se observa que, sobre ese particular asunto, la juzgadora indic\u00f3 que la denominaci\u00f3n del juicio como uno de \u00abreducci\u00f3n\u00bb de cuota alimentaria obedeci\u00f3 a la interpretaci\u00f3n en conjunto que realiz\u00f3 sobre los hechos y pretensiones expuestos en la demanda conforme lo impone el numeral 5 del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, situaci\u00f3n que lejos de percibirse antojadiza, luce razonable conforme a la situaci\u00f3n que se le puso de presente. <\/p>\n
2. Referente a la protesta fincada en que el juzgado se abstuvo de decretar la entrevista de la menor, se percibe del expediente que dicha determinaci\u00f3n fue emitida el 8 de junio de 2021, de lo que emerge con facilidad la ausencia de inmediatez expuesta en precedencia. Aun as\u00ed, se observa en el paginario que esa decisi\u00f3n no fue oportunamente impugnada por la censora a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, de all\u00ed que resulte ostensible la incuria de la impulsora. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a la cr\u00edtica porque, a juicio de la censora, no se efectuaron de manera adecuada los descuentos de n\u00f3mina al alimentante, basta remitirse a la parte final de la audiencia para evidenciar que la impulsora elev\u00f3 solicitud al juzgado para que se pronunciara al respecto y, en tal sentido, la agencia ofici\u00f3 al pagador con el fin de que informara sobre la forma en la que ha cumplido los descuentos y aumentos anuales ordenados por el Despacho. As\u00ed, es evidente que la situaci\u00f3n fue conocida y se encuentra en tr\u00e1mite ante el juez natural del asunto, a quien corresponde adoptar las medidas que en derecho corresponda conforme las particularidades que suscite el caso, y no a esta sede constitucional. <\/p>\n
4. De otro lado, tambi\u00e9n tropieza el auxilio en lo atinente al reproche por la forma en la que el juzgado valor\u00f3 las pruebas del pleito dado que al escrutarlas se extra\u00f1a la existencia de arbitrariedad o capricho que amerite la injerencia supra legal. Ciertamente, para tomar la decisi\u00f3n que se cuestiona, la autoridad judicial hizo un recuento sobre la regulaci\u00f3n jur\u00eddica relativa a los derechos alimentarios de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. En seguida se refiri\u00f3 a las pruebas que soportaban la necesidad alimentaria de la hija com\u00fan y posteriormente analiz\u00f3 las circunstancias f\u00e1cticas que en su momento se tuvieron en cuenta para fijar la cuota cuya reducci\u00f3n fue pedida por el progenitor, en concreto, lo referente a la capacidad econ\u00f3mica del alimentante. <\/p>\n
Sobre esa l\u00ednea argumentativa, el juzgado se remiti\u00f3 a la \u00abcertificaci\u00f3n emitida por el Instituto Distrital de Gesti\u00f3n de Riesgos y Cambio Clim\u00e1tico\u00bb con la que se demostr\u00f3 que el 30 de diciembre de 2018 se termin\u00f3 el contrato de prestaci\u00f3n de servicios por valor de $5\u2019350.000 que esa entidad ten\u00eda con el demandante. Posteriormente, se\u00f1al\u00f3 que seg\u00fan las documentales aportadas, los ingresos del padre de la menor proven\u00edan de otro contrato de igual naturaleza suscrito con la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de V\u00edctimas, pero por la suma de $4\u2019140.697 sin descuentos legales. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 la juzgadora que, a pesar de haber oficiado al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, la Dian, el Runt, la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 Zona Sur y Transuni\u00f3n, \u00abninguna [de esas entidades] suministr\u00f3 informaci\u00f3n de inter\u00e9s que permita determinar mayores ingresos del\u00bb progenitor. Agreg\u00f3 que, revisado el extracto bancario de la cuenta de ahorros del padre, se hab\u00eda constatado un saldo de $212.714, y que las afirmaciones de la hoy accionante, relativas a los ingresos adicionales del alimentante, no fueron acreditadas. <\/p>\n
De esas circunstancias, el juzgado concluy\u00f3 que las condiciones laborales del progenitor variaron negativamente respecto de la fecha en que se pact\u00f3 inicialmente la mesada alimentaria, en concreto, se demostr\u00f3 una disminuci\u00f3n econ\u00f3mica mensual de $5\u2019350.000 y un ingreso efectivo de $3\u2019659.797. En ese orden, coligi\u00f3 la falladora que la mesada de la menor deb\u00eda corresponder al 50% de lo devengado por su progenitor, esto es, $1\u2019813.298, monto que fij\u00f3 en el veredicto en comento. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
5. Finalmente, en lo que respecta a las costas procesales impuestas en el veredicto acusado (15 feb. 2022), se observa que para la \u00e9poca en que se impetr\u00f3 este auxilio (1 mar. 2022) se encontraba pendiente de definici\u00f3n lo relativo a la liquidaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de dicho rubro, decisiones controvertibles ante el juez natural del litigio en virtud del numeral 5\u00b0 del canon 366 del estatuto adjetivo. En tal sentido, resulta ostensible la improcedencia del resguardo sobre este t\u00f3pico tras el presuroso actuar de la promotora. <\/p>\n
De todos modos, revisado el expediente y la p\u00e1gina web de consulta p\u00fablica de procesos de la rama judicial, se percibe que contra la liquidaci\u00f3n (17mar. 2022) y aprobaci\u00f3n (29 mar. 2022) de dicho concepto, ninguna opugnaci\u00f3n oportuna elev\u00f3 la censora, lo que evidencia la desidia sobre el punto concreto que se reproch\u00f3 en esta senda. <\/p>\n
6. En definitiva, por las consideraciones expuestas, no queda alternativa distinta a confirmar la denegaci\u00f3n del resguardo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan acta de reparto. <\/p>\n
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