STC5360-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5360-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01104-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Argemiro B\u00e1ez Riveros contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de esa ciudad y Mercedes Arroyave Ardila, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En consecuencia, solicita se ordene al Juzgado acusado que \u00abde manera inmediata, rehaga el tr\u00e1mite del proceso penal\u2026 a partir de la audiencia de acusaci\u00f3n\u00bb y le \u00abasigne un nuevo defensor\u2026 y si es del caso se acuda al sistema de la defensor\u00eda p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso penal adelantado contra Argemiro B\u00e1ez Riveros, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Popay\u00e1n en sentencia de 9 de mayo de 2019 lo conden\u00f3 a la pena de 96 meses de prisi\u00f3n por la comisi\u00f3n del punible de tr\u00e1fico de sustancias para el procesamiento de narc\u00f3ticos. <\/p>\n
2.2. Mediante fallo de 24 de febrero de 2020 la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad la confirm\u00f3, determinaci\u00f3n que recurrida en casaci\u00f3n; y en providencia de 12 de agosto siguiente la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema inadmiti\u00f3 la demanda. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que la abogada Mercedes Arroyave Ardila por medio de artificios y enga\u00f1os logr\u00f3 que le confiriera poder, pues le garantiz\u00f3 que ser\u00eda absuelto de los cargos que se le hab\u00edan imputado, adem\u00e1s de instarlo para que no aceptara su responsabilidad en ninguna etapa procesal, descartando preacuerdos o principios de oportunidad. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que su abogada realiz\u00f3 la solicitud probatoria de forma indebida, desconociendo la t\u00e9cnica jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 357, en concordancia con el 375, ambos del C\u00f3digo de Procedimiento Penal; y que en las distintas etapas qued\u00f3 en evidenciaba el desconocimiento y falta de experticia de la defensora respecto del sistema penal acusatorio. <\/p>\n
2.5. Adujo que pese a las inexorables funciones de su abogada -asesorarlo en debida forma, realizar las respectivas tareas investigativas, ejercer la defensa t\u00e9cnica, verificar el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de las garant\u00edas procesales e interponer los recursos procedentes- y a \u00abla promesa anti\u00e9tica\u00bb de garantizar resultados positivos, no prepar\u00f3 una teor\u00eda del caso plausible de demostrar, no aport\u00f3 pruebas conducentes y descart\u00f3 de plano la posibilidad de alternativas jur\u00eddicas que pusieran fin al proceso de manera anticipada. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que la tarea cumplida por su defensora fue mediocre e insuficiente, pues incluso la misma judicatura tuvo que asistirla y orientarla; que ante la flagrante ineptitud de aquella, el fallador ten\u00eda el deber de reclamar la diligencia de aquella y explicarle al procesado los graves yerros cometidos con miras a facilitar la remoci\u00f3n con el nombramiento de uno de confianza o con la defensor\u00eda p\u00fablica. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que se pod\u00eda verificar que su defensa carec\u00eda de pericia t\u00e9cnica y por tanto se transgred\u00eda el principio de igualdad de armas; que la apelaci\u00f3n formulada no tuvo una argumentaci\u00f3n jur\u00eddica v\u00e1lida, ni cuestion\u00f3 las consideraciones del fallo condenatorio, por lo que no tuvo la oportunidad que su pena fuese revisada por el Tribunal acusado. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que el ad-quem evidenci\u00f3 y resalt\u00f3 los yerros de la defensa, por lo que ten\u00eda el deber de nulitar el proceso desde la audiencia de acusaci\u00f3n y no convalidarlo; y que con otro apoderado judicial formul\u00f3 casaci\u00f3n, pero fue inadmitida la demanda porque no era palmaria la inocencia del procesado con las pruebas obrantes en el plenario, sin que la deficiente defensa incidiera de manera directa sobre la condena. <\/p>\n
2.9. Afirm\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n querellada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, pues del simple examen del plenario se evidenciaba que la deficiente defensa s\u00ed incidi\u00f3 en las decisiones emitidas; que no contaba con otro mecanismo de defensa; que se configur\u00f3 un defecto procedimental absoluto al no advertirle sobre la ineptitud y torpeza de su abogada; y que radic\u00f3 queja disciplinaria frente a dicha profesional ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Cauca, la que se encuentra en tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.10. Agreg\u00f3 que la providencia de segundo grado ten\u00eda un defecto material o sustantivo, pues si bien era cierto que con los elementos de prueba no se pod\u00eda llegar a otra conclusi\u00f3n, en aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales, deb\u00eda contar con una verdadera defensa t\u00e9cnica, raz\u00f3n por la cual se ten\u00eda decretar la nulidad del juicio oral y rehacer el proceso. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 81 Judicial II Penal de Popay\u00e1n indic\u00f3 que el proceso criticado no adolec\u00eda de irregularidad alguna; que el actor estuvo representado por apoderada judicial, la que acudi\u00f3 a las audiencias y ejerci\u00f3 la defensa de su representado; que en la actuaci\u00f3n se agotaron todas las instancias procesales de manera adecuada; y que no exist\u00eda defecto procedimental absoluto. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia se\u00f1al\u00f3 que no se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho; que en la demanda de casaci\u00f3n no se precis\u00f3 ni demostr\u00f3 la incidencia de las falencias que le reprochaba de cara a las conclusiones del fallo criticado; que se expusieron con suficiencia las razones por las que se concluy\u00f3 que aunque se presentaran aspectos cr\u00edticos en la defensa de la anterior apoderada, los mismos carec\u00edan de trascendencia; que se cuestion\u00f3 la eficacia de la profesional a partir de los resultados obtenidos y no desde la real violaci\u00f3n del derecho de defensa t\u00e9cnica; y que no se conculc\u00f3 prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Especializada 04 de la Unidad Especial de Extorsi\u00f3n y Secuestro extorsivo Gaula refiri\u00f3 que el tr\u00e1mite lo adelant\u00f3 la extinta Fiscal\u00eda Tercera Especializada de Popay\u00e1n; y que era la encargada de asumir las peticiones de dicha Fiscal\u00eda. <\/p>\n
5. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esa ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y adujo que no vulner\u00f3 ni amenaz\u00f3 prerrogativa fundamental alguna; y que su accionar estuvo ajustado a la legalidad y al debido proceso. <\/p>\n
6. La Fiscal\u00eda 52 Especializada de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Narcotr\u00e1fico sostuvo que en la providencia que decidi\u00f3 sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n se analizaron los aspectos que ahora se cuestionan; que el accionante no manifest\u00f3 de forma espec\u00edfica las v\u00edas de hecho en las que se incurri\u00f3 y la trascendencia de las mismas, por lo que no se observaban los requisitos de procedencia del resguardo. <\/p>\n
7. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre la providencia mediante la que se inadmiti\u00f3 la casaci\u00f3n de 12 de agosto de 2020, y la interposici\u00f3n de la tutela el 6 de abril de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Es de advertirse que no son de recibo los argumentos con los que el gestor pretende superar el anotado presupuesto, pues el t\u00e9rmino se contabiliza a partir de la decisi\u00f3n que denuncia como vulneradora de sus prerrogativas fundamentales, destac\u00e1ndose que seg\u00fan el registro de consulta de procesos el 27 de agosto de 2020 se notific\u00f3 personalmente al apoderado del procesado y el 20 de enero de 2021 el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n avoc\u00f3 conocimiento sin detenido, situaci\u00f3n \u00faltima que torna plenamente v\u00e1lido aquel modo de enteramiento. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
\u2026no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC 18 may. 2009, rad. 00508 -01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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