STC5372-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5372-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01286-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Edgar Enrique Daza Mart\u00ednez le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, extensiva al Juzgado Segundo de Familia del Circuito de esa capital, la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00029-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista exigi\u00f3 la guarda de las prerrogativas de \u00abpetici\u00f3n, debido proceso, especial asistencia, vida, protecci\u00f3n a los menores e integridad\u00bb, para que se ordenara a la Magistratura confutada: i) Responder los \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb radicados \u00abhace m\u00e1s de un mes\u00bb; ii) Hacer cumplir el fallo de 13 de abril de 2021, \u00abde forma completa e inmediata\u00bb; y, iii) sancionar a \u00abla Unidad de V\u00edctimas por desacato\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que el Tribunal Superior de Valledupar revoc\u00f3 la negativa del Juzgado Segundo de Familia de esa urbe en el amparo que promovi\u00f3 en contra de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y, en su lugar, mand\u00f3 a \u00e9sta \u00abpracticar el m\u00e9todo de priorizaci\u00f3n a Daza Mart\u00ednez para establecer si se deb\u00eda anticipar o no el pago de la indemnizaci\u00f3n\u00bb (13 abr. 2021); luego de lo cual, formul\u00f3 varias solicitudes, ya que \u00abno estaba de acuerdo\u00bb con lo solventado (16 abr.). <\/p>\n
Sostuvo que, por ello, le requiri\u00f3 emitir alguna directriz con miras a hacer cumplir el veredicto y sancionar a la UARIV, debido a que \u00e9sta le inform\u00f3 que le entregar\u00eda la \u00abindemnizaci\u00f3n\u00bb reclamada el \u00ab30 de julio de [2021]\u00bb, sin que a la fecha haya recibido dinero alguno. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior y el Juzgado Segundo de Familia, ambos del Distrito Judicial de Valledupar, remitieron el enlace contentivo de la causa debatida; el primero, adem\u00e1s asegur\u00f3 que \u00abse dio respuesta a las petitorias (\u2026) y no se avizora que obre petici\u00f3n pendiente por resolver al accionante\u00bb y el segundo defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas se opuso al auxilio y explic\u00f3 que el actor \u00abno acredit\u00f3 un situaci\u00f3n de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad establecidos en el art\u00edculo 4 de la resoluci\u00f3n 1049 de 2019 y art\u00edculo primero de la resoluci\u00f3n 582 de 2021 esto es: i) tener m\u00e1s de 68 a\u00f1os de edad, o, ii) tener enfermedad hu\u00e9rfana, de tipo ruinoso, catastr\u00f3fico o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, o iii) tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social o la Superintendencia Nacional de Salud, por lo que, en fecha 30 de julio de 2021, la Unidad aplic\u00f3 el M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n, del cual se concluy\u00f3 que NO es procedente materializar la entrega de la medida de indemnizaci\u00f3n ya reconocida a la accionante. Lo anterior como consecuencia de: (i) la ponderaci\u00f3n de las variables demogr\u00e1ficas, socioecon\u00f3micas, de caracterizaci\u00f3n del da\u00f1o, y el avance en su proceso de reparaci\u00f3n integral; (ii) la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la Unidad; y (iii) el orden definido tras el resultado de la aplicaci\u00f3n del M\u00e9todo respecto del universo de v\u00edctimas aplicadas\u00bb. <\/p>\n
La Secretar\u00eda de Gobierno Municipal de Valledupar resalt\u00f3 la inviabilidad del resguardo en su contra, puesto que \u00abno tiene competencia para otorgar la indemnizaci\u00f3n administrativa solicitada, [por lo que] no ha vulnerado derecho alguno al tutelante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite, la queja superlativa no sale avante porque se evidencia duplicidad en el ejercicio de la salvaguarda, por cuanto, de los elementos persuasivos obrantes en el paginario, se extrae que Daza Mart\u00ednez con anterioridad interpuso contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar el auxilio n\u00ba 2022-00491-00, con id\u00e9nticos anhelos a los aqu\u00ed planteados. <\/p>\n
En esa oportunidad, como ahora, reproch\u00f3 que dicha Corporaci\u00f3n no hubiera resuelto los pedimentos que present\u00f3 desde el 16 de abril de 2021, enfilados a obtener el \u00abcumplimiento de la sentencia\u00bb de 13 de abril de ese a\u00f1o que le concedi\u00f3 la ayuda superlativa y orden\u00f3 a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u00abpracticar el m\u00e9todo de priorizaci\u00f3n a Daza Mart\u00ednez para establecer si se deb\u00eda anticipar o no el pago de la indemnizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En primera instancia, esta Sala la desestim\u00f3 porque \u00abel solicitante intenta con este mecanismo excepcional, cambiar la orden de amparo para que se autorice el pago de la indemnizaci\u00f3n, y se conmine al Tribunal Superior de Valledupar para que imponga sanciones a la UARIV \u2018por no consignarle la indemnizaci\u00f3n\u2019, peticiones que se tornan improcedentes, como quiera que, no puede controvertir las decisiones adoptadas por el fallador constitucional, con una acci\u00f3n del mismo linaje\u00bb (STC1931-2022, 23 feb.). <\/p>\n
Ahora, y a pesar que el tema fue previamente definido por esta jurisdicci\u00f3n, el impulsor persiste y busca la custodia de los mismos atributos con similares supuestos f\u00e1cticos a los all\u00e1 esgrimidos, sin que se alteren aspectos medulares del petitum, de donde es l\u00f3gico inferir que los participantes, objeto y causa (hechos) son equivalentes, sin que circunstancias sobrevinientes modifiquen la conclusi\u00f3n de la incursi\u00f3n en una repetici\u00f3n indebida, ya que no demostr\u00f3 una causa que justifique dicho proceder. <\/p>\n
Frente al tema se ha reiterado que: <\/p>\n
[\u2026] [p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes [\u2026]. <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (STC10685-2016, citada en STC15188-2021 y STC5049-2022). <\/p>\n
2.- Sumado a lo precedido, se observa que el fallo STC1931-2022 no fue impugnado por el promotor, quedando en evidencia su incuria y desidia y, que el asunto fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, seg\u00fan se constat\u00f3 en el sistema de consulta de esta Judicatura (19 abr. 2022), por lo que nada impide que, por las irregularidades aqu\u00ed denunciadas, el sedicente solicite la selecci\u00f3n de dicho expediente para el referido rito y, en caso de no ser elegido haga uso del \u00abderecho o facultad de insistencia\u00bb, primero de tales remedios sobre el que ha establecido esta Sala: <\/p>\n
Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992), STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterada en STC10007-2020 y STC8657-2021. <\/p>\n
3.- Ergo, surge infructuoso el socorro suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Edgar Enrique Daza Mart\u00ednez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el infolio a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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