STC5376-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5376-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01225-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cuatro (04) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 22 de junio de 2021, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Lizandro Meza Rodr\u00edguez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga y el Juzgado Octavo Penal Circuito Con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma urbe. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades Judiciales cuestionadas al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. El 24 de agosto de 20121, el Juzgado cuestionado conden\u00f3 al actor a la pena principal de 204 meses de prisi\u00f3n al hallarlo responsable del delito de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 a\u00f1os, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo. <\/p>\n
2.1. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n. Sin embargo, el Tribunal atacado -con fallo del 30 de enero de 2013- confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el 15 de abril del mismo a\u00f1o2, el Tribunal cuestionado acept\u00f3 la solicitud de desistimiento del recurso de casaci\u00f3n impetrado por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3 que se valore la mencionada retractaci\u00f3n. En consecuencia, se revisen las sentencias de instancias y se disminuya la pena. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga3 y el Juzgado Octavo Penal Circuito Con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma ciudad4, relataron las actuaciones realizadas en el tr\u00e1mite penal debatido. El \u00faltimo de ellos remiti\u00f3 el expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, neg\u00f3 el amparo invocado ante la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez, pues \u00ab\u2026en el presente asunto, la censura se produce m\u00e1s de ocho a\u00f1os despu\u00e9s de la expedici\u00f3n de la \u00faltima providencia reprochada\u00bb. Adem\u00e1s, destac\u00f3 el incumplimiento de la subsidiariedad, en tanto que \u00abel demandante pudo controvertir el fallo de segunda instancia a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito inicial. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues considera que la acci\u00f3n constitucional es procedente. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, el actor pretende que se deje sin efectos las sentencias condenatorias de primera y segunda instancia proferidas el 24 de agosto de 2012 y el 30 de enero de 2013, respectivamente. Ello pues, no fue valorada la retractaci\u00f3n que rindi\u00f3 Ruth Stella Arenas Parra, lo cual impon\u00eda su absoluci\u00f3n. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, de acuerdo con las probanzas obrantes en el expediente, la Sala concluye el incumplimiento del requisito de inmediatez, definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. Esto es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profirieron las determinaciones recriminadas -30 de enero de 2013 y 24 de agosto de 2012-, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela -el 2 de junio de 2021-. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido las decisiones objeto de reproche. <\/p>\n
Lo anterior resulta relevante, porque pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb, sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. Por tanto, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. Por supuesto, en el presente asunto no se evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio anotado. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 166-168. Anexo117556RTAJ8PCTOFCTOBMANGA.pdf. Carpeta 2 117556AVOCA <\/p>\n
2\u0002 Folio 77-81. Anexo117556RTAJ8PCTOFCTOBMANGA.pdf. Carpeta 2 117556AVOCA <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-2. Anexo 117556RTASPTRIBSUPBMANGA.pdf. Carpeta 2 117556AVOCA <\/p>\n
4\u0002 Folio 1-656. Anexo 117556RTAJ8PCTOFCTOBMANGA.pdf. Carpeta 2 117556AVOCA <\/p>\n
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