STC5377-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5377-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01140-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Banco Agrario de Colombia SA contra la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se dejen \u00absin efecto las dos decisiones tomadas por los dos juzgadores en sus decisiones\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Banco Agrario de Colombia promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra Anyelo Eduardo Sosa Gonz\u00e1lez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n, el que libr\u00f3 mandamiento de pago el 10 de abril de 2012 y el 1\u00ba de febrero de 2013 dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Mediante auto de 18 de marzo de 2021 el referido estrado decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n, la que en auto de 6 de mayo siguiente se mantuvo y se concedi\u00f3 la alzada; y en providencia de 13 de octubre del mismo a\u00f1o la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Neiva la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que s\u00ed hab\u00edan tramitado el oficio 1307 de 13 de septiembre de 2018 ante la Dian y \u00abse hab\u00edan entregado el 12 de marzo de 2020 donde se solicitaba el embargo del remanente del proceso que la DIAN le segu\u00eda al demandado\u00bb, pues les hab\u00edan \u00abquitado el \u00fanico bien inmueble que ten\u00eda[n] para garantizar la obligaci\u00f3n adeudada\u00bb. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que en el recurso interpuesto explic\u00f3 que el 13 de septiembre de 2018 se elaboraron los oficios de las medidas cautelares a la Dian y Bancolombia; y que dichos oficios fueron descargados el 31 de octubre de 2019 de la plataforma Tyba y radicados el 12 de marzo de 2020 en la Dian, por lo que a esa fecha el juicio estaba activo. <\/p>\n
2.5. Adujo que los t\u00e9rminos previstos en los art\u00edculos 121 y 317 del C\u00f3digo General del Proceso y 178 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se encontraban suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 y se reanudaban un mes despu\u00e9s del d\u00eda h\u00e1bil siguiente al que se restablec\u00edan. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que en caso de que no se hubiese radicado el oficio de la Dian, tampoco habr\u00eda lugar a que se decretara el referido desistimiento, en tanto que los oficios se descargaron en octubre de 2019 y aun tomando como fecha la de la elaboraci\u00f3n de los mismos, adem\u00e1s de la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos por pandemia y las vacancias judiciales, el proceso estaba activo hasta abril de 2021, siendo notificado en estado de 19 de marzo de ese a\u00f1o la terminaci\u00f3n del juicio. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que no se advert\u00eda un descuido de la parte actora, pues adelant\u00f3 las actuaciones dentro del t\u00e9rmino legal; que el estrado acusado se contradijo, pues consider\u00f3 que el oficio no se tramit\u00f3 y permanec\u00eda en el expediente, pero se demostr\u00f3 que s\u00ed se hab\u00eda hecho; que los falladores acusados consideraron que tramitar el oficio en la Dian no constitu\u00eda por s\u00ed solo una medida \u00fatil que diera impulso procesal, sin analizar el contexto. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que no transcurrieron los dos a\u00f1os de inactividad procesal y se cumpli\u00f3 con el tr\u00e1mite del oficio solicitado; que al existir un remanente no era posible que se decretara el desistimiento t\u00e1cito; y que la Corte Suprema de Justicia hab\u00eda indicado que el alcance del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso se deb\u00eda determinar seg\u00fan el contexto, as\u00ed como los principios que sosten\u00edan la figura. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n remiti\u00f3 informaci\u00f3n de las partes del proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada de 13 de octubre de 2021, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En cuanto respecta al instituto jur\u00eddico del desistimiento t\u00e1cito, el numeral 2\u00ba literal b) del art\u00edculo 317 del Estatuto Procesal Civil establece que cuando un proceso o actuaci\u00f3n de cualquier naturaleza, que cuente con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, permanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n durante el plazo de 2 a\u00f1os, contados desde la \u00faltima diligencia o actuaci\u00f3n, a petici\u00f3n de parte o de oficio, se decretar\u00e1 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito sin necesidad de requerimiento previo. <\/p>\n
En tal sentido, el desistimiento t\u00e1cito ha sido instituido como una forma de terminaci\u00f3n anormal del proceso y tiene lugar en virtud de la declaraci\u00f3n del juez, cuando el proceso permanezca inactivo por un lapso de 2 a\u00f1os y su objeto es \u201csolucionar la par\u00e1lisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia\u201d <\/p>\n
Ahora, conforme al literal c) del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, cualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia emanada de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha ense\u00f1ado que, solamente aquellas solicitudes que tengan por objeto impulsar el tr\u00e1mite procesal tienen la capacidad de interrumpir los t\u00e9rminos fijados por el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En tal sentido, en sentencia STC10085 de 2021 en la que se memora lo se\u00f1alado en sentencia STC4021 de 2020, el \u00d3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u201cNo solucionar prontamente una causa, o ser negligente, torna en injusto al propio Estado e ineficaz la labor del juez; impide el acceso a la justicia a quienes, en verdad, demandan con urgencia y son discriminados o marginados del Estado de Derecho\u201d. <\/p>\n
\u201cSimples solicitudes de copias o sin prop\u00f3sitos serios de soluci\u00f3n de la controversia, derechos de petici\u00f3n intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi, no pueden tenerse como ejercicio v\u00e1lido de impulso procesal\u201d. <\/p>\n
\u201cCiertamente, las cargas procesales que se impongan antes de emitirse la sentencia, o la actuaci\u00f3n que efectu\u00e9 la parte con posterioridad al fallo respectivo, deben ser \u00fatiles, necesarias, pertinentes, conducentes y procedentes para impulsar el decurso, en eficaz hacia el restablecimiento del derecho\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed, el fallador debe ser prudente a la hora de evaluar la conducta procesal del interesado frente al desistimiento t\u00e1cito de su proceso y, especialmente, con relaci\u00f3n a la mora en la definici\u00f3n de la contienda\u201d. <\/p>\n
\u201cLo anterior, por cuanto, si tras de proferirse la decisi\u00f3n de fondo en la controversia, el expediente lleva a\u00f1o y medio paralizado en la secretar\u00eda del despacho, la simple petici\u00f3n de copias por escrito o la expedici\u00f3n de una certificaci\u00f3n, no pueden ser tenidas como v\u00e1lidas para interrumpir el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 317 del C.G.P\u201d. <\/p>\n
\u201cEllo, porque, verbigracia, las reproducciones del dossier y las constancias en favor de los sujetos procesales o de terceros, no requieren auto que as\u00ed lo autorice y, en principio, nada aportan en el avance de las diligencias, como tampoco evidencian el deber de las partes ni impedir la tardanza que tanto afecta a la administraci\u00f3n de justicia y, en esa medida, el juez no puede cohonestarla dando por id\u00f3neos, actos superfluos de los intervinientes frente al desistimiento t\u00e1cito\u201d <\/p>\n
De acuerdo con el contexto jurisprudencial y analizada la actuaci\u00f3n surtida al interior del presente asunto, se tiene que mediante auto del 05 de septiembre de 2018, se decretaron las medidas cautelares pretendidas por la parte ejecutante, y los oficios dispuestos para efectivizar las aludidas cautelas se libraron el 13 del mismo mes y a\u00f1o, y con posterioridad a dicha data no se observa en el informativo actuaci\u00f3n alguna que se hubiere desplegado ya de oficio ora a petici\u00f3n de parte, raz\u00f3n por la que, este despacho considera que le asiste raz\u00f3n al a quo cuando concluye que el proceso estuvo inactivo durante el lapso dispuesto en el literal b) del art\u00edculo 317 del Estatuto Procesal Civil y por ende se hace viable aplicar las sanciones all\u00ed contenidas. <\/p>\n
As\u00ed se afirma, toda vez que si bien el actor se\u00f1ala que con posterioridad al 13 de octubre de 2018, radic\u00f3 ante la DIAN el oficio librado por virtud del embargo de remanente peticionado, tal actividad por si sola no deriva en una nueva interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino contenido en el numeral 2\u00ba literal b) del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, como lo pretende el actor en su escrito de impugnaci\u00f3n, al ser consecuencia del decreto de las medidas cautelares que por su condici\u00f3n de indispensables, \u00fatiles y necesarias para el proceso dieron lugar a que el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de 2 a\u00f1os se iniciara desde el momento en el que se libraron los oficios correspondientes. <\/p>\n
En consecuencia, si se observa la \u00faltima actividad procesal \u00fatil, necesaria, pertinente, conducente y procedente para impulsar el tr\u00e1mite procesal, se tiene que para la fecha en que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n objeto de impugnaci\u00f3n, conforme a lo reglado en el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General del Proceso, ya se hab\u00eda cumplido el lapso previsto por el literal b) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 antes mencionado, y consecuente con ello, resulta v\u00e1lida la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n respecto de la terminaci\u00f3n del presente asunto por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Los razonamientos esbozados son suficientes para confirmar el auto confutado, y as\u00ed se dispondr\u00e1 en la parte resolutiva de la providencia. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el banco tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia cuestionada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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