STC5378-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5378-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01763-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cuatro (04) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 16 de septiembre de 2021, con la cual se neg\u00f3 el amparo invocado por Alberto Jim\u00e9nez Cr\u00edales contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Promiscuo Municipal Con Funciones de Conocimiento de Salda\u00f1a. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2017-0038000. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades Judiciales cuestionadas al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Producto del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 17 de septiembre de 2019, se surti\u00f3 proceso penal de conocimiento del Juzgado atacado, en el que el promotor funge como v\u00edctima. <\/p>\n
2.2. La mencionada autoridad -con prove\u00eddo del 29 de septiembre de 2020- resolvi\u00f3 absolver a Eduardo Su\u00e1rez Montiel por el delito de lesiones personales. Inconforme con esa decisi\u00f3n, el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue negado por indebida sustentaci\u00f3n con auto del 4 de diciembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.3. Ante tal determinaci\u00f3n, impetro el recurso de queja. Sin embargo, el Tribunal censurado -con providencia del 14 de enero de 2021- resolvi\u00f3 que el mecanismo estuvo bien denegado. <\/p>\n
2.4. En su sentir, los accionados incurren en defecto procedimental por un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, \u00abvalorando de forma indebida y fragmentada una prueba conducente, pertinente y \u00fatil\u00bb. Igualmente, adujo que se \u00abimponen a las victimas una excesiva carga argumentativa\u00bb, pues pese a la precisi\u00f3n de los argumentos que soportan el recurso de apelaci\u00f3n, no se les da tr\u00e1mite bajo la consideraci\u00f3n de que es abstracto e impreciso. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se deje sin efectos las providencias recriminadas. Y, en su lugar, se ordene al Juzgado censurado que proceda a admitir y a tramitar la apelaci\u00f3n formulada. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Fiscal 36 Local de Salda\u00f1a2, se\u00f1al\u00f3 que al interior del proceso debatido \u00abse ha respetado no solo el acceso a la justicia sino el uso de los recursos que proclama la Ley 906 de 2004 as\u00ed como la Carta Constitucional\u00bb. Por tanto, concluy\u00f3 que \u00abno se avizora afectaci\u00f3n a un derecho fundamental al caso expuesto, m\u00e1xime que el Accionante ha tenido adem\u00e1s acceso a la jurisdicci\u00f3n civil para reclamar ante esa instancia el reconocimiento y pago de perjuicios causados, que en el \u00faltimas, adem\u00e1s de la justicia y verdad es lo que se persigue ante la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, y as\u00ed ha tenido conocimiento el despacho fiscal frente a ese requerimiento\u00bb. Solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Salda\u00f1a3, asever\u00f3 que \u00abno ha incurrido en irregularidad procesal alguna, ya que en providencia del 04 de diciembre de 2020 se explicaron uno a uno los argumentos para adoptar la decisi\u00f3n all\u00ed contenida, siendo notificada al se\u00f1or ALBERTO JIM\u00c9NEZ CRIALES y a su apoderado judicial, garantizando adem\u00e1s su derecho de contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 4, luego de memorar sus actuaciones, reiter\u00f3 que \u00abde acuerdo con lo expuesto en la providencia del 14 de enero de 2021, el an\u00e1lisis jur\u00eddico esbozado por esta Sala se sujet\u00f3 a las reglas que rigen el recurso de alzada y de queja, habi\u00e9ndose advertido, contrario a lo afirmado por el actor, que en la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n se reiteraron los argumentos presentados en los alegatos de conclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 el amparo invocado. Para ello, despu\u00e9s de resaltar los requisitos de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, consider\u00f3 que los \u00abdemandados denegaron el recurso presentado por la defensa de ALBERTO JIM\u00c9NEZ CRIALES, debido a que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n dej\u00f3 de indicar las razones por las que discrepa de la tesis sostenida en la sentencia emitida en primera instancia y la forma en que el A quo se equivoc\u00f3 en dicha determinaci\u00f3n\u00bb. Por lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abparte accionante busca cuestionar el raciocinio jur\u00eddico de la jurisdicci\u00f3n penal y, con ello, protestar por el sentido de las decisiones adoptadas por las autoridades accionadas. Entendiendo, como se debe, que la acci\u00f3n de tutela no es una herramienta jur\u00eddica complementaria, que en este evento, se convertir\u00eda pr\u00e1cticamente en una instancia adicional, no es adecuado plantear por esta senda la incursi\u00f3n en causales de procedibilidad, originadas en las determinaciones de los demandados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el libelista con fundamento en los mismos argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales del gestor, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 14 de enero de 2021, con el cual se neg\u00f3 el recurso de queja interpuesto contra la determinaci\u00f3n del 4 de diciembre de 2020, que neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n propuesto. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 -con providencia del 14 de enero de 2021-, al resolver el recurso de queja propuesto, expres\u00f3 las razones que lo llevaron a adoptar su decisi\u00f3n. Para ello, comenz\u00f3 por referirse a los planteamientos expuestos por el apoderado del querellante y se\u00f1al\u00f3 que este \u00abindic\u00f3 que en su exposici\u00f3n identific\u00f3 los errores cometidos por el a quo, espec\u00edficamente en lo que respecta a la valoraci\u00f3n hecha de la declaraci\u00f3n rendida por el patrullero Hern\u00e1ndez P\u00e9rez, y de la supuesta ausencia de an\u00e1lisis de los \u00e1lbumes fotogr\u00e1ficos y dictamen pericial rendido por el se\u00f1or Luvier Felipe Tejada Calder\u00f3n- Experto en accidentolog\u00eda y reconstrucci\u00f3n de accidentes de tr\u00e1nsito, pruebas que, a su juicio, si hubieren sido debidamente valoradas hubieren llevado a la emisi\u00f3n de una sentencia distinta a la recurrida, como quiera que de las mismas se desprende la inobservancia al deber objetivo de cuidado por parte del acusado, quien, seg\u00fan afirma, conduc\u00eda en exceso de velocidad\u00bb. <\/p>\n
2.1. Posteriormente, y con respecto a las reglas que se deben cumplir para la concesi\u00f3n del recurso de alzada, destac\u00f3 las siguiente: \u00ab(i). La determinaci\u00f3n del punto sobre el cual recae la impugnaci\u00f3n (establecer los motivos de disenso); (ii) Identificaci\u00f3n del yerro del fallador (lo que implica confrontar los argumentos del fallador, a efectos de que el superior pueda decidir entre ambas posturas); y, (iii) Concretar las consecuencias jur\u00eddicas del ataque, en aras de demostrar la trascendencia del yerro en que incurri\u00f3 el juzgador\u00bb. <\/p>\n
2.2. Con base en lo anterior, y de cara a la sustentaci\u00f3n realizada por el apoderado de la v\u00edctima, observ\u00f3 que \u00aben su alegato el recurrente circunscribi\u00f3 su disenso a la valoraci\u00f3n probatoria hecha por el juez a quo, la cual calific\u00f3 de incorrecta e incompleta, considerando que el testimonio del patrullero Hern\u00e1ndez P\u00e9rez fue interpretado de manera indebida dadas las contradicciones que presentaba su declaraci\u00f3n, adicional al hecho que, seg\u00fan afirma, no contaba con el conocimiento para concluir que su representado fue el que cometi\u00f3 un acto imprudente\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abaleg\u00f3 una omisi\u00f3n por parte del juez respecto a la valoraci\u00f3n de la totalidad del acervo probatorio recaudado, reprochando la ausencia de estudio de lo contenido en la denuncia, \u00e1lbumes fotogr\u00e1ficos, dictamen pericial rendidos por Felipe Tejada Calder\u00f3n y testimonio de la v\u00edctima, pruebas que en su sentir permit\u00edan colegir que el acusado se movilizaba a alta velocidad\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, advirti\u00f3 que, si bien \u00abel recurrente identific\u00f3 los puntos objeto de disenso, igualmente salta a la vista que nada expuso respecto al error en que incurri\u00f3 el fallador al momento de analizar el testimonio del patrullero Hern\u00e1ndez P\u00e9rez y\/o desestimar la veracidad de las huellas de frenado contenidas en el \u00e1lbum fotogr\u00e1fico aludido por el interesado\u00bb. Respecto a este punto, destac\u00f3 que \u00abpese a que el apelante precisa las pruebas cuya valoraci\u00f3n estima equivocada, brilla por su ausencia el desarrollo de argumentos claros que permitan advertir el yerro apreciativo del togado, y la manera correcta en que debieron ser analizados\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por otro lado, en cuanto a lo alegado por el accionante referente a la contradicci\u00f3n presentada por el testigo Hern\u00e1ndez P\u00e9rez con relaci\u00f3n a la velocidad en que transitaba el veh\u00edculo, expres\u00f3 que \u00abprecisamente esa imprecisi\u00f3n fue tenida en cuenta por el fallador, reafirmando con ello las constantes vaguedades que conllevaron a resolver la duda en favor del acusado\u00bb. Razones que lo llevaron a concluir que lo pretendido por el recurrente es \u00abobtener la revocatoria de la sentencia absolutoria y en su defecto, se condene a SU\u00c1REZ MONTIEL por el delito imputado, empero, su dicho no cumple con la carga argumentativa exigida para que pueda desatarse en debida forma la alzada, pues la postura del recurrente se fundamenta en meras afirmaciones que no atacan en estricto sentido las apreciaciones desarrolladas por el a quo\u00bb. <\/p>\n
En el punto, record\u00f3 que la sustentaci\u00f3n del recurso de alzada \u00abse encuentra plenamente delimitada a lo esbozado en la decisi\u00f3n judicial objeto de disenso, sin que sea el escenario pertinente para extender los argumentos hechos en la etapa de alegatos de conclusi\u00f3n o en la pr\u00e1ctica probatoria misma. Siendo menester que con los mismos se denoten los fallos del a quo, y a su vez, se muestre al ad quem una postura jur\u00eddica o probatoria diferente que le permita desencadenar un nuevo estudio, con fundamento estrictamente en los puntos de disentimiento\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por lo expuesto, concluy\u00f3 que \u00abdada la fundaci\u00f3n abstracta hecha por el recurrente en la apelaci\u00f3n, considera esta Colegiatura acertada la determinaci\u00f3n adoptada en auto de fecha 04 de diciembre de 2020, a trav\u00e9s de la cual, el Juzgado Promiscuo de Salda\u00f1a-Tolima deneg\u00f3 por indebida sustentaci\u00f3n el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia absolutoria del 29 de septiembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.6 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas aportadas. <\/p>\n
3.1. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente.7 <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por las autoridades cuestionadas -en el desarrollo de sus facultades y amparadas en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el tutelante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. Por las razones aqu\u00ed expuestas, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-11. Anexo 0.1 Acci\u00f3n de Tutela 04-06-2021.pdf. Carpeta 1 119004REPARTO <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-3. Anexo 119004RTAFIS36LOCSALDA\u00d1A.pdf. Carpeta 2 119004AVOCA <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-16. Anexo 119004RTAJ1PROMMPALSALDA\u00d1A.pdf. Carpeta 2 119004AVOCA <\/p>\n
4\u0002 Folio 1-5. Anexo 119004RTASPTRIBSUPIBAGU\u00c9.pdf.pdf. Carpeta 2 119004AVOCA <\/p>\n
5\u0002 Foloo 1-4.Anexo 119004RTAVINCAPODERADO.pdf. Carpeta 2 119004AVOCA. <\/p>\n
6\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
7\u0002Al respecto, esta Sala ha sostenido que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
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