STC5379-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5379-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00301-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Anotado lo anterior, resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 22 de febrero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Constanza L\u00f3pez Agudelo en nombre de su hija Daniela Berm\u00fadez L\u00f3pez, instaur\u00f3 en contra de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior, el Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio y la Fiscal\u00eda 58 Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio, todos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, y la Sociedad de Activos Especiales -SAE- S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, pidi\u00f3 la custodia de las prerrogativas a la \u00abvida\u00bb, \u00absalud\u00bb, \u00abvivienda digna\u00bb y \u00abprotecci\u00f3n de los ni\u00f1os\u00bb para que se ordenara: (i) Dejar sin efectos los prove\u00eddos de 21 de mayo de 2021 y 18 de enero de 2022 y, en su lugar, \u00absuspend[er] todo acto jur\u00eddico o judicial de desalojo del inmueble de propiedad de la menor (\u2026) identificado con M.I. 176-115570 (\u2026) hasta la fecha en la cual quede ejecutoriada la sentencia de segunda instancia o de casaci\u00f3n si hay lugar a [esta]\u00bb; y, (ii) \u00abSe haga uso del contrato de dep\u00f3sito gratuito a favor de la menor, (\u2026) conforme lo permite el art\u00edculo 92 de la Ley 1708 de 2014 (\u2026), para [ese] efecto es necesario que se d\u00e9 por terminado el contrato de depositario provisional que tiene actualmente la SAE con SERSIGMA S.A.S.\u00bb <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, despu\u00e9s, el Juzgado Segundo del Circuito Especializado querellado emiti\u00f3 sentencia y declar\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio de dicho fundo a favor del Estado (1 mar. 2021), providencia que recurri\u00f3, ya que \u201cen ning\u00fan momento procesal se escuch\u00f3 a (\u2026) la ni\u00f1a [y] no se practicaron pruebas\u201d y a la fecha est\u00e1 pendiente de definici\u00f3n por el superior. <\/p>\n
Coment\u00f3 que la Sociedad de Activos Especiales -SAE- dispuso la enajenaci\u00f3n forzosa de esa heredad (21 may.), raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 su entrega bajo la figura de dep\u00f3sito gratuito hasta tanto se solventara la alzada; no obstante, fue desestimada y se le inform\u00f3 que \u201cdeber[\u00eda] realizar la entrega voluntaria del inmueble a m\u00e1s tardar el 23 de febrero de 2022 (\u2026) o de lo contrario se proceder[\u00eda] a continuar con los tr\u00e1mites de recuperaci\u00f3n (\u2026) a trav\u00e9s de diligencia de desalojo\u201d (18 en. 2022), lo que transgrede las garant\u00edas de su agenciada, como quiera que \u201cconstituye una grave amenaza para la estabilidad emocional, psicol\u00f3gica, econ\u00f3mica, familiar\u201d y adem\u00e1s \u201cquedar\u00e1n sin un techo, desprotegidas, afectando la salud\u201d. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el predio perseguido pertenece a Daniela, donado por el abuelo Pedro L\u00f3pez S\u00e1nchez mediante \u201cescritura p\u00fablica n\u00ba 0096 del 31 de enero de 2013 de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Zipaquir\u00e1\u201d, design\u00e1ndola a ella como representante. <\/p>\n
Sostuvo que en el a\u00f1o 2020 su descendiente fue diagnosticada con \u201cs\u00edndrome nefrol\u00f3gico, glomerulonefritis membranosa difusa, esferofitosis hereditaria [y] debe mantener una medicaci\u00f3n permanente, controles m\u00e9dicos mensuales, tratamientos\u201d y, que ella, \u201cno cuenta con trabajo fijo y estable, es una mujer luchadora\u201d. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 narr\u00f3 las etapas surtidas en la lid debatida y defendi\u00f3 la legalidad de las decisiones, porque \u201cestuvieron soportadas en el material probatorio recaudado, analizado conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, lo que permiti\u00f3 que se diera una suficiente motivaci\u00f3n y argumentaci\u00f3n\u201d y asever\u00f3 que respecto al \u201ctr\u00e1mite de enajenaci\u00f3n temprana, desalojo o la administraci\u00f3n ejercida por la SAE sobre el referido inmueble (\u2026), carece de competencia (\u2026) pues es una facultad que le fue otorgada a esa entidad conforme a los par\u00e1metros de la Ley 1849 de 2017\u201d. <\/p>\n
El Ministerio de Justicia y del Derecho se opuso al amparo, ya que \u201cla entrega material del bien a la SAE fue expedido en el marco de las facultades concedidas por la Ley 1708 de 2014 y como resultado de la ejecuci\u00f3n de las medidas cautelares de embargo y secuestro decretadas (\u2026), en virtud de las cuales a la sociedad le corresponde asumir la administraci\u00f3n del inmueble\u201d. <\/p>\n
La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. dijo que por mandato legal cuenta con herramientas para el adecuado cumplimiento de sus funciones \u201cen la administraci\u00f3n y destinaci\u00f3n de los bienes inmersos en procesos de extinci\u00f3n del derecho de dominio, contemplados en el art\u00edculo 92 de la Ley 1708 de 2014\u201d, entre estas, la de dep\u00f3sito provisional tal como se hizo con el bien controvertido. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que cuando se fija una diligencia de desalojo se citan las \u201centidades garantes de derechos fundamentales\u201d, quienes se encargan de \u00abgarantizar la dignidad humana\u00bb y brindan toda la informaci\u00f3n a los \u00absujetos de especial protecci\u00f3n\u00bb implicados, acerca de los Centros de Protecci\u00f3n Social. Por lo esbozado destac\u00f3 la improcedencia de la guarda, puesto que \u201cno aparece demostrado que sus derechos fundamentales han sido vulnerados\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 el auxilio tras estimar que \u00aben el presente caso no se cumple el requisito de la subsidiariedad, debido a que la inconformidad que plantea Constanza L\u00f3pez Agudelo en representaci\u00f3n de su hija D.B.L., se presenta en torno a una actuaci\u00f3n que se encuentra en tr\u00e1mite, toda vez que de acuerdo con la demanda de tutela y las respuestas allegadas, contra la sentencia emitida el 1\u00b0 de marzo de 2021 por el Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de la cual declar\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio a favor del Estado sobre el predio identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 176-115570, se instaur\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, el cual se encuentra en tr\u00e1mite ante la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, coligi\u00f3, en torno a la determinaci\u00f3n expedida el 21 de mayo de 2021 por la SAE, que \u00abse sustenta en los deberes que tiene como administradora del FRISCO y las facultades de polic\u00eda administrativa que le han sido reconocidas en la ley 1849 de 2017, que modific\u00f3 el par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 91 de la ley 1708 de 2014, otorgando de forma directa la facultad de polic\u00eda administrativa al administrador del FRISCO, as\u00ed: \u201cEl administrador del Frisco tendr\u00e1 la facultad de polic\u00eda administrativa para la recuperaci\u00f3n f\u00edsica de los bienes que se encuentren bajo su administraci\u00f3n.\u201d De manera que, no resulta procedente el amparo en tanto la determinaci\u00f3n cuestionada encuentra fundamento legal y no se vislumbra arbitrariedad en ella\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, expres\u00f3 que \u00abaunque se indic\u00f3 que la menor hab\u00eda sido diagnosticada con \u00abs\u00edndrome nefrol\u00f3gico, glomerulonefritis membrana difusa, esferofitosis hereditaria\u00bb, no se aportaron elementos de prueba que acreditaran la referida condici\u00f3n m\u00e9dica\u00bb. <\/p>\n
2.- Dicho desenlace fue repelido por la quejosa, quien insisti\u00f3 con los mismos argumentos expuestos en el escrito primigenio y resalt\u00f3 que la propiedad involucrada en la contienda fue obtenida l\u00edcitamente por el abuelo de la menor y, aun cuando esas inconformidades las manifest\u00f3 y est\u00e1n siendo analizados en la apelaci\u00f3n por el Tribunal de Bogot\u00e1, la Sociedad de Activos Especiales \u201cha ejercido acciones, entre ellas, el embargo, designar una empresa para la administraci\u00f3n del inmueble, recientemente la orden de desalojo y la venta forzosa (\u2026), sin que hasta la fecha se halla proferido el fallo de segunda instancia\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia el decaimiento del socorro y la consecuente ratificaci\u00f3n de lo confutado, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
1.1.- Liminarmente, frente a las censuras de la accionante contra el proceso de \u00abextinci\u00f3n de dominio\u00bb n\u00ba 2018-099-2, la salvaguarda se torna anticipada, teniendo en cuenta que para la fecha en la que acudi\u00f3 a este sendero (7 feb. 2022), a\u00fan se hallaba en tr\u00e1mite la actuaci\u00f3n objetada. <\/p>\n
Es as\u00ed, por cuanto L\u00f3pez Agudelo interpuso \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb contra la providencia emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio (1\u00ba mar. 2021) y, al d\u00eda de hoy est\u00e1 pendiente de definici\u00f3n por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1; de ah\u00ed que, esa particular incidencia, sumada a la identidad que existe entre las premisas que soportaron la sustentaci\u00f3n y las aqu\u00ed exhibidas por la impulsora, suponen un presuroso ejercicio de esta s\u00faplica constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que mientras no se desentra\u00f1e el mencionado medio impugnaticio no es viable incursionar en este \u00e1mbito supralegal, ya que implicar\u00eda una indebida intromisi\u00f3n en los fueros propios de los juzgadores ordinarios (Cfr. CJS STC13188-2021). <\/p>\n
Es por eso que esta Corte ha predicado en forma reiterada que, <\/p>\n
\u201c(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC6904-2020, STC13188-2021). <\/p>\n
1.2.- En torno al anhelo de la petente encaminado a invalidar la Resoluci\u00f3n n\u00ba 1132, mediante la cual la Sociedad de Activos Especiales -SAE- S.A.S. dispuso la enajenaci\u00f3n temprana de varios inmuebles, entre estos, el identificado con M.I. 176-115570 perteneciente a Daniela Berm\u00fadez L\u00f3pez, se subraya que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal afirmaci\u00f3n, porque entre la data de dicho pronunciamiento (21 may. 2021), y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (7 feb. 2022), transcurri\u00f3 un lapso de ocho (8) meses y diecisiete (17) d\u00edas, es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha esbozado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta. (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si Constanza se demor\u00f3 en interponer la petici\u00f3n supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la autoridad atacada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
1.2.1- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal exigencia, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la tardanza en activar este dispositivo est\u00e1 debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021 se precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en el sub examine, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, puesto que la precursora no mencion\u00f3 alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir oportunamente a esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
1.3.- Ahora, en lo que concierne con la aspiraci\u00f3n dirigida a anular la directriz de 18 de enero de 2022 \u201cCS2022-001003\u201d expedida por la Sociedad de Activos Especiales -SAE- S.A.S. con la que despach\u00f3 desfavorablemente el pedimento de la gestora de que se acudiera a la figura del \u00abcontrato de dep\u00f3sito gratuito a favor de la menor, (\u2026) conforme lo permite el art\u00edculo 92 de la Ley 1708 de 2014 (\u2026) hasta la fecha en la cual quede ejecutoriada la sentencia de segunda instancia o de casaci\u00f3n si hay lugar a [esta]\u00bb; se relieva que no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, en esa oportunidad adver\u00f3 que en uso de las facultades de administraci\u00f3n y destinaci\u00f3n de los bienes inmersos en \u00abprocesos de extinci\u00f3n del derecho dominio\u00bb regladas en el canon 90 de la Ley 1708 de 2014, le corresponde la recuperaci\u00f3n f\u00edsica de estos utilizando, para tal objetivo, \u00ablas herramientas para el adecuado cumplimiento de sus funciones, incluidas las de polic\u00eda administrativa\u00bb. <\/p>\n
Como apoyo de su postura, indic\u00f3 que, en consonancia con dicho precepto, el art\u00edculo 92 de la misma obra establece los cinco (5) mecanismos \u00abpara facilitar la administraci\u00f3n\u00bb y, dentro de estos, \u00abno se halla contemplado el dep\u00f3sito gratuito, [porque] precisamente la misi\u00f3n de la S.A.E., est\u00e1 orientada a la productividad y rentabilidad, de los inmuebles puestos a su disposici\u00f3n para generar recursos para la financiaci\u00f3n y desarrollo de pol\u00edticas p\u00fablicas\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, adver\u00f3 que, seg\u00fan el C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio, el C\u00f3digo de \u00c9tica y el Plan Nacional de Desarrollo, no est\u00e1 habilitada para gestionar \u00abninguno de los mecanismos de administraci\u00f3n sobre el inmueble, con personas que sean sumariadas, vinculadas o condenadas en un proceso de extinci\u00f3n de dominio o cuando el solicitante se encuentre dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con la persona implicada en el proceso penal\u00bb. <\/p>\n
De manera que, aclar\u00f3, se deb\u00eda realizar la \u00abentrega voluntaria del inmueble a m\u00e1s tardar el pr\u00f3ximo 23 de febrero de 2022\u00bb, so pena de continuarse con las diligencias tendientes a la recuperaci\u00f3n de este, a trav\u00e9s del desalojo previsto en el par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 22 de la Ley 1849 de 2017,\u00aben la que se contar\u00e1 con el debido acompa\u00f1amiento apoyo de las entidades competentes que obran como garantes de derechos humanos, compuestos por Personer\u00eda Municipal, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Alcald\u00eda Municipal, Secretar\u00eda de Integraci\u00f3n Social, ESMAD y la Polic\u00eda Nacional, y las dem\u00e1s que se consideren necesarias para garantizar el cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
2.- Ahora, pese a que la tutelante afirm\u00f3 que la situaci\u00f3n puesta de presente le est\u00e1 ocasionado un \u201cperjuicio irremediable\u201d a Daniela Berm\u00fadez L\u00f3pez, ello no va m\u00e1s all\u00e1 de ser un enunciado, al paso que no acredit\u00f3 la gravedad de lo acontecido, la inminencia del da\u00f1o, ni la impostergabilidad de las medidas anheladas. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el \u00abperjuicio irremediable\u00bb, esta Colegiatura ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, 20 feb. rad 00140-01 y STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01, STC15930-2018, STC3455-2020 y STC16008-2021). <\/p>\n
3.- Ergo, se refrendar\u00e1 el veredicto de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5379-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC5379-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00301-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63335","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63335","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63335"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63335\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63335"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63335"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63335"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}