STC5384-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5384-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 15693-22-08-000-2022-00041-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 17 de marzo de 2022 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, que declar\u00f3 improcedente el amparo promovido por Henry Eulogio Quintana Torres, como representante legal de la Cooperativa de Transportadores Los H\u00e9roes Ltda., contra los Juzgados Primero Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito de Duitama. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional objeto de reproche. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa y contradicci\u00f3n, doble instancia, legalidad y efectividad de la justicia, presuntamente vulneradas por las autoridades acusadas en el tr\u00e1mite de desacato adelantado en la acci\u00f3n constitucional con radicado 20200008800. <\/p>\n
2. De las pruebas allegadas y el escrito de tutela se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Edgardo Reyes Caicedo promovi\u00f3 la referida de tutela contra CootraHeroes Ltda., la Secretar\u00eda de Gobierno, la Secretar\u00eda de Salud, la Personer\u00eda Municipal y la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Duitama, que fue tramitada en primera instancia por el Juzgado Primero Municipal de Duitama, el cual, mediante sentencia del 19 de marzo de 2020, concedi\u00f3 el amparo a los derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso, salud y vida digna del accionante, quien \u00abest\u00e1 siendo vulnerado por la empresa accionada COOTRAHEROES, al abstenerse de dar cumplimiento al acuerdo allegado el 17 de noviembre de 2017 con la Polic\u00eda Nacional consistente en insonorizar y colocar extractores de ventilaci\u00f3n de entrada y salida para no utilizar los ventanales de la construcci\u00f3n, para no generar ruidos que afecten la tranquilidad y el bienestar de los residentes del sector\u00bb y, en consecuencia, orden\u00f3 a CootransHeroes Ltda. que \u00abproceda a adelantar los tr\u00e1mites tendientes a cumplir con el acuerdo allegado con la Polic\u00eda Nacional el d\u00eda 17 de noviembre de 2017\u00bb. Tambi\u00e9n impuso a la Secretar\u00eda de Salud vigilar y supervisar que no se excedan los decibeles permitidos y a la Polic\u00eda Nacional rendir informe sobre el cumplimiento. <\/p>\n
2.2. Tras una solicitud del all\u00e1 accionante, quien manifest\u00f3 que \u00ablos hechos puestos a consideraci\u00f3n han vuelto a presentarse de manera repetitiva alterando y vulnerando la tranquilidad sonora del sector en altas horas de la noche\u00bb y que no se ha dado cumplimiento al fallo, se inici\u00f3 un incidente de desacato contra CootraHeroes Ltda, la Secretar\u00eda de Salud Municipal y el Comandante de la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Duitama, respecto del cual se pronunci\u00f3 el representante legal de la sociedad tutelada, manifestando que hab\u00eda cumplido lo ordenado en la sentencia desde antes de su emisi\u00f3n, pues en los salones de eventos \u00abse instalaron desde su construcci\u00f3n en la salida y entrada de los mismos extractores de ventilaci\u00f3n\u00bb, se utilizaron elementos para la insonorizaci\u00f3n, los ventanales se encuentran bloqueados y, desde febrero de 2020, no se han realizado eventos en horas de la noche. <\/p>\n
2.3. Practicadas las pruebas decretadas, en prove\u00eddo del 1 de febrero de 2022, el Juzgado Primero Municipal de Duitama resolvi\u00f3 el desacato y determin\u00f3 que \u00abel Representante legal de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS H\u00c9ROES LTDA -COOTRAH\u00c9ROES- se\u00f1or HENRY EULOGIO QUINTANA TORRES (\u2026) ha incurrido en desacato al fallo de tutela de fecha 9 de marzo de 2020\u00bb, raz\u00f3n por la cual le impuso una \u00absanci\u00f3n consistente en dos (2) d\u00edas de arresto y el pago de multa de dos (2) salarios m\u00ednimos mensuales vigentes\u00bb y orden\u00f3 a la Secretar\u00eda de Salud vinculada \u00abque una vez al mes vigile y supervise que la empresa COOTRAH\u00c9ROES LTDA no exceda los decibeles de ruido permitidos de lo cual deber\u00e1 rendir informe argumentado y probado (\u2026) el primer d\u00eda h\u00e1bil de cada mes (de febrero a diciembre de 2022), para ello deber\u00e1 solicitar a COOTRAH\u00c9ROES LTDA las fechas y horarios en que est\u00e9n programadas actividades en cualquiera de los salones de eventos de la empresa accionada y tomar las pruebas pertinentes cuando haya actividad en dicho sitio en conjunto con la Polic\u00eda Nacional. Lo anterior a fin de determinar si se exceden los decibeles de ruido permitidos\u00bb. <\/p>\n
2.4. En grado jurisdiccional de consulta, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama determin\u00f3, mediante auto del 7 de febrero de 2022, \u00abModificar la providencia materia de consulta proferida el 01 de febrero de 2022, por el Juzgado Primero Civil Municipal de Duitama, en el sentido de excluir de la misma, la sanci\u00f3n de arresto impuesta al Representante Legal de la Cooperativa de Trasportadores los H\u00e9roes Ltda\u00bb y confirmar en lo dem\u00e1s la decisi\u00f3n objeto de consulta. <\/p>\n
3. La parte actora reiter\u00f3 los argumentos esbozados en el incidente de desacato, en cuanto a que se dio cumplimiento a la orden impartida en el fallo desde antes de su emisi\u00f3n y que las decisiones cuestionadas no tuvieron en cuenta las pruebas aportadas, por lo que se configur\u00f3 un defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
4. Conforme a lo anterior, inst\u00f3 dejar sin efectos las providencias del 19 de marzo de 2020, del 20 de enero1 y del 7 de febrero de 2022 y que se \u00abprofiera una nueva providencia teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama sostuvo que la providencia acusada \u00ababord\u00f3 en su integridad el an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n que fueron oportuna y legalmente incorporados a la actuaci\u00f3n incidental\u00bb, por lo que no son de recibo las aseveraciones del accionante, menos aun cuando excluy\u00f3 la sanci\u00f3n de arresto que le fue impuesta en primera instancia, conforme a los criterios jurisprudenciales sobre la materia. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de Duitama asegur\u00f3 que se aten\u00eda a las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite de tutela y en el incidente de desacato. <\/p>\n
3. El Municipio de Duitama sostuvo que en cumplimiento a la orden emitida en la sentencia de tutela procedi\u00f3 a realizar las mediciones de ruido el 21 de enero, 14 y 25 de febrero de 2022, de acuerdo con los informes t\u00e9cnicos que anexaba. Frente a las pretensiones sostuvo que se aten\u00eda a lo probado en el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el auxilio, tras advertir, en primer lugar, la improcedencia de la acci\u00f3n contra otra de igual naturaleza, m\u00e1xime teniendo en cuenta que lo alegado no corresponde a \u00absituaciones fraudulentas\u00bb que dieran origen al fallo del 19 de marzo de 2020. <\/p>\n
En cuanto a las providencias que resolvieron el incidente de desacato e impusieron la sanci\u00f3n al accionado, estim\u00f3 que \u00abno encuentra que los Juzgados accionados hayan cometido un error de tal envergadura en la valoraci\u00f3n probatoria respeto del cumplimiento de la orden de tutela, que permita configurar la materializaci\u00f3n del defecto f\u00e1ctico, toda vez que las consideraciones que llevaron a no tener por cumplida la orden judicial, fueron el resultado de una valoraci\u00f3n adecuada y conforme al material probatorio recabado para su verificaci\u00f3n\u00bb, dado que, entre otros, las obras que se\u00f1al\u00f3 el tutelado se ejecutaron antes de que se ampararan los derechos. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora, quien aleg\u00f3 que, en el fallo a cumplir, \u00abSe indica al representante legal de manera somera que actividades debe realizar (\u2026) si se observa el material probatorio se puede colegir que estas actividades ya se realizaron que no es necesario efectuar otras solo insonorizar y colocar extractores tal como se verific\u00f3 en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial (\u2026) sin que se indicara que dichas obras deber\u00edan ser conforme a una normatividad espec\u00edfica o a un tipo exacto de insonorizaci\u00f3n o de extractores\u00bb, pues s\u00f3lo se limitaron a resaltar que no existieron adecuaciones posteriores, pero no establecieron \u00absi la actividad desarrollada por COOTRAHEROES (\u2026) vulnera en algo el descanso o la tranquilidad del accionado todos los d\u00edas\u00bb. Record\u00f3 que esa sociedad se dedica a \u00abla explotaci\u00f3n de servicio p\u00fablico de transporte de pasajeros a nivel municipal en ning\u00fan momento (\u2026) [a] la explotaci\u00f3n de un sal\u00f3n de eventos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con la sentencia de tutela proferida el 19 de marzo de 2020 en el proceso 2020-00088 y las providencias del 1 y del 7 de febrero de 2022, mediante las cuales se declar\u00f3 el incumplimiento de ese fallo y se le impuso una sanci\u00f3n, pues, en su criterio, no se tuvieron en cuenta las pruebas aportadas. <\/p>\n
2. Sobre el particular, la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia de la tutela para refutar fallos o actuaciones de la misma \u00edndole, puesto que, para ello, existen otros mecanismos, como la impugnaci\u00f3n, la eventual revisi\u00f3n y la solicitud de insistencia ante la Corte Constitucional2. <\/p>\n
No obstante, siguiendo la postura de la Corte Constitucional fijada en la sentencia SU-627-2015, de manera excepcional se acepta dicho instrumento para controvertir fallos de tutela, \u00abcuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En el caso concreto, se advierte la improcedencia de esta acci\u00f3n para controvertir el fallo de tutela del 19 de marzo de 2020, dado que, de un lado, frente a aquella providencia este ruego no cumple con el requisito general de inmediatez, dada la fecha de su interposici\u00f3n3 y, de otro, las inconformidades del actor no se fundan en la comisi\u00f3n de fraude alguno ni se evidencia que la misma hubiera sido producto de una situaci\u00f3n de fraudulenta, por lo que la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
3. Ahora bien, esta Sala ha establecido que solo excepcionalmente la acci\u00f3n de tutela es procedente contra los incidentes de desacato, siempre que se est\u00e9 \u00abfrente a una burda trasgresi\u00f3n del debido proceso, como cuando se omite la citaci\u00f3n de los inculpados o se dejan de apreciar elementos demostrativos relevantes o su valoraci\u00f3n es contraevidente, bajo el entendido que toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regularmente allegadas, so pena de desatender el deber de imparcialidad y menoscabar el derecho a la igualdad de las partes litigantes\u00bb (STC 20922-2017, reiterada en STC5699-2021 y STC1233-2022). <\/p>\n
Para el efecto, se ha establecido que se deben acreditar los siguientes requisitos: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abi) La decisi\u00f3n dictada en el tr\u00e1mite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acci\u00f3n de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el tr\u00e1mite -incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso-. <\/p>\n
<\/p>\n
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuraci\u00f3n de una de las causales espec\u00edficas (defectos). <\/p>\n
<\/p>\n
iii) Los argumentos del promotor de la acci\u00f3n de tutela deben ser consistentes con lo planteado por \u00e9l en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colaci\u00f3n alegaciones nuevas, que dej\u00f3 de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no ten\u00eda que practicar de oficio\u00bb (CC, SU034-18). <\/p>\n
3.1. Revisada la providencia del 7 de febrero de 2022, que resolvi\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta del auto del 1 de febrero anterior, modificando la sanci\u00f3n impuesta por incumplimiento del fallo del 19 de marzo de 2020, se descarta la vulneraci\u00f3n al debido proceso del tutelante, al observarse razonables los argumentos aducidos por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama. <\/p>\n
3.2. En efecto, en dicha providencia el referido Juzgado retom\u00f3 los argumentos expuestos por el representante legal incidentado y mencion\u00f3 que se aportaron como prueba \u00ablas fotograf\u00edas del Sal\u00f3n de Eventos de Cootrah\u00e9roes, requiriendo adem\u00e1s, la pr\u00e1ctica de una inspecci\u00f3n judicial, el testimonio del se\u00f1or \u00c1ngel Mar\u00eda Jaime Duarte e igualmente el interrogatorio de parte del accionante se\u00f1or Edgardo Reyes Caicedo, medios de convicci\u00f3n que fueron decretados e incorporados y que una vez auscultados y ponderados, demuestran con certitud que la entidad convocada no ha dado cumplimiento a la orden tutelar, toda vez que con la versi\u00f3n ofrecida por el deponente \u00c1ngel Mar\u00eda Jaime Duarte, dentro del curso de la inspecci\u00f3n judicial, se diluyeron las aserciones del representante legal de la Cooperativa de Trasportadores los H\u00e9roes Ltda, se\u00f1or Henry Eulogio Quintana Torres, por cuanto el mismo fue contundente al afirmar que luego de expedido el fallo de tutela que decret\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales del incidentante Edgardo Reyes Caicedo, ninguna obra o labor se gestion\u00f3 o adelant\u00f3, por parte de la Cooperativa de Trasportadores los H\u00e9roes LTDA, para acatar la orden judicial impartida, tendiente a materializar el acuerdo contenido en acta No. 003230 DEBOY ESTPO-DUITAMA-2.78 del 17 de noviembre de 2017\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, \u00abaunque en la versi\u00f3n del testigo se aludi\u00f3 a la instalaci\u00f3n de unos ventiladores en la parte posterior del sal\u00f3n de eventos, hecho respecto del cual aclar\u00f3 no haber intervenido por haber finalizado su labor en el a\u00f1o 2013, dicha obra no acredita la soluci\u00f3n del problema ni el cumplimiento de la orden tutelar g\u00e9nesis del presente tr\u00e1mite incidental, pues, por el contrario, seg\u00fan lo advirti\u00f3 el incidentante en el curso de la referida diligencia, se evidencia que ello acrecent\u00f3 la percepci\u00f3n de los sonidos emanados del recinto cuando se realizan eventos\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a los informes rendidos por la Polic\u00eda Nacional y por la Secretar\u00eda de Salud del Municipio de Duitama, los consider\u00f3 impertinentes e inconducentes, pues el primero \u00abninguna labor se atestigu\u00f3 para aseverar que el fallo se cumpli\u00f3\u00bb y, el segundo, \u00abde acuerdo a lo indicado en el desarrollo de la inspecci\u00f3n judicial, la medici\u00f3n sonora realizada se produjo en un momento en que el sal\u00f3n de la Cooperativa de Trasportadores los H\u00e9roes Ltda, no se estaba utilizando\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que las pruebas aportadas por el representante legal \u00abcorresponden a datas anteriores a la emisi\u00f3n del fallo que decret\u00f3 el amparo constitucional (\u2026) siendo por lo mismo igualmente inconducentes\u00bb y que se demostr\u00f3 su renuencia y \u00ababierta rebeld\u00eda\u00bb para dar cumplimiento a la orden tutelar proferida hace m\u00e1s de veintid\u00f3s meses, a pesar de haber sido notificado, \u00abexistiendo por contera certidumbre suficiente para acreditar la culpa grave del incidentado, sin que se advierta la existencia de causal de justificaci\u00f3n ni configuraci\u00f3n de circunstancias excepcionales como fuerza mayor, caso fortuito o la imposibilidad jur\u00eddica o f\u00e1ctica para cumplir la misma, pues se repite, a riesgo de fatigar, que ninguna actuaci\u00f3n certera se demostr\u00f3 al respecto\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que tal omisi\u00f3n configura el factor subjetivo para mantener la sanci\u00f3n pecuniaria impuesta por el juez a quo; pero, dadas las particularidades del caso y \u00abla vigencia de la emergencia sanitaria y ambiental derivada de la pandemia de la COVID 19\u00bb, modul\u00f3 la decisi\u00f3n, \u00aben el sentido de abstenerse de imponer la sanci\u00f3n de arresto, en procura de mitigar los riesgos de la pandemia que a\u00fan se encuentra vigente\u00bb. <\/p>\n
3.3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se analizaron y resolvieron motivadamente los argumentos expuestos por el incidentado -reiterados en sede de tutela-. <\/p>\n
Se observa que las intervenciones de la sociedad y su representante legal se encaminaron a reabrir el debate propuesto durante el tr\u00e1mite inicial de la acci\u00f3n de tutela 2020-00088 y no demostraron la realizaci\u00f3n de las acciones a las que se comprometieron en el acta de mediaci\u00f3n suscrita el 17 de noviembre de 2017, que hab\u00eda ordenado cumplir el fallo constitucional. Sobre el punto, el a quo, al resolver el desacato, afirm\u00f3 que \u00abinclusive en respuesta dada al requerimiento previo y al auto de admisi\u00f3n del presente tr\u00e1mite, el representante legal indica que lo instalado en el sal\u00f3n de eventos se dio desde la construcci\u00f3n, refiere que no puede tutelarse un hecho que hab\u00eda sido cumplido desde antes de que se emitiera la decisi\u00f3n de tutela, situaci\u00f3n que hubiera podido modificar si utiliza los recursos que la ley coloca a disposici\u00f3n como lo era la impugnaci\u00f3n al fallo de la acci\u00f3n constitucional, situaci\u00f3n que en el presente caso no ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas y como quiera que la procedencia de la acci\u00f3n constitucional depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, la tutela impetrada resulta inviable. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se aclara que se trata de la providencia del 1 de febrero de 2022, que resolvi\u00f3 en primera instancia el incidente de desacato. <\/p>\n
2\u0002 En el proceso de tutela atacado, la Corte Constitucional, bajo el radicado T-8.158.657, descart\u00f3 su revisi\u00f3n, mediante auto del 31 de marzo de 2022. <\/p>\n
3\u0002 3 de marzo de 2022, de acuerdo con el acta de reparto. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5384-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC5384-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 15693-22-08-000-2022-00041-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 17 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63339","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63339","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63339"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63339\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63339"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63339"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63339"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}