STC5385-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5385-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., \u001f\u001f\u001f\u001f\u001fcuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal de ese distrito judicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoca la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal Superior de Pereira, al no haberle fijado las agencias en derecho en la acci\u00f3n popular No. 2021-00183-00, \u00abcomo lo pidi\u00f3 en la acci\u00f3n, y amparado en la sentencia CSJ STC15821-2015\u00bb. <\/p>\n
En sustento manifest\u00f3 que, present\u00f3 acci\u00f3n popular, \u00abque se tramit\u00f3 en segunda instancia en el Tribunal Tutelado, donde se neg\u00f3 mi pretensi\u00f3n consignada en la acci\u00f3n popular, referente a condenar en costas, agencias en derecho al representante legal del ente territorial vinculado desde el inicio de la misma, por permitir la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos en su territorio y nada hacer al respecto\u00bb. <\/p>\n
Con dicho argumento, solicit\u00f3 que se ordene al Tribunal accionado, condenar en agencias en derecho al representante legal del territorio vinculado, porque incumpli\u00f3 las funciones legales y constitucionales. <\/p>\n
\u202f <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 26 de abril de los corrientes, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular que motiv\u00f3 esta tutela. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Tribunal de Pereira respondi\u00f3 que, conoci\u00f3 el citado asunto donde emiti\u00f3 sentencia de segunda instancia, y en la decisi\u00f3n se encuentran contenidas las razones por las cuales resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n apelada en cuanto a la no imposici\u00f3n de costas en contra del ente territorial vinculado. <\/p>\n
La Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La censura del solicitante se centra en el hecho que, el Tribunal Superior de Pereira en la sentencia proferida el 17 de marzo de 2022 en la acci\u00f3n popular No. 2021-00183-00, tramitada por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, no conden\u00f3 en costas \u00abal ente territorial que fue vinculado desde el inicio de la actuaci\u00f3n con pretensi\u00f3n, y debe ser condenado en costas\u00bb, como afirma, \u00abse orden\u00f3 en sentencia STC15821-2015\u00bb. <\/p>\n
2. Revisado el expediente que contiene dicha actuaci\u00f3n promovida por Gerardo Herrera Hoyos contra Oscar Jhony Montoya Mar\u00edn propietario del establecimiento de comercio \u00abPanader\u00eda, Pasteler\u00eda, Helader\u00eda Dulce Tentaci\u00f3n SRC\u00bb, se observa que, el Juzgado de conocimiento, una vez surtidas las etapas procesales propias de este tipo de acciones, el 11 de octubre de 2021 profiri\u00f3 sentencia en la que resolvi\u00f3 entre otras cosas: <\/p>\n
\u00abSegundo: AMPARAR el derecho colectivo a \u201cLa realizaci\u00f3n de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jur\u00eddicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes\u201d invocado en la presente acci\u00f3n popular. (\u2026) <\/p>\n
Quinto: NEGAR el incentivo solicitado y el amparo de los dem\u00e1s derechos invocados, as\u00ed como las dem\u00e1s pretensiones de la demanda. (\u2026) <\/p>\n
S\u00e9ptimo: Sin condena en costas\u00bb. <\/p>\n
2.1. El se\u00f1or Herrera Hoyos al estar en desacuerdo con lo resuelto apel\u00f3 el fallo y, como reparo a la decisi\u00f3n manifest\u00f3 que, \u00abse deben conceder costas, en mi favor, pues mi acci\u00f3n prospero (sic) por el incumplimiento del alcalde municipal de la entidad territorial del sitio de la amenaza que incumple su deber de garantizar a su poblaci\u00f3n igualdad de condiciones y hacer respetar y cumplir las leyes a fin que no se vulneren derechos e intereses colectivos\u00bb. <\/p>\n
3. Para lo que ac\u00e1 interesa, la Sala Civil Familia del Tribunal de Pereira en la sentencia de 17 de marzo de 2022, frente a la inconformidad expresada por el actor popular consider\u00f3 que, en ese caso, la vulneraci\u00f3n fue endilgada a un establecimiento de comercio abierto al p\u00fablico, de propiedad particular, en el que no se hab\u00eda construido una rampa de acceso para las personas que se movilizan con silla de ruedas. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la intervenci\u00f3n de la Alcald\u00eda de Santa Rosa de Cabal, dijo que su vinculaci\u00f3n, \u00abse debe a la reglamentaci\u00f3n que se contiene en el inciso final del art. 21 de la Ley 472 (como autoridad administrativa encargada de la protecci\u00f3n del derecho o inter\u00e9s colectivo afectado)\u00bb. <\/p>\n
En el fallo explic\u00f3 la naturaleza de las costas, y cuando es procedente reconocer dicha condena, tambi\u00e9n refiri\u00f3 que \u00aben regla de principio las costas se imponen a favor de la parte que gana el pleito, y a cargo de la parte vencida. Adem\u00e1s, \u201cno constituyen el tema del litigio, sino una consecuencia del mismo. No tiene origen sustancial sino procesal\u201d\u00bb. <\/p>\n
Dijo que, en la decisi\u00f3n de primera instancia, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se sostuvo por la a quo que el ente territorial no es accionado sino vinculado, y que la orden que se impone para superar la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos que se hall\u00f3 no gravita sobre su cabeza. Ninguno de tales asertos aparece cuestionado en la alzada, donde se acude a otros argumentos para reclamar remuneraci\u00f3n a su favor: el incumplimiento del deber \u2013 funci\u00f3n \u2013 de hacer cumplir la ley, y que si se tramitan sus apelaciones es porque es parte y debe responder. Como en verdad el municipio de Santa Rosa no era ac\u00e1 accionado, pues no fue a \u00e9l a quien se atribuy\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos por no garantizar el libre acceso sin barreras f\u00edsicas al lugar donde se ofrecen servicios al p\u00fablico, naturalmente no fue la parte vencida del juicio. As\u00ed, la condena no pod\u00eda serle impuesta. <\/p>\n
De igual manera se\u00f1al\u00f3 el Tribunal Superior, <\/p>\n
\u00abComo en verdad el municipio de Santa Rosa no era ac\u00e1 accionado, pues no fue a \u00e9l a quien se atribuy\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos por no garantizar el libre acceso sin barreras f\u00edsicas al lugar donde se ofrecen servicios al p\u00fablico, naturalmente no fue la parte vencida del juicio. As\u00ed, la condena no pod\u00eda serle impuesta. <\/p>\n
6.4.- Por \u00faltimo, la vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite del ente territorial se soport\u00f3 en el inciso final del art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, que se\u00f1ala que en el auto admisorio de la demanda popular \u201c\u2026se le comunicar\u00e1 a la entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el inter\u00e9s colectivo afectado\u201d. Es decir, la autoridad se convoca al proceso por expresa disposici\u00f3n normativa, regla que es obligatoria. <\/p>\n
No se\u00f1ala m\u00e1s la norma sobre el motivo de esa comunicaci\u00f3n, pero su art\u00edculo 27, al regular el pacto de cumplimiento, indica que la intervenci\u00f3n en esa audiencia de \u201cla entidad responsable de velar por el derecho o inter\u00e9s colectivo ser\u00e1 obligatoria\u201d <\/p>\n
Act\u00faa entonces, precisamente, como entidad p\u00fablica a cargo de la protecci\u00f3n del derecho o inter\u00e9s colectivo objeto de debate, condici\u00f3n que le faculta para intervenir en el tr\u00e1mite como sujeto procesal \u2013 que no es lo mismo que ser parte procesal – con todas las facultades necesarias para lograr el cometido que le impone la ley, capacidad que no se limita al fondo del asunto (obtener la protecci\u00f3n) sino que incluye las formas, esto es, la correcta conformaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n procesal. En ese sentido, considera la Sala que bien puede velar por la correcci\u00f3n del procedimiento, como lo hace, por ejemplo, cuando alega a modo de excepci\u00f3n previa circunstancias que eventualmente podr\u00edan engendrar una irregularidad procesal (falta de jurisdicci\u00f3n), encontr\u00e1ndose por tanto legitimada para controvertir la decisi\u00f3n que le resuelve su pedido, en forma adversa. <\/p>\n
Lo anterior, sin embargo, no la convierte en parte accionada, de all\u00ed que no aparezca como suficiente ese argumento para modificar lo decidido en materia de costas procesales a su cargo\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esos argumentos, resolvi\u00f3 confirmar en su integridad la decisi\u00f3n de primera instancia <\/p>\n
4. De acuerdo con el anterior recuento, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda fundamental invocada por el demandante, como quiera que, el Tribunal Superior de Pereira el 17 de marzo de 2022, confirm\u00f3 la providencia que neg\u00f3 la condena en costas a cargo de la autoridad municipal que fue citada en la acci\u00f3n popular No. 2021-000183, porque en esa actuaci\u00f3n el demandado era un particular, la vinculaci\u00f3n que se hizo a la Alcald\u00eda de Santa Rosa se dio por ministerio de la Ley 472 de 1998, que en su art\u00edculo 21 establece, que el auto admisorio se le comunicar\u00e1 a la entidad administrativa encargada de proteger los intereses colectivos del afectado, y m\u00e1xime, cuando la autoridad accionada no fue quien result\u00f3 vencida en este asunto para que se fijaran agencias, conforme a lo dispuesto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, la petici\u00f3n del accionante se torna abiertamente improcedente, pues al revisar la actuaci\u00f3n que motiva esta acci\u00f3n constitucional, se observa que si bien es cierto, al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 la Alcald\u00eda Local de dicho municipio porque as\u00ed lo prescribe la citada norma, no es menos cierto que, el juez de conocimiento encontr\u00f3 que la amenaza a los derechos e inter\u00e9s colectivos invocados en demanda, deb\u00eda ser atribuida \u00fanicamente al propietario del establecimiento de comercio \u00abPanader\u00eda, Pasteler\u00eda, Helader\u00eda Dulce Tentaci\u00f3n SRC\u00bb, quien no contaba con rampas de acceso para personas en condici\u00f3n de discapacidad, y as\u00ed lo declar\u00f3 en la sentencia de primer grado. De tal suerte, que la parte vencida en juicio fue la persona jur\u00eddica de derecho privado, y no la autoridad municipal como lo aduce el accionante y, por tanto no era procedente condenarla en costas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida, se encuentra motivada y no luce arbitraria, sin evidenciar ninguna v\u00eda de hecho que haga procedente la orden de amparo, y aunque el actor no comparta las razones expuestas por el Tribunal Superior accionado, esa sola divergencia de criterio no constituye un motivo suficiente para conceder el amparo constitucional, porque este mecanismo excepcional no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, cual el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela. (Ver entre otras, CSJ Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, reiterada en STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022). <\/p>\n
Finalmente, en cuanto al reconocimiento de agencias en derecho como lo orden\u00f3 la \u00absentencia CSJ STC15821-2015\u00bb, se le indica al solicitante que examinada la citada sentencia proferida el 19 de noviembre de 2015 por esta Corporaci\u00f3n, que hace referencia a una acci\u00f3n popular promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga, en ninguno de sus apartes se menciona la condena costas. <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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