STC5387-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5387-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00186-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (04) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 10 de febrero de 2022, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Mar\u00eda Stella Fl\u00f3rez Jim\u00e9nez contra la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n 3 de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite fueron vinculadas la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, el Juzgado 2 Laboral del Circuito de la misma ciudad, la Administradora Colombiana de Pensiones, la AFP Protecci\u00f3n S.A., la AFP Porvenir S.A. y las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso laboral de radicado 20170038800. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad social, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad querellada en la causa referida. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 la actora que naci\u00f3 el 3 de marzo de 1960, se afili\u00f3 el 10 de septiembre de 1986 a la Caja Departamental de Previsi\u00f3n de C\u00f3rdoba, desde el 1 de octubre de 1995 se vincul\u00f3 a Protecci\u00f3n S.A. y el 1 de octubre de 2000 a Porvenir S.A. Agreg\u00f3 que, al momento de trasladarse de r\u00e9gimen pensional, ninguno de los asesores de las AFP le suministr\u00f3 informaci\u00f3n sobre las consecuencias negativas del traslado, ni le precisaron el monto de capital que tendr\u00eda que reunir para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, entre otros. <\/p>\n
2.2. La accionante promovi\u00f3 proceso ordinario laboral en contra de las AFP Protecci\u00f3n S.A., Porvenir S.A. y Colpensiones, para que se invalidara el traslado de r\u00e9gimen pensional y se declarara como \u00ab\u00fanica afiliaci\u00f3n v\u00e1lida la efectuada al R\u00e9gimen de Prima Media al cual perteneci\u00f3 a trav\u00e9s de la Caja Departamental de C\u00f3rdoba y, que se condenara a la AFP PROTECCI\u00d3N S.A \/ PORVENIR S.A. trasladar a COLPENSIONES [\u2026] los aportes\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 9 de julio de 2018, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Monter\u00eda absolvi\u00f3 a las demandadas de las pretensiones incoadas, pues declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, determinaci\u00f3n que fue confirmada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda el 22 de agosto de 2018. <\/p>\n
2.4. El 18 de agosto de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL3587-2021, resolvi\u00f3 no casar la sentencia. <\/p>\n
2.5. La tutelante aleg\u00f3 que la Sala Especializada vulner\u00f3 sus prerrogativas constitucionales, pues \u00abla raz\u00f3n para no casar la sentencia se debe a una fundamentaci\u00f3n escueta, lac\u00f3nica de una sola p\u00e1gina, en donde sin sustento normativo ni jurisprudencial alguno, se aparta del precedente de la SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA al exponer que el RPM solo hace parte la persona que hubiera estado afiliado al antiguo ISS hoy COLPENSIONES, dejando por fuera las miles de cajas de previsi\u00f3n social p\u00fablicas y privadas que operaban junto al Seguro Social el R\u00e9gimen de Prima Media antes de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, en medida alguna, \u00abla Litis se centr\u00f3 en definir o cuestionar lo dado ya por cierto por las partes en lo relacionado con LA CAJA DEPARTAMENTAL DE PREVISI\u00d3N DE C\u00d3RDOBA como fondo de pensi\u00f3n perteneciente al RPM, tal como se consagra en los art\u00edculos 52 de la Ley 100 de 1993 y el articulo (sic) 34 del Decreto reglamentario 692 de 1994, modificado por el art\u00edculo 2.2.4.1.1 del Decreto \u00fanico reglamentario 1833 de 2016\u00bb; adem\u00e1s, argument\u00f3 que las sentencias \u00abCSJ SL1688-2019 y CSJ SL3464-2019\u00bb a las que hizo alusi\u00f3n la Sala convocada en su decisi\u00f3n no \u00abexplican o siquiera mencionan que las CAJAS DE PREVISI\u00d3N SOCIAL DE LAS ENTIDADES PUBLICAS que exist\u00edan antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no eran parte del RPM, por el contrario refuerzan una eventual decisi\u00f3n encaminada a casar la sentencia\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, solicit\u00f3 dejar sin efecto la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n accionada y que se le ordene emitir un nuevo pronunciamiento, en el que \u00abmantenga el criterio plasmado por el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral y constitucional, trat\u00e1ndose de la ineficacia de traslado\/afiliaci\u00f3n entre reg\u00edmenes pensionales, en especial en torno a la declaratoria de la imprescriptibilidad de la acci\u00f3n en estos casos y que fue el objeto de la casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n -P.A.R.I.S.S.- indic\u00f3 que \u00abel proceso de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al PAR ISS en liquidaci\u00f3n\u00bb; y, por tanto, no era competente para responder. <\/p>\n
2. La Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, pues \u00abla providencia cuestionada, adem\u00e1s de ser razonable, fue emitida en estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a la ley\u00bb. Precis\u00f3 que su determinaci\u00f3n se fund\u00f3 en los precedentes jurisprudenciales de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, con base en los cuales concluy\u00f3 que \u00abel razonamiento del Tribunal era equivocado, en tanto analiz\u00f3 el problema jur\u00eddico desde las nulidades sustanciales, sin parar mientes que la consecuencia del incumplimiento al deber de informaci\u00f3n es la ineficacia\u00bb, advirtiendo que la pretensi\u00f3n de ineficacia del traslado entre reg\u00edmenes pensionales es imprescriptible; no obstante, destac\u00f3 que no cas\u00f3 la sentencia, dado que en sede de instancia se arribar\u00eda a la misma determinaci\u00f3n de negar el derecho pretendido. <\/p>\n
De otro lado enfatiz\u00f3, frente al reproche de la tutelante sobre \u00ab\u2018lo EXTRA PETITA de la sentencia de casaci\u00f3n\u2019, por cuanto las partes no discutieron que la Caja Departamental de Previsi\u00f3n de C\u00f3rdoba era parte del RPM\u00bb, que aunque \u00aben el desarrollo del proceso pudo no debatirse expresamente el punto que impidi\u00f3 el \u00e9xito de las pretensiones, no es menos cierto que en sede de instancia era imperioso examinar la condici\u00f3n de la entidad a la que habr\u00eda de retornar la actora (\u2026) [pues] como hecho estructurador de una excepci\u00f3n de m\u00e9rito declarable de oficio, era obligaci\u00f3n desplegar ese an\u00e1lisis\u00bb. <\/p>\n
Y, al respecto, precis\u00f3 que, al ser la consecuencia de la ineficacia del traslado de r\u00e9gimen pensional, volver la situaci\u00f3n al estado en que se hallar\u00eda de no haber existido el acto, \u00abla demandante no pod\u00eda retornar a un r\u00e9gimen al que nunca perteneci\u00f3, en tanto jam\u00e1s estuvo afiliada al ISS, hoy Colpensiones\u00bb, dado que de cara a la posibilidad de elecci\u00f3n que otorg\u00f3 la Ley 100 de 1993, opt\u00f3 por pertenecer al RAIS desde el 1 de octubre de 1995. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Monter\u00eda remiti\u00f3 el acceso al expediente digital del proceso ordinario laboral cuestionado. <\/p>\n
4. Colpensiones pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que la entidad no ten\u00eda responsabilidad en la transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales alegados, pues la acci\u00f3n de tutela se refiere a una prestaci\u00f3n que no es de su competencia. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 la queja constitucional, en raz\u00f3n a que la providencia censurada se motiv\u00f3 razonadamente, porque expuso \u00abvarios argumentos con base en una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica, propia de la adecuada actividad judicial\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que, de accederse a lo reclamado, \u00abla consecuencia implicar\u00eda devolver a la demandante a la Caja Departamental de Previsi\u00f3n de C\u00f3rdoba, donde en un principio estuvo afiliada, la cual, a la postre, es inexistente. (\u2026) [pues] asemejar o equiparar el RPM de Colpensiones al de la Caja Departamental de Previsi\u00f3n de C\u00f3rdoba, conforme lo sugiere la demandante, conducir\u00eda a trasladar injustificadamente la carga de pagar las mesadas de la libelista a Colpensiones, quien jam\u00e1s particip\u00f3 o tuvo injerencia en alg\u00fan aspecto prestacional de Mar\u00eda Stella Fl\u00f3rez Jim\u00e9nez\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el apoderado de la accionante, quien reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial y destac\u00f3 que \u00ablas razones que avalan el supuesto buen juicio de la corporaci\u00f3n (\u2026) accionada carecen de fundamento al no estar amparadas en ninguna norma jur\u00eddica o jurisprudencia aplicable al caso y su pobre forma de razonar por no decir algo peor, solo crea vac\u00edos normativos inexistentes que llena de una forma poca responsable y sin respaldo jur\u00eddico atentando contra los derechos deprecados de la actora\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la se\u00f1ora Mar\u00eda Stella Fl\u00f3rez Jim\u00e9nez pretende que, por v\u00eda constitucional, se deje sin valor ni efecto la sentencia CSJ SL3587-2021, proferida el 18 de agosto de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y, en consecuencia, que se ordene a dicha autoridad judicial emitir una nueva decisi\u00f3n favorable a sus intereses. <\/p>\n
2. Al respecto, en primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Pues bien, la Corporaci\u00f3n accionada, al resolver el recurso de casaci\u00f3n, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que no era viable casar la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda el 22 de agosto de 2018. <\/p>\n
3.1. Para ello, comenz\u00f3 por destacar que, dada la v\u00eda directa escogida, no era motivo de controversia que la afiliaci\u00f3n de la actora al Sistema General de Pensiones se efectu\u00f3 \u00abel 1 de octubre de 1995 a trav\u00e9s de la AFP Protecci\u00f3n S.A., se traslad\u00f3 el 22 de agosto del 2000 a Porvenir S.A. y no estuvo afiliada a la administradora del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por manera que reporta 0 semanas cotizadas a Colpensiones\u00bb. <\/p>\n
3.2. Clarificado lo anterior, determin\u00f3 que el problema jur\u00eddico se centraba en establecer si el Tribunal se hab\u00eda equivocado al considerar que \u00abla nulidad era la figura procedente para analizar el cambio de r\u00e9gimen pensional de la actora del RMP al RAIS. As\u00ed mismo, si se equivoc\u00f3 al declarar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, conforme el art\u00edculo 151 de C\u00f3digo Procesal del Trabajo\u00bb. <\/p>\n
Para resolver dicho aspecto, precis\u00f3 que la consecuencia de la afiliaci\u00f3n desinformada de un usuario al RAIS, \u00abes la ineficacia en sentido estricto y no la nulidad, salvo en lo relativo a las consecuencias pr\u00e1cticas\u00bb y, en esa medida, estim\u00f3 que no era acertada la conclusi\u00f3n a la que hab\u00eda llegado el juez plural de segunda instancia, toda vez que no era viable analizar el asunto \u00abbajo la \u00e9gida de las nulidades sustanciales\u00bb, pues acorde con el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, no pod\u00eda exigirse a la afiliada que acreditara la configuraci\u00f3n de vicios del consentimiento, \u00abpor cuanto el legislador, expresamente estableci\u00f3 de qu\u00e9 manera el acto de afiliaci\u00f3n se ve afectado cuando no ha sido consentido de manera informada\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo dicho, trajo de presente la sentencia CSJ SL782-2021 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, en la que se estableci\u00f3 cu\u00e1ndo se presentaba la ineficacia, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abi) la insuficiencia de la informaci\u00f3n genera lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidi\u00e9ndole su acceso al derecho; ii) no ser\u00e1 suficiente la simple suscripci\u00f3n del formulario, sino el cotejo con la informaci\u00f3n brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1604 del C\u00f3digo Civil, corresponde a las Administradoras de Fondos de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendr\u00e1n adem\u00e1s las sanciones pecuniarias del art\u00edculo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que deben constar los aspectos positivos y negativos de la vinculaci\u00f3n y la incidencia en el derecho pensional\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, enfatiz\u00f3 que, aunque la firma del formulario por parte de la se\u00f1ora Fl\u00f3rez Jim\u00e9nez probar\u00eda la emisi\u00f3n del consentimiento libre de vicios, lo cierto es que ello no demostrar\u00eda que el mismo \u00abhubiese sido informado plenamente en forma veraz y precisa y por tanto eficaz\u00bb, como lo contempl\u00f3 la Sala Permanente mediante sentencia CSJ SL1421-2019. <\/p>\n
De otra parte, indic\u00f3 que fue desacertada la conclusi\u00f3n del Tribunal al estimar que hab\u00eda operado el t\u00e9rmino de prescriptivo de 3 a\u00f1os se\u00f1alado en el art\u00edculo 151 del CPTYSS, dado que, acorde a lo manifestado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, la \u00abpretensi\u00f3n de ineficacia del traslado entre reg\u00edmenes pensionales es imprescriptible\u00bb. En soporte, cit\u00f3 la sentencia CSJ SL1688-2019, en la que se expres\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] Lo dicho cobra m\u00e1s sentido en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n de \u2018ineficacia\u2019, en la medida que dicha consecuencia impuesta por el ordenamiento jur\u00eddico se caracteriza porque desde su nacimiento el acto carece de efectos jur\u00eddicos. La sentencia que declara la ineficacia de un acto, en realidad, lo que hace es comprobar o constatar un estado de cosas (la ineficacia) surgido con anterioridad al inicio de la litis. <\/p>\n
Conforme lo explicado, los afiliados al sistema general de pensiones pueden solicitar, en cualquier tiempo, que se declare la ineficacia del traslado entre reg\u00edmenes pensionales y, por esa v\u00eda, que se reconozca a cu\u00e1l de los dos reg\u00edmenes pensionales (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados. Lo expuesto no es algo nuevo en la jurisprudencia del trabajo, pues incluso desde la sentencia CSJ SL795-2013 ya la Corte hab\u00eda adoctrinado que \u00abel asegurado est\u00e1 legitimado para interponer, en cualquier tiempo, reclamos relacionados con la afiliaci\u00f3n, las cotizaciones, el ingreso base de cotizaci\u00f3n y todos aquellos componentes de la pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.3. Ahora bien, pese a los yerros anteriormente analizados, estim\u00f3 que el cargo tampoco saldr\u00eda avante, pues se llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n, esto es, a negar el derecho pretendido. <\/p>\n
En ese orden, luego de hacer menci\u00f3n a las sentencias CSJ SL1688 y SL3464, ambas de 2019, afirm\u00f3 que siendo la consecuencia de la ineficacia del traslado pensional, la de volver la situaci\u00f3n al estado en el que se encontraba antes de efectuarse el mismo, lo cierto era que como \u00abla accionante consolid\u00f3 el derecho a la prestaci\u00f3n por vejez bajo los par\u00e1metros del r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad, \u00fanico al que ha estado vinculada\u00bb, solo hubiera podido variar su condici\u00f3n y pasar al R\u00e9gimen de Prima Media, si se hubiese acogido al beneficio contemplado en el literal e) del art\u00edculo 13 de la Ley 100 de 1993, en la oportunidad correspondiente, circunstancia que no se present\u00f3 en el caso objeto de estudio. <\/p>\n
4. De lo referido se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta abiertamente arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida bajo una hermen\u00e9utica plausible, teniendo en cuenta la senda directa escogida en sede casaci\u00f3n, la normatividad aplicable, la jurisprudencia relacionada y lo evidenciado en las respectivas instancias, dado que no se reportaban semanas cotizadas en el r\u00e9gimen de prima media, que la afiliaci\u00f3n al Sistema General de Pensiones acreditada se produjo el 1 de octubre de 1995 a trav\u00e9s de la AFP Protecci\u00f3n S.A., y que se observaba que la actora omiti\u00f3 solicitar oportunamente la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el literal e) del art\u00edculo 13 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
En ese orden, en este caso, se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por la Corporaci\u00f3n accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, sin que sea el funcionario constitucional el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
En ese sentido, debe recordarse que las inconformidades de las partes frente a las decisiones adoptadas no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
As\u00ed, en punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161- 2021). <\/p>\n
A su vez, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514- 01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
5. De acuerdo con lo explicado en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y origen prenotada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5387-2022 Magistrado Ponente STC5387-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00186-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (04) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63342","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63342","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63342"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63342\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63342"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63342"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63342"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}